Referéndum decisivo para las mujeres: Irlanda vota si despenaliza el aborto

“1 de cada 5 niños en Inglaterra son abortados, quieres traer esto a Irlanda?” o “Tengo 21 días y mi corazón late, ¿me vas a matar?” son algunos mensajes con los que despertó Cork hace unos meses. Días después, una contracampaña pedía el derecho al aborto libre y seguro y denunciaba la irracionalidad de la ley antiaborto del país.

El 25 de mayo se celebra en Irlanda el referéndum más decisivo para la sociedad irlandesa de los últimos años, y que será decisico para las mujeres: se vota eliminar o no el artículo 40.3.3, más conocido como la Octava Enmienda ( Eight Amendment ) de la constitución irlandesa. Ésta, que fue votada en un referéndum en 1983, afirma que “el estado reconoce el derecho a la vida de los no nacidos y, con la debida consideración al derecho igual a la vida de la madre”, equiparando en la práctica los derechos de una mujer embarazada con los de un embrión o feto y ha creado una distinción impracticable entre la vida de una mujer embarazada y su salud.

Irlanda es, junto con Malta, Andorra y el Vaticano, el único estado europeo en el que el aborto es todavía una práctica ilegal. De hecho, desde la constitución del Estado irlandés nunca ha sido legal. En 1983 se introdujo esta medida gracias a una campaña antiaborto promocionada por la Iglesia Católica, que convenció al gobierno conservador del Fine Gael-Labor a celebrar un referéndum para aprobar dicha enmienda. Como la profesora de Derecho y senadora Ivana Bacik escribió, la octava enmienda "es excepcionalmente misógina, ya que establece expresamente el derecho a la vida tanto de la mujer embarazada como del feto que porta en conflicto, anticipando que llegará un momento en el que alguien tendría que decidir entre ellos".

Pero realmente, ¿qué implica la 8th Amendment? Como explica la plataforma Repeal the 8th (“rechaza la octava”), esta prohíbe el aborto en todos los casos excepto cuando un médico dictamine que la vida de la madre está en riesgo. Es decir, la enmienda sitúa al aborto, incluyendo el uso de píldoras abortivas, como una ofensa criminal.

La organizaciones que defienden la revocación advierten de que esta implica negar a las mujeres el derecho a decidir sobre tu cuerpo, lo que considera una violación de los derechos humanos fundamentales. De hecho, en 2005 la Asociación de Planificación Familiar de Irlanda demandó ante la Corte Europea de Derechos Humanos al gobierno irlandés por violar los Derechos Humanos. El tribunal falló a favor de la IFPA y condenó al estado irlandés.

También la ONU ha condenado la ley antiaborto del país, por coartar las libertades y derechos de las mujeres. Por ejemplo, en 2016 y 2017 dos irlandesas que se vieron obligadas a abortar en el exterior por razones médicas llevaron sus casos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Irlanda tuvo que pagarle a cada una de ellas 30 mil euros en compensación por haber infringido sus derechos básicos.

Riesgo de prisión

Alrededor de doce irlandesas al día se ven forzadas a abortar. Según los datos oficiales de la plataforma de Repeal the 8th, nueve de ellas lo hacen viajando a Reino Unido y otras tres arriesgándose a penas de prisión de hasta catorce años por tomar píldoras abortivas ilegales.

Desde 1968, más de 190.000 mujeres residentes en Irlanda han abortado. Aunque en los últimos años el número de irlandesas que viajan a Inglaterra para abortar ha disminuído de 6.673 en 2001 hasta poco más de 4.000 en 2011, esta caída se puede deber mayoritariamente a la inclusión y legalización de los métodos anticonceptivos como la píldora del día después. 

Sin embargo, ha sido el acceso a pastillas abortivas por internet lo que ha marcado la diferencia, un acceso que se explica sobre todo por el trabajo de la fundación Women on Web. Esta iniciativa de la doctora y activista holandesa Rebecca Gomperts es sucesora de la campaña de 2001 Women on Waves floo, cuyo objetivo era eludir la ley irlandesa con un barco que llevaba a mujeres irlandesas a aguas internacionales. Ante la evidencia de que un barco no era suficientemente efectivo, Womenonweb.org se plantea como vía de difusión de información para acceder a un aborto seguro darles apoyo y facilitarles las pastillas para llevarlo a cabo.

Womenonweb.org realiza consultas online con doctores a favor de derecho a decidir y guía a las mujeres que deseen tomar las píldoras. Mifepristone y Misoprotollas son medicamentos que forman parte de la lista de medicinas esenciales de la Organización Mundial de la Salud y se emplea para inducir abortos en las primeras 12 semanas de gestación.

Lo cierto es que el acceso a estas pastillas ha supuesto una brecha en el proceso que ha llevado a replantear la ley irlandesa. En palabras de la diputada del partido conservador Fine Gael Kate O'Connell “el aborto existe en Irlanda. La octava enmienda no ha conseguido pararlo y aunque mucha gente no quiera aceptarlo, existe. Tenemos abortos de forma irregular, sin restricción e indocumentados. Tres mujeres intentan abortar en sus casas cada día con consecuencias fatales”.

Este es sin duda uno de los argumentos más fuertes del bando a favor de la despenalización, así han conseguido unirse múltiples representantes políticos, dejando a un lado la ideología para dejar claro que eliminar esta ley es una acción necesaria y urgente para garantizar las condiciones sanitarias de las mujeres irlandesas.

Las mujeres pobres, más vulnerables

Otro factor importante de la situación del aborto en Irlanda es la discriminación que se produce a las mujeres en situaciones económicas más vulnerables parten con una desigualdad para poder acceder al aborto porque el viaje a Reino Unido no es accesible a todos los bolsillos, por muy baratos que sea los vuelos de compañías de bajo coste. Los tratamientos para abortar oscilan entre los 500 euros y los 1.700 dependiendo del método. Cantidad a la que sumarle los gastos del viaje.

Sandra McAvoy es la directora del máster en estudios de Género de la University College of Cork, y lo tiene claro “hay una relación muy fuerte entre el acceso al aborto en el extranjero con su estatus socioeconómico. Las mujeres desempleadas o en riesgo de exclusión social, así como las mujeres solicitantes de asilo no pueden permitirse el viaje ni los gastos”, explica a El Salto.

Es complicado hacer afirmaciones categóricas sobre la sociedad irlandesa, pero el director de Política del diario Irish Times, Pat Leahy afirma que una abrumadora mayoría estaría a favor de despenalizar. Sin embargo hay una parte sustancial con cierto recelo o miedo a una futura ley del aborto “excesivamente liberal”, es decir, que permita el aborto libre hasta las 12 semanas en todos los casos. Pat cree que el referéndum lo ganará el Sí pero es cauto a la hora de despreciar la opción del No, y es que tienen más recursos y la campaña puede cambiarlo todo.

Según la encuesta del Irish Tomes el pasado 26 de enero del Irish Times, los resultados serían muy favorables para la posición de Sí en el referéndum. A la pregunta “Votarás un cambio en la Constitución para que el Gobierno pueda legislar el aborto libre hasta las 12 semanas, o votarás no cambiar la constitución? Un 56% votó a favor, un 29% en contra y un 15% de indecisos.

Las estimaciones de los sondeos realizados puerta a puerta por los voluntarios de Together for Yes, en el distrito de Cork, son menos optimistas, aunque confirman alrededor de un 45% a favor y un 25% de indecisos. Es sin duda en ese grupo de indecisos donde se lidia la batalla por liberalizar el acceso al aborto libre y el futuro del país. Además el Gobierno ya ha confirmado que si este referéndum es ganado por el No, no se podrá volver a plantear el debate ni una consulta ciudadana similar en lo que queda de legislatura, es decir hasta 2021. Si se impone el Sí, se eliminaría la octava enmienda de la constitución y se procedería al debate legislativo para regular el derecho al aborto.

Es cierto que los partidarios del no están demostrando más poder adquisitivo a través de un bombardeo de anuncios y publicidad que incluyendo mensajes que el ministro de Sanidad, Simon Harris, ha calificado de “desinformación” o “información errónea” que pretende asustar a los votantes poniendo en duda lo flexible que podrían ser la futura ley, si la enmienda fuese revocada tras las votaciones.

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Por su parte los partidarios del Sí se dividen en varios grupos organizados, mayoritariamente en la organización “Together for Yes” así como otros partidos de izquierdas, junto a organizaciones como People Before Profit. Su campaña ha sido mayoritariamente gracias al micromecenazgo. El pasado 10 de abril abrieron un crowdfunding con un objetivo de 50 mil euros, y en tan solo doce horas consiguieron 250 mil euros para carteles y merchandising, que al final del día acabaron siendo 400 mil euros gracias a 6.500 mecenas.

Sobre qué expectativas tiene sobre la futura Ley, si se ganase el referéndum, Pat Leahy, director de política de Irish Times, no duda en su respuesta a El Salto: será muy difícil legislar, especialmente la libre decisión hasta las doce semanas. Sin embargo, confía en que el Parlamento legislará en función de los resultados de la consulta. “Todo los que regulen cuenta con un consentimiento implícito de la ciudadanía, así que será muy difícil que puedan regular en contra de la liberalización” afirma el periodista.