Renta básica
Qué renta básica necesitamos y exigimos

El colectivo ATTAC ha sido siempre un gran defensor de la renta básica universal e incondicional y tiene un estudio hecho sobre el terreno para calcular el impacto económico que supondría su implantación, cuyos resultados están ya muy avanzados, por lo que nos pueden ofrecer datos concretos y totalmente fiables. En el debate sobre renta básica que organizó ATTAC el pasado viernes 10 de abril (adjunto enlace al vídeo) se entiende muy bien cuáles son los beneficios para la población trabajadora, qué diferencias sustanciales hay con el planteamiento que desde hace poco tiempo proponen los grandes empresarios y sus representantes políticos, como el ex ministro del PP y ultraliberal De Guindos, y qué otras medidas son inseparables del reconocimiento de este derecho básico a una renta universal por cuanto son las que garantizan conjuntamente una vida digna para toda la sociedad.

Hay unas ideas básicas que hemos de tener claras:

• El carácter universal e incondicional de la renta básica significa que toda persona reciba un ingreso económico mensual permanente, independientemente de la renta y patrimonio que tenga y, por tanto, sin necesidad de solicitarlo porque el Estado se lo da a todo el mundo. Esto incluye tanto a personas adultas como a población infantil.

• El que lo reciban también los ricos no es ningún problema, pues después en la declaración de la renta y de patrimonio tendrán que devolverlo (junto con más dinero como resultado de su declaración), precisamente por ser ricos. Esto significa que la implantación de la renta básica debe ir unida necesariamente a una reforma fiscal progresiva que grave más las rentas altas. Se trata, en realidad, de hacer cumplir el artículo 31 de la Constitución*.

• El que lo reciba todo el mundo “de oficio”, es decir, sin necesidad de solicitarlo pues lo recibe toda la población, tiene múltiples ventajas:

—Evita muchísima burocracia y, por tanto, ahorra muchos costes y tiempo productivo de personal del Estado.

—Evita los largos tiempos de espera para obtener cualquier prestación solicitada así como la obstaculización arbitraria e incluso ilegal que puedan poner las administraciones públicas para obtenerla, dejando fuera a mucha gente que realmente lo necesita para subsistir (es lo que ocurre con la REMI y otros subsidios, que no llegan a muchísima gente que lo necesita y que por ley tiene derecho a recibirlos pero las administraciones de las CC AA y ayuntamientos lo impiden de múltiples formas: con paralizaciones y demoras injustificadas de expedientes, con nuevas normas que sacan continuamente contradiciendo la propia ley que ampara el derecho a esas prestaciones económicas, con una excesiva rigidez e incluso forzada malinterpretación de la normativa, con falsas excusas de que no hay dinero en Tesorería cuando vemos como sí gastan ese dinero en otras partidas menos necesarias o totalmente innecesarias; así lo constatamos desde hace años en la Comunidad de Madrid y lo denuncian reiteradamente diversos colectivos sociales).

—Evita el sentimiento de las personas que solicitan las prestaciones asistenciales de estar marcadas socialmente como pobres.

—Permite que toda persona que busque un empleo esté en mejores condiciones de negociación con el empresario, pues el hecho de tener cubiertas sus necesidades básicas le posibilita no aceptar cualquier empleo donde vaya a ser explotado en salario y condiciones de trabajo. Con una renta básica, la persona trabajadora tiene verdaderamente más libertad para elegir un empleo u otro.

—El hecho de tener una renta básica no convierte en holgazana a la población, pues solamente con ella no puede adquirir muchos bienes del mercado (los artículos no esenciales para la vida, que son la mayoría en esta sociedad capitalista) ni acceder a muchos servicios privados (los servicios no esenciales para la vida, que son también muchos, como viajar por placer; adquirir un seguro del hogar, de vida o de lo que sea; servicios financieros meramente especulativos como fondos de inversión, acciones, preferentes, derivados y un cuantioso etcétera). En consecuencia, la población sigue necesitando trabajar si quiere consumir esos bienes y servicios no esenciales. Es ya una opción personal de vida. Muchas personas no caemos en el consumismo en nuestra vida diaria y somos muy felices viviendo así; ojalá fuéramos muchas más para acabar realmente con el capitalismo, pues mientras sigamos siendo clientes que alimentamos el sistema con nuestras formas de consumo, no transitaremos hacia otra economía basada en los valores esenciales de la vida. Ahora en nuestro confinamiento, sin posibilidad de ese consumo desaforado y dándoos cuenta de lo realmente importante en la vida, es buen momento para planteárnoslo.

• El derecho a una renta básica universal e incondicional va indisolublemente unido al derecho a unos servicios públicos esenciales*—como son la sanidad pública (tanto atención primaria como la especializada y hospitalaria y los centros preventivos y promotores de salud pública), la vivienda pública (tanto en régimen de alquiler como de compra pero sin tener la titularidad del suelo, que seguiría siendo del Estado para impedir así la especulación inmobiliaria), la educación pública (tanto en edad preescolar como en las fases de escolarización y estudios medios y superiores), los servicios públicos de cuidados (residencias de mayores y dependientes, centros de menores, centros de acogida a mujeres maltratadas, residencias de salud mental, etc.), los servicios públicos de agua, energía, banca, transporte, telecomunicaciones, producción y distribución alimentaria saludable y ecológica, y cuantos creamos conveniente garantizar—, por cuanto ambos derechos, renta básica y servicios públicos, son los que garantizan la vida digna de toda persona; es más, la renta básica debe considerarse un servicio público esencial más ya que el Estado tiene la función, y por tanto el deber constitucional, de proteger y garantizar la vida de toda la población** y la forma de hacerlo es a través de los servicios públicos.

• El derecho a una vivienda pública es inseparable del derecho a una renta básica, pues con la cuantía de esta renta no es posible pagar un alquiler, una hipoteca por vivienda o una cuota de comunidad de propietarios además de los gastos imprescindibles para vivir. Por tanto, es exigible al Estado que ofrezca un gran parque de vivienda pública en alquiler, expropiando todas las viviendas que quitaron los bancos a los cientos de miles de personas que desahuciaron así como todas las viviendas que atesoran los fondos de inversión que se las compraron ilegalmente a los ayuntamientos por un precio igualmente ilegal (es el caso de Madrid con la venta ilegal que realizó la ex alcaldesa Ana Botella). Se cumplirían también así los artículos 31 y 128 de la Constitución***. Este amplio parque de vivienda pública unido a una renta básica es perfectamente realizable y, de hecho, existía por ejemplo en Holanda en los años ochenta. Sí, en Holanda, el mismo país que hoy se niega reiteradamente a liberar fondos europeos para la reconstrucción común de todos los países miembro de la Unión Europea. En aquella década de 1980 (lo apunto como testimonio personal pues viví cierto tiempo allí), la juventud al cumplir la mayoría de edad tenía la posibilidad de alquilar una vivienda pública por un precio simbólico al Estado (entonces venían a ser unas 10.000 pesetas al cambio, que hoy podría equivaler quizá a 100 euros) y además recibía del Estado una renta mensual (de unas 60.000 pesetas al cambio, que hoy podríamos cifrar tal vez en 600 euros). Los jóvenes podían así independizarse a los 18 años y no por ello se olvidaban de buscar empleo; al contrario, lo querían conseguir para irse de cervezas con los amigos, para ir al cine o al teatro, para salir de vacaciones, para poder viajar al extranjero; en definitiva, para no quedarse excluidos de su círculo social y disfrutar como el resto de sus amigos y familiares de muchas otras cosas. La ventaja era que no se veían obligados a aceptar cualquier empleo basura y no se sentían angustiados si tardaban en encontrar un empleo acorde a su formación e inquietudes, aunque sí lo vivían como una situación que no deseaban prolongar porque significaba en cierta medida estar señalados socialmente.

• Los servicios públicos son una especie de salario en especie para toda la población que proporciona el Estado gracias a los impuestos que pagamos toda la población y a los presupuestos generales; de esta forma, todas las personas, independientemente de sus ingresos, pueden disfrutar de unos bienes y servicios esenciales garantizados.

• El que extendamos el servicio público a tantos aspectos esenciales para la vida (y no olvidemos que la mayoría de estos servicios públicos ya los disfrutábamos hace sólo unas décadas y se trata de recuperarlos) no significa necesariamente que dejen de existir esos mismos servicios de forma privada. De hecho, la minoría rica no suele acudir a los servicios públicos por considerarlo una bajeza impropia de su condición social. A la población trabajadora no nos preocupa que sigan yendo a sus servicios privados, lo que queremos es que podamos tener cubiertas las mismas necesidades sin depender de nuestros ingresos. Y esto sólo lo garantiza el Estado con los servicios públicos.

• El coste para el Estado de esta renta básica universal es perfectamente asumible. Simplemente con recuperar los más de 60.000 millones de euros que obtuvo del Estado la banca en la anterior crisis económica de 2008 y que no ha devuelto a pesar de sus beneficios multimillonarios en cada ejercicio, con recuperar los 60.000 millones de euros que pierde el Estado por el elevadísimo fraude fiscal y unos 90.000 millones de euros que se calcula puede haber en paraísos fiscales tenemos un total de 210.000 millones, más del doble de lo que sería el coste de la renta básica universal. Y esto sin tocar aún el sistema fiscal para hacerlo más justo en proporción a la renta. Es una cuestión de voluntad política. Lo estamos viendo ahora con las decisiones de la Unión Europea de dejar en suspenso el Tratado de Estabilidad y Gobernanza que exigía a todos los gobiernos europeos no superar un determinado déficit público, algo intocable meses y años atrás, y del G-20, que este miércoles 15 ha decidido suspender (aunque sea temporalmente) el pago de la deuda a los países más empobrecidos, la famosa deuda, otra intocable para los defensores del capitalismo.

Si todo esto es así, ¿por qué la minoría rica y su representación política hablan también ahora de ofrecer una renta básica o mínimo vital? Por pura lógica capitalista: las empresas capitalistas (tanto productivas como financieras, aseguradoras, de telecomunicaciones y otros servicios) necesitan una población con el suficiente poder adquisitivo para comprar sus productos y servicios, pues de lo contrario se para la maquinaria de continua acumulación de capital. Por esa misma razón se crearon en siglos pasados los sistemas nacionales de salud, porque necesitaban gente sana como mano de obra y a la vez reproductora de más mano de obra; ahora hay tanta población en el mundo, especialmente población envejecida en el mundo occidental supuestamente “desarrollado”, que les sobramos y no dudan en destruir los servicios públicos si conviene a sus fines de acumulación de dinero y poder.

¿Cuáles son las diferencias con el modelo de renta básica que proponen esa minoría rica que tiene el poder económico y sus representantes políticos?

• No quieren darle carácter universal e incondicional, sino que quieren que sea un subsidio más, que sólo se otorgue a las personas bajo el umbral de la pobreza; es decir, a las personas que demuestren cumplir unas condiciones económicas, con lo cual dejan fuera a muchísima población que no tiene medios de demostrarlo aunque sea precisamente por ello la más necesitada (como ocurre ahora con todos los subsidios y muchas prestaciones) y también dejan fuera a muchísima población empobrecida, tenga empleo o no, reciba alguna pensión o no. Los datos cuantificados son demoledores: una cuarta parte de la población ya estaba antes del coronavirus en riesgo de pobreza o exclusión social; ahora con la actual crisis estas cifras se han disparado. Sólo en el mes de marzo hubo un millón de despidos, más de un millón y medio de personas trabajadoras afectadas por los ERTE y casi otro millón de personas no contabilizadas a las que no se renovaron sus contratos. Y esto no ha hecho más que empezar.

• Quieren que la mayoría de la población trabajadora siga estando supeditada, aquí sí sin condiciones, a la oferta de empleo que hagan estas empresas capitalistas y, por tanto, obligada a aceptar cualquier empleo basura o simplemente unas condiciones de explotación salarial y de condiciones de trabajo que no aceptaría si dispusiera de una renta básica que asegurara su sustento y, por consiguiente, le permitiera elegir con más libertad qué empleo aceptar.

• Quieren que el introducir esta renta básica sea a cambio de eliminar los servicios públicos. No les basta con haber destrozado los buenos servicios públicos de sanidad y educación que disfrutamos décadas atrás, ni con haber impedido el desarrollo de los nuevos servicios públicos de dependencia y de atención a mujeres maltratadas. Consideran que todo lo privatizado hasta ahora para disponer ellos de más cuota de mercado no ha sido suficiente; es la misma lógica capitalista de seguir acumulando capital y, por tanto, poder, que es lo que realmente desean, poder para decidir gobiernos, poder para dictar las leyes de esos gobiernos, poder para sentirse los amos del mundo.

Espero al menos que estas reflexiones hayan servido para que, cuando leamos u oigamos hablar de la renta básica, tengamos más elementos de juicio para discernir quién defiende qué, dentro del marasmo de confusión que continuamente crean los medios de comunicación a su servicio, y para llegar a nuestras propias conclusiones. Y espero también que cuando leamos u oigamos hablar a los autoproclamados “patrios defensores constitucionalistas”, sepamos a ciencia cierta quiénes no defienden realmente a la población española y quiénes no defienden realmente la Constitución, porque en su insaciable afán de robar nos roban todo, hasta el lenguaje y continuamente ensucian las palabras que son patrimonio de todas las personas que hablamos el mismo idioma.

Termino donde empecé, con ATTAC, pues hoy viernes 17 ha organizado otro debate, precisamente sobre los servicios públicos (emiten en directo los viernes y después suben el vídeo a su web, adjunto enlace). ATTAC es un movimiento internacional que nació en 1998 en Francia y que echó a andar en España en el año 2000, siempre a favor de suprimir los paraísos fiscales, aumentar la fiscalidad de las rentas del capital e introducir un impuesto a las transacciones financieras internacionales (la llamada Tasa Tobin). Si navegáis por su web encontraréis mucha información que necesitamos tener para ir construyendo ese otro mundo posible que el movimiento altermundialista popularizó hace ya veinte años. Adjunto un enlace con medidas concretas de urgencia que proponen para afrontar ahora la crisis económica desencadenada. Y otra lectura para seguir cuestionándonos.

Notas:

* Art. 31 de la Constitución: 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.la constitución2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

** Art. 39: 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.    Art. 40: 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 

*** Art. 128: 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.