Bolivia
La crisis política boliviana: las dos mitades de la historia del desastre que desató la violencia

La tristeza, el dolor y la zozobra se han apoderado de Bolivia en estas semanas. Más de una treintena de personas perdieron la vida, los heridos se cuentan por centenares al igual que los detenidos. Proliferan los discursos de odio, así como el enfrentamiento y la desconfianza. Junto a ello una confusión generalizada por un conflicto que no parece tener luz al final del túnel.

De un partido que apeló al fraude como forma de permanencia en el poder, a un escenario político polarizado en el que la violencia, el miedo y la muerte se convirtieron en monedas por el control del aparato estatal. Ese es el doloroso recorrido de la política boliviana en el último mes. No se trata de una historia de víctimas y redentores, sino de una disputa abominable por el poder, que no tuvo reparo en poner en segundo plano la vida y dignidad de la sociedad boliviana.

El fraude fue la coronación de un acumulado de agresiones y al mismo tiempo el detonante de esta profunda crisis política

El Gobierno de Morales hizo fraude, luego de haber transgredido la normativa constitucional y haberla manipulándola a su favor. Este elemento —junto a las agresiones ecocidas, extractivistas y anticomuitarias acumuladas durante los últimos años por su Gobierno— no puede ser desdeñado, minimizado, ni emplazado a un segundo plano si lo que se pretende es comprender el devenir del proceso político boliviano. El fraude fue la coronación de un acumulado de agresiones y al mismo tiempo el detonante de esta profunda crisis política.

Es simple: 1) el MAS perdió el referéndum que había convocado en 2016 para habilitar constitucionalmente a Morales a una siguiente reelección (la constitución solo permite una reelección consecutiva), 2) a través de un Tribunal Constitucional, intervenido por el partido de Gobierno —recordar lo que pasó con el magistrado Gualberto Cusi cuando se opuso al MAS— se desconocieron los resultados del referéndum de 2016 a través de un “recurso de inconstitucionalidad abstracta” que definió que la reelección indefinida debía considerarse un “derecho humano”, 3) manipuló las elecciones del 20 de octubre de 2019 para no llegar a una segunda vuelta, en uno de los fraudes más grotescos de la historia reciente del país.

El fraude fue ridículamente evidente —incluso desde antes de las elecciones, personas que en algún momento fueron cercanas al MAS ya lo habían advertido—, las pruebas eran abrumadoras (algunas de ellas: actas digitalizadas “al revés” que en todos los casos beneficiaban al partido de Gobierno, votos de personas inexistentes o fallecidas, total inseguridad en el transporte del material electoral, y ni que decir del momento en el que el sistema de conteo rápido se cayó por 24 horas para luego mostrar una tendencia distinta, favorable al MAS). La gente lo sabía y por eso fueron 20 días de bloqueos que paralizaron al país antes de la renuncia de Morales, pero el Gobierno lo negaba cínicamente.

Entonces, fue la institución cuyo secretario ejecutivo —Luis Almagro— había hecho explícitamente campaña por Evo Morales (incluso viajando al Chapare para ello), la misma que el Gobierno había invitado como veedora de las elecciones, y a la que el propio MAS, luego de los comicios, le pidió hacer una auditoria del proceso electoral —esa institución que parecía más parte (del gobierno) que juez— la que aseveró que las elecciones no podían ser validadas; en otras palabras: que sí hubo fraude. Es decir, no fue la OEA quien habló del fraude por primera vez, eso ya se sabía, era el hecho de que el fraude era tan grande que ni siquiera el juez que fue puesto por el propio gobierno lo pudo negar.

Es así que en un clima de tensión y violencia, en medio de un oscuro motín policial diversas organizaciones emblemáticas de sectores populares comenzaron a pedir la renuncia de Morales

Si bien entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre la consigna pasó de “queremos segunda vuelta” a “nuevas elecciones”, las cosas cambiaron luego de este informe, mismo que el Gobierno se había comprometido a respetar. Horas después de emitirse el informe Morales dijo que se convocarían a nuevas elecciones, pero lo hizo sin hablar del fraude, ni de las responsabilidades, menos de las condiciones que tendrían los nuevos comicios, etc.

¿El nuevo Tribunal Supremo Electoral sería elegido por quienes habían dirigido el fraude?, ¿Evo Morales se presentaría a las elecciones desconociendo el Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016? Parecía que el Gobierno buscaba hacer “borrón y cuenta nueva”, sin desagraviar al pueblo boliviano luego de tan oprobioso ultraje.

Es así que en un clima de tensión y violencia, en medio de un oscuro motín policial y una emboscada armada promovida por sectores afines al MAS contra mineros que se trasladaban desde Potosí a La Paz en protesta por el fraude, diversas organizaciones emblemáticas de sectores populares comenzaron a pedir la renuncia de Morales.

Entre ellas la Universidad Pública del Alto (UPEA), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y también la Central Obrera Boliviana (COB). Solo después de ello lo hizo la CAINCO, el poder oligárquico del Oriente Boliviano, que había sido aliado del MAS en los últimos años. Junto a este desbande generalizado de organizaciones e instituciones, también renunciaron a sus diputaciones, senaturías, gobernaciones, alcaldías, etc. decenas de autoridades del MAS. Si bien el comité Pro Santa Cruz —esa instancia política de la derecha rancia del oriente boliviano— había pedido la renuncia de Morales con anterioridad, no fue sino hasta este momento que esta consigna se generalizó.

Por eso es que en Bolivia, cuando el comandante militar, Williams Kaliman —aliado del MAS, autodenominado “soldado del proceso de cambio” y anticolonialista—, “sugirió” la renuncia de Morales, en aquel momento aquello sonó a una decisión y a acuerdos ya tomados por los propios gobernantes, que las Fuerzas Armadas verbalizaron en un clima de creciente conflictividad social en el que varias personas ya habían perdido la vida (más sabiendo que el presidente estaba en un avión con rumbo desconocido). Es decir, las Fuerzas Armadas fueron las últimas en pedir la renuncia de Morales, por eso es que políticamente la idea de golpe de Estado no hizo sentido en Bolivia en ese momento; previamente millones de bolivianos habían pedido la renuncia del presidente ante unas elecciones amañadas y ante la soberbia de unos gobernantes fraudulentos que no se hacían de este hecho.

Sin hacer un recuento de las múltiples agresiones que diversos sectores de la sociedad boliviana han venido sobrellevando en los últimos años por el gobierno del MAS, en especial aquellos relacionados con el despliegue de una política ecocida, extractivista y anticomunitaria, lo que sucedió no puede dejar de nombrarse por lo que vino después: un pueblo agraviado por un gobierno que, violentando todo orden constitucional, se quiso chorear [robar] las elecciones.

Pero ésta es solo la mitad de la historia.

La manera en que el gobierno decidió afrontar las acusaciones de fraude desde el 20 de octubre fue a través de la polarización y confrontación social. El Gobierno desató un clima de violencia y confrontación con la derecha más rancia de la política boliviana, de la que Fernando Camacho, líder del Comité Pro Santa Cruz, es la expresión de ello. Antes de las elecciones era sabido que existía dicho comité, pero en realidad ni siquiera el nombre de sus dirigentes era algo que se conociese ampliamente en el resto del país. Fue desde este momento que los discursos de odio escalaron desde esta polarización funcional para ambos “bandos”.

Esta derecha rancia, que no se anda con juegos, rápidamente aprovechó la oportunidad, capitalizó y monopolizó gran parte del descontento hacia Morales y el evidente fraude electoral

Esta derecha, que no se anda con juegos, rápidamente aprovechó la oportunidad, capitalizó y monopolizó gran parte del descontento hacia Morales y el evidente fraude electoral. Ávida de poder y desde un discurso racista, conservador y religioso fundamentalista, fue ganando terreno y dirigiendo las consignas en las primeras semanas del conflicto. Incluso sobrepasando en diversas oportunidades a la propia derecha “liberal” de Carlos Mesa, quien por ser el candidato al que le correspondía ir a la segunda vuelta, había sido el directamente afectado por la manipulación de los comicios.

Esta derecha conservadora, articulada en torno a los comités cívicos, a legisladores conservadores, a iglesias evangelistas, a los poderes económicos del país que siempre juegan a todos los bandos —y seguramente con el apoyo de la CIA y un conjunto de organizaciones internacionales que se ocupan de gestionar el poder de los grandes intereses mundiales—, es decir, una derecha muy similar a la neoliberal de principios de siglo, fue la que tomó impulso en este periodo.

Lo que sucedió entre la renuncia de Morales y la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia —que fueron dos días sin gobierno— es algo que no es claramente inteligible en este momento, aunque sin duda los de arriba jugaron diversas cartas sostenidas en el terror y en la incertidumbre en un cálculo por el poder. El miedo que sufrieron los ciudadanos de La Paz, El Alto y Cochabamba la noche de la renuncia de Morales fue algo inédito, dantesco, pero también claramente planificado, una violencia desatada por el gobierno saliente como castigo y como mecanismo de chantaje para que el “pueblo pidiese el retorno de Morales”; que a su vez se conectaría con una represora y violenta respuesta de la fuerza pública cuando Áñez asumió la presidencia.

En este tipo de crisis bolivianas, la política se desnuda de su revestimiento jurídico. Estamos acostumbrados a producir grandes pactos que habilitan realidades viables, más allá de legislaciones que pueden quedar obsoletas en situaciones límite. Entre 2000 y 2005, en medio de grandes levantamientos populares, esto sucedió varias veces, y eso era lo que se esperaba luego de la renuncia de Evo: una sucesión constitucional pactada. Un gran acuerdo que diera lugar a una salida pacífica al conflicto que ya llevaba más de 20 días paralizando al país. Pero ni el MAS ni esa derecha rancia rearticulada —los dos extremos de la polarización— tenían esa intención.

Mientras Morales jugaba al vacío de poder y a generar zozobra e incertidumbre, la derecha apostaba todo al control del Estado, negociando con policías y militares. Es así que sin mediar un pacto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y bajo una figura jurídica de abandono de funciones validada por el Tribunal Constitucional, Jeanine Áñez asumió la presidencia y lo hizo rodeada de gente nefasta. Ese tipo de gente que quema wiphalas, que “mete la biblia al palacio de Gobierno”, esa que tira bala y mata, esa que promulgó el Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidad penal a militares.

Esta violencia desproporcionada está siendo ejercida también contra movilizaciones sociales que explícitamente “no son masistas”, sino que salieron a las calles de manera pacífica, en repudio a la violencia, a la muerte y en defensa de la vida, de sus propios valores y símbolos

La masacre de Sacaba y la masacre de Senkata cegaron la vida de más de una veintena de personas, sumado a otro conjunto de muertes que sucedieron en esos días. Muchas de estas muertes se dieron en el marco de movilizaciones que fueron resultado de la presión que sigue ejerciendo la cúpula del MAS sobre sus bases para mostrar que el “pueblo boliviano pide el retorno de Morales”, sin embargo nada nada de ello justifica ese uso desproporcionado de la violencia y de armas letales disparadas en la calle. Incluso aunque las versiones del gobierno fueran ciertas —lo cual es imposible, porque son narrativas construidas a partir de verdades parciales—, ningún tratado internacional ni principio humano avalarían esta desproporción en el uso de la fuerza.

Pero debe quedar claro, además, que esta violencia desproporcionada está siendo ejercida también contra movilizaciones sociales que explícitamente “no son masistas”, sino que salieron a las calles de manera pacífica, en repudio a la violencia, a la muerte y en defensa de la vida, de sus propios valores y símbolos. Obviamente que el gobierno, para justificar la represión, las ha tachado de “terroristas”.

Este gobierno represivo y las fuerzas armadas junto a la policía han matando a mucha gente y esto debe detenerse inmediatamente, no puede quedar impune, debe denunciarse sin titubeos.

Y esa es la otra mitad de la historia.

Si en Bolivia ha habido un golpe o muchos golpes, estos han sido contra el pueblo, contra la gente que vio como la constitución era violentada por sus gobernantes, contra aquellos que vieron como su voto no valía y se sentían engañados, contra quienes fueron reprimidos, contra quienes perdieron sus casas, contra quienes fueron saqueados, contra quienes fueron víctimas del cálculo político, contra quienes perdieron la vida. No fue un golpe contra Morales ni contra su fraudulento gobierno, éste, como lo dice Segato,“cayó por su propio peso”. Fue la gente en las calles y, como vimos, sus propios aliados, quienes terminaron echándolo, como dice la propia Nación Yampara: Evo Morales “ha resultado ser más qhara que los ojos azules y los pieles blancas”.

Es por este motivo que en Bolivia, la consigna de “golpe de Estado”, así ramplona, no hizo sentido de manera generalizada. Y eso no significa que no haya claridad: ahora en Bolivia hay un gobierno que, aunque en estos días logre ser apañado por el congreso y tener toda la legitimidad constitucional —como parece que sucederá—, no deja de ser autoritario, violento, fundamentalista y militarista. Sin embargo, hay que considerar dos cosas: 1) que esto no le quita el carácter de agresor al gobierno predecesor, y 2) que ese mismo gobierno nos condujo a este desastre. Victimizar y reactualizar al caudillo (y a su séquito) que agredió y agravió y que, por tanto, es ampliamente responsable de lo que está pasando en el país, es coadyuvar desde la lógica binaria a la polarización, a dar cuerda a la guerra entre los de arriba y a la persistencia de la violencia contra los de abajo.

Lo importante no es la definición teórica de lo que pasa en Bolivia (golpe, no golpe), sino que la etiqueta que decidan ponerle reconozca que este gobierno represor de tinte fascista que ha venido matando en estos últimos días, está consustancialmente ligado a lo que hizo el MAS

Lo importante no es la definición teórica de lo que pasa en Bolivia (golpe, no golpe), sino que la etiqueta que decidan ponerle reconozca que este gobierno represor de tinte fascista que ha venido matando en estos últimos días, está consustancialmente ligado a lo que hizo el Movimiento Al Socialismo, a la violencia que también ejerció durante años, a la persecución política de dirigentes indígenas disidentes, a la desarticulación sistemática de las tramas comunitarias y de sus organizaciones, al andamiaje corrupto y clientelar de la estructura estatal, a la destrucción sin precedentes de la naturaleza boliviana, a la política extractivista transnacionalizada, a la transgresión sistemática del orden constitucional, al fraude electoral.

De lo que se trata, pues, es de romper el mecanismo de repetición. Victimizar a Morales es justamente hacer lo contrario. Es importante salir de una episteme caudillista-patriarcal que idealiza al agresor, lo exime de responsabilidad y culpa al resto por lo que está sucediendo. Por supuesto que la derecha también golpea, y lo hace virulentamente, pero lo hizo luego de los golpes propiciados por el MAS y no podemos dejar de decirlo. No entiendo qué es lo “estratégico” en acallar lo que te lleva a este desastre.

Frente a este gobierno represor, en el país van sucediendo muchas cosas, diversos sectores sociales intentan reorganizar su fuerza política autónoma, pero esto está costando mucho. Es llamativo el poco protagonismo que han tenido en este conflicto organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) o la Central Obrera Boliviana (COB), lo cual parece tener que ver con la disputa interna y atomización que resultan del proceso de descomposición del propio MAS y la manera en que el corporativismo de este partido permeó en dichas organizaciones. Han sido las juntas barriales de El Alto las que más visibilidad tuvieron en estos días, aunque también son evidentes las escisiones y el cansancio.

Todo apunta a que dentro de poco se establecerá un acuerdo entre la bancada del MAS (o por lo menos una parte de ella) y el Gobierno de Áñez. El acuerdo implicaría aceptar que Morales abandonó sus funciones y por tanto legitimar la nueva presidencia, la declaración de nulidad de las elecciones del 20 de octubre, así como la designación de un nuevo Tribunal Supremos Electoral para la convocatoria a nuevas elecciones, en las que no participaría Morales aunque sí el Movimiento Al Socialismo.

Es un acuerdo que para nada resuelve las profundas heridas sociales que se han abierto en las últimas semanas, pero que sin embargo expresan, por un lado, el accionar de una fracción del MAS que se desmarcó del caudillo y que busca pacificar el país, conservando las fuerzas que a este partido todavía le quedan en un momento de profunda descomposición interna y de arremetida conservadora. Por el otro lado, se puede entender que el gobierno de Añez se encontró con un límite, una sociedad muy golpeada pero movilizada. La intención de este gobierno era restituir con sangre y a punta de decretos supremos (obviando la Asamblea Plurinacional) el viejo Estado neoliberal, sin embargo la resistencia, aunque confusa, lo obligó a buscar una negociación en el parlamento.

Quizá este acuerdo frene el clima de violencia, pero, aunque así fuera, no hay nada que festejar. Queda un gobierno represor que no tiene intención de modificar la matriz económica depredadora y dependiente gestionada por el gobierno del MAS —más allá de que algunos beneficiaros puedan ser distintos—, una derecha fundamentalista y fascistoide en ascenso, y una sociedad agraviada, violentada y fragmentada, con poca capacidad de organización autónoma resultado de ese largo proceso de degradación, como lo ha denominado Silvia Rivera Cusicanqui. Si bien las elecciones podrán marcar la salida parcial a este desastre (siempre y cuando se respete la constitución), será la reorganización política desde abajo la que realmente permitirá avizorar otros horizontes de lucha, tal y como hemos aprendido de nuestra historia larga.