Migración
“Queremos votar y no nos dejan”. Cuando las elecciones excluyen a las personas migrantes

Casi 35 millones de personas están llamadas a votar el próximo 28 de abril en las elecciones generales. Menos de un mes después las mismas 35 millones de personas podrán dirigirse a sus colegios electorales para votar en las elecciones al Parlamento Europeo, y gran parte de ellas lo harán también en los comicios autonómicos y municipales que les correspondan. Como electoras que son, estas personas están siendo interpeladas en un clima de campaña electoral que en estos últimos años —en los que se han debido repetir comicios generales y autonómicos y ha habido elecciones generales anticipadas— no acaba nunca de extinguirse del todo.

Mientras candidatas y candidatos intentan seducir a los electores, miles de personas ya han asumido que no votarán en las próximas elecciones. Muchas viven fuera del país, y no han podido cumplir los pasos necesarios para rogar el voto. Otras son extranjeras que residen en territorio español desde hace muchos años, algunas podían votar en teoría, pero en la práctica se perdieron en el proceso. Otras parece que no podrán votar nunca, son ciudadanas extracomunitarias de países que no cuentan con convenios bilaterales. Por último están las personas que han nacido en el país pero que no tienen la nacionalidad, hijas e hijos de familias extranjeras, que llevan aquí toda la vida.

El voto rogado ha hecho estragos en la participación de los residentes en el extranjero y, pese a las promesas, sigue vigente

Son 2.545.729 los residentes en el extranjero según datos del INE, de los cuales más de 2 millones están inscritos en el CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes. Medio millón más de las personas que estaban inscritas en 2011, una cifra que no ha dejado de ascender desde entonces. Fue en enero de ese año que tras la reforma de algunos artículos de la Ley Órganica del Régimen Electoral General (LOREG) pactada por PP y PSOE con el apoyo de Convergència i Unió y PNV, estar inscrito en el censo se tornó insuficiente, introduciéndose el voto rogado. Un sistema que ha hecho estragos en la participación de los residentes en el extranjero y que, pese a las promesas, sigue vigente. Estragos que se tradujeron en una participación de 4,95% del censo en su primer año de implementación frente al 31,88% del 2008. En las últimas elecciones, después de múltiples campañas para informar sobre los procedimientos y una experiencia de cinco años rogando el voto, las cifras solo consiguieron subir a un 6,3%. Este año, solo se ha registrado un 8,4% de residentes en el exterior para votar, según datos del CERA. No está dicho que todos lo consigan.

Si volvemos a España, vemos que residir en el territorio no se traduce necesariamente en el derecho a votar. Esto lo sabe buena parte de las 4.734.691 personas extranjeras que viven en este país. Ni siquiera haber nacido aquí alcanza: Miles de hijas e hijos de inmigrantes que aún no han obtenido la nacionalidad tampoco pueden ejercer el derecho a sufragio así como miles de inmigrantes que llevan aquí media vida. Actualmente, aparte de los países comunitarios —cuyos ciudadanos también votan en las elecciones europeas— pueden votar en las municipales los naturales de estos doce países: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Para los afortunados que pueden hacerlo, el proceso tampoco es fácil, deben inscribirse en cada cita electoral en el Censo Electoral de Residentes en España (CERE).

Aquí vivo, aquí voto

“Soy extranjera y vivo en España desde hace más de 20 años y nunca he podido ejercer mi derecho en un país en el que cumplo también como ciudadana y estoy harta de ver como nos pasan por encima las instituciones”. Así explica una mujer inmigrante cómo se siente bajo el anonimato de una página web. Es una de las 272 personas que han presentado su solicitud para que alguna persona con los derechos que ellas no tienen les ceda su voto. La página se llama @votaresunderecho y en este momento hay ya 192 personas que han ofrecido su voto. “Si yo tengo un derecho y tu no lo tienes, no es derecho: es privilegio”, explica un donante. Entre las personas que introducen sus datos en la web hay dos realidades que en verdad llevan a una sola: están quienes llegaron hace años y no tienen derecho a votar por su condición de migrantes y están quienes en realidad no migraron, sino que nacieron en el territorio al que migraron los padres. En ambos casos, el voto se les niega. “Soy nacida en Cataluña desde hace 22 casi 23 años y a día de hoy, legalmente tanto yo como mis hermanos somos “inmigrantes”, hijos de inmigrantes, pese haber aportado y estar aportando tanto en la sociedad día tras día”, denuncia una chica en la web. La situación que se narra más arriba es similar a la de Safia, quien arrancó con esta iniciativa. Se trata de una estudiante de 23 años, hija de inmigrantes marroquíes. Pese a que ha nacido en España aún no tiene la nacionalidad lo que, entre muchas otras cosas, le impide el derecho al voto. “En realidad yo estaba apuntando a una campaña para denunciar esta dificultad para acceder a la nacionalidad, una pelea con la que llevo mucho tiempo. Pero al lanzar la convocatoria, con la cercanía de las citas electorales, muchas personas compartíamos la problemática de que no podíamos votar, y decidimos concentrarnos en esto”, explica Safia a El Salto.A diferencia de lo que mucha gente cree, nacer en el territorio español no implica la obtención de la ciudadanía, es decir, en el Estado español la nacionalidad se transfiere cuando el padre o la madre son españoles (ius sanguinis) no por nacer en el territorio (ius solis). Así las personas hijas de inmigrantes tiene que atravesar un arduo proceso para que se les otorgue la nacionalidad y convertirse en ciudadanos plenos. Lo que redunda en situaciones como que Safia tenga que pasar dos exámenes que le confieran su título de española. “Pedí una dispensa por haber nacido aquí y aún no me han contestado”, cuenta. Con el proceso en suspenso, derechos como presentarse a unas oposiciones tras acabar una carrera quedan en un limbo, pero lo mismo ocurre con sus derechos políticos. “Es muy injusto que no podamos decidir sobre el país en el que estamos viviendo y del que formamos parte, sobre quién nos gobierna. El derecho a voto me parece algo básico y fundamental que deberían tener todas las personas”.

Es muy injusto que no podamos decidir sobre el país en el que estamos viviendo y del que formamos parte. Sobre quién nos gobierna

La campaña iniciada por Safia recoge el testigo de otras campañas similares como las promovidas por la plataforma de organizaciones andaluzas “Todos Iguales. Todos Ciudadanos” desde hace más de 10 años bajo el nombre: “Aquí vivo, aquí voto” con la diferencia de que esta parte de una hija de la migración. Si la demanda es histórica los partidos tardan en reaccionar. Actualmente tanto Unidas Podemos como PSOE plantean en su programa electoral acelerar los procesos de acceso a la nacionalidad con la posibilidad de acabar con los exámenes. Respecto al voto migrante, mientras Unidas Podemos plantea desligar el derecho del voto en las municipales de los convenios bilaterales, lo que sería una ampliación de derechos para todas las personas inmigrantes, el PSOE apunta a incrementar el número de convenios. Safia muestra impaciencia con los partidos: “Si ellos no resuelven esto, tendrá que hacerlo el pueblo”, por su parte ya se ha puesto manos a la obra: desde la página web que gestiona convoca a una movilizacion el 27 de abril para exigir el voto para las personas migrantes.Anna es italiana, por tanto una de las 1.789.686 ciudadanas comunitarias que residen en el país, y que tiene derecho al voto. Lleva casi doce años en Madrid, y aún reconociendo su suerte de tener derecho al sufragio en municipales y europeas, comenta que no le ha resultado nada fácil. Son varias veces las que al ir a interesarse sobre cómo votar le han comunicado que el plazo para inscribirse al censo había terminado. “Solo he podido votar dos veces, te piden que te inscribas con meses de antelación, es mucho tiempo, y nadie es tan precavido, muchos de mis amigos europeos se quedan sin votar una y otra vez porque se les pasa el plazo”. Además, protesta, parece que tiene que confirmar que está en el censo una vez tras otra, no alcanza con que lo comunique una vez. A Anna también le gustaría votar en las generales: “Me gustaría mucho más votar aquí que en Italia porque claramente yo estoy viviendo aquí, estoy sufriendo los estragos de la burbuja inmobiliaria aquí. Me afectan más las cosas que pasan en este país”.

Otras duras elecciones para los emigrantes

Un Kit para votar se ofrece en la página web de Marea Granate, una colectivo transnacional que surge en 2012 para visibilizar la situación de las personas españolas emigradas. Los detallados gráficos y cronogramas que ha elaborado el equipo de voto de la organización se parecen a los planos para acceder a un tesoro o las instrucciones para completar una intrincada yinkana.Tras años de elaborar materiales y —como denuncian en su página— empollarse la legislación mientras esperaban el fin del voto rogado, el pasado 6 de marzo Marea Granate lanzó un comunicado: “La repentina convocatoria de Elecciones Generales en el Estado español para el próximo 28 de abril ha dado al traste con la propuesta de reforma de la LOREG presentada por el PSOE hace menos de un mes y con los dos años de trabajos (infructuosos) por parte de la subcomisión de la reforma de la ley electoral”. Certificaban su descontento ante la incapacidad del gobierno de cumplir con su compromiso de acabar con el voto rogado, y advertían también de los solapamientos de campañas y otras problemáticas que iba a causar el adelanto de las citas electorales. Por último, pronosticaban una participación ínfima.Como Anna, Belén reside en una ciudad europea que no es la suya, en la sueca Upsala. También lo ha tenido complicado en el pasado para votar, sobretodo cuando vivía en Grecia, años atrás. Ella, una y otra vez, se inscribió en el CERA desde el minuto uno, siguió todos los pasos. Algunas veces le llegó el voto y otras no. Últimamente está teniendo “suerte”. Sin embargo, a su alrededor ve a un montón de españoles que no están teniendo la misma suerte, al querer registrarse en el ERTA, como residentes temporales, una fórmula que implica plazos distintos. Se les impide hacerlo porque tiene el Personnummer, una documento imprescindible en Suecia para cualquier trámite. “Les dicen que si tienen ese documento entonces no son residentes temporales y se quedan sin poder votar”. En las europeas Belén ha decidido votar en Suecia esta vez, le preocupa el avance del fascismo. También Marta, residente en Buenos Aires desde hace casi una década se siente más interpelada por lo que pasa en Argentina ahora, que por lo que pasa en España. En 2015 estaba muy implicada en el grupo porteño de Marea Granate, la agrupación organizó varios actos para visibilizar el problema del voto rogado como parte de la campaña transnacional del colectivo. Años después Marta está cansada: “Toda la lucha que se está haciendo no sé si realmente va a servir de mucho. Quiero creer que sí y si alguien toma la iniciativa yo le apoyo, pero no me siento con fuerza de seguir activando porque quita mucha energía para que luego quede en papel mojado”.

“Si alguien toma la iniciativa yo le apoyo, pero no me siento con fuerza de seguir activando porque quita mucha energía para que luego quede en papel mojado

Marta cuenta que ella se limita a seguir las instrucciones —comprobar que está en el censo, rogar el voto, esperar que le lleguen las papeletas, votar— pero que es testigo de cómo muchos votos se pierden. Cerca de 460.000 españoles residen en Argentina, el país extranjero con más ciudadanos españoles, muchos son hijos de la emigración y del exilio. “Mucha gente mayor, desde que tiene que rogar el voto ya no quieren votar, lo consideran una humillación”. Marta encontró incluso a señoras que al llegarles a casa la carta para que rogasen el voto no entendieron nada “¡pensaban que les iban a retirar la nacionalidad!”.“Esto es un timo, otra vez”, protesta Pilar desde Alemania, donde vive desde finales de 2014. Solo ha conseguido votar una vez. Cuenta la secuencia por la que está gestionando su voto que incluye mails de notificación que anuncian adjuntos que no llegan. Faxes que no funcionan. En Alemania, unos de los destinos principales de los españoles tras la crisis, residen en torno a 155.000 emigrantes. Que hayan salido a buscarse la vida no implica en absoluto que se desentiendan de lo que pasa en el país.“Queremos votar y no nos dejan. Yo estoy harta de tanta corrupción igual o más por estar fuera. Me intereso por lo que sucede allí igual o más que muchos de los que pueden votar. Y no entiendo, o lo que es peor me imagino demasiado bien, las razones detrás de estas cifras”, denuncia Pilar.Tanto PSOE como Unidas Podemos contemplan en sus respectivos programas electorales acabar con el voto rogado. El partido liderado por Pablo Iglesias va más allá y propone una “circunscripción para quienes viven en el exterior con la representación política proporcional a su número”.El voto de las personas migrantes podría tener cierto peso en el devenir electoral del país. En el 26j, según los datos recopilados por el diario 20 minutos, la fuerza más votada entre los registrados en el CERA fue Unidos Podemos con un 29,8% de los votos, de cerca le seguía el Partido Popular con un 28,4% en lo que parece mostrar una mezcla de nuevos emigrantes económicos, jóvenes y con simpatías hacia el partido de Pablo Iglesias con personas mayores descendientes de la migración, de tendencia más conservadora. Por otro lado, algunos informes apuntan a que el voto de personas inmigrantes se inclinaría más hacia la izquierda del arco político. Cabe preguntarse si partidos que ponen el ataque a la inmigración en el centro de su discurso político podrían permitirse narrativas xenófobas en el caso de que las personas inmigrantes tuvieran acceso al voto.Por ahora, mientras que tanto la inmigración como la emigración aparecen en los discursos políticos como ejes centrales de la contienda ideológica o problemas a resolver —se llama a regular la inmigración, o a evitar que los jóvenes talentosos emigren— la legislación vigente limita sus derechos políticos cercenando su ciudadanía y devaluando la democracia, como siguen denunciando.