Iglesia católica
La punta del iceberg desmembrado

Solo son nueve personas empujando la pared de piedra de la Iglesia. Ocho hombres y una mujer que fueron abusados en su infancia por eclesiásticos. Solo son nueve personas empujando en la tierra donde el poder de la Iglesia católica es más fuerte y más grande, así como la del Opus Dei: Navarra. Pero quizá todos los comienzos han sido así, en Irlanda, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Australia. Allá donde la Iglesia católica está más arraigada, es por donde empieza a resquebrajarse cuando afloran, por fin, los casos endémicos de abusos sexuales a menores en entornos religiosos cometidos por curas y monjas.

Solo asistieron 67 personas, entre ponentes, periodistas y público, a las primeras jornadas La pederastia en centros religiosos: hacia la verdad, la justicia y la reparación, que se celebraron el viernes 14 de febrero en Pamplona. Pero todas sabían, al caer la noche y clausurar el acto, que ese día empezó una nueva etapa en el Estado español. La punta del iceberg asomó y aunque hasta ahora el bloque de hielo sigue desmembrado, a Pamplona se desplazaron abusados de Castilla y León, Asturias y País Vasco, que explicaron sus casos y mostraron interés por formar una federación estatal de víctimas. Ayer sábado mantuvieron una reunión para tratar de concretar esta necesidad y empujar juntos una pared de piedra alta y centenaria.

Han pasado diez meses desde que crearon la Asociación de Víctimas de Abusos en centros religiosos de Navarra, días después de que Jose Luis Pérez verbalizara en voz alta, en una cadena de radio local, que en el internado de los Padres Reparadores de Puente la Reina, un cura agredía sexualmente a niños, entre ellos él y uno de sus hermanos, que se suicidó recientemente.

La carta que le escribió antes de morir prendió la mecha. Y otros abusados, entre ellos Jesús Zudaire, agredido por el primer director del colegio diocesano Nuestra Señora del Puy de Estella, decidieron contar sus casos al escuchar la voz de Pérez. Se conocieron y armaron la asociación. Desde entonces, los juzgados han recibido una treintena de denuncias, todas sobreseídas por la prescripción del presunto delito.

Los abusos sexuales en entornos religiosos ha sido el único tema que ha conseguido poner de acuerdo al Parlamento de Navarra. Todos los partidos políticos han mostrado su apoyo a las víctimas. A las jornadas acudieron cargos del Departamento de Justicia, así como asesores de la presidenta del Gobierno navarro, María Chivite. El Departamento de Justicia ha intentado mediar entre el Arzobispado y las víctimas, y ha instado a la Iglesia a colaborar con la Fiscalía, siguiendo las indicaciones del Papa de actuar de motu proprio y dejar de ampararse en el Concordato para no ofrecer a las víctimas y a la Justicia los archivos eclesiásticos de los curas y monjas denunciados.

El Arzobispado ha hecho caso omiso a las recomendaciones del Departamento de Justicia. Asimismo, declinó la invitación de participar en las jornadas. Adujeron que unas jornadas centradas en abusos sexuales en entornos religiosos no recogen las diversas tipologías de abusos sexuales que se cometen contra la infancia. La mayoría de los asociados tuvieron cuidado de no decir una palabra más alta que otra cuando explicaron a los presentes los motivos dados por el Arzobispado, pero José Luís Pérez optó por ser más gráfico: “Les tenemos acojonados. Si no, no actuarían así. Tenían una oportunidad de oro al venir aquí, para hablar y hacer lo que les pide el Papa”.

La indiferencia de la Iglesia es un factor victimizante

El director general de Justicia de Navarra, Rafael Sainz de Rozas, se comprometió públicamente a llevar las peticiones de la asociación al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su próxima reunión el 3 de marzo. Esas peticiones son: verdad, Justicia y reparación. Sainz de Rozas es muy consciente de que el perdón público puede ser más reparador que la justicia penal. “Lo terapéutico para las víctimas sería que la Iglesia asumiera su responsabilidad. La indiferencia de la institución es un factor victimizante”, indica el jurista, que recuerda que tanto en Holanda como en Australia la Iglesia creó Comisiones de la Verdad.

El Departamento ha puesto al servicio de la asociación un gabinete psicológico, del que ya hacen uso y está definiendo los perfiles que utilizarán los investigadores de la Universidad Pública de Navarra en sus estudios de memoria histórica. También ha dispuesto un gabinete de abogados, del que la asociación aún no han hecho uso.

Más de 100.000 víctimas

En 2018, la cifra de víctimas reconocidas de pederastia eclesiástica se elevaba a casi 100.000, según los cómputos de la organización de supervivientes del abuso clerical de todo el mundo, ECA Global. Las estimaciones son muy superiores. En Irlanda, un país constitucionalmente católico, la comisión de investigación cifró en 35.000 los casos de niños y niñas abusados. El periodista de El País Íñigo Domínguez, que fue ponente de las jornadas, indicó que desde que en 2018 empezó a investigar la pederastia eclesiástica, en España solo constaban 36 casos judiciales en los últimos treinta años. 

Domínguez, como el resto de compañeros de la mesa de periodistas, reflexionaba que España no podía ser una isla mundial donde no hubiera abusos sexuales endémicos en entornos religiosos. Sencillamente, el caso aún no había explotado. En Navarra, desde que Jose Luís Pérez salió del despacho del Arzobispo, con los puños prietos dentro de los bolsillos y la firme idea de contar lo que el arzobispo le acababa de pedir —que tirara la carta de suicidio de su hermano—, al menos 32 personas han denunciado judicial o públicamente sus casos. Solo han pasado diez meses, solo son nueve personas empujando una pared de piedra, pero el viernes hasta Jesús Zudaire, quien explicó que debido a los abusos no es capaz de llorar, ni siquiera cuando su mujer falleció, reconoció sentirse “muy emocionado”.