Industria armamentística
El clan de los Cortina: del 23-F a la feria de las armas

El oscuro pasado de algunos de los directivos de Atenea Seguridad, empresa organizadora de la feria armamentística Homsec.

Jorge Fernández Díaz_Homsec.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la inauguración de Homsec. Ministerio de Interior
Mientras se cumplen 36 años del golpe militar del 23-F, el Grupo Atenea Seguridad Nacional se afana en preparar en Madrid los últimos detalles de la que será la sexta feria internacional de tecnologías de seguridad y defensa, Homsec, que se celebrará del 14 al 16 de marzo y reunirá a empresas armamentísticas y de tecnología de seguridad de diferentes países.

¿Qué relación hay entre ambos acontecimientos? Entre otras cosas, que dos de los directivos de Atenea, una empresa formada por siete militares retirados o en la reserva, estuvieron relacionados con el 23F. Se trata de José Luis Cortina Prieto, presidente del grupo y CEO de la empresa matriz I2v, y Joaquín Tamarit Navas, director adjunto de Atenea. Aunque Cortina fue absuelto y Tamarit no llegó a ser imputado, la historia sigue planeando sobre ellos y su papel en la intentona golpista.

Las sombras del 23-F

“La bandeja está grabada”, dijo Joaquín Tamarit vía telefónica al coronel San Martín, por órdenes de su superior, Ricardo Pardo Zancada, como frase en clave para proceder a uno de los movimientos militares del golpe.

Aunque Tamarit, capitán de la División Acorazada Brunete nº 1 el día de los hechos, no fue imputado y sólo participó como testigo en las vistas orales del juicio por el 23-F, Pardo Zancada, condenado a 12 años por el golpe, escribió años después que “fue el único oficial de aquel cuartel general que supo por mí lo que se preparaba desde la mañana del día D”.

En 1998 fue ascendido a general por designación del Gobierno de José María Aznar, en 2001 a general de división y en 2004 a teniente general por decisión del socialista José Bono.

En cuanto a José Luis Cortina, que en el momento del golpe era jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Cesid, pasó un año en prisión preventiva tras el golpe, acusado de un delito de rebelión militar por haber hecho de enlace entre el general Armada y el teniente coronel Tejero, y por haber señalado la fecha del 23F para el golpe.

“Que no me jodan, que saco hasta lo de Carrero Blanco”, le escuchó decir Ángel López Montero, abogado defensor del teniente coronel Antonio Tejero, mientras mantenía una conversación telefónica en un receso de la vista oral que se celebraba el 22 de marzo de 1982, según revelaría 30 años después.

Después de eso, cuentan, las preguntas del fiscal se suavizaron, y Cortina fue absuelto de todos los cargos en junio de ese mismo año, aunque varios investigadores del golpe siguen considerándolo uno de los cerebros del mismo.

Homsec, la feria de la guerra

Veinte años después de los hechos, en 1991, José Luis Cortina fue apartado de su destino en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército por negligencia profesional después de que los planes secretos de intervención del Ejército español en la Guerra del Golfo se filtraran a la prensa.

Fue entonces cuando decidió crear I2v S.L., una consultora dedicada a la inteligencia y la logística para defensa que en 2008 creó el Grupo Atenea, cuya actividad principal era la edición de las revistas militares Atenea y One Magazine, y que incorporó a Tamarit –como director del grupo– y a otros generales retirados.

Dos años después se hizo con la marca Homsec, una incipiente feria de seguridad que se había celebrado ya en dos ocasiones en Madrid y que ha permitido que el grupo crezca. “Homsec servirá de punto de encuentro entre comerciantes de armas y agentes que se beneficiarán del negocio de la guerra”, denuncian desde la Plataforma Desarma Madrid en un manifiesto firmado por 102 organizaciones.

Según los últimos datos disponibles, de 2013, cada año que se celebra la feria, los ingresos de explotación de I2v se incrementan en medio millón de euros. Desde 2011, 30 años después del 23-F y primer año en que el Grupo Atenea se encargaba de la feria, ésta ha ido creciendo paulatinamente, y este año los organizadores esperan que reciba 15.500 visitantes de 40 países y 195 expositores.

Algunos de ellos se dedican a las armas y municiones (CMI Defence, Escribano, Expal Systems, Falken, MBDA, Nammo, LPV GmbH…), y otros tienen una parte del negocio en la ‘protección’ de fronteras: DF Epicom, Diamond Aircraft, Ecarys, Excem, Indra…

Y, aunque este año la feria se ha encontrado con varios contratiempos –el nuevo Ayuntamiento de Madrid por primera vez no lo patrocinará ni le dará apoyo, así como tampoco lo harán la Comunidad de Madrid ni el Ministerio de Exteriores–, el evento sigue contando con el apoyo de diversas instituciones, como las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los Ejércitos, los ministerios de Defensa y de Interior o la Marca España. Muchos de ellos, además, contratan espacios en la feria, como la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

En diciembre de 2014, sólo la empresa pública Navantia pagó 15.330 euros por el suelo de la Feria Homsec de 2015, más otros 200 euros para la reserva de una sala.

“Instituciones que se declaran defensoras de la paz y los derechos humanos, como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, no deberían permitir que eventos de este tipo se celebren en espacios de gestión pública como el IFEMA; queremos que los espacios públicos sirvan para la promoción de una cultura de paz, no como escaparates de la guerra y la violencia”, insisten desde la Plataforma Desarma Madrid, que llama al IFEMA a cancelarla y a la sociedad civil a denunciarla y boicotearla.

Además de Homsec, de 2015 a 2017 I2v ha obtenido tres contratos menores sin concurso público del Ministerio de Defensa (15.000 en 2015, 17.900 en 2016 y 16.840 euros previstos para 2017) sólo en concepto de inserciones publicitarias en la revista One Magazine y en su web para promover actividades de reclutamiento.

Un precio que puede parecer bastante elevado si se compara con otros medios especializados, pero sobre todo muy cercanos al límite de 18.000 euros para que un contrato se pueda dar “a dedo”. En 2015, I2v también obtuvo un contrato de 72.000 euros para la edición y distribución de la revista Mar, una publicación financiada por el Instituto Social de la Marina, dependiente del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social.

A todo esto se suman diversos convenios de colaboración con organismos públicos y privados: con ISDEFE, empresa propiedad del Ministerio de Defensa, para dar difusión internacional a la feria Homsec en 2011; con el Ministerio de Defensa entre 2014 y 2016 para “colaborar en actividades relacionadas con la seguridad y la defensa”, con las universidades Francisco de Vitoria, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Universidad Católica de Murcia, e incluso con la Agencia EFE, en diciembre de 2012, “con el objetivo de fomentar e incrementar la información de Defensa en la sociedad española”.

De I2v a Ombuds, las empresas de seguridad del clan Cortina


Pero José Luis Cortina no es el único miembro de la familia dedicado a las empresas de seguridad. Mucho más “exitosas” son las empresas de su hermano, Antonio Cortina Prieto. Hombre muy cercano a Fraga desde los años 70 a través de la sociedad de estudios políticos Godsa, y uno de los hombres fuertes de Alianza Popular a principios de los años 80, prestó sus servicios de seguridad al partido, así como al CESID, a través de la empresa Aseprosa.

Antonio Tejero llegó a decir en el juicio que el encuentro con el general Armada para concretar el asalto del 23-F se produjo en un local de esa empresa dos días antes. Antonio Cortina vendió la ya muy connotada Aseprosa en 1999, cuatro años después de haber fundado Doncorlop y Ombuds, que se han convertido en las principales empresas de los Cortina.

Doncorlop, sociedad limitada, fundada en 1995, tiene como único administrador a José Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina, que es su apoderado. Pero Rodrigo no es el único, ya que entre los dueños de la empresa aparecen Ernercor Inversiones S.L. y Pablocor Inversiones S.L., con un 26,68% cada una, sociedades administradas por otros dos hijos de Antonio: Ernesto y Juan Pablo Cortina López. Otra parte igual pertenece a Recorti Inversiones S.L., en la que aparece José Rodrigo como administrador único y su padre Antonio como apoderado. El 19,95% restante, en cambio, aparece a nombre de una persona física, Margarita Aracil Pizarro, la esposa de José Luis Cortina, a la que conoció cuando era empleada de Aseprosa.

Mediante Doncorlop, el clan Cortina controla el Grupo Ombuds. Fundado en 1995, este grupo de empresas dedicado principalmente a la seguridad y en el que Rodrigo José Cortina aparece a menudo como consejero delegado y administrador, arrancó su meteórico crecimiento con el Gobierno de Aznar, cuando Antonio era su directivo.

Recién llegado el Partido Popular en 1996, Ombuds empezó a ganar contratos tan variopintos como el mantenimiento del campo de golf del centro deportivo del aire Barberán por ocho millones de pesetas o el servicio de vigilancia del Museo del Aire por más de nueve millones de pesetas. Era sólo el primer paso.

A lo largo de los años, Ombuds consiguió adjudicarse la mayoría de los contratos de escoltas privados para políticos del País Vasco y Navarra amenazados por ETA. Desde entonces, y aprovechando los continuos procesos de privatizaciones de servicios de seguridad de edificios y administraciones públicas, Ombuds ha obtenido decenas de contratos públicos.

Sólo desde 2011, la empresa de los Cortina ha obtenido más de 60 licitaciones públicas para ofrecer servicios de seguridad
Sólo desde 2011, la empresa de los Cortina ha obtenido más de 60 licitaciones públicas para ofrecer servicios de seguridad, como un contrato de más de 14 millones de euros para vigilancia y seguridad en instalaciones de Renfe, ocho millones de euros para la vigilancia y seguridad en diferentes edificios de Correos o los contratos de seguridad para varios hospitales militares por valor de más de cinco millones.

Además, Ombuds de Seguridad ha sido una de las grandes beneficiadas por la privatización de la seguridad de las 67 prisiones del Estado en 2013, un proyecto que se ha tragado de momento 116 millones de dinero público.

Entre 2011 y 2015, el importe de los contratos públicos firmados sólo por esta empresa del clan de los Cortina supera los 30 millones de euros, y sus ingresos totales en 2013 y 2014 fueron de 160 millones de euros. En pleno apogeo, ese mismo año 2015 Ombuds compra Castellana de Seguridad (Casesa) y se convierte así en la segunda empresa de seguridad del país. Treinta y seis años después del 23F, el negocio de las armas sigue dando mucho juego a los Cortina.

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