Conflicto medioambiental y social en el Campo Charro

La situación creada por una empresa de origen australiano, Berkeley Minera España S.L., que tiene intención de abrir distintas minas de uranio en el oeste de la provincia de Salamanca, es de auténtica emergencia medioambiental y está derivando en un serio conflicto social.

En Europa sólo hay una mina de uranio abierta en Rumanía, propiedad de una empresa pública que no la dejan cerrar los mineros a pesar de la falta de rentabilidad de la explotación (el precio del uranio tras el desastre de Fukusima ha caído a menos de un 20% de su valor en la década pasada). Todos los demás países europeos han abandonado esta actividad minera por su alto impacto ambiental, peligrosidad y escasa rentabilidad.

Tampoco tiene mucho sentido reabrir la minería de uranio en Salamanca cuando la energía nuclear está en franco declive, habiendo perdiendo el pulso con las renovables. El parque de centrales nucleares europeas está a punto de cumplir su vida útil en la mayoría de los casos. En España se cerró definitivamente la central de Garoña y en la próxima década se cumplen los 40 años previstos de funcionamiento de todas ellas, empezando por Almaraz que debe cerrar en 2020.

Los habitantes del oeste de Salamanca se oponen a las minas por los efectos negativos que esta actividad va a suponer para la Comarca, así la existencia de una mina a cielo abierto a pocos kilómetros de algunos pueblos (2,5 km. en el caso de Retortillo) supondrá molestias y peligros para las personas que vivimos en esta tierra: explosiones con expulsión de polvo para la atmósfera (efecto negativo del gas radón), continuo trasiego de camiones y maquinaria pesada. También hay que contar con los efectos negativos que para el Medio Ambiente tienen este tipo de explotaciones: se formarán cráteres de varias hectáreas de extensión y más de un centenar de metros de profundidad, con la consiguiente pérdida de la masa forestal, desviaciones de los cursos de agua, etc.

Una cuestión que preocupa a los habitantes de la comarca es la repercusión en la salud de las personas por la actividad minera e industrial del uranio.

El mismo Gobierno español en respuesta a una pregunta parlamentaria señala que “Las actividades de investigación y extracción de recursos minerales de uranio pueden dar lugar a riesgos radiológicos para los trabajadores, para la población en general y para el Medio Ambiente”. Los obreros de la planta de concentrados de uranio de Andújar (Jaén) son conocedores de esos riesgos, pues en la actualidad sobreviven solo una veintena de los más de 120 que estaban empleados en esa instalación.

Berkeley ha sabido tejer una red clientelar para defender la apertura de las instalaciones mineras, que incluyen en el caso de Retortillo una planta de concentrados de uranio y un depósito de residuos radiactivos, contratando a desempleados de la zona afectada para que le sirvan de escudo frente a las personas que nos oponemos a sus pretensiones. Por otro lado el equipo de gobierno de la anterior Corporación municipal de Retortillo tiene que hacer frente a una querella presentada por la Plataforma Stop Uranio por el posible beneficio personal para favorecer la construcción de la mina en su territorio. El gasto de publicidad de la empresa en los medios de comunicación locales está siendo cuantioso, además de patrocinar un equipo de fútbol de la capital o anunciarse en autobuses urbanos o en la plaza de toros.

Por eso hay voces que están a favor de la minera argumentando que creará empleo en la zona, pero la misma empresa Berkeley reconoce que de los 200 trabajadores que contratarán en Retortillo sólo el 10 % serán personal no cualificado que puede proceder de los habitantes de los municipios cercanos a la mina. Además la vida útil de una mina es muy limitada en el tiempo, como máximo una decena de años, y condicionará el futuro de ese territorio.

Lo que no dice la empresa son los empleos que destruirá. Hay 65 personas trabajando en el Balneario de Retortillo, que se encuentra situado a menos de 1 km. de la mina, que ven peligrar su puesto de trabajo pues una actividad minera tan cercana es incompatible con los valores que promueven los balnearios. La actividad agrícola-ganadera también va a quedar dañada. Hay serios riesgos de que la ganadería se contamine con una radiactividad excesiva y no podrán superar los productos cárnicos derivados los controles sanitarios pertinentes. El turismo también es una fuente de ingresos que quedará condicionada por la actividad minera.

Un aspecto importante a considerar es la posibilidad de que se abra la mina y finalmente tenga que cerrar por la inviabilidad económica del proyecto ¿Quién asumiría el coste de restauración de la zona donde se hayan realizado las labores mineras si la empresa abandona a mitad de camino? Tampoco se han cuantificado los costes que suponen tener instalaciones radiactivas que requerirán algún tipo de vigilancia, una vez que Berkeley haya sacado todo el mineral de uranio y dejado los residuos radiactivos en ese lugar.

Las distintas Administraciones implicadas en el proyecto de Retortillo (Estado, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Retortillo) han facilitado la instalación de Berkeley en la Comarca del Campo Charro, deteriorando el frágil equilibrio medioambiental y humano de esta parte de Salamanca. Los efectos negativos de la mina ya los estamos sufriendo en la zona, pues la empresa minera ha destrozado 40 hectáreas de un encinar en perfecto estado de conservación y ha conseguido enfrentar a los pocos vecinos que aún sobrevivimos en este bello territorio de la península Ibérica.

Somos muchos los que nos oponemos al proyecto de Berkeley Minera, pero necesitamos el apoyo de muchos más, por ello animamos a todas las personas que nos ayuden a defender nuestra tierra manifestándose por las calles de Salamanca el próximo 24 de febrero.