Pensiones
“A ti, como empleado público, te proponemos el doble”

A falta de más de un año para concluir la legislatura es justo reconocer que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP) ha cosechado logros pero también fracasos. El error político de más envergadura se produjo el pasado 9 de junio, en el Congreso, cuando más allá del Gobierno, UP sumó su voto favorable a los del PSOE, Cs, PNV, Pdcat y Nueva Canarias para totalizar 172 votos.

Un bloque misceláneo se posicionó en contra (PP, Vox, Más País, CUP, Junts, ERC, Compromís, BNG) y reunió 164 votos. Los abstencionistas fueron los cinco de EH Bildu a cambio de un incremento del 15% en las pensiones no contributivas, prorrogado hasta el 31 de diciembre del presente año. Coalición Canaria sumó la sexta abstención. A muchas plataformas de pensionistas y sectores populares les invadió la tristeza y el estupor al ver que UP para avalar esa ley privatizadora, incluso votaba en contra de sus propias enmiendas parciales. Un seguidismo impensable en una fuerza nacida del 15M y vinculada a la impugnación, a la indignación, a un pie en la calle y otro en las instituciones, a la escucha activa con los movimientos sociales… hizo que en un instante mucha gente transitara de la impugnación a la decepción. Así mismo, la postura abstencionista de EH Bildu también contribuyó y contribuye a impulsar este marco normativo que nos embarca en una ruta que nos lleva de la prestación universal al aseguramiento generalizado; de la protección social pública a la protección social de mercado.

A muchas plataformas de pensionistas y sectores populares les invadió la tristeza y el estupor al ver que UP para avalar esa ley privatizadora, incluso votaba en contra de sus propias enmiendas parciales

Desde que esta Ley de Impulso a los Planes de Pensiones de Empleo entró en vigor el pasado 2 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no se había vuelto a hablar de ella hasta que, el pasado 9 de septiembre en Bilbao, en un acto programado para presentar el proyecto Sumar de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, un pensionista de Barakaldo planteó como propuesta la eliminación de los beneficios fiscales tanto a los planes de pensiones de empleo en el Estado como a las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en Euskadi por, entre otras cosas, fragmentar a la clase trabajadora. La contestación de la ministra fue: “Sumar desde abajo, sumar pidiendo de forma concreta la supresión de los beneficios fiscales. Cuando nos convirtamos en un gran movimiento ciudadano, lo vamos a conseguir”. Es decir, ahora no toca, balones fuera, una respuesta inapropiada, que constituye una evidencia más de que los partidos han pasado a un discreto segundo plano mientras que sindicatos, patronales y Administraciones Públicas cogen el testigo para situarlo en el centro de los convenios colectivos de empresa o sectoriales. En definitiva, buscan refugiarse en ese silencio “ominoso” en un vano intento de desentenderse de su responsabilidad a la hora de respaldar este modelo, que es de capitalización.

El preámbulo de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo comienza con el artículo 41 de la Constitución española que consagra el mantenimiento de un régimen público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos y cierra el citado artículo con el texto siguiente: “La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Lo cierto es que difícilmente serán libres si emanan de unos Planes de Pensiones “obligatorios” recogidos en convenio de empresa o sectorial. Entre estos, destaca la EPSV Itzarri del Gobierno Vasco (GV) en la que el empleador aporta, de forma obligatoria, al fondo de pensiones correspondiente, la parte salarial (salario diferido) pactada en convenio. De tal modo, que cualquier solicitud de cualquier trabajador que decida reclamar que esa cantidad vaya a su nómina y no al fondo, bajo ningún concepto será atendida. ¿Dónde queda la ‘v’ de voluntaria en el sistema previsional vasco? El hecho es que los sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT que firman en esos términos de obligatoriedad asumen esa imposición y anulan la capacidad de decidir de la trabajadora/or.

Sobre el marco normativo

Las medidas más relevantes que se incluyen en esta normativa son:

a) La ampliación de la población trabajadora cubierta por los citados planes, de aportación definida para la jubilación con financiación mixta de empresa y trabajadores.

b) La creación de los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción pública (FPEPP) gestionado por el sector privado.

c) La simplificación de los trámites en la adscripción y gestión de los Planes de Pensiones.

d) El diseño de mecanismos que favorezcan la movilidad de los trabajadores entre empresas y sectores.

e) Introduce modificaciones en el ámbito del IRPF, el Impuesto de Patrimonio (IP), el Impuesto de Sociedades (IS) y el Impuesto sobre Transacciones Financieras que exime del pago de la llamada “Tasa Tobin” las compras de acciones por parte de Planes de Pensiones de Empleo y mutualidades de previsión social o EPSV sin ánimo de lucro. La idea es mejorar y hacer más atractivo los incentivos fiscales de estos Planes.

El nivel de ahorro finalista a través de este sistema previsional no llega al 1% de la masa salarial de la población ocupada, llegando al 10% de los trabajadores. Esta Ley intenta extender este mecanismo

En España el nivel de ahorro finalista a través de este sistema previsional no llega al 1% de la masa salarial de la población ocupada, llegando al 10% de los trabajadores. Esta Ley intenta extender este mecanismo privatizador a autónomos, pequeñas y medianas empresas, incluso a funcionarios de Administraciones Públicas pequeñas. El reglamento que desarrolla la Ley tras el trámite de audiencia e información pública, tal y como es preceptivo, ha sido aprobado y publicado por el BOE el 19 de octubre. Se regulan los órganos de seguimiento y control. Las comisiones devengadas por las Entidades Gestoras que resulten adjudicatarias de estos fondos, no podrán ser superiores al límite del 0,30%, mientras que las devengadas por las Entidades Depositarias no podrán superar el límite del 0,10%. Una vez aprobado el modelo de capitalización como sistema previsional complementario de la pensión pública, este pasa a ser susceptible de aparecer como propuesta en el ámbito concreto de cada negociación colectiva. Por lo tanto, este es el marco donde las/os trabajadoras/es tendrán que deliberar y decidir, ¡si les dejan!, si es compatible promover un sistema privado de pensiones y al mismo tiempo defender el SPP de la Seguridad Social como eje vertebrador de la Protección Social Pública.

Breve comparativa entre el modelo de reparto y de capitalización

Nuestro modelo de pensiones públicas es solidario y satisface la exigencias de seguridad y solidaridad, a la vez que cubre importantes contingencias comunes y profesionales. Es público, obligatorio, contributivo y de financiación mixta, en la que las pensiones no contributivas y complementos a mínimos van vía impuestos. El contributivo es un sistema profesional por que tiene en cuenta la categoría profesional del trabajador para determinar la cotización a la Seguridad Social. Este modelo se define “de reparto” por que las cotizaciones totales recaudadas financia el gasto total, dentro del mismo ejercicio, de los inactivos. Así que es intergeneracional e interterritorial. A destacar que en este SPP se colectiviza el riesgo. Es universal y de prestación definida, que quiere decir que la pensión esta predeterminada y normativizada. No existen los riesgos individuales y supone una garantía de rentas. El trabajador no cotiza para su propia pensión, genera el derecho a una pensión contributiva, al menos como la que ha financiado.

Los planes de pensiones privados de empleo, llamados EPSV en Euskadi, como modelo de capitalización están sujetos a riesgos colectivos e individuales que no se pueden eliminar: activos en bolsa que se resienten en una caída o una inapropiada gestión de la cartera. Son de acumulación e individual y también de “aportación definida” que significa que lo que aporta el trabajador es fijo pero lo que recibe es variable. Llegado el momento su prestación sería lo ahorrado más los intereses generados o no, por que no se garantiza una cuantía determinada.

Los planes de pensiones privados de empleo están sujetos a riesgos colectivos e individuales que no se pueden eliminar: activos en bolsa que se resienten en una caída o una inapropiada gestión de la cartera

Tanto las cotizaciones sociales a la Seguridad Social como las aportaciones del empleador al Plan de Pensiones de Empresa son consideradas como salario diferido. Aún siendo así, el significado no es el mismo. Mientras en uno, las cotizaciones se detraen de las nóminas y va a la Seguridad Social, en el otro, la cantidad que pone el empleador (público y privado) va directa a cada trabajadora/or. Es decir, uno tiene carácter contributivo y solidario y además, alimenta el SPP, que es de reparto. El otro es privado, no aporta al bien común ni a la justicia social y alimenta otro sistema: el individual, que es de capitalización. Es un modelo clasista, regresivo y segregador que condena a la exclusión a gran parte de los trabajadores que no tienen capacidad de ahorro finalista.

Euskadi y el impulso a los Planes de pensiones de empresa

Cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, vio aprobadas las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre ellas la que abogaba por un sistema complementario articulado a través de los planes de pensiones de empresa en el marco de la negociación del convenio colectivo, no tuvo que ir muy lejos para buscar un referente que le sirviera de guía para dar contenido a esa recomendación. Lo tenía en Euskadi con la Ley de EPSV aprobada en 1983 que nos convertía en pioneros a la hora de “complementar” la pensión pública a aquellas/os trabajadoras/es con capacidad de ahorro finalista.

El de los planes de pensiones es un modelo clasista, regresivo y segregador que condena a la exclusión a gran parte de los trabajadores que no tienen capacidad de ahorro finalista

Una vez iniciada la movilización pensionista en enero de 2018, al llegar la festividad de san Ignacio de Loyola el 31 de julio, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementería, mostró ante los medios su preocupación por la presunta insostenibilidad financiera del SPP para, acto seguido, proponer su solución: “Engrasar los Planes de pensiones privados, los EPSV”. Esto me animó a intervenir, por primera vez en la concentración de pensionistas de Bilbao el lunes siguiente, para denunciar que las EPSV con sus beneficios fiscales actúan como un disolvente de la cohesión social frente al SPP que lo hace como pegamento social. Pronto me di cuenta que la cuestión de las EPSV generaba incomodidad en cierta gente, había quienes no lo consideraban prioritario entre las reivindicaciones. Entre unos y otras te lo hacían saber sin ninguna sutileza. Fue un hecho fáctico que, en poco tiempo se convirtió en tabú. Algo que me dejó perplejo.

Tanta retórica inflamada, tanto ardor combativo de sindicatos y partidos que se presentan como vanguardia, se ofrecen como contrapoder, reclaman, a los demás ¡claro!, rendición de cuentas, transparencia… y secundan movilizaciones, conflictos, con el puño en alto, la carótida inflamada, más rojos que el puño de Lenin, bramando contra la hegemonía cultural capitalista y sus valores para al mismo tiempo ocultar tras un silencio “insultante” cómo reducen su factura fiscal a costa de fragmentar a la clase trabajadora. Es decir, “los desiguales” aportan sus tributos para que “los bien situados” puedan complementar su pensión pública con una EPSV de empleo dentro del modelo privatizador vasco que construye una Euskadi de doble velocidad. Un ejemplo de cómo triunfa en Euskadi el cinismo de alto octanaje.

Los planes vascos de pensiones de empleos, las EPSV, con sus beneficios fiscales actúan como un disolvente de la cohesión social frente al sistema de pensiones públicas que lo hace como pegamento social

Estoy seguro que en el sector público hay muchos funcionarios que recuerdan un pequeño folleto informativo de la EPSV Elkarkidetza de la Administración Local y Foral publicado hace más de 25 años. Se puede decir que hoy sigue vigente y sin necesidad de cambiar ni una coma ni el sugerente y esclarecedor título que dice: “A ti, como empleado público, te proponemos el doble”. Sería conveniente que algún sindicato combativo repartiera este folleto para conocimiento de la ciudadanía y así abrir debates participativos y deliberativos sobre este modelo de protección social de mercado del sistema de bienestar vasco. Sugiero empezar por los sectores feminizados (conserveras, empleadas de hogar, comercio, sector servicios) que a buen seguro quedaran estupefactas. El silencio y la ocultación nos atan. La parresía (hablar libremente con atrevimiento) nos libera.

El hecho es que he pasado de la perplejidad inicial al “gatillazo emocional” y todo por creerme que en Euskadi predominaba la gente que aunaba conciencia con consistencia y solvencia con coherencia.

¿Ha cambiado algo en Euskadi?

El modelo previsional vasco de las EPSV incorpora una mirada neoliberal de la Protección Social en la que el mercado adquiere máxima relevancia. El PNV logró colocar este producto como paradigma en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo para a continuación dejar claro al Gobierno PSOE-UP que su voto favorable a la Ley de Planes de Pensiones, aprobada hace tres meses, lo condicionaba a que no invadiera las competencias vascas por que era y es lo único que le preocupa junto que con la copia española no supere al original vasco. Para esto último tendrá que ponerse las pilas por que desde que sacó la Ley de EPSV de 2012 (llamadas preferentes desde entonces) sigue estancada sin conseguir extenderlas al 70% de la población ocupada. Este pasado marzo, después de avalar durante más de 25 años las EPSV de empleo, el sindicato soberanista LAB hizo público cierto cuestionamiento de este sistema previsional por que, entre otras cosas, provocaba desigualdades entre trabajadores, no se conseguían complementos dignos, este modelo no iba en la dirección correcta y de ahí la decisión de suspender su participación en los órganos de dirección de las EPSV más sobresalientes (ELKARKIDETZA, GEROA…).

Me congratulé por ello y les animé públicamente en una concentración de pensionistas en Barakaldo, a que dieran más pasos en esa dirección por que quedaba recorrido. Han transcurrido meses y no se conocen los resultados prácticos de aquella declaración. Todo apunta a una vuelta al ocultamiento y al silencio de siempre para admitir que fue un souflé que se desinfló rápido. Así todo sigo preguntándome si de verdad LAB cree que este modelo elitista, segregador, clasista con sus beneficios fiscales forma parte de ese transitar hacia el ecosocialismo, ecofeminismo que propugna?

Así mismo, el pasado 5 de mayo Elkarrekin Podemos presentó una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento Vasco (PV) para que el Pleno del mismo declarara su apoyo y compromiso con el modelo de Seguridad Social basado en un sistema de pensiones públicas de reparto y rechazara la promoción de sistemas de capitalización y sus incentivos fiscales desde las Administraciones Públicas. Ni qué decir tiene que tanto la proposición como el resultado que obtuvo no logró ningún impacto mediático ni expansión social. Todos los grupos parlamentarios la rechazaron. A destacar el rechazo de EHBildu por que en la práctica supone aceptar este sistema previsional de capitalización con beneficios fiscales y vocación neoliberal y, además entra en contradicción con la crítica que hace del modelo fiscal del PNV así como considerar regresivas las recientes deflactaciones fiscales del Gobierno Vasco. Ambas posiciones son irreconciliables y ambas son bendecidas por EHBildu. ¿También ambas estarán como contenido del pacto sobre el bienestar vasco que propone?

Al igual que con LAB, también me congratulé que, en el ámbito político Elkarrekin Podemos adoptara una posición política que explicitara la voluntad de confrontar, sin maximalismos, con un modelo que institucionaliza la segregación social y económica, incrementa las desigualdades y potencia una sociedad vasca neoliberal y rentista. También aquí han pasado meses y parece que la PNL pronto quedó como flor de un día. Resulta preocupante que una posición política que incorporó un compromiso inequívoco contra la desigualdad pueda considerarse amortizada por un cálculo de oportunidad. El que Elkarrekin Podemos haya alcanzado, hace unas semanas, con el Gobierno Vasco (PNV-PSE) un acuerdo de calado sobre la reforma del Sistema de Garantía de Ingresos (RGI) es reseñable por que supone una mejora y tiene un importante impacto social. Subsidia necesidades básicas, carencias, personales y familiares. Las necesidades se tienen o no, pero no se eligen. Se dirige al extremo salarial bajo, precariado y agregados sociales (pensionistas por debajo del umbral de la pobreza, trabajadores jóvenes pero pobres…). Se mutualizan los riesgos a través de una mirada solidaria, asistencial, paliativa y de supervivencia. Esta protección cohesiona a la sociedad y goza de un amplio respaldo parlamentario y social suficientemente publicitado y evaluado.

Cuando oyen del espectro político soberanista o no el aforismo “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad” y lo comparan con su papel en esta peculiar protección previsional del extremo salarial alto ¿qué es lo que pensaran?

Este sistema de protección convive con otro de distinto signo y alcance, que normativiza la Ley de EPSV de 1983 y se dirige a dar cobertura, mediante dos vías: las EPSV de empleo y las individuales voluntarias, a la clase media alta. Aquí no hay que acreditar necesidades, ni carencias básicas, ni demandas perentorias personales y/o familiares. Si acaso, mostrar receptividad por que todo es bueno para el convento ideológico. Se diseña una atractiva fiscalidad a la carta para “complementar” con su ahorro finalista la pensión pública y acercarla, lo que se pueda, a su última nómina de activo. En resumen, con los de “arriba” el verbo es complementar, y con los de “abajo”, subsidiar. ¿Ambas situaciones son equivalentes?¿Ambas son solidarias? El hecho es que estos trabajadores se encuentran en estado de bienestar, mientras que una variada mayoría social llevan tiempo en estado de malestar social y, para más inri, subvencionándoles con sus tributos esa especial protección. Normal que sientan un creciente agravio comparativo por la ignominia que supone este trato clasista y segregador. Cuando oyen del espectro político soberanista o no el aforismo “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad” y lo comparan con su papel en esta peculiar protección previsional del extremo salarial alto ¿qué es lo que pensaran?

Por cierto, este sistema de protección también goza de amplio respaldo parlamentario y sindical, con la notable salvedad de que, aquí guardan riguroso silencio. Si hay que hablar del asunto, mejor en la intimidad. Tengo claro que la indecencia no prescribe. Me pregunto si de verdad merece la pena atender con esa munificencia a quienes están bien situados a costa de desdeñar a quienes se ubican en el malestar social. Estos hombres y mujeres desiguales van descubriendo que si no están en la pregunta menos estarán en la respuesta; así como que los que más citan a los perdedores son los que más los ignoran. No sorprende que esta polarización, hoy silente, mañana exteriorice el hartazgo. El hecho es que unos y otros sindicatos guardan un clamoroso silencio y niegan a la ciudadanía el derecho que tienen a contar con la información detallada, relevante y veraz para tener la posibilidad de participar de manera significativa y en condiciones de igualdad en las decisiones que les afectan. Cambien de actitud. Salgan de su mutismo y reúnanse con las/os trabajadoras. Con los perdedores y con los ganadores. Sugiero que empiecen con los “agraviados de GEROA” que ya lo han pedido. Lo propio de un sindicato de clase es exponerse. Háganlo ya, el tiempo apremia. La desigualdad en sentido amplio, no solo vinculado al reparto de la riqueza, es el elemento más perturbador que tiene la sociedad vasca en perjuicio del principio de igualdad de la ciudadanía, por que la igualdad debe estar en la base de cualquier política pública dado que cualquier decisión política institucional, parlamentaria y sindical impacta en la vida de las personas y por lo tanto en el incremento de la igualdad o de la desigualdad.

Porque se trata de incidir en las causas y no solo paliar las consecuencias, las políticas sociales no pueden ser mero asistencialismo sino un verdadero compromiso con la igualdad. La lucha contra la desigualdad tiene que pasar por una reforma fiscal profunda, que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales, que aporte de forma continuada los recursos que la sociedad necesite y que sea percibida como justa y progresiva. La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y cerrar dos vías injustas de nuestra fiscalidad: fraude (evasión fiscal) y desgravaciones (elusión fiscal). Además de pagar, hay que eliminar incentivos y beneficios fiscales a planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos y elitistas. Son ejemplos de inequidad fiscal.

Hace falta coraje para decirles que los sindicatos que se empeñan en renovar este sistema de capitalización con sus ventajas fiscales forman parte del problema por reforzar la hegemonía cultural capitalista

Contemplar la reforma fiscal como un instrumento para reducir las desigualdades permite señalar el rumbo apropiado para construir una sociedad decente. Contemplarla como un cajón de reclamos electorales es lo que hacen los partidos y sindicatos mayoritarios (soberanistas y confederalistas) que buscan fidelizar a lo más granado de sus respectivas afiliaciones a costa de alimentar las desigualdades. Este pragmatismo corporativista ayuda a que la práctica neoliberal previsional campe a sus anchas por el tejido social y laboral alejándonos de una sociedad igualitaria. Euskadi es el reservorio de las EPSV. Desde hace tiempo, el denominado Movimiento Pensionista de Euskadi está más pendiente de no incomodar a sus terminales partidistas (EHBildu) y sindicales (LAB) que de actuar con criterio y hoja de ruta propia.

Hace falta coraje para decirles que los sindicatos que se empeñan en renovar este sistema de capitalización con sus ventajas fiscales forman parte del problema por reforzar la hegemonía cultural capitalista. Como este coraje no termina de llegar aparece lo que es propio de quienes ofician con doblez y basan su modo de actuar en la simulación. Todo es un simulacro. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se recogen firmas en Euskadi para, junto con las aportadas por el resto del Estado, reclamar, entre otras cosas, la derogación de la Ley de Planes y Pensiones privados de empleo aprobada a finales de Junio y que fueron entregadas en el Congreso después de la manifestación centralizada del pasado 15 de octubre. En Euskadi, la Ley de EPSV ni por asomo tendrá ese tratamiento. Aquí, la mirada hacia dentro del territorio es contemporizadora con el lugar y el modo de arraigo de este modelo de capitalización. Hasta el punto de que se empieza a oír lo de Movimiento Pensionista Previsional Vasco. La mirada hacia fuera del territorio “es aparentar” entrega y beligerancia… con la protección previsional.

El día 19 debería servir para trasladar un mensaje nítido y claro a los sindicatos soberanistas sobre la necesidad de cambiar el rumbo si se quiere construir una nueva realidad inclusiva, integradora, con justicia social y equidad

Como continuación de la exitosa convocatoria del 15, las diferentes plataformas, coordinadoras y movimientos del Estado, han vuelto a convocar, en esta ocasión de manera descentralizada, el próximo día 19. El Movimiento Pensionista de Euskadi ya ha anunciado en rueda de prensa los pormenores de la movilización y el apoyo habitual del movimiento sindical vasco. El cartel que publicita la convocatoria dice “repartir la riqueza”, algo que suscribe la mayoría sindical y política. Para concretar más y mejor vendría bien algo así como “comprometidos con el reparto de la riqueza, decimos NO a las ventajas fiscales de las EPSV”. Sería la prueba del algodón para saber si hay disposición o no a asumir de verdad liderazgos transformadores por parte de los sindicatos. El día 19 debería servir, en mi humilde opinión, para trasladar un mensaje nítido y claro a los sindicatos soberanistas sobre la necesidad de cambiar el rumbo si se quiere construir una nueva realidad inclusiva, integradora, con justicia social y equidad. Nos necesitamos todas/os y necesitamos lo mejor de la política de ahí que sea ineludible un compromiso personal y organizacional en la búsqueda, siempre inconclusa, de dignidad y justicia. ¡Ojalá nos pongamos a ello!