País Vasco
Iñigo Urkullu y el declive de la hegemonía del PNV

Iñigo Urkullu es una figura política casi tan antigua como la endeble transición vasca. Fue parlamentario entre 1984 y 1987, y nuevamente de 1994 a 2007. Entre 1987 y 1994, tras cobrar una cesantía de 2,5 millones de pesetas, fue director de Juventud y Acción Comunitaria de la Diputación Foral de Bizkaia. También presidió el Euzkadi Buru Batzar (EBB), órgano máximo de dirección del Partido Nacionalista Vasco (PNV), entre 2008 y 2012. Llegó para que, sin alterar un ápice la línea ideológica del partido, su generación recuperara el control. A día de hoy, como lehendakari, es el segundo presidente autonómico que más cobra de todo el Estado (111.363 euros anuales).

El hasta ahora líder del Gobierno Vasco, cargo que ocupa desde hace casi doce años conservando un 70% de aprobación en los sociómetros, ha sido la figura más importante del nuevo sentido común en las filas jeltzales. Fue escogido por José Luis Bilbao, el “hermano mayor” de los Jóvenes Burukides Bizkainos o JoBuBi, como eran conocidos en el círculo interno. Descrito por el periodista Ahoztar Zelaieta como “la máxima expresión del clientelismo y la fontanería'' en el PNV, este grupo también estaba liderado por Andoni Ortuzar, jefe del aparato desde entonces. Ambos consiguieron expulsar a la guardia pretoriana de Xabier Arzalluz, y más tarde, arrinconar a Juan José Ibarretxe. La alianza dentro de este bloque histórico ha durado hasta hoy, cuando su concepción del mundo se encuentra en disputa.

La revolución pasiva del PNV ha colocado a un tecnócrata new age capaz de imponer el turismo por doquier, el arreglo logístico y pelotazos urbanísticos mezclados con hubs californianos como estrategia industrial

Según El Mundo, dada la “estrategia” empleada por el lehendakari por subrayar su peso institucional, la mayor decisión táctica realizada en más de una década por el aparato de Sabin Etxea revelaría la existencia de posiciones confrontadas dentro del núcleo duro de los JoBuBi. Tal vez por ello, aunque lo supiera desde septiembre, Urkullu perdió los nervios el pasado jueves al escuchar el veredicto que le reservaba el EBB y tiró los papeles en la reunión que certificaba el fin de su mandato.

La inesperada filtración al Grupo Vocento, editor de El Correo y El Diario Vasco, trascendió el viernes 24 de noviembre, pero el propio partido no desmentía ni confirmaba el relevo de Urkullu. El lehendakari reapareció el domingo, en una misa en honor a Sabino Arana en Sukarrieta, donde intercambió miradas con los miembros de su partido y abrazó a Ortuzar, que un día antes había anunciado a su sucesor, el actual diputado de Promoción Económica de Bizkaia, Imanol Pradales.

Renovación en Sabin Etxea

El máximo capital político del PNV ha sido amortizado y luce ahora como una figura anticuada en la operación gato pardo, casi aceleracionista, de la cúpula del partido. En la parte económica, esta revolución pasiva trata de escoger a un nuevo tecnócrata para imponer el turismo por doquier, el arreglo logístico y pelotazos urbanísticos mezclados con hubs californianos como estrategia industrial y así salvar el cada vez más precario modelo de acumulación vasco. Pradales, con un enorme conocimiento tanto del mundo empresarial, aprendido en la Universidad de Deusto, como institucional, con experiencia desde 2007, es el mejor exponente de cómo el sector público coloca las carreteras para que las corporaciones se lucren.

Se cuenta que goza del beneplácito de Joseba Aurrekoetxea, “el principal fontanero del actual PNV”, burukide del EBB, que está al frente de la sociedad privada Batzokia, que articula la mayoría de los batzokis, y con un puesto en el consejo de Kutxabank. Pradales es una figura joven, de entre 40 y 50 años, como buscaba Ortuzar, natural de Santurtzi, y que representa su posición sobre el “cambio de la margen izquierda”, emancipando al PNV de Alonsotegi. 

El PNV, una de las formaciones más antiguas del régimen del 78 junto con la Iglesia, trata de frenar a la izquierda abertzale antes de que le den los números para asaltar Ajuria Enea

Una de las formaciones más antiguas del régimen del 78 –a la que, desde tan atrás, solo acompaña la Iglesia– trata de frenar así a la izquierda abertzale antes de que, por primera vez en la historia, puedan darle los números para asaltar Ajuria Enea. No conocemos los escenarios que barajan los spin doctors del PNV, pero algunas de sus proyecciones recientes para analizar los mares electorales no han funcionado.

El despido de Urkullu se produce a las vísperas de que se cumplan dos años de la VIII Asamblea General del PNV, celebrada en el BEC bajo el lema ‘Abian zurekin’. Allí se presentó su herramienta ‘Entzunez eraiki’, un proceso con el propósito de “tejer, de manera compartida con la sociedad vasca”, en palabras del burukide Xabier Barandiaran, un proyecto para “anticiparse al futuro, ya que se están produciendo cambios a gran velocidad”. 

Aquella primera escenificación pública de que la hegemonía más longeva de toda Europa estaba en caída libre se ha plasmado en las elecciones generales con la pérdida de 100.000 votos, y con EH Bildu a tan solo mil papeletas. En las municipales, fueron 86.431 las personas que votaban y dejaron de escoger la papeleta del PNV, nada menos que el 70% de hace cuatro años. Con ello, la influencia en el Estado también se ha reducido. De hecho, Ortuzar, está moviéndose en Cataluña para armarse con Junts e iniciar una guerra de posiciones con Pedro Sánchez que proteja los intereses empresariales de sus capitalistas nacionales.

Lo más importante, no obstante, es que la gobernabilidad vasca está en juego. Las últimas dos legislaturas han sido muy duras para Urkullu, y el poder institucional del partido se ha visto erosionado porque el Gobierno central no ha cumplido con el Estatuto de Gernika y faltan competencias que traspasar. Desde luego, no son pocos los frentes que erosionan la fuerza del PNV y manifiestan las contradicciones del modelo vasco.

La infinidad de huelgas de funcionarios, la degradación de la atención primaria y la privatización de Osakidetza, una política social agresiva, escándalos ambientales y la corrupción han quemado la imagen de Iñigo Urkullu

La infinidad de huelgas de funcionarios, sometidos a una larga década de austeridad en la administración o la degradación de Osakidetza tras la pandemia, que ha terminado con el colapso de la atención primaria debido a la precarización y la flexibilidad laboral en los servicios públicos, han sido algunos de los factores que han desgastado la gestión jeltzale. A eso se añade una política social agresiva, que ha llevado a que un tercio de las personas en pobreza sean trabajadoras, escándalos ambientales de la magnitud de Zaldibar, la sequía en Bakio o la destrucción potencial de la Biosfera de Urdaibai. Asimismo, la corrupción ha manchado al partido con la sanción al cártel de consultoría por manipular contratos y la entrada en prisión de De Miguel debido a casi una docena de delitos, e incluso a fundadas evidencias sobre prevaricación en el pueblo natal de Urkullu, Alonsotegi, en un escándalo que ha salpicado al actual alcalde de Bilbao.

Cártel de consultoras, conflictos de interés y corrupción

El fin de la era Urkullu se ha visto marcada por muchos sucesos, pero, pese al silencio mediático, destaca el escándalo del llamado cártel de consultoras, una trama que ha dejado al descubierto los entresijos del nepotismo vasco y la erosión de las instituciones públicas. Este fenómeno, alimentado por una década de austeridad, llevó a un nuevo arreglo institucional que desplazó parte del poder político hacia el sector privado, configurando lo que algunos críticos llaman una “gubernamentalidad licitadora”, una suerte de bucle permanente de externalización mediado por las firmas de consultoría.

Esta combinación de carencias institucionales y un marco normativo neoliberal propició un terreno fértil para un ‘modus operandi’, según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), “especialmente dañina para la sociedad al impactar adicionalmente en los fondos públicos”. La investigación, documentada en más de 300 páginas, que dio lugar a la multa de 6.3 millones de euros impuesta por la CNMC a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos, destapó el ‘modus operandi’ vasco: la solicitud de “ofertas de cobertura” para evitar la competencia, asegurando que una empresa amiga –y acordada de antemano– resultara adjudicataria.

Este entramado, fraguado a base de históricas relaciones de confianza entre los actores del cártel, facilitó la manipulación de al menos 101 licitaciones, afectando a ayuntamientos como Bilbao, Barakaldo o Vitoria, así como a diversos departamentos gubernamentales y entidades como el Puerto de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia. El análisis periodístico de Hordago evidencia que el capitalismo de consultoría se encuentra inscrito en buena parte de los planes públicos del Gobierno Vasco, pero también que estas dinámicas neoliberales revelan otras suturas en el bloque de poder del PNV. 

A pesar de las afirmaciones del lehendakari Iñigo Urkullu sobre la regulación de conflictos de interés en el Gobierno Vasco (“si existe, se actúa con determinación”, aseguró), las informaciones periodísticas publicadas rompen la ficción ideológica de que el PNV no es un partido corrupto. Dos casos emblemáticos con bastante recorrido mediático han sido los de Joanes Labayen en el Departamento de Educación y Alexander Arriola en SPRI.

Pero si la ideología peneuvista se está viendo seriamente erosionada en público, pese a las piruetas lingüísticas de EITB, es por la sentencia del Tribunal Supremo del 'caso De Miguel', que establece el cumplimiento de las penas de cárcel a cuatro excargos del PNV y el despido del Gobierno vasco del propio De Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. Cuando ocurrió, hace unos meses, el condenado ocupaba un puesto del más alto nivel entre los empleados públicos, con una nómina de 57.400 euros y funciones de “coordinación” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea, de la que ejerció como representante en algunos foros y hasta recogió premios.

Las diversas crisis de imagen del Gobierno Vasco complicaban que los JoBuBi fueran capaces de contener el caciquismo endémico que existe en este país bajo la gestión de su partido y al mismo tiempo evitar un conflicto interno con las facciones críticas. Tampoco han ayudado las conexiones del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, con la trama en Alonsotegi, una de las zonas fuertes de los hombres de Ortuzar, además de donde Iñigo Urkullu es originario.

Las crisis de imagen del Gobierno Vasco complicaban a los JoBuBi contener el caciquismo endémico bajo la gestión del PNV y evitar un conflicto interno con las facciones críticas del EBB

Pese a los intentos por evitarlo de Sabin Etxea, la acusación popular conseguirá que Aburto testifique por su participación en la adjudicación de subvenciones por un valor de 681.000 euros que terminaron desviados hacia una red de prevaricación. Mientras era diputado foral de Bizkaia, firmaba subvenciones que beneficiaron a esta trama, y adjudicó tres contratos a José Luis Erezuma, quien enfrentaba cargos en aquel momento.

La decisión de nombrar a Imanol Pradales puede tener que ver con los intentos de Ortuzar por elegir a gestores con “probada capacidad” para dirigir su partido-empresa, alguien que no cometa una “chapuza”, como se refieren al caso de Alonsetegui, sino que contribuya a los “procesos de reflexión e innovación” del partido. Un nombramiento poco sorprendente, especialmente después de la salida fulminante, y contra su voluntad, de Unai Rementeria, otro de los jóvenes que estaban llamados a suceder a Urkullu. Ciertamente, la nueva figura que ha elegido el PNV para Lehendakaritza es un tecnócrata new age, con amplios conocimientos y habilidades corporativas para seguir gobernando Euskal Herria como hasta ahora.

La revuelta de la Administración pública

No es solo que el caciquismo vasco muestra su debilidad con casos aislados que salen a la palestra con cierta frecuencia. Fruto del desmantelamiento austericida del sector público, reforzado por la ideología neoliberal del PNV, así como por la primacía de las consultoras en la vida política vasca, la propia administración se ha convertido en el mayor frente antagónico del Gobierno Vasco. Ante lo que ha sido un levantamiento masivo de los trabajadores públicos, Iñigo Urkullu, superado, se ha limitado a reprochar que las huelgas tratan de “difundir mensajes catastrofistas” y a señalar “intereses políticos“ detrás de la impugnación de la que considera es una buena gestión de su Ejecutivo. Con tanta gente enfadada en demasiados lugares, este torpe mensaje propagandístico no ha calado.

Solo en el último año, a los paros en el transporte escolar se han unido las huelgas en el sector de la limpieza de Correos, de las ambulancias, del textil, de la propia Universidad del País Vasco (EHU), así como del sector público en general, e incluso una histórica huelga general feminista, planteada para este jueves 30 de noviembre, a propuesta de la plataforma Denon Bizitzak Erdigunean, y a la que se han sumado algunos sindicatos y otros agentes sociales. Es que hasta la educación concertada se ha plantado, con ocho jornadas de huelga en lo que llevamos de año. Las radios de EITB –Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Radio Vitoria, Gaztea y EITB Musika– es otro de los vectores más ilustrativos en el conflicto con la administración vasca: lejos de asumir su papel pasivo como reproductores de la ideología dominante, decidieron parar el 14 y 26 de septiembre para protestar por su condiciones.

En efecto, no son solo los trabajadores, sino que también sus organizaciones han sacado la artillería. La respuesta de los sindicatos –entre ellos ELA, LAB, CCOO, Steilas, Satse y ESK– ha sido contundente, llamando a parar la actividad de 150,000 trabajadores el 25 de octubre y, nuevamente, el 19 de diciembre. Las razones subyacentes, según estos actores que representan alrededor del 85% de los trabajadores, son un deterioro progresivo del sector público vasco y una pérdida significativa del poder adquisitivo de los empleados públicos. A pesar de que Euskadi ostenta los “mejores sueldos”, según el lehendakari, la convocatoria de huelga refleja una realidad diferente, con el 56% de las huelgas estatales en 2022 concentradas en País Vasco y Navarra.

El descontrol en la gestión del Gobierno Vasco se ha expresado si cabe de manera más cruda con el alzamiento de la Ertzaintza, que se recrudeció en mayo, cuando un movimiento nuevo y que se cataloga como “asindical” consiguió concitar miles de adhesiones en reclamaciones laborales, llegando incluso a pactar movilizaciones comunes desde meses antes al Tour de Francia (que tantos sobrecostes han implicado), y amenazando con parar unas de las celebraciones deportivas más importantes del año. La escalada, ante los cambios geopolíticos, entendidos de manera unidimensional por el cuerpo policia como “alerta yihadista”, ha llevado a forzar al Ejecutivo de Urkullu a revisar la negativa a que puedan llevar el arma fuera de servicio y tener formación en el manejo de subfusiles.

Con la administración pública en protesta, pero también las trabajadoras de la limpieza en hospitales como el de Cruces o infinidad de trabajadores protestando por despidos o cierres en sus fábrica, la Ertzaintza –que porta equipamiento, así como todo tipo de sistemas digitales israelís– y su violenta reacción ante estas huelgas, o ante simples manifestaciones juveniles contra el genocidio de Palestina por parte de Israel, ilustra otro frente de caos que el Gobierno Vasco no sabe gestionar sin incrementar la tensión social. De nuevo, el nombramiento de Imanol Pradales puede traer vientos aún más duros en este aspecto, posiblemente la táctica que tiene en el EBB, una para la que Iñigo Urkullu podría resultar un tapón: cerrar filas y pisar más fuerte el acelerador neoliberal.

Osakidetza como puntal de la privatización del sector público

En ninguna rama de la administración vasca la distancia entre lo prometido, es decir, la propaganda del Gobierno Vasco, y lo ejecutado, es tan grande como en el servicio público de salud. Existen 12.000 profesionales, casi un tercio del total, que trabajan fuera de la estructura del sistema de empleo mediante interinidades y contratos temporales.

En 2017, mientras la media comunitaria se situaba en 9,8% del gasto del PIB en salud, Euskadi, por el contrario, suponía casi la mitad, el 5,2 %, mucho menos que en el Estado español. Ambos comparten, eso sí, los puestos de cola en la Unión Europea de camas disponibles en cada hospital. Tampoco es desdeñable el gasto en seguros privados, por ejemplo, en Bizkaia, similar al del Madrid de Isabel Díaz Ayuso, donde IMQ no para de crecer y construir hospitales.

Ante las críticas de la sociedad civil, ante las innumerables manifestaciones sucedidas en los últimos meses por los y las profesionales de Osakidetza, ante el enfrentamiento con los jefes de servicio de la OSI Donostia, Iñigo Urkullu hizo un doble o nada en el pleno de política general del Parlamento Vasco, que abría el curso político en septiembre. A sabiendas de la tensión que hay en los hospitales con las listas de espera, el aún lehendakari prometió “recuperar las cifras previas al inicio de la pandemia en seis meses”.

En el mismo pleno propuso recuperar los 65 días de demora media en intervenciones quirúrgicas, reducir a 30 los días de espera para pacientes oncológicos, y a 90 los días para cirugías cardíacas. “Nuestro compromiso en atención primaria es claro: bajar en los próximos seis meses de las 48 horas de espera y elevar la presencialidad del 61% actual al 70%, logrando un mayor equilibrio entre citas telefónicas y presenciales”, indicó.

Ahora bien, faltó señalar que, para llevar a cabo esta reforma, el Gobierno Vasco reducirá hasta 104 ambulatorios en diciembre, como ha comunicado el Servicio Vasco de Salud. Los PAC, que supuestamente funcionan como descongestionadores de Urgencias, también se verán afectados en sus horarios. Este recorte horario no es nuevo, pero en 2022 “solo” afectaba a” 62 centros.

Más allá de la propaganda, las plataformas digitales –que presenta los desarrollos tecnológicos como herramientas capaces de solucionar el caos generado por la gestión del PNV– tratan de culminar el “cambio de cultura” hacia un servicio privatizado

Otro problema es que además se ha impuesto es la obligatoriedad de cita previa en atención presencial para privatizar “las colas de espera”. Osakidetza ha adjudicado, precisamente el “Canal Ciudadano” de atención primaria (en total, 11 millones), a tres consultoras que manipularon contratos. Más allá de la retórica, el objetivo de esta nueva plataforma digital –y de otras tantas que presenta los desarrollos tecnológicos como herramientas capaces de solucionar el caos generado por la gestión del PNV– es culminar el “cambio de cultura” del que hablaba Gotzone Sagardui hacia un servicio privatizado.

A eso se refería, precisamente, la consejera Sagardui hace unos pocos días. Negaba que se estuviera produciendo un desmantelamiento de Osakidetza y se reafirmaba enarbolando que en Euskadi no se “privatiza”, que lo que ocurre es que hay “colaboración público-privada”. Misma fórmula que han defendido Josu Erkoreka, vicelehendakari, para desarrollar el modelo policial y securitario, Arantxa Tapia en Desarrollo Económico y Medio Ambiente o, con otras fórmulas, Jokin Bildarratz en Educación; a quien el propio Urkullu desacreditó en el acuerdo histórico con EH Bildu para blindar la red privada concertada. Esta será la herencia de Imanol Pradales, que aspira a convertirse en el primer lehendakari público-privado de la historia.

El alma de la fiesta de las infraestructuras

Euskadi ya no es un país de gran industria y capitales patrios, financieros e industriales, que necesitan de la colaboración del PNV para crear un ecosistema favorable al capital. Desde la entrada del milenio, aunque no se haya evidenciado hasta los últimos cuatro años, este es un país de ladrillo, urbanismo fósil, polígonos logísticos y grandes infraestructuras erigidas sobre las ruinas de las fábricas. Es también, y al mismo tiempo, un nuevo polo turístico, con un espacio verde, virgen y mercantilizable.

Es desde esta visión donde se entiende el nombramiento de Pradales, promotor de dos de las grandes infraestructuras recientes que mejor ilustran la ideología dominante: la ampliación de la Supersur y la del Guggenheim en la reserva natural de Urdaibai.

Respecto al primero, el 18 de julio de 2021, en la comisión de Desarrollo Económico y Territorial, el diputado Pradales señaló que habrá “medidas compensatorias” por las consecuencias medioambientales en el Pagasarri (zona de Bolintxu), con afección tanto a la vegetación como a hábitats faunísticos, o la modificación de la topografía debido a los grandes desmonte y movimientos de tierras.

Pese a todo, la cuestión, señalaba el profesor de la UPV/EHU Enrique Antolín en la Comisión de Peticiones y Relaciones con la ciudadanía de la institución foral, es que, revisando la evolución del tráfico entre los años 2011 y 2016 de las carreteras preferentes del Área Metropolitana de Bilbao (AMB), “con los números en la mano no se justifica la infraestructura”. La Supersur únicamente se dirige al 5% del tráfico de la AMB, “cuando el problema fundamentalmente viene derivado por el tráfico interno y de penetración” (el 95% del mismo), concluía el miembro Plataforma contra la Variante Sur Metropolitana. Solo ganó Florentino Pérez en esa operación.

Harto similar puede decirse del otro proyecto estrella de Pradales: el Guggenheim de Urdaibai, que liquidará “de facto” la reserva de la biosfera, producirá “daños permanentes e irreversibles” en la zona y, según la asociación que ha realizado los estudios críticos, solo busca un “Urdaibai turístico-hostelero de alto standing y culturalmente elitista” para las 140.000 personas al año que pasarán por estos emplazamientos.

“¿Si la Fundación Guggenheim Bilbao Museoa no tiene obligación de cumplir con las leyes vigentes de protección del litoral, del suelo y de la biodiversidad, no sería el momento de derogarlas, empezando por la de Urdaibai?”, preguntaban desde la plataforma.

Dado que cada vez se lanzarán más iniciativas “contra la autonomía local”, de ahí la necesidad de los Proyectos de Interés Público Superior de la consejera económica Arantxa Tapia, Alberto Pradales aparece como la figura con mano dura para llevarlos a cabo, el gestor más destacado de una nueva generaciónd el PNV que quiere terminar de vender Euskal Herria al capital global.

Las condiciones de posibilidad que garantizan la hegemonía del PNV se encuentran en entredicho, en buena medida, por la destrucción –pese a la ingente cantidad de propaganda comprada en TikTok– del mito de que la sanidad pública vasca es la mejor del mundo.

Entre la acumulación capitalista y el estado de bienestar, el PNV se posiciona con la primera, y no sabe cómo hacerse cargo de esta dicotomía sin entrar en bucles privatizadores con la ayuda de consultoras, o poner de manifiesto el caciquismo institucional

Ha quedado de manifiesto, además, que entre las necesidades empresariales y la legitimidad del estado de bienestar, el PNV se posiciona en la primera, y que no sabe cómo hacerse cargo de esta dicotomía sin crear más problemas, entrar en bucles privatizadores con la ayuda de consultoras, o poner de manifiesto el caciquismo institucional reinante.

En este contexto, Pradales, tecnócrata formado en Deusto, tratará de seguir haciendo malabares para evitar que el entramado económico-político vasco collapse de una vez por todas. ¿Lo conseguirán?