Trata
Caso Carioca: “Si no follaba con él, me deportaba”

Primero fue el turno de la Guardia Civil, después el del sargento de la Policía Local que puso las luces de neón al club Queens y esta vez el de la Policía Nacional y otros funcionarios de Extranjería. Pilar de Lara concluye la instrucción de la última de las piezas principales del caso Carioca implicando a una decena de agentes y funcionarios de Extranjería en delitos relacionados con la red de prostitución que conformarían proxenetas y altos mandos policiales.

Los agentes, encargados de la persecución de este tipo de delitos, serían clientes habituales de locales de la provincia de Lugo en los que se prostituían mujeres víctimas de trata e incluso menores de edad en condiciones gravosas. En estos establecimientos se presentaban en ocasiones uniformados y con el vehículo oficial, contribuyendo así a generar el doble efecto que describen las mujeres, por un lado, de garantía de que allí no se practicarían redadas policiales o serían alertadas con antelación, y por otro, de impunidad e intimidación ante cualquier intento de denunciar los abusos que sufrían, lo que en ambos casos supondría un blindaje para los proxenetas.

Uno de los clientes asiduos a algunos de los clubs investigados, Eduardo Castro, era subinspector de la Brigada de Extranjería, y junto con el inspector Evaristo Rodríguez, el funcionario administrativo Germán Pumares y el jefe de la Dependencia de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno Alberto Linares habrían actuado en connivencia regularizando la situación de las mujeres extranjeras y otros ciudadanos o expidiéndoles orden de expulsión a conveniencia suya o de los proxenetas.

CLIENTES DE UNIFORME

Además de Eduardo Castro, las testigos detallan cómo los agentes eran invitados a consumiciones gratuitas en clubes como el Eros, el Queens y La Colina, o a veces también relaciones sexuales. En una ocasión la camarera del Eros quiso cobrarle un cubata a José Manuel Díaz Suárez, a lo que él respondería, enfadado: “¿Pero no sabes quién soy yo? ¿Cómo me cobras la copa?”. Según la declaración de una prostituta, uno de los agentes, Manuel Castro González, la amenazó con que “si no follaba con él [gratis] me deportaba”. Otra de ellas dice respecto de este policía que “nunca pagaba chicas ni copas, follaba por la cara, y si te negabas amenazaba con deportar”.

En el club Queens este policía ha sido visto desenfundando la pistola y colocándola en el mostrador al lado de la de Adán, dueño del establecimiento que carecía de licencia para portarlas, para comparar cuál era más grande.

En el auto se refleja asimismo que otro de los agentes, Luis Ferreiro González, era muy amigo también del dueño del club Tara, donde también era invitado a copas y sexo gratuitamente según varias testigos. Además, por el cumpleaños del local el gerente organizó un sorteo en el que el premio era una mujer con la que el ganador tendría un pase gratuito. Esa mujer identifica al policía como el ganador de aquel sorteo.

Precisamente este mes cuatro investigados por trata resultaron absueltos por la Audiencia Provincial de Lugo al justificar en su defensa que no funcionaba como un prostíbulo, sino como un pub en el que quienes lo regentaban se limitaban a cobrar por la estancia sin conocimiento de la actividad que podían realizar las mujeres en las habitaciones. Este agente era el encargado de la custodia de los detenidos en los calabozos, y en alguna ocasión le habría abierto la puerta a alguna de las detenidas. De las intervenciones telefónicas practicadas se extraen escenas dantescas como la llamada que hace el encargado del club Queens a una de las prostitutas, que ella atiende pese a encontrarse detenida, en la que ella le dice que “aquí están todos los policías que van por ahí” y él le pregunta si está Luis Ferreiro, respondiendo la detenida que “está arriba” y pasándole a continuación con él, moviéndose con total naturalidad en la comisaría.

Muchos de estos policías habrían participado en fiestas con prostitutas y orgías organizadas por Adán, dueño del club Queens, en las que corría la cocaína y otras drogas. Cuenta una de ellas que en una ocasión vio a un policía sacar cocaína y colocarla en un plato, y que Adán se la tiró al suelo espetándole: “eso no vale nada, la buena es la que traigo yo”.

LA COLABORACIÓN DE LA BRIGADA DE EXTRANJERÍA CON LA RED DE TRATA

Según se desprende de la pieza del caso Carioca que investiga a la cúpula de la Guardia Civil, el cabo Armando Lorenzo Torre, encargado del Equipo de la Mujer y el Menor (Emume), “ponía el cazo” en diferentes clubs de la provincia de Lugo, de manera que actuaba o dejaba de actuar contra ellos en función de si eran colaboradores suyos o no, practicando redadas en aquellos prostíbulos que no lo hacían, para a continuación deportar a las mujeres o enviarlas a los pisos de acogida que él mismo gestionaba, desde donde las derivaba a menudo a los clubs afines.

Las redadas policiales se coordinaban entre el Equipo de Personas de la Guardia Civil —del que hacía parte el Emume— y la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, en la que el subinspector Eduardo Castro y el inspector Evaristo Rodríguez serían sus principales aliados, junto con Alberto Linares Ferrer, jefe de la Dependencia de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno, y Germán Pumares Díaz, funcionario administrativo de Extranjería que participaba junto a los otros tres en la tramitación de los expedientes de las mujeres en los que se resolvía sobre su expulsión, así como de gestionar las solicitudes de prórrogas de estancia.

A lo largo de 190 de las 228 páginas de auto la jueza De Lara explica pormenorizadamente la manera en que realizaban estos trámites de forma interesada, generalmente a conveniencia de los dueños de los clubs afines o bien suya, siguiendo criterios de actuación completamente diferentes en cada caso.

Así, en 2008 Armando le ofrece a una prostituta del club Carús darle la condición de testigo protegido para revocarle una orden de expulsión a cambio de firmar una denuncia en falso por trata contra los dueños del local que el propio Armando redactaría para justificar así una redada. En la redada se identifican dos mujeres amigas de la primera que no fueron avisadas con suficiente antelación, y Eduardo Castro y Armando les tomarían una declaración idéntica al margen del resto de mujeres, asistidas por un abogado que ellos mismos les buscan.

A Evaristo, instructor de los expedientes, se le interviene una agenda en la que figuran distintas anotaciones referidas a la actuación en el club Carús, entre ellas: “reunión con Alberto Linares, dejar caducar los expedientes”, como efectivamente ocurriría con estas dos mujeres, a diferencia del resto cuyo expediente se resolvió con orden de expulsión. Las tres serían trasladadas por Armando a ejercer en el club Queens.

En una ocasión, varios agentes de la Guardia Civil que se escapaban al control del entorno de Armando practican una redada en el club Liverpool contrariamente a la manera de funcionar habitual. En ella se detectan varias mujeres en situación irregular y una menor de edad, que anteriormente había ejercido en el Queens y cuyo expediente había sido consultado por Evaristo. Eladio, dueño del club Liverpool, pide ayuda a Armando para que tratase de evitar que expulsasen entre ellas a su pareja sentimental, refiriéndose Armando a los agentes que practicaron la redada como “estos cabrones”. A continuación, Armando habla con Evaristo sobre Eladio, comentando “tres días en el calabozo, cuando era de dominio público que la menor estaba ahí”, facilitándole por error los datos incorrectos de la pareja sentimental de Eladio a la que “cogieron sin papeles, porque estos van a comerse el mundo y no se comen nada”. Evaristo le responde: “No te preocupes, que yo sé bien con quién trabajo, con los años que tengo ya sé diferenciar”.

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Fran Pérez

Galicia

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El Ministerio Fiscal elabora un escrito de acusación que pide más de 500 años para tres investigados por delitos relacionados con la prostitución ejercida en los locales Queens y La Colina pero no lleva a juicio a los agentes policiales que habrían participado en la trama, en contra del criterio de la jueza instructora.

LA DENUNCIANTE DEL CASO CARIOCA, EXPULSADA

Contrariamente, especialmente significativo resultó el trato que recibió la testigo protegida DPA 123B, denunciante de la cual partió toda la investigación del caso Carioca. Esta mujer que ejerció en el Queens describe cómo en una ocasión Armando se presenta en su domicilio, posa la pistola sobre la mesa del salón y le dice: “tus días en España como legal están terminando, dame el pasaporte que yo te lo arreglo para estar tres meses más”, obligándola a practicarle una felación y a mantener relaciones sexuales. Armando cumple esto, pero una vez que abandona la actividad de la prostitución y comienza a trabajar en una cafetería propiedad de su pareja la sigue requiriendo sexualmente de forma insistente, y ante su negativa comienza a ser acosada también por la Policía Nacional.

Así, Evaristo acude a su casa acompañado de otro agente para identificarla y dictarle orden de expulsión, siendo Eduardo Castro instructor del expediente por estancia irregular y trabajo por cuenta ajena sin autorización, pese a no practicarse la identificación en un centro laboral ni constar cómo conocía la Brigada de Extranjería que estaba trabajando. DPA 123B presenta alegaciones por tiempo de residencia, arraigo y encontrarse en trámites para regularizar su situación, ya que estaba a la espera de la primera declaración trimestral del IVA de la cafetería para poder regularizarse. Estas alegaciones, en contraste con los requisitos que se les exigían a otras mujeres para regularizar su situación, no fueron tenidas en cuenta.

Una de estas mujeres que ejercía en el Queens que sí logra regularizar su situación la convence de que vaya a hablar con Linares por mediación de una amiga, quien la anima a solicitar en las dependencias de la Brigada de Extranjería una copia del pasaporte. Al cabo de una semana se dispone a seguir la recomendación de Linares, siendo detenida al instante por Eduardo Castro, quien le dice “mañana o pasado tú vas a tu país”. Le impiden que la asista su letrada, asignándole un abogado de oficio, y le niegan el habeas corpus —derecho a ser presentada ante un juez instructor—, comentando Eduardo Castro y Evaristo que “esta es amiga de Luciano” y ahora su información “ya estaba cortada”, en referencia a uno de los agentes de la Guardia Civil que practicaría la redada en el Liverpool. Al día siguiente sacan a DPA 123B del calabozo, la llevan al aeropuerto insultándola durante el trayecto y la envían en un vuelo de deportación a Brasil.

Durante sus intentos para regularizar la situación, DPA 123B recibe la oferta de retirársele la carta de expulsión a través de Germán Pumares a cambio de ejercer en el club Eros. Germán Pumares era funcionario de Extranjería en turno de mañana, encargado de iniciar los trámites de muchos expedientes de expulsión y solicitudes de prórroga de estancia, y a su vez trabajaba como abogado en turno de tarde, de manera que tenía acceso a información privilegiada.

Algunas de las detenidas declaran que salían de las dependencias de la Brigada de Extranjería con su tarjeta profesional de abogado en mano. Una de ellas declara que “siempre intentaba sacar dinero”, que a “extranjeros que cogen en comisaría detenidos si contratan a Germán las cosas se les solucionan mucho mejor”. Según el propio encargado del club Eros reconoce, Germán Pumares era tío suyo y le llevaba los papeles del club.

NO SOLO PROSTITUTAS

En el auto también se relata cómo en una ocasión un guardia civil acude a entrevistarse con Evaristo y Eduardo Castro para que regularizasen la situación del novio de su hija, preguntándole Evaristo si en la Comandancia de la Guardia Civil no conocía a Armando, a lo que el agente contesta “hombre, me está remitiendo al delincuente mayor de la Comandancia”. También trató de solucionar el problema con Linares, que le dice “como no hables con Armando, en Comisaría no me van a hacer el informe favorable que yo necesito”, forma en la que efectivamente consiguió retirar la orden de expulsión.

También se interviene una llamada del policía nacional Manuel Castro a Eduardo Castro para que le ayudase a deshacerse de un hombre que su suegro tenía trabajando de forma irregular en su empresa, advirtiéndolo Eduardo de las repercusiones que podría tener para su suegro y comentándole que la única manera era que tuviese antecedentes y así, “que se joda”, que lo que tenía que haber hecho su suegro era “haberle pegado un palazo en la cabeza y haberlo enterrado en el cemento”.

TURNO DE LA FISCALÍA

Pilar de Lara concluye la instrucción contra seis agentes policiales por delitos de colaboración con la prostitución coactiva, cohecho y omisión de perseguir delitos, atribuyendo hasta una decena de infracciones del Código Penal en el caso de Manuel Castro González y una docena en el de José Manuel Díaz Suárez. A un séptimo agente, inspector policial, también asiduo al Queens, le atribuye exclusivamente la omisión de perseguir delitos en relación al robo de ua joya denunciado por un cliente del local que quedó dormido después de mantener relaciones sexuales.

A los funcionarios policiales o administrativos de Extranjería Alberto Linares, Germán Pumares y Evaristo Rodríguez les atribuye entre seis y nueve delitos mayormente de prevaricación y falsedad documental. Fuera queda Eduardo Castro, a quien se le atribuye la mayor carga delictiva y grado de implicación, con motivo de su fallecimiento en julio de este año. Además, dos prostitutas también habrían incurrido en delito de tráfico de influencias al hacer uso de su relación con Eduardo Castro para regularizar su situación y pedirle actuaciones contra otras mujeres.

La magistrada dicta el sobreseimiento provisional respecto de Miguel González, secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía (UFP) y el sobreseimiento libre respecto del entonces comisario jefe provincial Maximino Losada y el subdelegado del gobierno Jesús Otero.

Ahora será la Fiscalía quien decida quién se sentará en el banquillo de acusados. Tanto en la pieza relativa a los delitos cometidos en los clubs Queens y La Colina como en la relativa al club Liverpool la Fiscalía echó por tierra la instrucción judicial solicitando el archivo respecto de todos los agentes policiales investigados a pesar de la abrumadora carga indiciaria de su participación, y en el segundo caso también lo solicitó respecto del proxeneta pese a darse por probado que allí se prostituyeron menores.