Estados Unidos
La crisis de la vivienda en California es tan grave que las familias están ocupando casas para sobrevivir

Cuando le pregunto a Christine Hernández, con cuatro hijos, de poca estatura y enérgica en el trato, cómo explorar en busca de casas abandonadas —las sombrías moradas con las ventanas cerradas con tablas y yeso arrancado, su interior lleno de jeringuillas, escombros en descomposición, y el peculiar saqueo de anteriores inquilinos desposeídos—, dice que es mejor enviar a alguien que no levantará muchas sospechas por parte de policías o vecinos. “Soy una mujer, y pequeña —apunta—. No superintimidante, ¿sabes?”.

Fue hace aproximadamente dos años cuando Hernández, que trabaja en una organización para el desarrollo comunitario, y su marido, Emilio, un pintor, se vieron obligados a dejar su precario hogar en Oakland (California) tras haber intentado que su casero hiciera reparaciones. Empezaron a hacer listas por itinerario y a buscar carteles de “se alquila” en las ventanas. Pero en la delirante crisis inmobiliaria que plaga el Área de la Bahía, donde apartamentos de un dormitorio en Oakland se alquilan por más de 2.000 dólares al mes —ni plantearse una vivienda con espacio para una familia de seis miembros—, se encontraron, como muchos otros, fuera del mercado sin remedio alguno. Lo que sí advirtieron fue una impactante cantidad de propiedades abandonadas. Empezaron a hacer el reconocimiento. “Muchas de ellas ya estaban ocupadas, así que, ya sabes, no hay nada que hacer —dice—. Muchas tenían daño por incendio, así que realmente no puedes hacer mucho”.

Entonces, en una despejada mañana de octubre de 2015, encontraron una casa con tres dormitorios y un baño que había sido un cobijo para drogas y prostitución. Abrieron una parte de la valla metálica que rodeaba la propiedad, se escabulleron dentro, y exploraron con una linterna. La cocina no tenía encimera, ni pila, ni tuberías. Marcas de quemado recorrían la casa. “Era un desastre total”, dice Hernández, pero un desastre se puede limpiar. Se pusieron a trabajar.

El derecho a una vivienda adecuada —no sólo cuatro paredes y un techo, sino “un hogar y comunidad seguros en los que vivir en paz y dignidad”— es reconocido por las Naciones Unidas, pero no lo dirías si miras a California, donde vive casi una cuarta parte de las personas sin hogar del país. La crisis de vivienda se describe frecuentemente como un desabastecimiento, siendo la única solución que salgamos de ella construyendo. Pero por cada estadounidense que vive en la calle hay 13 unidades vacías fuera del mercado. En Oakland, donde los compradores ofrecen rutinariamente miles de dólares por encima de los precios de venta, hay casi cuatro propiedades desocupadas por cada persona sin hogar. No es tanto un tema de escasez, sino de distribución. 

Ocupar ilegalmente, u “ocupar”, como quienes lo practican suelen preferir llamarlo, es una existencia inestable, lo que la familia de Hernández descubrió inmediatamente. En su primer día, se encontraron con una vecina indignada. “Ella estaba en plan: ‘¿Tenéis niños? ¿Vais a vivir en esa suciedad y mugre?’”. Los policías vinieron más tarde, entrando mientras ellos estaban reparando las paredes, interrogándoles sobre cómo habían entrado. Una casa cercana albergaba ocasionalmente noches de apuestas ilegales que “inevitablemente incluían disparos”. Dos días antes del decimoséptimo cumpleaños de su hija mayor, una bala entró por la ventana de su habitación, rebotó y abrió un agujero en la pared a medio metro de su cabeza. Ella todavía tiene la bala, un recuerdo de metal aplastado, en su tocador.

Pero lo peor vino cuando un representante de un banco entró por la fuerza. Christine y Emilio llegaron a casa y encontraron la puerta principal reventada y las cerraduras cambiadas. Su casa fue saqueada y sus posesiones valiosas robadas. Habían cortado el agua y la luz. La casa estaba engalanada con folletos de una empresa llamada M&M Mortgage Services (M&M Servicios Hipotecarios), que ofrece “retirada de escombros” y “servicios de desahucio”. En ellos se leía: “Esta propiedad fue considerada desocupada y/o no segura. Ha sido asegurada contra la entrada de personas no autorizadas para impedir posibles daños”. Los operarios de la empresa habían dejado suelto al perro de la familia y estuvo perdido durante días.

Explorando en internet en búsqueda de información sobre cómo responder, Hernández se encontró con una organización dirigida por un hombre de Oakland que había usado una ley poco conocida llamada “posesión adversa” para ganar la propiedad de una vivienda que había ocupado durante más de una década. Transmitida desde el derecho común, la doctrina legal varía de Estado a Estado, pero el punto básico es que cualquiera puede reclamar legalmente una propiedad abandonada si él o ella la ocupa y paga sus impuestos atrasados durante un tiempo determinado, y siempre y cuando nadie más dé un paso al frente y demuestre la propiedad.

El hombre era Steven DeCaprio, y su organización, llamada Land Action (Acción sobre la Tierra), se dedicaba a ayudar a personas que ocupan viviendas. Hernández y su familia fueron a buscarlo.

DeCaprio tiene 45 años, y lleva el pelo entrecano muy corto y barba. Hace como 15 años, desempleado y recientemente desahuciado, estaba viviendo en su furgoneta cuando vio por primera vez la casa de la que ahora es propietario, un bungalow de principios de siglo en un barrio pobre del oeste de Oakland. Un contrachapado sustituía la puerta principal, la parte trasera de la casa estaba en los cimientos, el suelo de la cocina se había quemado hasta convertirse en vigas carbonizadas, y una acacia había crecido a través de un agujero en el techo. El piso de arriba, a cielo abierto, estaba plagado de cadáveres de animales.

Investigó en los registros de la propiedad y descubrió que el anterior propietario había muerto en los 80 y que nadie había reclamado la casa. DeCaprio entró en ella, y con un grupo de amigos empezó lo que sería un proceso de años para rehabilitar la propiedad. Añadieron cerraduras, instalaron un sistema de energía solar, montaron baños con una estufa de propano y pusieron chimeneas en el patio. “El salvaje oeste se encuentra con el ciberpunk”, dice.

Tras incontables roces con la policía, DeCaprio finalmente ganó el título de propiedad de la casa. En California, la posesión adversa requiere cinco años de pagar impuestos y navegar en una maraña burocrática de asesores fiscales, el juzgado, registros de la propiedad, y en algunos casos un pleito para forzar a un condado a que acepte los pagos fiscales. También requiere una cantidad extraordinaria de buena suerte: hasta que se convierten en poseedores adversos, los ocupantes ilegales son intrusos, sujetos a cargos penales independientemente de si el dueño de una propiedad abandonada se queja o no.

La idea de DeCaprio de crear Land Action vino después de la infame sentencia de 2010 “Ciudadanos Unidos”, cuando tuvo una epifanía sobre la frase “las corporaciones son personas”. “Las personas sin hogar deberían formar una corporación”, pensó. Modeló Land Action en función de una táctica que había visto usar a los especuladores inmobiliarios: forman un conjunto de sociedades de responsabilidad limitada para actuar como titulares y ocultar su propiedad. Land Action funcionaría como una empresa con titularidad para proteger a los ocupantes hasta que su papeleo se aclarara.

DeCaprio buscó un título de derecho a través de un programa de estudios independiente y aprobó el examen de abogacía. El Colegio de Abogados de California se ha negado a expedir su licencia de derecho, afirmando que un antiguo cargo de usurpación puede hacerle inelegible por razones éticas. Él está apelando. Pero con o sin licencia, se ha convertido en un gurú de la ocupación, dirigiendo talleres contra los desahucios ante gente a menudo desesperada.

Este activismo ha supuesto costes. No hace mucho, DeCaprio se enfrentaba a varios años de cárcel y multas de decenas de miles de dólares por cargos de conspiración criminal que venían de ayudar a dos ocupantes de Oakland en 2015. Cuando finalmente se retiraron los cargos a finales de 2017, DeCaprio y sus colegas lo interpretaron como una confirmación de que las reivindicaciones sobre la posesión adversa podían ser una estrategia viable para la vivienda, al menos para parte de la creciente población sin techo del Área de la Bahía.

En una tormentosa noche de enero, acompañé a DeCaprio mientras se dirigía hasta un encuentro de una comisión municipal sobre un campamento de personas sin techo en Berkeley. Mientras conducía por las calles llenas de lluvia, dijo que en sus casi dos décadas de trabajo en los derechos de vivienda, “nunca había visto una cantidad tan grave de desplazamiento y falta de vivienda”. El auge de las punto com y la crisis de ejecuciones hipotecarias no eran nada en comparación con la especulación que se está dando ahora, “esta nueva burbuja inmobiliaria que sigue expandiéndose”.

Para algunos ocupantes, la posesión adversa es un objetivo, pero no es necesariamente ‘el’ objetivo. “Para la mayoría de la gente con la que he trabajado, ocupar ha sido más bien una solución temporal a sus problemas”, dice DeCaprio. “Puedes conseguir mucho si tienes unos pocos meses o unos pocos años en una casa para poner tus cosas en orden. Cuando no tienes disponible otro alojamiento y estás ocupando ilegalmente, cada puto día es una victoria”.

Hernández, por ejemplo. Después de que la casa se sacara a subasta, hizo una lluvia de ideas con Land Action y volvió armada con un montón de notificaciones de color amarillo brillante para entregar a los potenciales postores: “[Esta casa]… está actualmente ocupada por una familia que desea y tiene la intención de continuar su residencia”, se leía en los folletos. “Conocemos nuestros derechos y tenemos la intención de reivindicarlos y defenderlos”.

El lugar que habían llamado hogar durante los dos años anteriores —que habían liberado de basura en descomposición, y donde habían instalado electrodomésticos, puesto en marcha la fontanería y electricidad, ganado a los vecinos y plantado un jardín— fue la primera propiedad subastada ese día, por un penique más que el precio inicial a un único postor que quería especular con ella. Pronto llegó un aviso de desahucio.

Hernández presentó una moción de cancelación, que afirmaba que su familia no había sido correctamente atendida. “Muchos de estos abogados de desahucios no están poniendo los nombres de los ocupantes en las querellas”, dice DeCaprio. “Estos abogados están haciendo su dinero por número de casos y no están haciendo realmente su trabajo, y en realidad están beneficiando a los especuladores, promotores y caseros que consiguen estos desahucios rápidos”.

“Saben nuestros nombres”, dice Hernández, cuando la visito. “Nos reunimos con el nuevo propietario. Nos sentamos en esta mesa. Me aseguré de que tenía una oportunidad de ver esto”, añade, gesticulando por el comedor. En un ordenador cercano, se reproduce una presentación de diapositivas: se tapan y pintan los agujeros de las paredes, se instalan las tuberías y los electrodomésticos, desaparecen las marcas del fuego.

Mientras ella habla, su hija de cuatro años, Sofia Lina, interrumpe ocasionalmente con una sonrisa graciosa y un susurro, cada vez llevando un objeto nuevo en sus diminutas manos. “Quiero enseñarte mis juguetes”. “¿Dibujas un círculo aquí?”. “Quiero que escuches esta canción. Es la canción de la Reina Pony”.

“Pero él estaba en plan, ya sabes, que es una inversión para él”, dice Christine. “Cuanto más tiempo estemos aquí, más se reduce su beneficio potencial”.

En enero, el juzgado concedió la moción de Hernández; el propietario tendrá que volver a empezar el proceso de desahucio. Ella ha estado preparando un plan de contingencia. “Hay una casa que estoy mirando que no está ocupada, y tiene un agujero en el tejado y algún otro daño. Tiene muchos escombros en el patio”, dice. “Una persona heredó la casa recientemente. Quiero contactar con esa persona y decirle: ‘Estamos encantados de limpiar completamente tu casa. La pintaremos. Arreglaremos tu tejado. Nos haremos cargo de cualquier cosa de la que haya que hacerse cargo, a cambio de que nos permitas vivir ahí por un periodo de tiempo acordado”.
Hernández levanta la mirada. “Hicimos esto porque necesitábamos hacerlo —dice—, y lo hacemos sin pedir disculpas”.