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El caso Lili y las víctimas de trata a quienes nadie protege porque no pudieron denunciar

Enferma y abandonada a su suerte, Lili, una mujer moldava, murió en marzo de 2019 en el Hospital del Mar de Barcelona, por una leucemia no tratada. Murió también por la explotación sexual que sufría desde hacía años por una red de trata que la había traído desde Rumanía y la extorsionaba con la vida de sus hijos. Murió por la violencia inflingida por sus tratantes, y por las interminables horas que tenía que ofrecerse a clientes para pagar lo que se le exigía. Y murió por el abandono de quienes no cumplieron con la obligación de protegerla. Lili llevaba desde el 2011 en el barrio del Raval, muchos sabían que era víctima de trata, no eran pocos quienes conocían de su situación extrema. Las organizaciones se pusieron en marcha para ayudarla. Las autoridades policiales, no. Esto es lo que denuncian quienes intentaron que su suerte cambiara.

La vida de Lili no se puede salvar ya, sin embargo quienes la acompañaron, y quienes denuncian la necesidad de políticas efectivas para luchar contra la trata y proteger a las víctimas, intentan conseguir justicia para ella. El objetivo es que los distintos actores que la fallaron, asuman su responsabilidad, rindan cuentas. Mantener vivo el caso, forzar a que la justicia indague en qué se hizo mal, puede contribuir además a un cambio de enfoque que las organizaciones vienen demandando: que la forma de abordar la trata trascienda la perspectiva meramente policial y se centre en la protección de la víctima.

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Concluye la instrucción contra seis agentes policiales por delitos de colaboración con la prostitución coactiva, cohecho y omisión de perseguir delitos. La juez imputa hasta una decena de infracciones del Código Penal en el caso de Manuel Castro González y una docena en el de José Manuel Díaz Suárez.

El pasado diciembre, la organización Women's Link Worlwide, en representación de la Fundación Ámbit Prevenció, GENERA y la asociación Putes Indignades demandaba a la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos d’Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía Provincial de Barcelona, actores que, consideran estas entidades, fallaron en proteger a Lili. Se trata de un proceso amplio y complejo. Gema Fernández, abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide aclara que aún siendo conscientes de los límites con los que pueden encontrarse, están “tratando de aprovechar las vías que hay y luego estirar un poco los procedimientos. Hacer un uso del derecho más innovador”.

Los protocolos, mientras Lili estaba viva, no alcanzaron. Y no fue por falta de indicios o de información acerca de su situación: “El caso de Lili lo denunciamos durante ocho años y la administración erre que erre diciendo que como ella no daba el paso no se podía reconocer como víctima”, lamenta Janet Elisabeth Mérida, portavoz de Putes Indignades. La activista encuentra hipócrita preguntarse por qué las víctimas no escapan de su situación cuando se las exige, en las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran “que tengan la capacidad, el valor de denunciar”. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, dio constancia de la situación de deterioro de Lili, informando de sus sospechas de que podía ser víctima de trata a Fiscalía y a los cuerpos policiales. La protección tampoco llegó. Las organizaciones señalan que, al contrario, para presionar a Lili para que denunciase a sus tratantes, se incrementó el acoso policial y fue amenazada con el ingreso en un CIE y la expulsión del país.

“Muchas veces las campañas publicitarias dicen: si conoces a alguna víctima denuncia. Nosotras denunciamos el caso de Lili y nunca nos dieron la legitimidad, solo toman nuestro relato una vez que ella fallece”, Janet Elisabeth Mérida (Putes Indignades)

“Muchas veces las campañas publicitarias dicen: si conoces a alguien denuncia. Nosotras denunciamos y nunca nos dieron la legitimidad, solo toman nuestro relato una vez que ella fallece”, lamenta Mérida de unas administraciones que en lugar de ofrecer protección, multaban a Lili a través de la Ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, una normativa que tipifica como infracción administrativa el “ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública”, y que, para la integrante de Putes Indignadas “nace simplemente para señalar, para dar vía libre a una violencia institucional que nos trata de empujar a otras zonas”. 

La desprotección que implica la obligación de denunciar responde a un enfoque que se centra en la persecución policial de la red, y no pone a la víctima en el centro, consideran las organizaciones, un modelo que es necesario revertir: “Casi si se desmantelara y se volviera a montar todo el sistema, sería más efectivo, porque hay un enfoque muy fuerte vinculado desde un principio a que la trata es un tema de crimen organizado, a las redes transnacionales, a los temas migratorios”, apunta Fernández. El protagonismo que se da a las instancias policiales roba centralidad a las víctimas a las que sitúa “como informantes, o como colaboradoras del proceso”, suponiendo, en definitiva, su instrumentalización.

Que el enfoque para luchar contra la trata de personas no es un enfoque de protección de las víctimas es algo que denunciaba Amnistía internacional en su informe Cadenas Invisibles. “A pesar de los mensajes del gobierno, se sigue primando el enfoque de control migratorio y el enfoque policial”, apunta Virginia Álvarez, responsable de investigación de la organización. Por tanto, son pocas las víctimas que acaban siendo objeto de medidas de protección “depende de la voluntad de querer cooperar con la justicia o con la policía cuando, muchas veces, por los propios mecanismos de este tipo de violación de derechos humanos, la mujer no está preparada, o no tiene la información, o tiene miedo”. Para Álvarez, este enfoque, “vulnera las obligaciones que tiene España tanto con Naciones Unidas como con el Consejo de Europa”.

“Denunciar es un derecho más que tienen las víctimas de trata, como tenemos cualquier persona cuando sufrimos un delito, cuando somos víctimas de alguna violencia, pero no es una obligación que tengas que cubrir para acceder a protección”, Gema Fernández (Women's Link Worldwide)

La abogada de Women's Links Worlwide lo expone así: “denunciar es un derecho más que tienen las víctimas de trata, como tenemos cualquier persona cuando sufrimos un delito, cuando somos víctimas de alguna violencia, pero no es una obligación que tengas que cubrir para acceder a protección”. En este sentido, Fernández considera que el caso de Lili “clama al cielo”, por lo que, más allá de que los procesos judiciales iniciados tengan éxito, ya el situar el debate, visibilizar las críticas, y pensar cambios del modelo, es una forma de avance: “llevamos muchos años diciendo que el enfoque que hay en Epaña con el tema de trata es muy estrecho y se están quedando muchas víctimas por fuera, que solo estamos contando a las víctimas que identifica la policía, las víctimas que denuncian y que eso es solo la punta del iceberg”.

“Hipocresía social, política y jurídica” es lo que subyace a que se perpetúe la “lacra de la trata, no solo la sexual”, denuncia Mérida, “los protocolos que existen son pura y exclusivamente un lavado de cara para decir que están haciendo algo, pero sin esclavos no hay riqueza, y Europa necesita esclavos”, apunta, contundente. El colectivo espera que este caso pueda sentar un precedente, que se haga justicia: “todo el mundo era conocedor de esta situación pero nadie hizo nada, al contrario, nos silenciaron”.

“Incluso cuando las propias organizaciones están alertando de que hay víctimas de trata, cuando la policía considera que no es útil para la investigación lo pasan por alto”, Virginia Álvarez (Amnistía Internacional)

El cambio de enfoque que se pide pasa por apartar a la policía como actor principal en la identificación de víctimas y crear equipos interdisciplinares, tal y como señala, por ejemplo, el Consejo de Europa, apunta Álvarez. Y es que, “incluso cuando las propias organizaciones están alertando de que hay víctimas de trata, cuando la policía considera que no es útil para la investigación lo pasan por alto”. Es necesario también, considera Fernández por su parte, actuar de manera preventiva, buscar indicios para proteger a aquellas personas vulnerables, “que no son aún víctimas, que han llegado por ejemplo en patera y están en una red donde ellas no saben que van a ser explotadas, o sí lo saben pero no lo identifican como una vulneración a sus derechos”.

Ni detección ni prevención, lo primero que se encuentran estas mujeres al llegar al Estado es una orden de expulsión, denuncia la investigodora de Amnistía Internacional, mujeres que en muchos casos van cambiando de comunidad autónoma, interactuando con distintos cuerpos policiales, que en lugar de suponer una vía de protección las persiguen por su situación irregular. Por otro lado, apunta, como ya advertía Mérida: “la criminalización no es única y exclusivamente la solución: Adoptar un enfoque únicamente punitivista ante este déficit de protección tan grande que existe, lo único que va a conseguir es invisibilizarlas o aislarlas más, pues los tratantes buscarán sitios más ocultos para seguir explotándolas”.

Si la prioridad fuera proteger a las víctimas,  si se hubiera dado más peso a otros actores más allá de los policiales, quizás Lili no hubiese tenido ese final. Impidiendo que su abandono quede en el olvido, las organizaciones esperan empujar hacia un cambio de perspectiva que ofrezca un futuro mejor para tantas mujeres que, como ella, son esclavizadas por las redes de trata.