Frontera sur
Frontera Sur: la vieja idea de la falsa Europa

Rotondas, barcas, bicicletas, marineros y centros de acogida. Nuevas estampas que no son tan nuevas en una tierra de invernaderos y jornaleros. Frontera norte para quienes llegan, frontera sur para quienes reciben. No hay nadie en las costas andaluzas que se sorprenda ante la llegada de migrantes en barca. Hace más de 30 años que llegan personas a las playas y los puertos, 800 kilómetros de costa andaluza que han sido bautizados como Frontera Sur. Mares de plástico, pabellones convertidos en campamentos y mantas rojas por doquier se mezclan entre una normalidad aparente.

Barbate, verano de 2018. Aliu mira a la cámara y sonríe. “Voy a probar suerte en el Barcelona o en el Real Madrid”, confiesa. La suya es una mirada imposible de sostener. Tiene 17 años y espera en un almacén de atunes tras haber sido rescatado en el Estrecho de Gibraltar. Con un poco de suerte, tras el registro llevado a cabo por la Policía Nacional, recibirá una orden de expulsión y saldrá de comisaría.

Según previsiones de Salvamento Marítimo, Andalucía cerrará el año con más de 40.000 llegadas de personas migrantes. También cifra en unas 500 las llegadas diarias desde agosto. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculaba en julio que la llamada Frontera Sur ya era la que acumulaba más entradas, dejando atrás a Grecia e Italia. Aún así, Manuel Capa, delegado sindical de Sasemar por CGT, sostiene que las personas que han entrado este 2018 por las costas andaluzas no llenarían ni el Camp Nou.

Salvamento Marítimo es una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento a través de Sasemar. La componen más de 1.500 trabajadores y una flota de buques, helicópteros y remolcadores para dar respuesta a cualquier emergencia en el mar. En Andalucía, la entidad cuenta con cinco torres de control en tierra: Almería, Algeciras, Cádiz, Huelva y Tarifa. Esta última, una de las más grandes del Estado, con características especiales por el lugar en el que se encuentra y el tráfico de la zona.

“Esto es un mundo de machos, cuesta mucho que los marineros asuman que no pueden más”, comenta Capa mientras cuenta los compañeros que han cogido bajas por trauma psicológico

T ras el caos, que algunos trabajadores de Salvamento calificaron de provocado, el gobierno de Pedro Sánchez instauró un mando único de gestión y coordinación de la llegada de migrantes. Los marineros aún hoy mantienen el desacuerdo con una decisión que, aseguran, nadie les consultó. “Es como si este mando militar fuese dios, pero nadie sabe qué cara tiene”, asegura Capa. Tras instaurarse este nuevo mando, llegó también una circular a los trabajadores en la que se les informaba de la prohibición de hacer declaraciones a prensa sobre las llegadas de migrantes. 

Aun así, los trabajadores de Salvamento Marítimo encuentran rendijas a través de las cuales poder hablar y expresar qué les supone a nivel psicológico este pico de barcas. “Esto es un mundo de machos, cuesta mucho que los marineros asuman que no pueden más”, comenta Capa mientras cuenta los compañeros que han cogido bajas por trauma psicológico. Toni, uno de ellos, asegura que lo peor es no encontrar apoyo en el entorno: “Es muy duro volver al barrio y que me pregunten por qué no pincho las barcas. Estamos en el punto de mira, la opinión pública no quiere que vengan más migrantes y nosotros solo rescatamos gente que, buscando oportunidades, puede morir en el mar”.

organización popular

Aunque el racismo impera tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones de bar, la organización de vecinos y vecinas en los pueblos de Andalucía no ha dejado de florecer durante todo este tiempo. Tras los rescates, a los cuales sin acreditación de prensa o permiso de las autoridades portuarias es imposible acceder, los migrantes suelen ser trasladados a comisarías para continuar el proceso burocrático. En picos de llegadas como los del verano, diversos espacios fueron adaptados para alojar personas. Cualquier edificio público con una amplia capacidad ha sido utilizado durante los últimos meses como alojamiento. Entre ellos, el pabellón deportivo de Los Cortijillos, en el municipio de Los Barrios, o el almacén de atunes en el puerto de Barbate. Estos recintos, sin asistencia médica y con posibilidades de contagio de sarna y otras enfermedades, fueron asistidos básicamente por voluntarios de la zona.

“No tengo un horario fijo ni sé cuándo voy a trabajar, ganamos unos 4 euros la hora, pero hace mucho calor en los invernaderos”, comenta Omar

Durante los estancamientos de agosto, la organización popular fue clave para ofrecer una respuesta humana y digna a las llegadas que colapsaban los centros y pabellones. Desde Barbate a Los Barrios, vecinos y vecinas se movilizaron ante la pasividad institucional e incluso de las ONGs. Fabiola, una joven de Los Barrios que se organizó a partir de un encuentro en la parroquia del pueblo, asegura que no podían permitir que la imagen de su pueblo fuese de rechazo a las personas que llegan. “El trayecto de estas personas es demasiado duro como para que desde aquí pensemos que solo vienen a pedir ayudas; esta gente viene buscando una vida mejor, sean del color que sean”, comenta Fabiola. La joven asegura que, desde el ministerio, durante la semana de organización en Los Barrios, solo llegaron 450 comidas de las 700 que se necesitaban y esto les hizo también implicar a comercios y entidades locales.

expulsión e invernaderos

Hay poco seguimiento mediático del destino de las personas llegadas a territorio español, pero los rescates no son el final de su camino. Muchas de ellas quieren viajar a Francia, algunas por reunificación familiar o por el idioma. Pero la búsqueda de trabajo sigue siendo el objetivo principal. Tras finalizar el proceso burocrático y obtener una orden de expulsión, muchos de los jóvenes recién llegados se disponen a buscar trabajo por la zona del mar de plástico, más de 30.000 hectáreas de invernaderos ubicadas entre San Isidro y El Ejido. Con tanta demanda, la explotación y las irregularidades son el pan de cada día.

Los caminos hacia los invernaderos están envueltos en silencio, viento y hostilidad. Grandes vallas publicitarias anuncian pesticidas y alambradas, el plástico se pinta con espray y cada rincón es aprovechado para ofrecer blanqueos o más lonas. Omar ha llegado hasta San Isidro desde Guinea Conakry. Cada mañana, sobre las 7h, se acerca a las rotondas de entrada al pueblo. Más de cien jóvenes esperan en alguna de las tres rotondas. Esperan furgonetas, esperan trabajar, esperan que pase otro día más. “No tengo un horario fijo ni sé cuándo voy a trabajar, ganamos unos 4 euros la hora, pero hace mucho calor en los invernaderos”, comenta Omar. Según los vecinos, las investigaciones de Hacienda son muy comunes y cada vez hay menos dueños de cortijos o invernaderos que les recojan.

Entre los datos y las miradas

Aunque las cifras de este 2018 han sobrepasado las de cualquier año anterior, nada es nuevo en las playas y los puertos andaluces. Albert Bitoden Yaka saltó la valla de Melilla en 1998, pero lo recuerda como si fuera ayer. Ahora coordina el centro de Algeciras de la Fundación Cepaim, encargada de asesorar a los migrantes en sus siguientes pasos en el Estado.

A Albert no se le hacen entrevistas, se le escucha, y no solo porque tenga mucho que decir, sino porque tiene ganas de hablar. Aunque sabe que los datos son noticia, rechaza que los titulares solo contengan números y se olviden de las personas. “No debemos preguntarles a dónde quieren llegar, sino qué traen con ellos, qué sueños, qué esperanzas”, comenta. Albert añade que vivimos una crisis de humanidad en la que lo primero que se les grita a las personas es que no son bienvenidas, sin entender, añade, “que sus sueños no dependen ni de las fronteras ni del Estado español”.

Aun así, el coordinador de Cepaim no se contenta con criticar la situación. También cuestiona los intereses tras esta ruta migratoria, sobre todo con el gobierno de Marruecos y las partidas presupuestarias que se le pagan para vigilar sus fronteras. “Siempre hay alguien que gana con esto”, sostiene.

En 2017 se registraron en el Estado español más de 31.000 solicitudes de asilo, el doble de 2016 y la cifra más alta de la historia. Con una demora de hasta dos años de resolución, actualmente hay más de 63.000 solicitudes pendientes de resolver. Que la Brigada de Extranjería de Aluche (Madrid) atienda solamente a 80 personas al día ha provocado en las últimas semanas que centenares de personas hagan colas cada noche para iniciar los trámites de regularización.

La imagen de los nichos sin nombre del cementerio de Tarifa se clava en la retina como si fuesen solo daños colaterales. Hace más de 30 años que los sin nombre mueren o llegan. Pasan los años y, a ambos lados de la Frontera Sur, se sigue comerciando con la vieja idea de la falsa Europa. Se vende y compra porque cotiza al alza desde hace años.