PNV
El Supremo ratifica las principales penas por corrupción de los tres miembros del PNV en el caso De Miguel

El Tribunal Supremo ha confirmado las principales condenas por corrupción impuestas a tres miembros del PNV por el conocido como caso De Miguel, el de mayor envergadura hecho público. Alfredo De Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería son ya políticos condenados en firme con penas de 12 años y cuatro meses de prisión, 7 años y seis meses y 5 años y un mes y medio, respectivamente, por los delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. 

Los tres condenados formaban parte de la dirección del PNV en Araba. Se espera que en las próximas horas los directivos del Partido Nacionalista se pronuncien sobre la ratificación de la sentencia. Ayer mismo en Radio Euskadi su presidente, Andoni Ortuzar, echaba balones fuera culpando a la Justicia de la “tardanza” para tener una sentencia firme —el caso arrancó en 2009— y negó “amiguismo”. No obstante, eldiario.es publicaba hace una semana que la denunciante del caso, la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi, lleva una década sin conseguir un contrato público, mientras que Alfredo De Miguel ejerce labores de responsabilidad en la sociedad pública Hazi, adscrita al Gobierno vasco, y que es “gerente de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea y, como tal, ha encabezado la delegación vasca en diferentes foros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en La Palma o Cartagena”, entre otros viajes.

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El Gobierno vasco cerró la legislatura con el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que puso en entredicho su gestión de los residuos.

La sentencia del Supremo ha mantenido las principales condenas, “con puntuales correcciones técnicas”, impuestas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Araba. A De Miguel le absuelve de un delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Zambrana (once meses menos), del que también resulta absuelto Carlos Aitor Tellería. A Josu Azkárraga le sustituye la pena de cooperación necesaria por otra de malversación continuada (3 años, 9 meses y 1 día). 

El caso empezó en 2009 cuando la denunciante acudió a la Fiscalía para advertir de que los acusados la estaban presionando para que les pagara una comisión de 100.000 euros

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El auto del alto tribunal indica que los tres principales acusados, “prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”. El caso empezó cuando la denunciante, Ainhoa Alberdi, acudió a la Fiscalía para advertir que la estaban presionando para que les pagara una comisión de 100.000 euros.

La sentencia, de 344 páginas, avala las conclusiones de la Audiencia de Araba y concuerda que para encubrir las comisiones que cobraban, los acusados constituyeron “varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados, sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros”.

Una de ellas es Kataia Consulting SL, constituida a nombre de sus respectivas esposas. Aunque la Audiencia de Araba absolvió a la mujer de Aitor Tellería, sí condenó a las otras dos —Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia— como responsables de delitos de blanqueo de capitales y cooperación en asociación ilícita. El Supremo ha ratificado sus penas de un año y medio de prisión y una multa de 180.000 euros.

La connivencia entre los condenados y los organismos públicos gestionados por su partido, el PNV, también queda recogida en el auto del Tribunal Supremo, que habla de “amiguismo”

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La actual Concejala de Igualdad de Bilbao adjudicó a Aurman un contrato de dos millones para la publicidad del Teatro Arriaga un día antes de la nochevieja de 2016. Cinco años después, el actual alcalde Aburto testifica por un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi, del que fue alcalde el “promotor de negocio” de Aurman, procesado por cinco posibles delitos.

Los tres acusados principales también usaron otras dos sociedades, Errexal SL y Ortzi Muga SL, para los mismos fines con la ayuda de Josu Azkarraga e Iñaki San Juan, “quienes desde la gestión societaria ayudaron en la comisión de los delitos y en la recaudación de los ingresos”. Han sido condenados a más de 4 años de prisión cada uno por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita. 

La connivencia entre los acusados y los organismos públicos administrados también por su partido, el PNV, queda recogida en el auto del TS. Concretamente menciona al Parque Tecnológico de Araba, el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca, Zigoitia y Zambrana, así como las Cuadrillas del territorio cuyos presidentes eran del Partido Nacionalista Vasco. “Se aprovechó la influencia política que los acusados tenían sobre algunos de los integrantes de esas corporaciones y que los colaboradores, además de contravenir el procedimiento de tramitación administrativa, propusieron la adjudicación por amiguismo con los acusados”, recalca el Supremo.