Economía social y solidaria
Políticas para una economía más justa, democrática y sostenible

Son muchos los retos que enfrentamos en esta ‘Europa del Capital’, donde la vida se ha mercantilizado hasta tal punto que sólo las divisas, y no las personas, pueden moverse libremente, ajenas a fronteras. Del mismo modo que el capital está poniendo en jaque la vida, el creciente auge de la ultraderechas, ya no sólo en Europa sino cada día con más fuerza en el Estado español, está poniendo en riesgo los logros y derechos políticos, sociales, económicos y ambientales conseguidos durante décadas. Pero sobre todo, hemos de atender de manera urgente a la crisis ecosocial y a la emergencia climática en que nos encontramos, ante la cual es vital tomar medidas, como nos alerta la comunidad científica y nos demanda la ciudadanía que ha comenzado a movilizarse.

Ante todo ello, hemos de crear un nuevo modelo político, social y económico, que reoriente las políticas sociales y económicas desde criterios de justicia y equidad hacia modelos de desarrollo humano social y ambientalmente sostenible, y que se haga en el marco de un proceso donde las instituciones representativas, organizaciones sociales y la propia ciudadanía puedan incidir, en pro de una mayor profundización democrática. Esto conlleva necesariamente priorizar política y presupuestariamente todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a garantizar la protección social y el bienestar de toda la población: educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, inclusión social, etc., así como la conservación y promoción ambiental, por encima de cualquier otra consideración de tipo económico ajena a los intereses de la mayoría de la población y del medio ambiente.

La Economía Solidaria viene contribuyendo desde hace décadas a este cambio de modelo, a través de: la promoción de circuitos económicos alternativos; el emprendizaje social basado en el trabajo colectivo; el impulso de la gestión comunitaria y cooperativa de bienes y servicios comunes o el desarrollo de nuevas formas de intercambio (mercados y monedas sociales, consumo colaborativo y cooperativo, etc). Estas iniciativas necesitan, no obstante, del apoyo institucional de medidas tales como la compra pública socialmente responsable y la aplicación de cláusulas sociales y medioambientales, que favorezcan nuevas formas cooperativas de organización que rompen con la precariedad, temporalidad y la competitividad, y que se basan en la democracia, la equidad y el cuidado del entorno biosocial.

Las propuestas que planteamos son complementarias con las que vienen trabajando otros grupos y movimientos sociales en ámbitos tales como: el movimiento feminista y ecologista, las plataformas de defensa de los servicios públicos y las pensiones, las organizaciones de apoyo a migrantes… etc. Todas éstas nos muestran el camino para este cambio de modelo que debe ser producto de la participación ciudadana y de la defensa del derecho a decidir de los pueblos y de la ciudadanía.

POLÍTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

Por una Economía feminista

Sumándonos a los diagnósticos y propuestas de la economía feminista, que ponen en cuestión el sistema heteropatriarcal y su alianza con el capitalismo, por haber dado la espalda a la vida en su lógica de acumulación y beneficio, reivindicamos que se ponga en el centro la vida de las personas y el planeta, al calor de valores tales como la reciprocidad, la solidaridad y la cooperación. La asunción de este paradigma de la sostenibilidad implica ofrecer una visión integral del sistema socioeconómico que atienda al conjunto de relaciones sociales que garantizan la satisfacción de las necesidades de las personas.

Ello requiere superar la estructura dualista y jerárquica que confiere total reconocimiento al mundo público y a la economía mercantil y ampliar las fronteras de lo que se entiende por economía, para incluir actividades y procesos no monetizados, así como la labor de otros agentes económicos como los hogares (y las mujeres al frente de éstos), fuente clave en la producción de bienes y servicios esenciales para la calidad de vida de las personas y que han sido sistemáticamente olvidados e ignorados en los análisis económicos. Esta nueva mirada y consideración de los procesos económicos para la sostenibilidad de la vida integra otros debates que deben ser resueltos, como la ruptura de la falsa dicotomía entre lo público y lo privado así como entre lo que se considera productivo y reproductivo.

Por una Economía ecológica

Tal y como nos marca la economía economía ecológica y las propuestas de los movimientos ecologistas, es preciso atender a la crisis ecosocial en que estamos insertas y atender a los límites físicos del planeta. Hemos de poner en cuestión el mantra capitalista del crecimiento por el crecimiento y virar hacia propuestas de desarrollo humano local, que prioricen el pleno desarrollo de las capacidades capacidades y oportunidades de las personas, para lograr una vida digna y saludable, en un entorno de las libertades. De igual modo, la protección de la biodiversidad, especialmente de especies autóctonas, ha de entenderse como factor de resiliencia prioritario.

En consonancia con esto, se ha de promover un sistema de producción y consumo acorde a estos límites y en donde la actividad productiva venga marcada por las necesidades reales de la población y en base a criterios de justicia social. Estas actividades deben tomar, por tanto, como referencia el uso que hacen de materiales, y garantizar que éste no sea mayor a su tasa de renovación (en el caso de renovables) o sustitución (en el caso de las renovables), así como atender a que los residuos y contaminación derivada no supere la capacidad de asimilación y autodepuración de los ecosistemas.

Por una Soberanía alimentaria y agroecología

Acorde con las propuestas para la Soberanía Alimentaria del movimiento campesino y rural, se ha de superar el actual sistema agroalimentario, roto por los modelos productivos capitalistas, en pro de un sistema agroalimentario que pongan los valores humanos por delante de los intereses económicos y amplíe el autogobierno y la participación dentro y fuera de las actuales instituciones.

Este modelo debe apoyar la transición del actual sistema de agricultura capitalista y alimentación globalizada hacía la soberanía alimentaria, desde la revalorización de los criterios sociales, ambientales y de proximidad y la búsqueda de un equilibrio entre los espacios de producción alimentaria y los espacios naturales. La puesta en práctica de este nuevo modelo ha de venir marcado por un cambio de valoración que entienda la alimentación como un derecho, y no sólo un bien de consumo más desde el que instrumentalizar la naturaleza, y ponga en valor lo rural dentro de un proceso participativo y democrático capaz de dinamizarlo.

POLÍTICAS PARA UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Por un emprendizaje social

Desde la Economía Social y Solidaria defendemos el sentido social de la actividad económica, entendiendo ésta como un medio para satisfacer de manera sostenible las necesidades de todas las personas y no como un fin último para la obtención del lucro de una minoría. Para ello, es preciso apostar por el desarrollo de herramientas y saberes en el ámbito del emprendizaje social, de cara a la generación de iniciativas económicas colectivas y sin ánimo de lucro, que prioricen aspectos como: el fomento de la autonomía y la igualdad, la participación y la actividad cooperativa, escalas salariales justas y proporcionales, transparencia etc.

Por unas Finanzas éticas

La doctrina financiera neoliberal se orienta casi exclusivamente a la multiplicación del beneficio del capital en el menor tiempo posible. Eso se materializa en un sistema financiero extractivo y voraz que ha sumido a la sociedad en un estado permanente de crisis estructural con las consecuencias conocidas: índices crecientes de desigualdad, destrucción progresiva de los habitats y disolución de los vínculos sociales y culturales. Las administraciones públicas, preocupadas por la cohesión social, deben ser conscientes del impacto del sistema financiero sobre el espacio público y comprometerse con un sistema financiero éticamente orientado, que garantice un acceso equitativo a servicios financieros y que ponga al capital al servicio de las personas y las comunidades. Una gestión responsable del espacio público debe contar con un sistema que integre banca, crédito y seguro, centrado en las necesidades de la ciudadanía y comprometido con el desarrollo del tejido social y económico del territorio, un sistema financiero, en definitiva ético y solidario.

Por los Mercados sociales

Para la economía al servicio de las personas deben existir canales comerciales que posibiliten el consumo crítico, consciente y transformador, en el marco de propuestas articuladas y democráticas como los Mercados Sociales. La consolidación y promoción redes de producción, distribución y consumo de bienes y servicios con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida por empresas y entidades de la economía social y solidaria y por quienes consumen, deben ser una prioridad en el marco del impulso a los circuitos cortos de comercialización, que incluyan medidas de apoyo al comercio de proximidad y local y limiten la expansión de grandes superficies comerciales.

Por el Comercio justo

Ante el actual y desigual sistema comercial fuente de pobreza y desigualdad, se ha de promover un sistema comercial alternativo donde los derechos de los pueblos y el medioambiente estén en el centro, acorde con los Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras y los principios consensuados internacionalmente por un trato justo hacia las organizaciones productoras así como de respeto al medio ambiente. Las administraciones públicas deben asumir un posicionamiento político que apueste por equilibrar los intereses comerciales con la defensa de los derechos humanos, laborales y medioambientales, incorporando y apoyando el Comercio Justo en sus políticas públicas y favoreciendo la concienciación de la ciudadanía en torno al consumo responsable.

Por las Economías Comunitarias

Es preciso poner en valor el hacer de las economías comunitarias, que buscan la satisfacción de necesidades de una manera armónica y respetuosa con el medio más allá del mero lucro. Se trata, además, de experiencias económicas basadas en la autoorganización de la gente, el apoyo mutuo, el compromiso con la comunidad, la igualdad y la democracia, y cuyas estructuras resultan más flexibles, adaptativas y resilientes, por lo que es clave su apoyo y promoción.

POLÍTICAS PARA LAS INSTITUCIONES AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

Por la Innovación social y el desarrollo local

El modelo imperante de desarrollo de tendencia crecentista debe virar hacia una concepción del desarrollo vinculado a lo local, entendido como estrategia de intervención territorial para generar capacidad local y aumentar las condiciones y oportunidades para la ciudadanía, desde los principios de: igualdad de oportunidades, sostenibilidad, participación y empoderamiento y garantía de derechos humanos. Este cambio de enfoque debe venir guiado por las numerosas prácticas y experiencias en materia de innovación social ya existentes t que han ido dando respuesta a retos de diversa índole, promoviéndose así, desde las políticas públicas, espacios y herramientas de participación ciudadana así como el desarrollo de estrategias de partenariado público-social y público-comunitario para la gestión de servicios de interés social.

Por la Salvaguarda de los bienes comunes

Se han de identificar y proteger los bienes comunes (naturales, urbanos y digitales) a partir de la gestión pública, social y comunitaria que los deje al margen de su posible mercantilización, entendiendo dicha gestión, no desde la perspectiva de eficiencia económica sino como una cuestión social y política directamente relacionada con el fomento de procesos autónomos por parte de la población y la capacidad de ésta para la autogestión de los recursos. Para ello, es preciso la creación de nuevas instituciones que permitan poner en práctica una gestión común de los recursos y, en consecuencia, existir autónomamente.

Por la Compra pública responsable

La transformación de los modelos de contratación pública debe ser una prioridad gubernamental y, por consiguiente, se deben dedicar recursos a ello. Los gobiernos deben entender la contratación administrativa como una política estratégica que puede incrementar el impacto de sus políticas públicas, desde las que potenciar e implantar políticas para la equidad de género, el desarrollo sostenible, el bienestar laboral, el respeto a los derechos humanos, y a través de las que promover así una transición económica basada en empresas mucho más democráticas y respetuosas con los derechos de las personas y con el medio ambiente.

Por el Desarrollo social

Para promover los procesos de desarrollo social implícitos en el quehacer institucional es preciso reforzar política, técnica y presupuestariamente aquellas áreas prioritarias para el impulso de la cohesión y la inclusión social, tales como las rentas básicas y políticas sociales, de vivienda, educación, salud, etc. Ello debe ir parejo a la construcción de un modelo económico social y solidario, orientado a la expansión de las oportunidades y capacidades humanas y que se sirva de recursos endógenos, priorizando la satisfacción de las necesidades locales con recursos locales y fomentando las capacidades y el desarrollo de los territorios desde una perspectiva integral, que no sólo genere renta, sino también vínculos, cohesión social, conocimiento y procesos de empoderamiento.

Por la Educación para el cambio ecosocial

Para acompañar todas estas propuestas es clave el desarrollo de metodologías educativas en el ámbito formal y no formal dirigidas al cambio ecosocial y basadas en la participación, la colaboración y el desarrollo de proyectos cooperativos. Se trata de impulsar espacios y procesos de “interculturalidad cooperativa”, fomentando el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias diversas, así como promover campañas públicas para la sensibilización ciudadana sobre la necesidad de un cambio de paradigma económico, político y social.