Desahucios
La Administración incumple el acuerdo en el que se prometía una alternativa habitacional a 33 personas desalojadas en la Cruz Cubierta

Hace diez días, el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Vivienda se reunieron con varios integrantes del sindicato de barrio Construint Malilla y llegaron al acuerdo de prorrogar el desalojo de nueve familias en riesgo de exclusión social que se iban a quedar en la calle sin alternativa habitacional. Ambos fueron claros: la Administración aseguró que pondría todas sus fuerzas en encontrar alternativas habitacionales a las personas desalojadas en la Cruz Cubierta (València) mientras el sindicato declaró que, si las familias no tenían alternativas dignas, no dejarían sus viviendas.

Sin embargo, lo que parecía en un primer momento una clara promesa por parte de las instituciones competentes, ha acabado siendo un parche. Solamente dos familias han conseguido alquileres sociales en Gandia y en Requena. El resto de vecinos y vecinas, que aún no han conseguido una alternativa habitacional digna, se han atrincherado en sus casas con tal de evitar el lanzamiento.

Una victoria con regusto amargo

A pesar de que dos de las familias han conseguido negociar un alquiler social, tanto sindicatos como afectados opinan que las soluciones que se han dado no han sido las que se exigían en un primer momento para que los ocupantes abandonaran sus hogares. “A lo que el Ayuntamiento se comprometió fue a conseguir alquileres en el área metropolitana de València, no a 50 kilómetros”, lamentan fuentes del propio sindicato. Ambas familias han abandonado sus viviendas por su propio pie sin ser necesario el uso de la fuerza policial que ha estado desde las 6:30 de la mañana bloqueando las puertas de las casas. La familia cuyo destino es Gandía tiene a los niños escolarizados en el barrio y llevan toda su vida en València, lamentan. La otra familia irá a una vivienda social en Requena. Una vez han salido de sus domicilios, una empresa, cuyo nombre no han querido revelar, se ha encargado de tapiar todas las entradas de ese edificio, el número 9 de la calle Manuel Arnau. 

Vivienda social sí, pero aún no

Servicios Sociales ha mediado con la madre de una de las familias y les ha comunicado que, aunque ya tenían una vivienda social adjudicada, no podrían entrar hasta dentro de un tiempo —han asegurado que no más de un mes—; de momento, deberán dormir en un albergue en el que, además, separarán a la familia dado que no hay espacio para todos. Tras esta información, la madre, desesperada. ha vuelto a subir a su vivienda reclamando que le dieran las llaves de su nuevo alquiler. El sindicato de Malilla denuncia que se ha ejecutado el desalojo antes de que estas personas tuvieran alternativa. 

Fuentes expertas en derecho que están asesorando al sindicato siguen defendiendo que el desalojo se ha hecho de forma irregular ya que no se ha dado el tiempo estipulado para que las afectadas puedan presentar un recurso. A pesar de que a dos de las familias ya se les ha asignado un abogado de oficio y han recurrido el desalojo, no se están respetando los plazos que estipula el caso.

Seguirán las negociaciones

El resto de habitantes de la otra vivienda —el número 11 de la Calle Arnau— que debían desalojar se han atrincherado con tal de que la Policía no pudiera acceder a los domicilios y así ganar más tiempo para conseguir alternativas habitacionales viables. La Policía ha sido contundente y ha amenazado con volver pronto.