Siria
Cuando el miedo a la deportación es real: obligados a volver a Siria

“Después de diez años de desplazamiento, ahora podré volver a mi ciudad natal, Alepo” explica Ali. “¿Sabes?, en el área donde estoy hay miles de personas que viven en los campos y tiendas que saben que podrán volver a casa, y muchos se están preparando para irse” añade. Vive en Azaz, a ocho kilómetros de la frontera turca desde hace cuatro años, cuando lo deportaron desde Turquía. El Ministro de Interior turco, Ali Yerlikaya, anunció esta semana que el 42% de los sirios bajo protección temporal en Turquía —estatuto que reciben los refugiados de Siria en el país— eran residentes de la Provincia de Alepo. Destacó también que durante su mandato, iniciado a principios de junio del año pasado, 181.955 refugiados sirios habían vuelto voluntariamente a su país de forma segura. Las fuentes del reportaje, por el contrario, denuncian que sus deportaciones fueron forzadas y que Siria sigue sin ser un país seguro.

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Análisis

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En menos de quince días ha caído el régimen Bazaista en Siria y Bashar Al Assad ha huido del país, después de 13 años, una victoria relámpago que nadie esperaba. ¿Qué factores locales, regionales e internacionales la han hecho posible?

Mustafa envía fotos de la escuela de sus hijos y vídeos de su casa, donde hace años que no vive nadie, esperando poder volver pronto. Desde su deportación ha vivido en un campo de refugiados en el Norte de Siria, donde solo hay tiendas de campaña y barro, mucho barro. “Somos unas 220 familias, alrededor de 1.500 personas. A muchas nos deportaron desde Turquía. Nos dejaron en la frontera y vinimos aquí porque no teníamos un lugar donde vivir”. El supermercado más cercano está a 2 km, y aunque tiene una moto para llegar, hace días que no tiene acceso a la gasolina. “Tuvimos ayudas, pero ahora hace tiempo que no. No hay trabajo ni cosas que hacer. Hemos montado una tienda que sirve de escuela”. Dónde vivir después de la deportación es un problema recurrente para todos los deportados: muchos ya no tienen familia en Siria, están en zonas controladas hasta ahora por el régimen donde no pueden volver por su integridad o, en zonas donde la violencia ha vuelto a escalar desde hace una semana.

La población de refugiados sirios con permiso de protección temporal en Turquía ha disminuido de 3.7367.369 en 2020 a 2.938.261 en fecha de noviembre de 2024, según datos oficiales del Ministerio de Inmigración turco. Aunque los motivos de esta disminución pueden ser diversos, desde hace al menos cinco años las organizaciones humanitarias denuncian una campaña de deportación a Siria. Informan del aumento desde los terremotos de febrero de 2023 y desde las elecciones generales de mayo de 2023. Uno de los procesos habituales es el paso previo por el Geri Gonderme Merkezi (GGM) antes de la deportación.

Estos centros están financiados en parte por la Unión Europea, como denuncian desde la campaña GMM’lerde Neler Oluyor?. Hay 28 y se ubican por todo el país. En su gran mayoría, las personas son internadas porque se las ha interceptado cruzando la frontera o por su participación en una acción donde hay presencia policial, como un accidente de coche. Aysegül Karpuz, abogada turca especializada en el tema, apunta que hay una discriminación hacia los refugiados: “En distintos casos, se ha visto que los turcos han quedado en libertad mientras que a los sirios se los ha internado en un GGM. En ese momento, ya tienen un expediente abierto y se les puede interpretar como una amenaza”. Los siete primeros días en el centro son claves para evitar la deportación, explica la abogada: “Desde que llegas tienes una semana para abrir un procedimiento legal y parar la situación. El problema es que funciona como una cárcel, y las opciones para contactar con los abogados son limitadas”.

Una vez en el centro, las posibilidades ofrecidas por las autoridades son dos: el retorno voluntario a Siria o el traslado a un tercer país donde los sirios puedan entrar sin visa, como la República Dominicana o Haití: “No conozco ningún caso de persona enviada a un tercer país, pero es la forma legal de justificar que hay opciones más allá de la deportación y la forma también de no aceptar los procedimientos legales” detalla la abogada Aysegül Karpuz. El objetivo es presionar a la persona para su retorno a Síria, ya que legalmente no puede haber una deportación: las obligaciones que Turquía contrae por su participación en el Convenio Europeo y su ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Convención contra la Tortura y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, obligan a respetar el principio de no devolución, que prohíbe deportar a alguien a un lugar que no se considere seguro.

“Hacía poco que habíamos llegado al GGM de Gaziantep. Nos pusieron en una cola. Yo era el tercero. Había seis funcionarios en la sala. Tenían un papel preparado para que lo firmásemos. Delante del papel había otro papel que tapaba la información. El primero y el segundo lo signó. Cuando llegó mi turno pedí información sobre el papel. No quería firmarlo, otros compañeros me habían dicho que era el retorno voluntario” detalla Ghazi, ciudadano sirio que fue detenido cruzando la frontera para llegar a Grecia. “Cuando pedí información me empezaron a gritar, me cogieron del cuello y me sacudieron. Me amenazaron de llevarme al sótano y firmarlo ahí” cuenta. 

En 2022, Human Right Watch publicó un informe que demuestra que el caso de Ghazi no es una actuación aislada: “Muchos dicen que vieron a los oficiales turcos golpear otros hombres que inicialmente habían rechazado firmar, y sintieron que no tenían opción”. En esa misma investigación, se corrobora que a todos los entrevistados los forzaron a firmar, y que los oficiales no les permitieron leer los formularios ni les dieron información al respecto. Algunos destacan que los trabajadores cubrieron parte de las letras escritas en árabe con sus manos.

A Emin lo han deportado a Siria desde Turquía dos veces. “La primera vez me detuvieron porque no tenía el permiso de protección temporal. En ningún momento nos informaron de que nos deportarían. Nos llevaron al GGM de Iskenderun y nos presionaron para firmar un papel. Nos decían que si no signábamos el papel nos llevarían a la cárcel después de un año. Nos animaban también a volver a Siria y cruzar de nuevo a Turquía ilegalmente. Nos obligaron a firmar y nos deportaron. Nos quitaron los pasaportes y nos dejaron en la frontera”.

En la frontera de Öncüpınar, al sur de Gaziantep, Yusuf tiene su chiringuito y confirma el tráfico de autobuses que llevan la gente a la frontera: “Todo el mundo conoce gente que la han deportado. Por aquí pasan autobuses, sobre todo llenos de hombres. No es siempre a la misma hora. Normalmente cruzan siete u ocho, pero algún día hemos llegado a ver entre 20 y 30 vehículos”. En el paso de Reyhanli, al sur de Antioquía, las deportaciones también se confirman por parte de dos trabajadores que controlan el paso de los automóviles de gran tamaño.

La segunda vez que deportaron a Emin fue desde el GGM de Gaziantep. Vista la experiencia, se negó a firmar, pero lo amenazaron con deportarlo igualmente sin el papel rellenado. Una semana después, sin la firma en el documento, lo pusieron en un bus y lo llevaron a la frontera. “A nivel legal durante el proceso tendría que haber un testimonio que forme parte de una ONG independiente que lo controle. Sabemos que esto no existe. No hay nadie de las Naciones Unidas controlando. Sí que hay algunos miembros de Türk Kızılay, la media luna turca, pero la independencia de la organización no es suficiente” especifica la abogada Aysegül Karpuz, que lleva 10 años especializada en migraciones. Para este reportaje, se contactó con el portavoz de ACNUR en Turquía y con el Goç Idairesi, el departamento de inmigación, sin respuesta en ambos casos.

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Más recientemente, las formas de deportación se han diversificado para llegar a más gente: “Desde hace unos meses circulan unas furgonetas que son unos puntos móviles del Departamento de Inmigración. Eso facilita que la deportación sea más rápida y práctica. La policía para a la gente siria en la calle. Si tienes alguna irregularidad administrativa te obligan a firmar y te deportan directamente” explica Mustafa Karali, fotoperiodista y refugiado sirio con visa humanitaria que trabaja para organizaciones que denuncian vulneraciones de derechos humanos. Aunque estas furgonetas empezasen en Estambul se han expandido a otras localidades como Gaziantep y Hatay. Karali también explica que desde hace unos meses se utilizan grabaciones de video de los detenidos para justificar la deportación: “En estos vídeos, tienen que decir que regresan a Siria voluntariamente”.

Desde hace más de un año, se han organizado también controles policiales en los domicilios que terminan con deportaciones masivas: “Se va a las casas con el pretexto de actualizar cifras, pero se cancelan los ID de las personas que no se encuentran en su domicilio. Las obligan a registrarse otra vez y les dificultan el procedimiento hasta terminar con la deportación” informan desde una organización humanitaria de Gaziantep, que pide mantenerse en el anonimato. Un ejemplo de la masificación de las deportaciones es la denuncia de dos ciudadanos marroquís, deportados a Siria por un error administrativo.