Paraísos fiscales
Susana Ruiz: “España se ha quedado atrás en la lucha contra los paraísos fiscales”

Los Paradise Papers han vuelto a poner en el ojo mediático una estructura financiera mundial diseñada para que las grandes fortunas y empresas paguen lo mínimo posible. Desde pequeñas islas en el Caribe a países en el mismo corazón de Europa, un gran listado de territorios conforman una red que, ayudados por bufetes de abogados y grandes bancos, son capaces de reducir la factura fiscal de empresas como Nike o Apple a porcentajes cercanos a cero.

Parece que las instituciones europeas quieren poner freno a estos agujeros fiscales, pero las medidas tomadas hasta el momento han sido muy criticadas por parte de las organizaciones de la sociedad civil. El 5 de diciembre se reúnen los ministros de finanzas en el Ecofin para decidir una posible lista negra de países. Tan solo una semana después, el Parlamento Europeo tendrá que votar en Estrasburgo el informe de la investigación y las recomendaciones que se extraen de la Comisión Panama Papers, que lleva meses investigando la ingeniería fiscal de estas empresas.

Susana Ruiz es la responsable del departamento Justicia Fiscal de  Oxfam Intermón, una de esas organizaciones críticas y que llevan años luchando para acabar con los paraísos fiscales y otras formas de evasión y elusión fiscal. Algunos de los informes que han elaborado, como El dinero que no ves o Bancos en el exilio, han sido una potente herramienta de denuncia que han sacado los colores a gobiernos y al Ibex35.

El Ecofin se reúne para pronunciarse sobre lo que podría ser la nueva legislación para luchar contra paraísos fiscales. ¿Qué esperanzas tienes en esa reunión?
El Ecofin debería ser un proceso importante. La idea de sacar una lista negra de países sale de la reacción de la Comisión Europea (CE) y la Comisión creada a raíz del escándalo de los papeles de Panamá. Tras los Paradise Papers también han sido muchos ministros de Economía de varios países los que han dicho que la lista del G20, que solo contempla un país, es una vergüenza. Por ello, lo que pase en estos días debería responder a una realidad: los paraísos fiscales existen y están muy activos.

Pero lo que estamos viendo es que todo este proceso europeo está siendo muy opaco, por lo que puede que las decisiones que se tomen sean más sensibles a las presiones de otros países o de los intereses políticos, económicos y comerciales de algunos países miembros de la UE, como el Reino Unido. También nos hace sospechar de que las presiones y los intereses de las grandes corporaciones están, probablemente, por delante de los de los ciudadanos.

Por lo que la sensación que tengo es que no serán tan ambiciosas como la situación actual lo requiere ni como la propia CE ha venido anunciando. El comisario de Asuntos Económicos europeo, Moscovici, ha dicho que quiere una lista ambiciosa, o sea que veremos.

Después del Ecofin viene el debate sobre los Panama Papers en Estrasburgo. ¿Quiere Europa acabar con los paraísos fiscales?
El contexto europeo es casi un laboratorio de avances en materia fiscal. Se han hecho más reformas en este sentido en los últimos años en Europa que en muchos lugares del planeta. Parece que la UE siempre quiere ir por delante en estos avances. El problema reside en cómo se toman las decisiones en Europa. Aunque veamos algunas medidas valientes, como promover comisiones que investiguen estos escándalos o las multas de Vestager a países por ayudas fiscales, como el caso de Apple, luego vemos que los gobiernos no parecen tener la voluntad política para encajar las propuestas del Europarlamento o de la CE. Al final siempre es una de estas tres patas, normalmente los gobiernos, los que no demuestran voluntad política de acabar con los paraísos.

Es difícil encontrar esa voluntad política cuando organizaciones como Oxfam piden que se consideren paraísos fiscales a Holanda, Luxemburgo o Irlanda, que son países sentados en esas mesas de decisión.
Efectivamente. La lucha contra la evasión fiscal no avanza todo lo que debería porque en esa mesa hay personas sentadas que van a entorpecerlas. La semana pasada lanzamos un informe en Oxfam que decía cuáles son los paraísos que debería considerar la UE simplemente siguiendo sus propios criterios con objetividad. Sin añadir ninguno nuevo, aunque nosotros pensamos que hay muchos más. Solo tomando sus criterios encontramos 35 jurisdicciones que deberían entrar en la lista negra. Pero es que Holanda, Luxemburgo, Malta e Irlanda estarían entre ellos. Sin embargo, una de las primeras medidas que se tomó es que ningún Estado miembro entraría en esa lista negra, por lo que está claro que existen debilidades en esta lucha contra la evasión. Debilidades por la opacidad de este proceso, porque los indicadores no son muy claros y porque los países europeos siempre se van a quedar fuera de esa lista.

La lucha contra la evasión fiscal no avanza todo lo que debería porque en esa mesa hay personas sentadas que van a entorpecerlas

Appleby, el bufete de los Paradise Papers, funcionaba en 19 territorios diferentes. 12 de ellos no son considerados paraísos fiscales por el Gobierno español.
Es es uno de los agujeros que tenemos en España. Teníamos una lista negra de 45 territorios que se crea hace 20 años, pero que ya de partida no incluía a algunos países, como Suiza. Se basa únicamente en la transparencia, o sea en que existan o no mecanismos de intercambio de información entre los gobiernos. La UE ha ido ya más lejos. Reconoce el criterio de la transparencia, pero también exige la voluntad de que esos territorios adopten los estándares internacionales y la existencia de prácticas abusivas, algo que es fundamental. Entonces vemos cómo España se ha quedado atrás en la lucha contra los paraísos fiscales. Y no solo eso, sino que de la lista original, 15 territorios han salido de esa lista negra porque supuestamente hemos firmado acuerdos con ellos, pero son totalmente opacos. No sabemos qué tipo de acuerdos se han firmado, si han servido de algo o cuánto dinero hemos recuperado con ellos. Por lo que parecen más una pura respuesta superficial a intereses comerciales en vez de prácticas de lucha contra la evasión real.

Se suelen justificar por los acuerdos de doble imposición.
Sí, o de intercambio de información. Pero como no hay ninguna transparencia no podemos saber si esos territorios responden a las exigencias de información de la Agencia Tributaria. No sirven de nada estos convenios si no se desarrollan herramientas para gravar esos capitales o rendimientos en uno de los dos lugares, porque lo que estamos viendo es que esos acuerdos de doble imposición se convierten en acuerdos de no imposición.

Este problema lo arrastramos de anteriores legislaturas, no es un problema nuevo ni de un solo partido. Debería haber un trabajo parlamentario de rendición de cuentas del Gobierno a una comisión de lucha contra el fraude fiscal, que explicara qué se hace con este tipo de convenios y qué resultados están dando.

Hemos visto hace unos días como la CE propone una serie de medidas para luchar contra la evasión del IVA, incluso que avanzan hacia una armonización de este impuesto en toda Europa. Pero del impuesto de Sociedades nunca se habla.
Efectivamente, tras algunas prácticas que han salido a la luz con los Paradise Papers, la CE pone el foco en el IVA. Pero este impuesto es de los pocos que está casi armonizado y se mueve en unas franjas. No se pone tanto en el impuesto que grava a las empresas y que es uno de los principales puntos de evasión y elusión fiscal. En Europa se realizan prácticas para traspasar beneficios a países donde se pagan muchos menos impuestos y no se tiene en cuenta donde se produce el beneficio.

15 territorios han salido de esa lista negra española porque supuestamente hemos firmado acuerdos con ellos, pero son totalmente opacos

En España vemos que la contribución fiscal recae en un 84% en los ciudadanos y un 12% en las empresas. Antes de la crisis era un 73% frente a un 22%, por lo que la crisis ha supuesto que haya un adelgazamiento de lo que aportan las empresas frente a lo que soportan los ciudadanos. Está claro que no existe una voluntad política para avanzar en una armonización fiscal del impuesto de sociedades que acabaría, en cierta medida, con la guerra fiscal a la baja que lleva a países a convertirse en territorios con fiscalidades muy agresivas.

También hay una práctica que saltó al ojo mediático con los Luxleaks, los tax ruling. ¿Hay voluntad política para acabar con ellos?
La utilización de los paraísos fiscales y estas prácticas tienen varias figuras, cada una con su utilidad. Lo bueno es que estos escándalos nos han mostrado cada una de esas caras. Los Luxleaks nos han mostrado estos acuerdos secretos entre empresas y un gobierno, en este caso el de Luxemburgo. Esto también ha propiciado la reacción por parte de la comisaria de Competencia y denuncias a varios países por las ayudas a las empresas. Pero de momento son eso, denuncias, y no sanciones.

Lo máximo que se ha avanzado es pretender que los Estados miembros desvelen qué acuerdos tienen con empresas mediante un acuerdo de voluntariedad, o sea que no es obligado. Primero, el país, tiene que reconocer que son prácticas nocivas para otros países. Por lo que es una medida muy débil. Los tax ruling y otros acuerdos de este tipo deberían estar prohibidos. Ningún acuerdo debería vulnerar el principio de Competencia de la UE y un principio básico, constitucional en el caso de España, de que se debe tributar en función de lo que se tiene.

En vuestro último informe habéis explicado que la inversión que pasa por los paraísos fiscales se ha multiplicado.
Sí, en el caso de España se ha multiplicado por cuatro en el último año. A nivel mundial se ha multiplicado por 15 en los últimos 20 años. Lo que vemos es que hay una obsesión internacional por atraer inversión desde otros lugares, pero no vemos que se molesten en que esas inversiones aporten un retorno económico y social a los países de origen y de destino. Cada vez hay un mayor uso de esos paraísos fiscales como puente de esa inversión, lo que hace que se estén creando estructuras empresariales que no corresponden a la realidad de esas inversiones y que estemos desfiscalizando la entrada de ese capital y el retorno en forma de dividendos o beneficios, que pueden ser camuflados de muchas formas como con pago de royalties, pago de intereses o préstamos intragrupo.

Vemos que más de la mitad de la inversión que llega a España viene a través de Holanda y Luxemburgo, dos paraísos fiscales. O también vemos cómo la salida de capitales hacia paraísos fiscales es 43 veces más grande de la que va a China o el doble que a Latinoamérica. La segunda entrada de inversión a Latinoamérica es Holanda, ya que no es considerado un paraíso fiscal para ninguno de esos países. Esto está haciendo que muchos de los recursos económicos que servirían para un desarrollo y crecimiento de Latinoamérica y el Caribe se pierdan.

Hay quien defiende que la estructura económica y financiera mundial se sostiene sobre estos paraísos fiscales y que acabar con ellos podrían llevar la economía a un colapso.
¿Colapso de qué? Si es una economía irreal. En realidad a lo que nos tendría que llevar es a una economía más tangible. Significaría una simplificación de las estructuras corporativas para volver a una cadena mucho más cercana a la realidad. Significaría que no tendríamos la competencia desleal que los paraísos están acelerando. Y también significaría que aumentarían los ingresos en aquellos países donde se realiza una actividad económica. O sea que colapso no creo. Más bien al revés, si continuamos por esta vía llegaremos a un colapso, donde los paraísos fiscales están generando muchas consecuencias. Ya no solo la falta de ingresos y la competencia desleal, sino distorsiones y consecuencias sociales.

También existen medidas nacionales que sí que se pueden poner en marcha. Se pueden instaurar mecanismos de contratación pública donde se le dé prioridad a aquellos países que tengan una fiscalidad responsable y prohibir que se les otorguen contratos a aquellas empresas que trabajan y utilizan los paraísos fiscales.

En España se pueden reformar todos los mecanismos. Se pueden elevar todos los estándares. España podría bajar el mínimo de la exigencia en el reporte país por país de las empresas, que actualmente está en 750 millones de euros, a 40 millones que dice la definición europea de gran empresa. Se podría tener un registro de empresa obligatorio, como pasa con el sistema financiero. Se podría tener una lista negra que fuera mucho más ambiciosa de lo que es la actual. España tiene autonomía para imponer medidas para luchar contra la evasión fiscal, pero habría que empezar por dotar de recursos a la Agencia Tributaria para que se luche contra el gran fraude fiscal, en vez de ponerlo en el pequeño fraude fiscal que, es importante, pero en proporción mucho menor.

Parece que en España la estrecha relación entre el Gobierno y el Ibex35 vaya unida a esa falta de recursos de la Agencia Tributaria.
Una auditoría a una de estas empresas puede llevar un año de trabajo, por lo que tiene que haber voluntad política y recursos para llevar a cabo esos procesos. Si el Gobierno no pone recursos en esta lucha contra el fraude, lo que parece es que van siempre a por lo fácil en vez de encarar el problema. 

Y desde la sociedad civil, ¿qué se puede hacer?
Tenemos que trabajar en red. Es importante demostrar que este tema es una de las grandes preocupaciones que tenemos y que no lo vemos como una agenda técnica, sino que es una agenda política muy conectada con la realidad de la sociedad civil. Que entendamos que el modelo de sociedad que tenemos depende en parte de estas prácticas fiscales. Mientras haya un doble rasero que permita que el dinero se escape, no podremos construir la sociedad que realmente queremos.

Ya hay algunas iniciativas en las que estamos trabajando. Algunas plataformas, como la Plataforma Justicia Fiscal o la de Zonas libres de paraísos fiscales, donde pedimos a los gobiernos autonómicos y locales que premien la contratación pública responsable. También hay muchas cosas que podemos hacer como individuos, ciudadanos, consumidores o pequeños accionistas que pueden servir como denuncia en nuestra vida cotidiana. Y también debemos elevar el nivel de presión sobre los gobiernos, parlamentos y grupos políticos planteando y exigiendo que queremos ver en sus programas medidas para acabar con los paraísos fiscales y no solo retórica que acaba traduciéndose en nada y en que no se tomen medidas.