Sicur: la feria de la (in)seguridad llega a España

Los años impares toca la Feria armamentística Homsec, los años pares la de seguridad: Sicur. Del 20 al 23 de febrero se celebrará en la recinto ferial de Madrid, Ifema, el vigésimo primer salón internacional de la seguridad. Esta feria bienal reunirá a 645 empresas, un 12% más que en su edición anterior. Más de una cuarta parte de ellas son internacionales. Un crecimiento que, según la misma web de la feria, muestra el buen momento del sector de la seguridad. Entre sus promotores podemos encontrar la Asociación Española de Empresas de Seguridad y la Asociación de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), el lobby de las empresas de seguridad, entre las que se encuentran Prosegur, Securitas o Eulen Seguridad.

Pero un evento que puede girar en torno a la palabra “seguridad” tampoco escapa de polémica y de repulsa por parte de muchos actores sociales y organizaciones ciudadanas que han mostrado su rechazo a que participen cierto tipos de empresas, las fuerzas del Estado y al concepto de seguridad que se desprende de ferias como esta. Aunque la feria tiene una gran parte de su espacio de expositores dedicada a la seguridad contra incendios y emergencias, con 167 empresas especializadas, y otros dos pabellones dedicados a la seguridad laboral, en los que participan 252 empresas, el concepto de seguridad de esta feria se extiende a la defensa militar y armamentística. La zona de exposición de este tipo de empresas alberga 226 expositores. 

El colectivo DesarmaMadrid se creó para protestar contra la feria armamentística Homsec y el apoyo institucional que recibe por parte de la Comunidad de Madrid y otros organismos públicos. Durante la celebración de la misma, activistas de esta plataforma realizaron una protesta a las puertas por la que se les detuvo, se les aplicó la Ley Mordaza y multas por valor de 11.000 euros. Desde esta plataforma denuncian que la seguridad en sí misma es buena y necesaria, pero explican a El Salto que este concepto de seguridad es perverso: “Cuando la seguridad es armada o depende de fuerzas y cuerpos de seguridad se dejan de lado necesidades básicas”.

Coincidiendo con el colectivo antimilitarista, Pere Ortega, activista e investigador del Centre d'Estudis per la Pau Delàs, explica que la ciudadanía entiende la seguridad desde el punto de vista humano (tener un trabajo, hogar, salud), pero que el concepto de seguridad tal y como se presenta ahora mismo por los gobiernos se empezó a utilizar a mitad del siglo XX con especial énfasis en la última década. “Tras el 11S y los atentados en ciudades europeas, los Estados traspasan y ponen mucho acento en el ámbito de la seguridad para controlar estos ataques que, comparados con otras causas de conflicto en países del sur, son mínimos”, lamenta Ortega. 

Según el investigador, esto sirve de excusa para desplazar el tema de la seguridad a las calles en lo que él llama “securitización”. “La securitización se ha convertido en el objetivo central de la política de seguridad de los Estados y en un gran negocio: infundir miedo en la gente para que busque mecanismos de seguridad de tipo privado, desde las alarmas en las casas a que todos los supermercados o tiendas contraten seguridad privada”. 

"La securitización se ha convertido en el objetivo central de la política de seguridad de los Estados y es un gran negocio: infundir miedo en la gente para que busque mecanismos de seguridad de tipo privado", Pere Ortega

El concepto de seguridad como defensa militarizada se ha acrecentado con los ataques terroristas cometidos en Europa en la última década, tal y como explica Ortega. La militarización de las calles de algunas ciudades europeas, como Bruselas o París, tras los atentados y amenazas terroristas han abierto el camino a que las partidas dedicadas al gasto en defensa y seguridad se haya incrementado de manera exorbitante.

La facturación de estas empresas ha crecido engordando las cuentas de resultados de grandes empresas armamentísticas, extendiendo un concepto de la seguridad basado en militares con fusiles de asalto en las calles de las principales ciudades europeas. Desde DesarmaMadrid consideran peligroso “que se mezcle la seguridad humana con políticas securitarias basadas en mantener el statu quo, proteger a quienes más tienen y enriquecer a las empresas que hacen negocio con el miedo y la inseguridad de la gente”. 

Desde las organizaciones pacifistas y antimilitaristas han criticado que se ceda un espacio público para una feria como esta. El pasado año, el Ayuntamiento de Madrid retiró el apoyo que el anterior gobierno del Partido Popular brindaba a la feria de armamento Homsec, pero la Comunidad de Madrid sigue apoyando las dos ferias. “Nos negamos a que los espacios públicos se utilicen para alojar este tipo de eventos que fomentan la cultura de la guerra y el conflicto, así como modelos de seguridad represivos y centrados en amenazas militares sobre la integridad territorial y política de los Estados”, alegan desde la plataforma DesarmaMadrid. 

El control fronterizo como principal gasto de seguridad

Los flujos migratorios, personificados en miles de personas que se juegan la vida para llegar hasta Europa desde África y Oriente Medio, han sido la otra principal razón para extender el gasto militarizado del control fronterizo englobado en ese concepto de seguridad. Entre los productos que se pueden encontrar en Sicur hay una gran variedad de drones con cámaras nocturnas para sobrevolar el mar, sensores “para detectar intrusos” y armamento de todo tipo enfocado al control fronterizo.

La evolución de la gestión de las fronteras a una cuestión de defensa ha sido lo que ha tenido un impacto mucho más decisivo, según Virginia Rodríguez, coordinadora de investigaciones de la Fundación porCausa. “En el momento en el que tiene más peso la protección de la frontera frente a la atención a las personas migrantes, se pierde la óptica humanitaria y la defensa de los derechos humanos, y estamos en ese camino”, lamenta Rodríguez.

Para la investigadora de porCausa, “en ferias como Homsec o Sicur se escenifica la naturaleza de estas relaciones, donde la industria del control migratorio y la industria de la defensa, industrias que crecen gracias a la relación simbiótica del sector público con estas, proporcionan unos servicios cuyo principal demandante son las administraciones públicas”. Según el estudio La industria del control migratorio, de porCausa y coordinado por Rodríguez, de los casi mil contratos públicos identificados por el informe con empresas españolas, entre 2002 y 2017, el 97,19% de los recursos se invirtieron en perímetros fronterizos y en los mecanismos de detención y expulsión.

El 97,19% de los recursos de los mil contratos públicos identificados con empresas españolas entre 2002 y 2017 se invirtieron en perímetros fronterizos y en mecanismos de detención y expulsión

Pero para Ortega existe un problema incluso mayor: “Las mismas empresas que ahora están diversificando su negocio a la seguridad y ciberseguridad son las que exportan armamento a esos países en conflicto”. Muchas de las multinacionales, como la española Indra, BAE Systems, Airbus o Thales son, según Ortega, las que llevan muchos años lucrándose con la fabricación y venta de armamento.

El lobby que dirige las políticas de defensa europea

El informe Las fuerzas del mercado: el auge del complejo industrial de la seguridad de la UE, recientemente publicado por el Transnational Institute (TNI) y en el que han colaborado el Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) y el Centro Delàs de Estudios para la Paz, revela que el programa de investigación de la UE ‘Sociedades seguras’, que cuenta con un presupuesto de 1.700 millones de euros, ha sido definido en gran medida por la influencia del sector de la “seguridad interior” y que, en ese proceso, está construyendo una Europa cada vez más militarizada y centrada en la seguridad.

Entre 2014 y 2020, según el informe, se han asignado al menos 11.000 millones de euros a presupuestos dirigidos a medidas de seguridad: 3.800 millones de euros al Fondo de Seguridad Interior (FSI), 1.700 millones de euros al Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad (European Security Research Programme, conocido oficialmente como ‘Sociedades seguras’), 3.100 millones de euros al Fondo de Asilo, Migración e Integración (que tiene muchos usos en el marco de la política de seguridad) y unos 2.400 millones de euros a organismos encargados de asuntos internos de la UE, como Europol y Frontex.

Entre los principales beneficiarios de estos fondos para investigación encontramos grandes empresas: Thales (33,1 millones de euros), Selex (23,2 millones de euros), Airbus (17,8 millones de euros), Atos (14,1 millones de euros) y la española Indra (12,3 millones de euros) son las cinco transnacionales que más fondos han recibido. España es uno de los principales receptores de fondos para investigación en seguridad: entre empresas, organismos estatales, institutos de investigación e instituciones educativas, el país ha recibido, según el informe, más de 166 millones de euros de los 1800 millones desde 2007, según cifras oficiales de junio de 2017.

Para Rodríguez este tipo de prácticas tienen un guión muy específico y que se repite en todas estas prácticas y en esa convivencia entre esta industria y las administraciones públicas: "La clave es la innovación tecnológica, un desarrollo que espolea la maquinaria de esta industria, que comienza con la subvención pública europea del I+D+i a unas empresas que acabarán desarrollando unos productos que finalmente comprarán los Estados miembro para su implementación".