Opinión
Un abismo bajo los pies

El pasado 27 de marzo la OCDE daba a conocer sus estimaciones sobre la caída del PIB a causa de las medidas contra el coronavirus. Según estos datos, cada mes de paralización que provocase el virus podría llevar a una caída de en torno a un 2% del PIB. Mientras, para el caso español otros cálculos llevaban este desplome a entre el 2,5% y el 3,5% como consecuencia de una caída de la actividad económica de al menos un 30%.

Junto a estos indicadores, también contamos con las primeras cifras de personas afectadas por los ERTE y los datos de paro iniciales provocados por esta crisis. Así, a 30 de marzo ya se habían presentado 200.000 ERTE que afectaban a más de un millón y medio de personas, mientras que, por otro lado, las cifras de desempleados sumaban 300.000 nuevas personas. El primer resultado directo para todas estas personas, tanto para las afectadas por un ERTE ─que no contabilizan como paradas─ como para todas aquellas personas que se han quedado sin empleo, será que, al cobrar sus correspondientes prestaciones por desempleo, verán reducidos sus ingresos en al menos un 30%.

En un país donde el salario más frecuente está en torno a los 17.500 euros, lo cierto es que millones de personas afrontarán esta crisis con ingresos inferiores a los 900 euros mensuales. Sectores precarios a los que debemos sumar otros muchos sectores autónomos, microempresas y pymes, sectores informales,personas en situación irregular o las 580.600 trabajadoras sin derechos del sector doméstico y de cuidados, de las cuales más de 180.000 lo hacen de manera irregular.

Baste recordar que según datos de la OIT en España ─ya antes de la crisis─, entre un 13% y un 15% de las personas empleadas ya eran trabajadores pobres. Esto es, algo más de 2,3 millones de personas percibían un sueldo que no les permitía pagar los gastos más básicos para sobrevivir. Estos datos nos permiten poner en perspectiva las cifras que arrojó el Informe Foessa de 2017 sobre desprotección social en nuestro país y que advertían que el 46% de la población no podría resistir a bajadas importantes de ingresos más allá uno o dos meses. Un informe señalaba también que un 33% de los jóvenes que habían logrado emanciparse en aquel año vivían en riesgo de pobreza o exclusión.

Con estos datos en la mano, podemos decir que el primer golpe de esta crisis ─si tomamos en consideración a los 3,2 millones de parados─ habrá dejado en una situación más que precaria a más de cinco millones y medio de personas y habrá afectado directamente a las más de 12 millones de personas que ─según datos del Consejo de Europa─ ya vivían en el Estado español bajo el umbral de la pobreza antes de la crisis.

A grandes problemas, grandes titulares

En estos días hemos vivido tiras y aflojas entre las distintas facciones de gobierno, llamamientos de Bruselas, presiones de los movimientos sociales y asonadas de los lobbies económicos ─especialmente los del sector inmobiliario─, que finalmente han celebrado y aplaudido las medidas del Gobierno. Batallas que se han saldado con un puñado de medidas y sus correspondientes titulares de prensa y que han ido más encaminadas a salvar el apellido progresista del nuevo Gobierno que a perturbar a Bruselas y los grandes intereses económicos.

Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué si los datos de nuestro país previos al estado de alarma eran tan claros, las medidas que se han tomado han sido tan escasas? Tal y como se ha reclamado desde plataformas como el Plan de Choque Social, la aprobación de una renta básica universal para esta crisis hubiese sido la principal solución para frenar su impacto entre las más de 12 millones de personas que están recibiendo los primeros impactos de la misma.

Muy al contrario, las medidas que se han tomado parten de dos supuestos más que dudosos. El primero, que la crisis no se alargará más allá de seis meses y, el segundo, que no hacían falta medidas estructurales para frenar los problemas que iba a enfrentar la sociedad española.

El mejor ejemplo de esta falta de perspectiva del Gobierno progresista han sido las medidas adoptadas en materia de vivienda. Es cierto que tras las presiones de los movimientos sociales se ha aprobado una moratoria de desahucios que durará seis meses y que afecta a hipotecas y alquileres ─no de las ocupaciones─ de algunos sectores sociales y con unas condiciones muy estrechas, también la prohibición del corte de suministros. Pero tras estas moratorias, que no hacen sino aplazar el problema, ¿qué sucederá después? Sencillamente, el problema seguirá ahí.

La institucionalización de la pobreza

En resumen, la estrategia del gobierno para afrontar la crisis en materia de empleo e ingresos a través de los resortes del ERTE y los subsidios de bajos ingresos, en vez de aplicar un sistema de renta básica universal que garantizase un ingreso superior a mil euros mensuales, no ha hecho sino apuntalar que millones de personas afronten los inicios de esta crisis viviendo por debajo del umbral de la pobreza.

Junto a esto, no debemos olvidar que los decretos del Gobierno ─además de institucionalizar la bajada de los ingresos de millones de personas a niveles de pobreza─ no han modificado sustancialmente el principal gasto de las familias hoy en día, que son las cuotas de las hipotecas y, en especial, las rentas de alquiler, aquellas que suponen entre un 40% y un 50% de los gastos mensuales de muchas familias.

Las medidas han supuesto una regularización del paso a la pobreza de millones de personas y la construcción de diques que permitan al sector inmobiliario salir airoso de esta crisis

A pesar de los astutos titulares del Gobierno, ni siquiera se exige una aportación real a los conocidos como grandes tenedores de vivienda, que apenas representan un 10% de las viviendas alquiladas pero obtienen enormes beneficios. El mecanismo del Gobierno para ellos ha sido del todo (para los titulares) o la nada (para la realidad), dándoles a elegir entre quitas del 50% o ─en su defecto─, reestructuraciones de la deuda en un plazo de tres años, creo que podremos adivinar cual será su elección. A estas medidas se suman los microcréditos anunciados por el Gobierno para el pago de alquileres, que se convierten ─en el corto plazo─ en una nueva deuda para los inquilinos y en el largo plazo en una subvención a los propietarios de viviendas en alquiler para que no dejen de ingresar esas rentas.

En definitiva, estas medidas han supuesto una regularización ordenada del paso a la pobreza de millones de personas y la construcción de diques de contención que permitan al sector inmobiliario salir airoso de esta crisis. Un complejo sistema de rescate de las rentas inmobiliarias que nos quieren hacer pasar por medidas progresistas.

De nuevo el sector inmobiliario, joya de la corona del modelo económico español y de su producción de beneficios, se ha vuelto a revelar como una frontera infranqueable que este Gobierno tampoco se ha atrevido a cruzar. La presión de los mercados financieros y de Bruselas, pero también de las clases medias y altas rentistas, han salido ganando.

Asistimos con ello a la realidad de una crisis que no se resuelve dentro de los confines de la pequeña provincia española. De nuevo, las pautas a seguir las han marcado Bruselas, el BCE y los mercados financieros capitaneados por los grandes fondos de inversión. Es cierto que las señales de humo lanzadas desde Europa son difusas, pero aparentemente diferentes a la tardía reacción de la crisis anterior, un plan de compra de deuda de 750.000 millones de euros y la relajación para los Estados de la regla de gasto, pero no se quiere oír hablar de que ese gasto se financie con bonos conjuntos de la unión y mucho menos que se destine a políticas de rescate social. Este dinero irá para garantizar los beneficios privados.

Por ahora, en lo esencial, Bruselas y los mercados han ganado la batalla, aunque el contexto internacional no garantiza que la sumisión demostrada por el Gobierno apague una posible guerra contra nuestra deuda soberana. Mientras, en la provincia española, se ha abierto una nueva grieta social y de clase que ya nos divide entre quienes viven esta crisis como unas vacaciones lluviosas y a quienes se les abre un abismo bajo los pies.

El Gobierno es consciente semana a semana de la situación e intenta atajar la realidad con nuevas medidas que suenen a políticas sociales. La próxima es el ingreso mínimo vital, del que podremos esperar ayudas que se asemejen más con las rentas mínimas y las ayudas de emergencia ya existentes en comunidades autónomas y ayuntamientos ─pero esta vez patrocinadas por grandes titulares de progreso─ que a una renta básica universal que saque a las personas del los umbrales de pobreza y no que les ate a ellos. Ojalá nos equivoquemos.