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El ‘yihadismo’ como coartada para endurecer las barreras migratorias

Artemio (nombre ficticio puesto por el poder judicial) es de origen sirio y tiene 38 años. Vive con su mujer e hijo en Benalmádena (Málaga), donde trabaja como autónomo. Desde que llegó al Estado español en 2001, ha acumulado más de 2.800 días en su vida laboral y ha pagado todos sus impuestos. Cuando, a finales de 2012, solicitó la nacionalidad española, la respuesta del Ministerio de Interior, tres meses después, fue la negativa “por motivos de orden público o interés nacional”. En el informe de Interior se señalaba que “de las investigaciones practicadas en el marco de la prevención del terrorismo de carácter yihadista” se constataba que Artemio había tenido “relación con elementos radicales islamistas”.

Artemio recurrió a la Audiencia Nacional, que, un año y ocho meses más tarde, le reconoció su derecho a la nacionalidad española en una sentencia en la que el juez aprovechó para recriminar el uso genérico de la “seguridad nacional” como motivo para denegar la nacionalidad sin dar datos objetivos.

El Ministerio de Interior cifra en un centenar los ‘yihadistas’ expulsados desde marzo de 2004

Antón (nombre ficticio otorgado por el poder judicial) tuvo menos suerte. Llegó a España desde Marruecos en 1992, trabajó, con todos los papeles en regla, y siete años después se reunió con su mujer e hijos en Vilanova i la Geltrú. En 2006, fue una de las nueve personas detenidas en la operación Chacal. La principal prueba presentada contra él era un viaje que hizo a Damasco en 2004 junto a su mujer e hijos. Después de pasar cerca de tres años en prisión preventiva, la Audiencia Nacional le absolvió de todos los cargos en enero de 2010. Dos años después, el Ministerio de Interior rechazó su solicitud de nacionalidad “por motivos de seguridad nacional”. En esta ocasión, Interior sí citaba un hecho objetivo: su imputación y absolución en el caso Chacal, y su viaje a Damasco. No hacía falta nada más, la Audiencia Nacional le denegó también la nacionalidad.

En la ‘lista yihadista’

“Es una situación que se repite en varios casos”, señala el abogado Benet Salellas, quien recuerda cómo también uno de los absueltos en 2005 en el juicio que sucedió a la operación Dátil, de 2001, contra la financiación del yihadismo, fue expulsado del país, a pesar de las denuncias ante el Defensor del Pueblo. En mayo de 2014, el Ministerio de Interior cifraba en más de cien los “yihadistas” expulsados desde el 11 de marzo de 2004, según un artículo de El País. Sin embargo, en la cifra se incluían, además de personas condenadas en firme por su supuesta relación con el terrorismo islámico, a personas que habían sido absueltas por la justicia. Fue el caso de Nouh Mediouni, detenido en Zaragoza por difundir propaganda yihadista y absuelto por falta de pruebas; de dos ciudadanos chechenos y otro turco detenidos en Cádiz en el marco de una causa que resultó archivada un año después, tiempo que pasaron en prisión preventiva antes de ser expulsados por no tener la documentación en regla, o de otra persona detenida en Pamplona en el marco de la operación Ventanar. La lista es larga en cuanto a expulsiones bajo la excusa de terrorismo integrista.

“Aquí se ha utilizado ese argumento de que los chavales que saltan la valla podrían ser yihadistas”

De los 480 resultados que salen al buscar la palabra “islámico” en el buscador de resoluciones de la Audiencia Nacional, al menos 411 están relacionados con recursos contra denegaciones del estatuto de asilo o refugiado por parte del Ministerio de Interior. De ellos, en 383 la Audiencia Nacional reafirmó la denegación de la acogida. En la mayor parte de los casos son personas que huyen del terrorismo islámico, originarias de Argelia o Nigeria, y ni la Administración ni la Audiencia Nacional dan credibilidad a su situación de peligro.

Mientras, la Administración utiliza la excusa de la amenaza yihadista contra aquellos que intentan llegar al país a través de Ceuta y Melilla. “Ese argumento aquí se ha utilizado, que los chavales que saltan la valla podrían ser yihadistas”, afirma José Palazón, miembro de la asociación Prodein. En noviembre de 2014, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmaba ante los medios de comunicación que “entre los inmigrantes irregulares se cuelan terroristas yihadistas”. “Es un argumento que se utiliza para criminalizar al inmigrante y justificar las políticas migratorias que se llevan a cabo”, continúa Palazón, quien destaca también que en la inmensa mayoría de operaciones que se han llevado a cabo en Melilla de las que se ha celebrado ya juicio han terminado en absoluciones.