La Comunidad de Madrid desahucia a una persona con discapacidad y postrada en una cama

José Luis Alcalá Nuño tiene una discapacidad del 52% y vivía en una casa adjudicada a su madre por la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA). Un simple fallo burocrático ha hecho que este jueves fuera sacado en volandas de su casa por la policía.
Desahucio Algorta
José Félix Cueva Medina El vecino instantes después de haber sido desahuciado.
5 jun 2025 11:34

A las 7 de la mañana de hoy, jueves 5 de junio, varios furgones policiales rodeaban el barrio de José Luis Alcalá Nuño, quien vivía en una casa perteneciente a la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA), situada en la calle Algorta número 6, dentro del Poblado de Absorción de General Ricardos (Madrid). José Luis tiene un 52% de discapacidad y está postrado en una cama, debido a una caída que padeció por su limitada movilidad al bajar del autobús, tal y como informan desde la Asociación Vecinal General Ricardos. Hasta hoy, cuando ha sido desahuciado por el organismo que pertenece a la Comunidad de Madrid, en presencia de un amplio despliegue policial y del movimiento vecinal que ha intentado frustrar la acción sin éxito. 

“La policía le ha sacado en brazos de su casa, no se puede mover, y le han dejado literalmente en la calle, rodeado de vecinos y vecinas”, cuenta a El Salto una de las activistas que han acudido a frenar el desalojo, quien ha sido identificada junto a unas dos personas más “simplemente por estar allí”. 

“La policía le ha sacado en brazos de su casa, no se puede mover, y le han dejado literalmente en la calle, rodeado de vecinos y vecinas”, expresa una activista

Esta vecina describe cómo han apartado a la gente para que no pudieran ver el portal de José Luis y que solo han dejado atravesar el cordón policial al representante de la Agencia de Vivienda Social, “que ha dicho que se fuera a Barajas a dormir”, y a su abogada. “Ni siquiera han dejado que entrara su pareja”, se queja. Hasta el lugar, y por la llamada de los activistas, también ha acudido el Samur, que ha comunicado que José Luis habría rechazado acudir a un albergue.

La asociación vecinal denuncia que el organismo público propietario de la vivienda no ha ofrecido ninguna alternativa habitacional. La casa fue adjudicada a la madre de José Luis, con la que ha convivido toda la vida hasta su fallecimiento. Siempre según la asociación, detrás de este desahucio hay un mero trámite burocrático que no se ha completado. Debido al estado del desahuciado, “no ha tenido conocimiento de la situación burocrática que conlleva la tramitación de la subrogación que le correspondía de la vivienda adjudicada en su día a su madre”. Y pese a los escritos enviados por su abogada, alarmando del estado de vulnerabilidad de su defendido, el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha ejecutado el desalojo.

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