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El presidente del PP, Pablo Casado.
Plataforma por la Justicia Fiscal
26 abr 2019 06:29

En España se cuenta con unos ingresos fiscales de un 34,5 % con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) mientras que en la eurozona cuentan con un 41,4%, o lo que es lo mismo un 20% más que nosotros, según los últimos datos de Eurostat. Esto representa una diferencia en torno a los 90.000 millones de euros. O sea que, en España, pagamos muchos menos impuestos que la media de la eurozona.

Esta enorme carencia -que provoca un menor ingreso- es consecuencia, sobre todo, del inmenso volumen de fraude fiscal y laboral que tenemos, que llega a valorarse en torno a esos 90.000 millones de euros, mientras que en la eurozona tienen la mitad, de media.

Las razones para tener el doble de fraude se explican fácilmente: la Agencia Tributaria cuenta con la mitad de recursos, personales y económicos, que la media europea… Por otra parte, la inspección laboral también tiene la mitad de recursos que la media europea y, claro, el fraude laboral en España es también el doble que en Europa.

Algunos partidos políticos se han lanzado, ante las elecciones, a decir que bajarán los impuestos. El PP en Andalucía habló en su campaña de las últimas elecciones autonómicas de una Bajada Masiva de Impuestos (BMI). Esto sería insensato y más lógico de un partido adolescente que de un partido con tanta experiencia de Gobierno.

Las propuestas de bajar impuestos buscan proclamas populistas, pero que producen un efecto negativo en la población al proponer que es positivo y posible cuando faltan ingresos

Además, en las anteriores elecciones generales. Rajoy habló de bajar impuestos y, cuando estuvo en el Gobierno, los subió. También están en esa dinámica los otros partidos de la derecha - Ciudadanos y VOX-, que, según parece, quieren privatizar el actual Estado del bienestar. Estas propuestas parece que buscan proclamas populistas, atractivas, simplistas y que sin duda son ficticias, falsas, pero que producen un efecto negativo en la población, una mala pedagogía, al proponer que es positivo y posible bajar impuestos cuando en la situación actual faltan ingresos por 90.000 millones de euros.

Esta promesa resulta de una enorme incoherencia en partidos que se declaran constitucionalistas, ya que en la Constitución se consagra España como un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. La falta de recursos que tenemos, como consecuencia del fraude, nos impide bajar los impuestos mientras el fraude no se reduzca a niveles similares a los europeos con respecto al PIB.

Desde 2010 a 2016, la Europa de los 15 ha subido en inversión de sanidad un 9% de media, mientras que en España ha bajado un 5%. Por su parte, la inversión en educación ha subido en Europa un 5% mientras que en España ha bajado un 7%.

En estos 10 últimos años se estima que en España los recortes en sanidad fueron de unos 20.000 millones de euros. En educación, el recorte ha sido algo menor. Si nuestro fraude fiscal y laboral hubiera sido similar al europeo, y nuestros ingresos mucho más elevados, no habría habido excusa ninguna para realizar ningún recorte.

Si nuestro fraude fiscal y laboral hubiera sido similar al europeo no habría habido excusa ninguna para realizar ningún recorte

Por otra parte, aun cuando se empeñaran en bajar impuestos hay que ser conscientes que la gran masa de los impuestos está cedida a las Comunidades Autónomas, que también tienen transferidas las competencias de educación y sanidad, que ya han sufrido un enorme volumen de recortes. Para la ciudadanía resultaría inaceptable reducir aún más los presupuestos en estas partidas. Por otro lado, las pensiones son la gran partida de los Presupuestos. Ocupan casi el 40% del total de ingresos no financieros. Es una partida presupuestaria que no se puede pensar reducir por el conflicto social – humano- que provocaría.

Otra partida que no se puede reducir es la deuda pública, que es de unos 30.000 millones de euros. De hecho, es intocable por la obligación aceptada constitucionalmente en el artículo 135. Si a esto le unimos el déficit estructural, que está también en torno a los 35.000 millones de euros, las posibilidades de bajar los impuestos son ínfimas.

Hablar de bajar impuestos es una insensatez porque, verdaderamente, si queremos mantener un “Estado social” con igualdad, convergiendo con Europa, solo hay una solución: reducir el fraude fiscal y laboral, reorganizar la Agencia Tributaria y la inspección laboral y aumentar los recursos de ambos controles cívicos.

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