Juicio del 1 de Octubre
Semana V del juicio al independentismo: construyendo la sedición

Entramos en la quinta semana del juicio del Procés. A medida que pasan los días y el suflé mediático se desinfla, se va perfilando con nitidez el rol de los actores que comparecen en el Tribunal Supremo. Una primera conclusión: la acusación de rebelión por parte de la Fiscalía está empujando la profesionalidad del Ministerio Fiscal a los umbrales del ridículo. Incluso si se aceptara la hipótesis de que su estrategia pasa por una acusación de rebelión para hacer más digerible la acusación por sedición, se estrellaría con una realidad inapelable. El movimiento independentista ha sido, en su totalidad e historia reciente, un movimiento plenamente pacífico. La violencia subjetiva —a la que no se le puede negar la importancia política y emocional, por lo que representa— no se corresponde con la tipificación de los delitos de rebelión y sedición establecidos en los artículos 473 y 544 del Código Penal.

El esquema es el siguiente: la Fiscalía busca encuadrar en el marco por rebelión un relato que incluya: 1) la desobediencia implícita del Govern de la Generalitat, que llevaba a escenarios explícitos de violencia. 2) La desidia de los Mossos ante una orden judicial. 3) La organización paramilitar de grupos organizados en defensa del referéndum. Vemos en qué estado se encuentran estos tres puntos:

1. La Generalitat ya se encargó de que la desobediencia fuera la mínima posible, con movimientos como, por ejemplo, considerar la declaración de independencia como “declaración política” sin efectos jurídicos. Otro ejemplo de esta estrategia del Govern tiene que ver con el mecanismo de pagos preparatorios para el referéndum no vinculados a la Generalitat para evitar la acusación de malversación. Veremos, en este punto, la capacidad de la Fiscalía de aportar pruebas documentales que sostengan esta última acusación. Pero el paso de la desobediencia a la violencia necesita mucho más de lo que ofrece la Fiscalía.

2. Las declaraciones de los jefes de los Mossos, tanto del comisario Manuel Castellví como del jefe de Seguridad Emili Quevedo, han ido dirigidas, en primer lugar, a proteger la integridad de su cuerpo. En segundo lugar, a afirmar la voluntad de cumplir las órdenes judiciales. En tercer y último lugar, a hacer patente las discrepancias con los responsables políticos, principalmente Joaquim Forn y Carles Puigdemont. Aislando al mayor Trapero, que puede rechazar declarar debido a tener otra instrucción abierta, los mandos policiales de los Mossos se han mantenido en la equidistancia para demostrar que no eran un cuerpo súbdito al independentismo y que sus criterios de actuación discrepaban de la coordinación de Pérez de los Cobos por motivos puramente técnicos.

3. “Cadenas y murallas humanas”, “la estrategia del Fairy”, o “encapuchados organizados” son algunas de las referencias con las que la Fiscalía intenta sostener el relato de una ciudadanía organizada y violenta. Ante esta acusación, que flirtea con el delirio, se sitúan más de dos millones de catalanes. Muchos de ellos, nada acostumbrados a participar de actos susceptibles a recibir la intensidad y violencia de las cargas policiales, leen estas acusaciones como la última insolencia de un Estado que busca antes culpables que soluciones. Los abogados defensores tienen un buen puñado de imágenes en las que estas “cadenas humanas” se cogen de la mano mientras cantan el “Virolai”. La violencia, policial.

Todos los huevos, pues, se centran en presentar los hechos ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre como un “alzamiento tumultuario”. Los coches “devastados” de la Guardia Civil y el relato de la funcionaria del Ministerio fiscal —que, según explicó, llegó a pedir un helicóptero para salir de un edificio de donde entró y salió otra gente sin incidentes— son las cartas con las que se pretende ganar la partida. Cartas con un número demasiado bajo si tenemos en cuenta la elevada apuesta. Pero la débil interpretación del propio concepto de “tumulto”, sostenida por las duras declaraciones de los mandos policiales de la Guardia Civil, esperan abrir brecha (jurídica) en esta dirección.

Si la Fiscalía no está consiguiendo (supuestamente) su objetivo principal, tampoco así el grueso de los abogados defensores: la estrategia de carácter más político, sostenida por los abogados Pina y Van der Eynde encarada a un posible recurso de amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, choca con la sobriedad formal del juicio, que rechaza con eficiencia burocrática las intervenciones que sobrepasen la voluntad estrictamente legal.

El encargado de hacer que esta negación no se interprete como castración parcial no es otro que el juez Marchena. La inteligencia y saber estar del juez conservador está cumpliendo con creces la difícil tarea que tenía asignada: defender el Estado de las miradas desconfiadas de organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, limitando los discursos y defensas de tipo político. Y todo ello, a la vez que marca distancias con la Fiscalía y escarmienta la acusación popular. Ante este escenario, resalta la figura del abogado defensor Xavier Melero. Abogado fino, tranquilo e insistente, logra acorralar sus interrogados sin referenciar la escala política que, indudablemente, rodea este juicio.

El plato fuerte de esta semana será el jueves 14, con las intervenciones del mayor Trapero y de Josep Maria Jové, señalado como organizador del referéndum en la sombra. Seguiremos con atención sus declaraciones.