Opinión
Miedo a oírnos

Decía recientemente un conocido columnista de las nóminas de Polanco que los datos encajan con cierta precisión en una explicación paranoica. Algo de esto, aunque con mayor grado de imprecisión, ocurre con el Sumario 18/98, una herencia envenenada instruida jurídicamente por el juez Baltasar Garzón, a la sazón a miles de kilómetros de la Audiencia Nacional y conocido por su monomanía en torno al “entorno”.

Más de siete años después de iniciada la causa, desde el banquillo de los acusados unos deben responder por intentar vender bacalao en Cuba, para obtener beneficios económicos para sí mismos y pagar sendos sueldos a dos trabajadores deportados (que no refugiados) en aquella república caribeña. Todo un delito. Otros, por organizar campeonatos gigantescos de mus, intentar sacar adelante una agencia de viajes o vender vasos serigrafiados, empresas todas apenas sostenibles económicamente y que difícilmente, por no decir imposible, podían generar riqueza suficiente para sufragar otros gastos que no fueran los de su supervivencia.

El ejemplo de Egin corrobora lo anterior en forma extrema, pues, en este caso, la cuestión fue más palpable. Comenzaron por acusarnos de blanqueo de dinero, supuestamente para engordar las arcas de ETA, y terminaron por acusarnos de elaborar unas auténticas filigranas de ingeniería financiera para no pagar un duro, de forma fraudulenta, al Estado español.

Es decir, en esta causa se contempla que si una empresa obtenía beneficios, éstos eran para ETA y si, por el contrario, la empresa carecía de ellos, se le acusa de malversación y de fraude. No existe escapatoria posible para empresas dirigidas por personas vinculadas a la izquierda abertzale, pues las ideas mercantiles tenían intencionalidad ideológica, tanto en positivo como en negativo.

Y doña Ángela, presidenta del tribunal que nos juzga, no quiere que en la vista oral surja nada que suene a idea, intención o política, de tal manera que los motivos, el origen de la causa y de nuestro procesamiento solo lo puede argumentar el Ministerio Público y su acólito y distorsionado eco, la acusación popular (AVT). Con esto pretenden lograr dos objetivos: vaciar de contenido la presunción de inocencia y, en segundo lugar, cerrar la puerta a que se introduzcan en el juicio conceptos como la vulneración de derechos como la solidaridad, la libertad de expresión, de información, de ser informados, la de la libre organización y de asociación, y el libre ejercicio a desarrollar actividades cívicas y ciudadanas.

Motivos todos ellos que causaron realmente nuestra detención, encarcelamiento en algunos casos, y procesamiento. Elementos que doña Ángela no quiere ni oír. Dicen algunos cronistas, tan habituales en los tribunales que ya parecen vestir toga de magistrado, que tenemos miedo a contestar al ministerio fiscal. ¿Por qué tiende el tribunal a que expliquemos nuestra negativa?