El Consejo de Transparencia reclama más medios para hacer cumplir la ley

La Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en diciembre de ese año, fue duramente criticada por asociaciones pro derecho a la información por llegar tarde y mal. Sin embargo, definía unos mínimos que los entes públicos del Estado –o casi todos— debían cumplir para rendir cuentas ante la ciudadanía. La entrada en vigor del título de transparencia se produjo a finales de 2014, al mismo tiempo que se creaba el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), un organismo que se encarga de velar porque la actividad pública cumpliera en esa materia.

El Consejo de Transparencia asumió entonces varias funciones recogidas en su estatuto, que se resumen en velar por el cumplimiento de la Ley, evaluarlo y fomentar la cultura de transparencia entre las administraciones y la ciudadanía. Algo que resulta complicado dadas sus circunstancias: la entidad mantiene que trabaja con la mitad del personal mínimo necesario para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de todos los sujetos obligados.

Su situación se agravaría todavía más de aprobarse la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, ya que reduciría en un 20% la partida destinada al Consejo de Transparencia. No obstante, Javier Amorós, máximo responsable del CTBG actualmente, explica que “el Gobierno ha prometido mantener los 2,9 millones del año pasado y confiamos en que lo hará”. En cualquier caso, no sería el primer año que se destinara menos a esta forma de lucha contra la corrupción: ya en 2017 se redujo el importe en 55.000 euros con respecto al ejercicio anterior.

Aunque el Gobierno ha prometido al Consejo corregir los presupuestos e invertir lo mismo que el año pasado, no sería la primera vez que reduciría la partida de transparencia

El informe de las cuentas del Consejo de 2016 —el último publicado en el Boletín Oficial del Estado— desvela que la partida de gastos asciende a 1,6 millones aproximadamente, 400.000 euros más que el año anterior, pero una cifra todavía alejada de los casi tres millones presupuestados. El presidente en funciones explica que otro de los problemas es, precisamente, que los recursos no se pueden gestionar “de forma óptima”.

Cuando se concibió el presupuesto inicial del Consejo —en 2014—, este todavía no había entrado en funcionamiento: “Se hizo un retrato robot de lo que es un organismo, pero no se sabía realmente lo que se necesitaría gastar o dónde. Tenemos operaciones que no se ajustan a los conceptos y partes del presupuesto que no podemos ejecutar”.

La situación sigue así desde 2015 sin que hayan podido cambiarla, y aseguran tener poco margen de maniobra para redistribuir los recursos: “Se junta que el presupuesto no es lo que necesitaríamos con que el recorte nos ha afectado a lo que verdaderamente requerimos. Ya no es tanto que pidamos mucho más dinero como que se distribuya de otra manera, y sobre todo que no nos lo reduzcan”.

El Consejo de Transparencia, compuesto ahora por 17 personas, tiene la función de vigilar el cumplimiento de la ley de las 100.000 entidades que entran en su ámbito de aplicación

Una de las prioridades del CTBG es contratar más personal. Ahora mismo son 17 personas las que tendrían que vigilar el cumplimiento de 100.000 entidades: 20.000 organismos de la Administración pública y 80.000 empresas que entran en el ámbito de aplicación de la ley. “Es un hecho que la transparencia no es una gran prioridad en el Gobierno”, reconoce Amorós, “pero es algo generalizado en todas las administraciones”.

Amorós hace referencia al resto de consejos autonómicos existentes: salvo el Consejo de Andalucía, “que quizás sí posea más medios”, en general los organismos que deben velar por la transparencia de sus comunidades autónomas no tienen suficiente recursos: “En la Comunidad Valenciana hay un gobierno muy proclive en materia de transparencia, pero los medios son los que son”.

Según un barómetro del CIS, menos de la población española conoce la Ley de Transparencia y sólo un 30% ha oído hablar del CTBG aunque el 80% lo considera necesario

En este sentido, Amorós afirma que “es un problema cultural: falta costumbre de rendición de cuentas y este cambio de lo que implica la transparencia es muy complicado”. Los datos avalan la afirmación: según el último barómetro del CIS que recoge datos en materia de transparencia, menos de la mitad de la población española ha oído hablar de la Ley de Transparencia y solo un 30% conoce el Consejo de Transparencia, aunque un 80% de los encuestados considera necesaria su existencia. 

Organismo adscrito y sin capacidad sancionadora

Del mismo modo que pasa en otros Consejos de Transparencia, el estatal se integra en uno de los organismos a los que debe vigilar: el Ministerio de Hacienda. “Ha habido críticas con esto, pero la realidad es que nunca hemos recibido instrucciones del ministerio sobre cómo resolver”. Amorós asegura que han solicitado depender directamente del Congreso, y que aunque la estructura actual no es la más lógica, la independencia es real “y ahí están los procesos contenciosos para demostrar que nuestro trabajo no siempre gusta a la Administración”. 

Si por algo es conocido el CTBG es por su papel en la resolución de reclamaciones. Cuando una persona hace una petición de información pública y se le niega o no está de acuerdo con la respuesta, puede acudir al Consejo de Transparencia. Aunque no exista mucho conocimiento entre la población sobre el trabajo del CTBG, lo cierto es que en su corta existencia ha defendido en muchas ocasiones el derecho de acceso a la información, alguna de ellas muy sonadas, como la vez en que RTVE fue obligada a facilitar el coste de Eurovisión. O como otro de los casos que permanece en los tribunales: la petición de publicidad institucional de los ministerios. El CTBG se encarga también de resolver las reclamaciones en aquellas comunidades autónomas con las que tiene convenio aunque no vigila su publicidad activa, es decir, aquella información que debe ser pública sin que nadie lo demande. 

El Consejo de Transparencia que obligó a RTVE a publicar los gastos de Eurovisión pelea ahora en tribunales la inversión en publicidad institucional de los ministerios

No obstante, Amorós defiende que el grado de cumplimiento del Estado en cuanto a sus resoluciones “no es malo, en torno al 80% cumple” pero incide en que el proceso hasta que se facilita la información resulta muy laborioso. Los dictámenes del Consejo se han traducido en varios pleitos con la Administración: “Cuando los ministerios no están de acuerdo con nuestras resoluciones nos demandan. Y aun cuando la justicia nos da la razón a nosotros (aproximadamente la mitad de las veces), los ministerios suelen apelar”.

En este sentido, otra de las limitaciones del Consejo es que no tiene capacidad sancionadora, aunque previsiblemente esto cambiará con la proposición de Ley Anticorrupción pendiente de ser aprobada. Un texto que, además, les otorgaría nuevas funciones a las que ya tienen, lo que dificultaría todavía más su trabajo si no se destinan más recursos.