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Desahucios
El Ayuntamiento de València desaloja a tres familias en riesgo de exclusión social
Tres núcleos familiares que vivían en la calle Manuel Arnau (Cruz Cubierta, València) han sido desalojados esta mañana tras una contundente operación policial efectuada bajo ordenación del Ayuntamiento de Valencia. Los vecinos afectados llevaban más de un mes luchando para evitar el lanzamiento, que ya se había intentado efectuar anteriormente en diversas ocasiones, aunque se había conseguido parar gracias a la actuación de sindicatos y colectivos defensores del derecho a la vivienda. Varios miembros del sindicato de barrio Construyendo Malilla han remarcado que la actuación policial ha sido ‘desproporcionada’ y que se ha vivido un ambiente ‘tenso’.
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Los vecinos de la calle Manuel Arnau recibieron una notificación de desalojo hace dos días, en la que indicaba que debían abandonar su vivienda en menos de 48 horas bajo la premisa de que los edificios tienen riesgo de ‘ruina inminente’. Afectados y activistas denuncian los posibles intereses especulativos de estos desalojos, ya que las viviendas están dentro del terreno en el que se construirán edificios nuevos dentro del proyecto del Parc Central.
A pesar de que el Ayuntamiento y la concejalía de Vivienda se comprometieron públicamente a encontrar una alternativa habitacional a los afectados, hoy los vecinos desahuciados afirman que las instituciones no les han ofrecido alternativas viables. “Solamente nos han ofrecido llevarnos a un albergue, pero yo ya he estuve en uno y al tercer día me dijeron que me tenía que ir. Esto no es una solución real, es provisional”, afirma Dani, uno de los vecinos afectados.
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Dani, además, ha denunciado que ha sufrido un trato vejatorio por parte de la Policía Local: “A las seis de la mañana me han obligado a bajar de forma brusca y violenta. Les he enseñado un parte de lesiones, ya que hace unos días sufrí un accidente y tengo problemas de movilidad. Al enseñarles el informe médico, un Policía Local lo ha arrugado y lo ha hecho una bola”, asegura el vecino. Tania Rubín, otra de las afectadas, corrobora el mal trato que han tenido los agentes.
Por su parte, Sonia López, militante y portavoz de Construyendo Malilla, también ha criticado la actuación de las fuerzas de la autoridad: “Ha habido un momento en el que estábamos seis personas rodeados por más de 10 policías y ocho furgones... como si fuéramos terroristas”, declara la activista. “Cuando he solicitado salir del cerco que nos habían hecho para poder acercarme a hablar con la prensa, me han dicho que no me podía mover”, narra Sonia. Comenta que, en un momento dado le ha dicho al Policía que no le dejaba moverse que ‘estaban dando una imagen de mierda’, y el propio agente le ha impuesto una sanción administrativa por “falta de respeto y resistencia a la autoridad”. La militante declara que le parece una sanción ‘exagerada’, sobre todo teniendo en cuenta que “les han tenido más de dos horas tratándoles como delincuentes sin poder moverse del sitio”.