Energía nuclear
El asedio turco a la democracia energética I

1. Introducción

En julio de 2010, el primer ministro turco Tayyip Erdogan alcanzó un acuerdo por 20 mil millones de dólares con la empresa rusa Rosatom para la colaboración en materia nuclear. Su plan, construir una central y un complejo de fabricación de combustible en Akkuyu-Mersin, en la costa este mediteeránea. En línea con este acuerdo, Rosatom desarrollaría una central de 4800 megavatios consistente en cuatro reactores VVER-1200 siguiendo un modelo BOO (Build-Own-Operate). Es decir, Rosatom construiría y operaría la central en propiedad. Todo esto cerca del delta Goksu, una reserva natural protegida por la Convención de Ramsar.

El 3 de mayo de 2013, y por medio de un parecido acuerdo intergubernamental, el gobierno japonés se comprometió a poner en marcha otra central, también de 4800 megavatios. Formada por cuatro reactores ATMEA1 y una instalación para el reprocesamiento de combustible, en Sinop, en la costa sureña del Mar Negro. Un consorcio formado por las japonesas Mitsubishi Heavy Industry Ltd e Itochu, y las francesas Areva y GDF Suez, construiría un complejo nuclear, BOO de nuevo, con un coste inicial estimado en 22 mil millones dólares estadounidenses. La localización de la central se encuentra dentro de la laguna Sarikum, protegida por la Covención Ramsar, así como por la Convención del Mar Negro de 1994 (o Convención de Bucarest).

La localización de la central se encuentra dentro de la laguna Sarikum, protegida por la Covención Ramsar, así como por la Convención del Mar Negro de 1994 (o Convención de Bucarest).

Sin embargo, en abril de 2018, la japonesa Itochu, actor global en la financiación de la industria de armas nuclear y que aportaba un 30% del coste total del proyecto, anunciaba que se retiraba del proyecto. Se justificaba con los sobrecostes inesperados y por la estricta regulación sobre seguridad. Se ha convertido ahora en posibilidad real que el Banco Japonés de Cooperación Internacional cancele su 70% de contribución en cualquier momento, lo que conllevaría un paro temporal para el proyecto Sinop hasta que China y Corea del Sur llegasen a un acuerdo con Erdogan que arrasara con cualquier restricción medioambiental.

Una tercera planta nuclear, otra vez en el Mar Negro, se planea en Inceburun-Igneada, a 150 km de Estambul y a solo 10 de la frontera búlgara. Esta cental será contruida, por si acaso guardan ustedes alguna duda, también en terrenos protegidos por las convenciones de Ramsar y Bucarest. En este caso, en Igneada Sakha Longozu. Incluye varias lagos pequeños, un delta de río y dunas de arena con su característica y única vegetación xerófita. Hay preguntas sobre si China o Corea del Sur serán la parte ganadora en la puja por construir y operar estas instalaciones.

Una vez completa, la zona de Akkuyu y Sinop será el primer y único complejo nuclear en el mundo bajo el control de un operador que es subsidiario de un país extranjero desde la construcción hasta el indefinido proceso de decomisión. Además, ambos acuerdos de cooperación incluyen el establecimiento de programas de ciclo de combustible nuclear construido por y propiedad de una potencia extranjera. En concreto, unas instalaciones turcas de fabricación y reprocesamiento de combustible nuclear. De acuerdo con el artículo 2 del acuerdo turco-japonés: "Tecnología y equipamiento para el enriquecimiento de uranio, reprocesamiento del combustible gastado, conversión de plutonio y producción de material incluyendo aquellos listados en la parte C del anexo A, así como plutonio que pueda ser transferido bajo el acuerdo solo cuando este se enmiende para tal propósito de acuerdo con el anexo 1 del artículo 14". Así, se hace posible que material para armas nucleares sea manufacturado por Rusia o Japón dentro de las fronteras de un país perteneciente a la OTAN.

Es un hecho que no existe una demarcación técnica entre un programa de reactores nucleares civiles y militares. "La energía nuclear comercial es la base de las armas nucleares. Si tuviésemos cualquier posibilidad de ralentizar la difusión de armas nucleares, necesitaríamos establecer un régimen de control acerca de la difusión de la tecnología nuclear comercial", dijo John J. Hamre, Subsecretario de Defensa estadounidense entre 1997 y 1999, y Secretario adjunto de Defensa 1993-1997, Presidente y CEO del Centro de estudios estratégicos e internacionales en Washington D.C.

Así, se hace posible que material para armas nucleares sea manufacturado por Rusia o Japón dentro de las fronteras de un país perteneciente a la OTAN.

Tanto el acuerdo turco-ruso como el turco-japonés incluyen varias clausas que permiten al gobierno turco extraer plutonio del combustible gastado y enriquecer uranio. Sencillamente, Turquía está apostando por una tecnología no ajena al armamento. En consecuencia, no puede haber una prueba más clara de que estos proyectos intergubernamentales están motivados geopolíticamente y proveerán un terreno fértil para programas de armas nucleares apenas camuflado como "acuerdos de transferencia de tecnología nuclear". Los últimos intentos de Turquía, los Emiratos Árabes y Jordania por embarcarse en unos ambiciosos programas nucleares demuestran que la proliferación del poder nuclear en el sudoeste asiático es un gran desafío.

2. Derechos de acceso a la información, a la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia para los proyectos de energía nuclear de Akkuyu y Sinop

El 11 de diciembre de 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo turco hizo público un informe de tres mil páginas, el de evaluación de impacto ambiental (EIA) para el proyecto de Akkuyu. En la actualidad, se está preparando un documento parecido para Sinop. El EIA quedaba supuestamente sujeto a audiencias públicas y la aprobación de los residentes de la zona antes de su finalización. El gobierno del PJD llevó a miembros de su partido desde ciudades cercanas en bus para que asistieran a las audiencias públicas en la provincia de Mersin y Sinop. Les proveyeron de alojamiento y comida gratis. Pero algunas asociaciones locales y cientos de personas locales se opusieron a los proyectos que les presentaban y encontraron dificultades por parte de los cuerpos de policía para que pudieran intervenir. Tras 30 días de un proceso de evaluación bastante superficial, Erdogan envió una carta a todas las instituciones gubernamentales relacionadas con la realización del informe EIA exigiéndoles que dieran su aprobación definitiva al mismo. Finalmente así fue, y una versión revisada del EIA fue aprobada por el gobierno en diciembre de 2014.

Tras 30 días de un proceso de evaluación bastante superficial, Erdogan envió una carta a todas las instituciones gubernamentales relacionadas con la realización del informe EIA exigiéndoles que dieran su aprobación definitiva al mismo. Finalmente así fue, y una versión revisada del EIA fue aprobada por el gobierno en diciembre de 2014.

Desde entonces, para el proyecto Akkuyu, 13 querellas diferentes ya han sido presentadas ante el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo en el Alto Tribunal de Mersin. Varias asociaciones, junto con grupos de abogados, médicos, ingenieros y arquitectos han jugado un rol clave en la preparación de argumentos técnicos y jurídicos para estas quejas. Estas buscan cuestionar la dudosa integridad científica del EIA e invalidarlo por los siguientes motivos: tergiversación o error en el listado del inventario radioactivo y emisiones al medio ambiente; información incompleta sobre los químicos tóxicos que serán inyectados en el sistema de enfriamiento a lo largo del complejo nuclear; información engañosa sobre los efectos químicos y temporales del agua de enfriamiento sobre la vida marina; ausencia de detalles sobre el plan de evacuación de emergencia en caso de accidente; falta de un plan integral de gestión de residuos; seguro de accidentes por especificar para el complejo nuclear, así como incumplimiento con los requerimientos de responsabilidades de terceras partes. Acompañadas por estas quejas encontramos alegaciones que apuntan a que ciertos informes de importancia incluidos o referidos en el EIA han sido falsificados.

Después de dos años de litigaciones, el caso alcanzó a la Corte Suprema de Apelaciones y Consultaciones, DANISTAY, que aceptó revisar el caso. Antes de dar su resolución final en el caso, la corte tenía que revisar la certificación final del EIA, producida por 15 cortes de menor rango. Para ello, asignó a varios expertos para que evaluaran la situación. De acuerdo con la regulación, estos expertos han de ser individuos independientes. Sin embargo, fueron escogidos por el propio gobierno. Pese a las claras evidencias científicas de las querellas, por desgracia, estos académicos han aprobado y certificado este desacertado EIA.

La primera y última instancia judicial de Turquía, el Consejo de Estado, anunció su decisión final en marzo de 2017. Admitieron que "después de revisar los argumentos de las quejas contra el EIA aprobado por expertos asignados por el gobierno, la corte reconoce que el informe EIA presentado es incompleto, imperfecto e inadecuado. Sin embargo, es nuestra opinión que las deficiencias mostradas no alcanzan la gravedad requerida para invalidar o cancelar el informe sobre la central nuclear de Akkuyu. Es más, la corte acepta la aserción del gobierno que todos los posibles errores serán solucionados en el futuro con la implementación del proyecto". De esta manera empezó el fin de regulaciones y leyes medioambientales en Turquía.

3. Japón y Francia. La relación de las finanzas globales con el programa de armas nucleares

Desde la Guerra Fría, las instituciones financieras directa o indirectamente apoyadas por los gobiernos han proveído de varios tipos de servicios financieros para empresas relacionadas con las armas y energía nucleares. Aquí se incluyen préstamos, inversiones y gestión de activos. Desde enero de 2014, siete instituciones financieras japoneas han destinado aproximadamente 18.555 millones de dólares a 20 empresas productoras de armas nucleares en EEUU y Europa. En Francia, 14 instituciones financieras han entregado 29 mil 8 millones de dólares a este tipo de empresas, también desde enero de 2014.

Acompañadas por estas quejas encontramos alegaciones que apuntan a que ciertos informes de importancia incluidos o referidos en el EIA han sido falsificados.

Los bancos japoneses relacionados con el proyecto Sinop han participado con préstamos, inversiones y compra de acciones en las siguientes cantidades: Banco Chiba (20 millones de dólares), Mitsubishi UFJ Financial (8,470 millones), Mizuho Financial (5,172), Nomura (3), Orix Corporation (610), Sumitomo Mitsui Financial (4,246), Fondo Sumitomo Mitsui (35 millones).

La institución financiera japonesa más significativa en la financiación de empresas de armas nucleares en Francia es el Grupo Ariane, que incluye Safran y Airbus en Francia.

Si esta proliferación de desarrollo nuclear no fuera suficiente causa de preocupación por sí misma, inmediatamente después de las elecciones presidenciales en junio de 2018, la Nueva Comisión de Regulación (NCR) de Turquía, por decreto presidencial, pasó a estar controlada por el presidente Erdogan, responsable de su plantel. Establecida al mes siguiente, es la responsable de todas las actividades nucleares del país. Preocupantemente, el presupuesto, los planes y programas del NCR no pueden ser cuestionados ni discutidos sin el consentimiento del presidente.

La nueva NCR también supervisa los programas de la Autoridad Atómica Turca, a su vez promotora y reguladora de seguridad de la industria nuclear turca. De hecho, ambas organizaciones están políticamente subordinadas a presidencia y no tienen poder de organización, conocimiento científico, capacidad de determinar normativas de manera independiente o forzar el cumplimiento de normativas internacionales de seguridad durante las fases de construcción y operacionales del complejo nuclear en Akkuyu y Sinop.

Traducción de Raúl Sánchez Saura.