Sin servicios públicos, prestaciones sociales ni impuestos progresivos no hay Estado del bienestar

El Gobierno responde a los déficits públicos reduciendo las prestaciones sociales y nunca recuperando los ingresos. Así sucede con las pensiones, con la sanidad, con la educación, con la dependencia, con los servicios básicos, con las viviendas sociales, incluso con la cultura. Las jubilaciones y pensiones se recortan en su cuantía y en su cálculo, la salud de los ciudadanos se debilita reduciendo las plantillas de la seguridad social, quitando camas y deteriorando la atención hospitalaria, la educación de los españoles se estrecha bajando cuantías y cantidad de becas, echando docentes y construyendo barracones en vez de colegios, la cultura de todos se empobrece quitando todo tipo de ayudas y la atención a los dependientes se deteriora y mueren antes de poder acceder a las subvenciones que la ley les reconoce.

El Gobierno vende a los fondos buitres las viviendas de protección social de familias vulnerables con alquileres subsidiados, desahucia a inquilinos y se desprende de la obligación de procurar suministros básicos como los energéticos creando pobreza vital. La austeridad perversa de las políticas económicas castiga con inusitada virulencia desde hace 10 años a una fracción mayoritaria de ciudadanos y familias españolas provocando una desaparición paulatina y constante de prestaciones públicas.

En cualquier caso, además, el Gobierno no recupera ingresos ni hace propuestas activas para sostener el bien común. Las políticas económicas neoliberales, aplicadas en los años de crisis, revelan la intención de que las funciones públicas, las que conciernen al interés general, paradójicamente, no sean ya resueltas a través del estado. Al contrario, para acceder a una jubilación suficiente la alternativa sugerida, que no la solución, es ahorrar en fondos de pensiones privados; para tener sanidad se propone suscribir un seguro privado de salud; para poder recibir educación enviar a los hijos a escuela y universidad privadas; para disponer de ayudas a la dependencia contratar asistencia personal; para disfrutar de la cultura y el esparcimiento suscribir una operadora de telecomunicaciones, y así.

La evolución de la economía agrega al deterioro de la calidad de vida por el absentismo creciente del Estado la incertidumbre del trabajo fijo y de ingresos de la mayoría ciudadana que sólo vive de su fuerza de trabajo. La innovación tecnológica los desplaza como asalariados y sólo los recupera como creciente ejército de reserva, de parias, de falsos autónomos, desamparados de derechos sociales y a disposición del capital: tareas precarias, salarios de miseria, jornadas no garantizadas y sin pensiones para un retiro futuro digno.

En suma, nos enfrentamos a un panorama excluyente socialmente, un castigo múltiple para los ciudadanos y familias vulnerables: menos servicios sociales, menos trabajo y menos ingresos. Un cóctel explosivo consecuencia del triple drama descripto. Por eso las estadísticas recogen aumentos sostenidos de pobreza y desigualdad social, incluso en el entorno de crecimiento de la economía de los últimos dos años. 

La economía al revés
Sin embargo, desde la otra orilla de la escala social se toman todas las medidas para no deteriorar rentas y patrimonios. Si grandes constructoras no facturan los peajes falsamente calculados en las autopistas o fracasan en obras mal planificadas como almacenes de gas bajo el mar, se renacionaliza la propiedad y se las indemniza para compensar las pérdidas; si los bancos no recuperan los créditos de la burbuja inmobiliaria que contribuyeron a crear, se los rescata con todo tipo de ayudas; si las cuotas de los alumnos de la educación privada no cubren los costos, se concierta dotarlas con subvenciones. Para contratar trabajo se relajan los derechos laborales y se compensa con subvenciones las cotizaciones patronales a la seguridad social. Se premian los intereses de las deudas empresariales a diferencias del de las familias al permitir deducirlo del pago de impuestos incluso cuando son el resultado de compras especulativas de empresas y del reparto previo de corruptas comisiones millonarias. Las rentas financieras y del capital, sean de las personas jurídicas o físicas, en general, pagan menos que las del trabajo.

Todo al revés, los ciudadanos económicamente débiles y las familias vulnerables que necesitan de lo público para acceder a una vida modestamente digna, mínimamente confortable, sienten cotidiana y progresivamente el abandono en servicios y atenciones sociales: sanidad, educación, dependencia, pensiones, y el peso regresivo de los impuestos al tiempo que los más poderosos son reconfortados y beneficiados por las ayudas públicas de todo tipo.

Redistribuir ingresos para sostener el Estado del bienestar

Se produce una extraordinaria transferencia negativa de recursos e ingresos: desde los trabajadores, de los asalariados, de las familias españolas de menores recursos hacia el capital privado, empresarial y financiero. El argumento mantra de que estas políticas económicas de recortes asistenciales y de derechos de los trabajadores son un acto de constricción positivo necesario y estimulante para el crecimiento de la actividad económica y del pago futuro de más impuestos y de la recuperación de la cohesión social, no se verifica nunca. Ahora crecemos un 3% con aumento fuerte de la pobreza y la desigualdad en la distribución de renta económica. El razonamiento es sencillo: si los beneficios del aumento del PIB no llegan a las rentas del trabajo, ni al Estado en forma de impuestos, es que se acumula patrimonialmente en el flanco del capital de los que más poseen en detrimento de la riqueza del resto. Los paraísos fiscales a donde se desvía cada vez más dinero y la elusión tributaria son instrumentos funcionales y complementarios para facilitar la reproducción malvada de esta realidad injusta.

La redistribución de la renta a favor de familias y ciudadanos excluidos se presenta como un reto urgente tanto para la cohesión social como para la supervivencia de la economía: sin un reparto social equitativo del ingreso nacional no hay demanda y sin demanda la oferta productiva queda ociosa. El concurso de lo público y de una recaudación tributaria progresiva, que pague más el que más tiene, que lo hace sostenible, es condición indispensable para ese reparto progresivo y de viabilidad de las prestaciones públicas. De otro modo el Estado del Bienestar seguirá diluyéndose por momentos.