El Defensor del Pueblo investiga el “colapso” del sistema de citas para solicitar protección

El Defensor del Pueblo quiere conocer las medidas previstas para acabar con las largas esperas y condiciones que han de soportar los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid.


publicado
2018-11-16 15:00:00

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha anunciado el inicio de actuaciones de oficio en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ante el “colapso” en el sistema de solicitudes de protección internacional, y con la intención de “conocer las medidas previstas para acabar con las largas esperas y condiciones que han de soportar los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid”.

El anuncio de la medida llega un día después de que, primero en las redes sociales y después en diferentes medios de comunicación, salieran a la luz imágenes de las extensas colas que se forman en la Avenida de los Poblados, frente a la comisaría de Aluche, en el mismo predio donde funciona el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

“Hasta el pasado 28 de mayo, estas personas podían solicitar la cita por teléfono (llamando al 060). Sin embargo, el Ministerio del Interior modificó el procedimiento y centralizó el trámite en la sede de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid (Comisaría de Aluche) que solo atiende a 99 personas al día”, describe el Defensor en un comunicado publicado en su web institucional, aunque por consultas realizadas por El Salto, hay días en que “apenas si llegan a dar 80 citas”.

La escasa cantidad de números está obligando a decenas de personas a hacer cola cada vez desde hora más temprana, y muchas deciden pasar la noche allí. Familias con hijas e hijos menores de edad, incluso en período de lactancia, personas visiblemente enfermas o con problemas de movilidad se amontonan provistas de mantas, abrigos y paraguas. La imagen recuerda a otros momentos, cuando las colas rodeaban la entonces Brigada Provincial de Extranjería de la calle Los Madrazo, o cuando para tramitar la nacionalidad era necesario obtener un certificado de antecedentes penales español.

Crónica de un final anunciado

Fue a principios del mes de octubre cuando un grupo de 92 personas contratadas de forma interina por el Gobierno español denunciaron que a partir del 26 de ese mes serían cesadas, situación que llevaría “al colapso” a los servicios gubernamentales que gestionan las llegadas de migrantes, solicitudes de asilo y proyectos de integración y retorno. “La próxima descapitalización colapsará la Secretaría de Estado de Migraciones”, advertían en su comunicado.

El Gobierno español creó en 2015 el “Programa de Reasentamiento y de reubicación, en el marco del Sistema de Acogida e Integración de Solicitantes de Asilo y Refugiados”, con carácter temporal y con cargo a fondos europeos (FAMI y FSE) y a los Presupuestos Generales del Estado. Y si bien en julio de 2017 a través del Real Decreto-Ley 6/2018 se decidió incluir esos puestos de trabajo en la estructura orgánica del Estado durante 24 meses, finalmente se decidió el cese.

“El cese del equipo técnico provocará situaciones como el colapso del Sistema Nacional de Acogida y de su Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Al mismo tiempo se producirá una saturación de otros servicios médicos y sociales secundarios (de carácter municipal y autonómico) como los ambulatorios o los albergues municipales; y un incremento de la vulnerabilidad de los migrantes sin recursos”, anticipaba la propia plantilla que, semanas más tarde, quedaba en la calle.

Hacia el mismo lado apuntan algunas críticas de Fernández Marugán. A entender del Defensor del Pueblo, “la lentitud en la adopción de medidas para solicitar refuerzo de personal ha provocado graves disfunciones y con ello perjuicios a los solicitantes. La complejidad de las demandas exige contar con suficientes funcionarios formados que puedan dedicar el tiempo necesario a los expedientes complejos”, concluye.

A esto se suma que en el último año centenares de personas han sido trasladadas en autobuses, gestionados principalmente por Cruz Roja, desde las ciudades del sur, en muchos casos sin ninguna coordinación con sus equipos en Madrid, Barcelona o Bilbao, principales destinos de esta especie de huida hacia adelante al que son sometidos quienes llegan a las costas españolas por frontera sur.

“Se solicita información acerca del traslado de inmigrantes desde las costas a distintas ciudades sin que, al parecer, existiese coordinación con las entidades que actuaban en dichas ciudades para una adecuada recepción, lo que ha motivado la desprotección de grupos de inmigrantes que quedaron en situación de calle”, admitía el propio Defensor del Pueblo en la respuesta que daba a la Federación de SOS Racismo el 31 de octubre.

Las perversas consecuencias

Tal como recuerda el Defensor del Pueblo, “las demoras en el inicio del procedimiento provocan graves perjuicios a los solicitantes de asilo ya que no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud y la mayoría carece de recursos, por lo que quedan en situación de calle durante meses”.

En los últimos días, muchas son las voces que se han alzado expresando su preocupación por el inicio de la campaña de frío y el agravante que ello implica para las personas y, en especial para las familias con menores de edad, que por no ser incluidas en el sistema de protección se ven sometidas a situaciones de calle.

El 1 de noviembre, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Jorge García Castaño recibió a un grupo de organizaciones que le entregaron un manifiesto que también hicieron llegar a la alcaldesa Manuela Carmena, a la responsable del Área de Equidad, Marta Higueras, y al resto de concejales del equipo de gobierno.

“Desde hace meses evidenciamos en Madrid la presencia de familias con menores de edad, necesitadas de ser acogidas por las instituciones, que se quedan en situación de calle. Una situación profundamente preocupante, que podría catalogarse de desamparo, desatención, maltrato institucional y, sobre todo, de una clara vulneración de los derechos del menor”, denunciaron los colectivos.

Los casos de familias con menores en situación de calle es algo que los colectivos sociales no recuerdan haya sucedido con anterioridad. Siempre eran hombres solos los que se quedaban sin plazas para alojarse. A esto se suma el hacinamiento al que son sometidas algunas familias alojadas para evitar su permanencia en calle y la falta de un servicio de teletraducción que, en el caso de Madrid, es de vital importancia por el perfil de muchas de estas familias.

1 Comentario
Jorgenial 5:13 19/11/2018

Gracias (de nuevo) por dar voz a los "sin voz".

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