América
La VIII Cumbre de las Américas no tendrá lugar

Entre el 13 y 14 de abril se celebra la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, en medio de un controvertido contexto político regional definido por el encarcelamiento del expresidente de Brasil Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva, la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, las consecuencias migratorias de la crisis política económica venezolana y las repercusiones de la política migratoria y comercial de los EE UU bajo la Administración de Donald Trump.

A la par de este contexto sombrío se destaca también la profunda parálisis que atraviesan las principales instituciones de concertación e integración regional (CELAC, UNASUR, SICA, MERCOSUR, CARICOM, entre otras) debido a las zanjadas diferencias ideológicas que dividen a sus países miembro. Todo esto hace que la cumbre que tendrá lugar en la capital peruana prometa una controvertida pero también infértil disputa entre los representantes de los países asistentes, en lugar de un paquete de soluciones concretas para las cada vez más urgentes problemáticas regionales.

Democracia y corrupción

En principio habría que destacar que la temática de este encuentro es ya de por sí espinosa e incómoda para la clase política latinoamericana. El encuentro lleva por título “Gobernanza democrática contra la corrupción”, lo que no se encuentra exento de ironía, ya que el presidente electo del país sede debió renunciar hace escasamente tres semanas por su vinculación con una supuesta “compra de votos de congresistas de oposición a cambio de obras públicas”. Cabe recordar que en diciembre pasado Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori, quien había sido juzgado también por corrupción y por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato entre 1990 y 2000.

Por otro lado, las investigaciones que se han llevado a cabo en torno al megaescándalo de los más de 800 millones de dólares pagados en sobornos por la empresa brasilera Odebrecht a distintos gobiernos latinoamericanos a cambio de jugosos contratos en el sector de la infraestructura ha tenido consecuencias negativas para la imagen moral de la clase política del continente.

En Brasil el también expresidente Luis Ignacio ‘Lula’ Da Silva se entregó a la justicia el fin de semana pasado luego de que fuera “demostrada” su presunta vinculación con la famosa operación “Lava Jato”, en la que se ha descubierto una vasta e intrincada red de corrupción en torno a la principal empresa estatal de petróleo Petrobras, cuyos resultados han involucrado numerosos empresarios y políticos del Brasil.

Por su lado, PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, ha sido también objeto de un megaescándalo de corrupción por el cual se han encarcelado a más de 100 personas —entre empresarios contratistas y exfuncionarios de la empresa estatal— acusados de desfalcar la principal industria extractiva del país. Casos de corrupción y de sobornos en torno a PDVSA se han abierto también en España, Andorra, EE UU y Suiza, llevando hasta niveles insospechables la vasta e intrincada red de corrupción de la petrolera venezolana.

Todos estos casos de corrupción —ficticios o reales, con intereses políticos de por medio o no— muestran que los intereses económicos personales de los gobernantes latinoamericanos convergen regularmente con la voluntad de enriquecimiento ilícito de las clases capitalistas nacionales y transnacionales. Este tipo de hechos, aunado a los innumerables casos de complicidad existente entre las autoridades políticas y militares latinoamericanas con el narcotráfico, el trafico ilícito de armas y el crimen organizado, hacen que el combate contra la corrupción y la impunidad sea una prioridad no solamente en materia judicial, sino también un elemento clave para la seguridad y la estabilidad del continente.

No obstante, la ausencia de instituciones sólidas e independientes, así como la pobre implementación de mecanismos de control público ciudadano, hacen de América Latina una de las regiones más vulnerables y débiles institucionalmente para combatir la corrupción. Por su lado, la Convención Interamericana contra la corrupción adoptada por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1996 ha sido impotente en prevenir y corregir la institucionalización de la corrupción a nivel regional, quedando como un mecanismo de intercambio de “mejores prácticas” y de capacitación entre instituciones judiciales de la región.

Estos magros resultados, aunados a la incierta voluntad política de los gobiernos para crear mecanismos eficaces contra la corrupción, hacen dudosas las expectativas de que esta cumbre genere resultados concretos más allá de las “buenas intenciones” contenidas en la declaración final.

Migración

Otro tema de capital importancia para la región es la polémica política migratoria adoptada por la Administración de Donald Trump en contra de los inmigrantes latinoamericanos, que incluye la construcción y el financiamiento de un muro en la frontera con México, la supresión de los permisos de residencia a los inmigrantes de origen latino, las expulsiones de menores centroamericanos conocidos como los dreamers, la contratación de 10.000 agentes policiales antimigratorios y la presión financiera en contra de las llamadas “ciudades santuarios”.

Esta retórica xenófoba se ha intensificado recientemente con la voluntad de Trump de resolver las cosas “militarmente” , insinuando con esto la posibilidad de enviar efectivos militares a custodiar la frontera entre EE UU y México, mientras construye su “tan esperado” muro. Tal medida buscaría contener la migración mexicana, así como las “caravanas” de inmigrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera entre Guatemala y México, que buscan desesperadamente alcanzar territorio gringo o conseguir asilo en México debido a las condiciones de miseria y de violencia que se viven en Centroamérica.

Una política de cooperación para el desarrollo y la asistencia mutua serán herramientas más útiles y eficaces para abordar los problemas migratorios del continente que el faraónico levantamiento de muros y la militarización de las fronteras nacionales 

Al sur del istmo, otra crisis migratoria ha sido también objeto de reciente alarma regional. Se trata de la emigración masiva de venezolanos a causa de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país. Durante los últimos meses varios países sudamericanos y caribeños han tenido que tomar medidas para organizar la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que huyen de la situación de urgencia por la que atraviesa este país sudamericano. Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina son algunos de los países sudamericanos que han debido lidiar con esta crisis migratoria, así como con las espasmódicas reacciones de rechazo que en algunos casos han expresado las poblaciones locales fronterizas por la masiva llegada de venezolanos a sus ciudades.

Al norte como al sur del hemisferio occidental, la migración masiva es un reflejo de la fragilidad política, económica y social de una región en la cual todavía existen gobiernos incapaces de ofrecer condiciones dignas de vida a sus habitantes. La creciente ingobernabilidad de vastos territorios latinoamericanos —los cuales se encuentran desprovistos de condiciones económicas, ambientales y/o de seguridad que garanticen poco mas que la supervivencia de sus pobladores—, el crecimiento demográfico y las consecuencias del cambio climático harán cada vez más frecuentes e intensas las crisis migratorias a nivel hemisférico.

Ante este escenario, una política de cooperación para el desarrollo y la asistencia mutua, aunado a la creación de dispositivos de integración socioeconómica y cultural de los inmigrantes, serán sin duda herramientas mucho más útiles y eficaces para abordar los problemas migratorios del continente americano que el faraónico levantamiento de muros y la militarización de las fronteras nacionales.

Venezuela

La crisis venezolana ocupará sin duda un lugar central en la agenda de discusión de la Cumbre de las Américas. A pesar de la ausencia de Trump en dicho encuentro, este será el tema mas difícil y tenso de la reunión, debido a la zanjada diferencia existente entre los países de la región en torno a la crisis que atraviesa el país.

Desde 2014 la OEA no ha podido ocultar su impotencia en conseguir una solución a la crisis que enfrenta al Gobierno de Maduro y a la oposición venezolana. Pero el año pasado fue el punto de quiebre, cuando Venezuela vivió cuatro meses de violentos enfrentamientos entre manifestantes en contra del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual dejó un saldo de más de cien muertos, además de numerosos detenidos y exilados.

Durante 2017, la OEA no logró conseguir una salida regional a la crisis venezolana, a pesar de los múltiples intentos de conseguir una solución pactada a la crisis. Las razones residen principalmente a la falta de consenso entre sus países miembros divididos entre el Grupo de Lima y el bloque de los países del ALBA. Desde entonces la crisis no ha hecho más que profundizarse y expandirse por el resto de la región.

La dispersión en las prioridades subregionales y la polarización ideológica entre los países miembros hacen de la VIII Cumbre de las Américas un rutinario encuentro de autoridades desprovisto de resultados concretos para resolver las dificultades que atraviesan los pueblos de América 

La ausencia de una salida negociada a la crisis política entre la oposición y el Gobierno durante los últimos seis meses no ha hecho más que agravar la situación política interna, así como exacerbar las diferencias ideológicas a nivel regional. A nivel interno, el dislocamiento de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el principal foro de concertación política de la oposición venezolana, no parece alentar una solución política a la crisis, sobre todo después de que esta última haya abandonado la arena política nacional, con la decisión de no participar en las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo.

En este contexto solo una acción concertada entre los diferentes actores de la sociedad venezolana acompañados de una comunidad internacional amplia y heterogénea podrá responder a las urgencias de la imperante coyuntura política, económica y social de Venezuela.

Desde esta perspectiva, es poco probable entonces que la polarización política e ideológica existente entre el Grupo de Lima y el bloque del ALBA consigan una respuesta favorable a la crisis venezolana.

La VIII Cumbre de las Américas no tendrá lugar

Las diversas problemáticas que aquejan hoy al hemisferio occidental, de los cuales hemos hecho un somero bosquejo de los principales temas políticos, dejando sin abordar los clivajes existentes en materia de comercio —posible retirada de EE UU del NAFTA, guerra comercial por las recientes medidas arancelarias de EE UU— integración económica y energética, imponen nuevos retos al panamericanismo.

Pero la evidente dispersión en las prioridades subregionales y la polarización ideológica entre los países miembros, aunado a la ausencia de un verdadero liderazgo regional, hacen de la VIII Cumbre de las Américas un rutinario encuentro de autoridades desprovisto de resultados concretos y tangibles para resolver las diversas dificultades por la que atraviesan los pueblos de América. Desde esta perspectiva, este encuentro de mandatarios no tendrá lugar sino como la institucionalización de un funesto simulacro.