Extractivismo
Unidas Podemos pide la comparecencia del CSN tras la denuncia de presiones por parte de Berkeley para autorizar la mina de uranio

Unidas Podemos ha pedido formalmente al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que comparezca en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para dar explicaciones sobre las presiones que la minera ha realizado ante el organismo para autorizar la explotación a cielo abierto de uranio en Retortillo (Salamanca) y la planta de fabricación de concentrados adscrita a la misma.

Los hechos, por los que la compañía australiana habría llevado a cabo una campaña para pedir al CSN que emita un informe positivo a la explotación, según publicó el diario El País, salieron a la luz este jueves. La emisión de un dictamen favorable allanaría el camino para que el proyecto, que ha cosechado un importante rechazo de los municipios y la sociedad civil de la zona, se pueda llevar a cabo.

Según señalan desde el grupo confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, directivos y accionistas de la multinacional minera habrían presionado al regulador español para que “actúe con la diligencia debida, y otorgue celeridad a su pronunciamiento, y, sin mayor dilación, otorgue el acuerdo de concesión (...)”.

En concreto, el CSN ha recibido cuatro cartas: una del presidente de Berkeley, Francisco de Paula Bellón; otra del despacho de abogados contratado por Berkeley, Herbert Smith Freehills Spain; y dos de asociaciones que dicen defender los intereses de los accionistas, la World Federation of Investors (WFI) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Las misivas contienen, según señaló al diario el presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, “solicitudes e insinuaciones impropias”, por lo que el organismo ha decidido hacer llegar el caso a la Comisión de Transición Ecológica y la Abogacía del Estado.

Amenazas

La Aemec habría señalado en una de las cartas a las que ha tenido acceso El País que “una actuación contraria provocará a buen seguro numerosos conflictos jurídicos que pueden derivar en la exigencia de cuantas responsabilidades personales, patrimoniales o de otra índole sean exigibles a sus responsables como consecuencia de la falta de diligencia de este Consejo”. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan estas presiones, que califican de “amenazas de Berkeley de emprender acciones judiciales si el Parlamento español, en el ejercicio de sus funciones, toma la decisión de prohibir la peligrosa minería de uranio en nuestro país”.

Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica, así como portavoz de Unidas Podemos en la misma, señala que ha pedido la comparecencia de Serena para que pueda “denunciar en sede parlamentaria estas prácticas inaceptables, que no hacen sino demostrar cómo los poderes económicos tratan, una vez más, de condicionar el normal desarrollo de la actividad de los y las representantes políticos, democráticamente elegidos".

Desde Unidas Podemos remarcan que las cartas enviadas al CSN “aluden expresamente a la enmienda a la ley de cambio climático, pactada por los grupos parlamentarios Confederal y Socialista, a iniciativa de Unidas Podemos, para prohibir la minería del uranio”. “En todo caso, ello debe realizarse con diligencia, lo que significa con prontitud, y desde luego, sin interferencia política, lo que significa no esperar la posible aprobación de la enmienda planteada a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, se puede leer en la carta firmada por la Aemec.

Para López de Uralde “las cartas hechas públicas contienen amenazas veladas de la minera para frenar la acción legislativa del Congreso”. Y continúa: “Se trata de una acción antidemocrática: si Berkeley quiere sustituir a los representantes políticos en el Congreso, que se presente a las elecciones”.

Independencia

Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF piden al CSN “que cumpla con su cometido y garantice con total independencia la protección radiológica de la población y el medio ambiente en el caso de la mina de uranio de Retortillo”, y recuerdan que la misión del CSN es “proteger a los trabajadores y trabajadoras, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen”.

Por ello, reclaman al presidente del CSN que haga “caso omiso a las inadmisibles presiones de Berkeley” y tome la decisión sobre el proyecto con total independencia, aplicando “el máximo rigor técnico y tomando todo el tiempo que sea necesario, sin atender a los intereses económicos y las prisas que pretende imprimir el promotor a través de las diferentes cartas que ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear”.

Las cinco entidades señalan además que, desde el principio, la autorización del proyecto “ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local”, recordando que el el proyecto “obtuvo inexplicablemente una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León pese a que la Evaluación de Impacto Ambiental no valoraba la mayor parte de los graves riesgos ambientales asociados ni, aún más grave, los impactos sobre el medio y las personas dedicadas a la producción y almacenamiento de residuos radiactivos”.