Elecciones 10N
Catalunya tras el 10-N, la espina en el costado

En Catalunya las elecciones se convirtieron en un termómetro para el independentismo, que consiguió 23 diputados frente a los 20 obtenidos por las fuerzas del nacionalismo español y los siete de En Comú Podem (ECP).

Firma elecciones Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
Firma del acuerdo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Dani Gago

publicado
2019-11-15 06:51

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) del llamado “juicio del procés” fue recibida con el ruido y la furia esperados. Es más, Cataluña se convirtió, como muchos esperaban, en la ‘sorpresa de octubre’ de las elecciones del 10N, unos comicios en los que el candidato “socialista”, Pedro Sánchez, se engalanó con el traje neofelipista, finalmente sin mucha fortuna. En la estrategia urdida por los ‘spin doctors’ de Sánchez, la “sorpresa de octubre” consistía en utilizar las movilizaciones de protesta como enemigo interno y la represión de éstas para erigirse en salvador del orden y de España. Sin embargo, estos aprendices de Maquiavelo en Reader’s Digest no previeron la intensidad de las protestas ni, sobre todo —fieles a su pertinaz desprecio del hecho de que los beneficiarios de las políticas derechistas suelen ser las propias derechas, por aquello de que es preferible el original a la copia—, que serían el PP y Vox las fuerzas más favorecidas electoralmente por la aplicación de dichas políticas.

El paroxismo del ridículo en la batalla socialdemócrata por la rojigualda lo dio el propio Sánchez en el debate televisivo del 4 de noviembre, al proponer la retipificación como delito de la convocatoria de referenda por parte de autoridades sin competencia reconocida para ello. Y es que, en primer lugar, se trata de una medida aprobada por las Cortes durante la segunda legislatura de José María Aznar (en que el PP gozaba de mayoría en ambas cámaras), derogada dos años después, cuando ostentaba la presidencia del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Y, en segundo lugar, como sucediera con las amenazas del ministro del Interior sobre la aplicación del Código Penal a los manifestantes que llevaran a cabo acciones violentas contra la policía —los artículos 550.1 y 557.bis establecen penas de hasta seis años de cárcel para los autores de actos de “intimidación grave o violencia” contra agentes de la autoridad, cuando en el caso del “procés” se ha condenado a penas de hasta once años y seis meses por protestas pacíficas—, poco disuasoria es la amenaza de penas de hasta cinco años de prisión por la convocatoria de referenda por parte de autoridades que carecen de competencia para hacerlo (tal y como establecía la reforma del Código Penal impulsada por el PP en 2003), cuando el TS se las ha ingeniado para imponer penas de hasta trece por lo mismo, a partir de otros tipos penales.

En Catalunya las elecciones se convirtieron en un termómetro para el independentismo, que consiguió 23 diputados (los de ERC, JxCat y la CUP) frente a los 20 obtenidos por las fuerzas del nacionalismo español (PSC, PP, C’s y Vox), y los siete de En Comú Podem (ECP), que dicen ser partidarios de la autodeterminación catalana, pero no de la independencia. El independentismo consiguió casi la mitad de diputados elegidos en Cataluña para un Congreso de los Diputados más fragmentado que nunca y una ultraderecha crecida, y con la disputa entre republicanos y posconvergentes todavía en marcha, mientras las protestas en la calle continúan.

Catalunya se ha convertido en la proverbial espina en el costado para las fuerzas españolas, que no sólo no saben cómo gestionar la cuestión catalana, sino que, como demuestra el caso de Unidas Podemos con ECP, ni siquiera saben muy qué hacer con sus propios aliados en el terreno.

Del tsunami a las llamas

El 14 de octubre fue un día de vértigo en Cataluña. Tan pronto como se conoció el fallo se sucedieron las comparecencias de partidos políticos y entidades, ruedas de prensa y convocatorias de concentraciones en una jornada que culminó, tras la llamada de Tsunami Democràtic a través de su canal de Telegram, con la espectacular ocupación masiva de la terminal internacional del Aeropuerto de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas.

La acción obligó a cancelar más de un centenar de vuelos y terminó con duras cargas de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra. Fue el primer día de una semana marcada por las movilizaciones multitudinarias —las Marchas de la Libertad, que se dirigieron desde varios puntos de Cataluña hasta Barcelona— y las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR), que fueron desde cortes de carreteras y vías de ferrocarril hasta las concentraciones frente a la Delegación del Gobierno español en Barcelona y la Comisaría de la Policía Nacional en Vía Laietana, y terminaron con los mayores disturbios que se recuerdan en la ciudad durante los últimos años y choques entre manifestantes y policía en Lleida, Girona y Tarragona.

Marchas contra la sentencia del Procés
La Marxa per la Llibertat, del tramo de Tàrrega, llega a Martorell. Victòria Oliveres

El 18, coincidiendo con la llegada de las Marchas de la Libertad a la capital catalana, hubo una huelga general, convocada por la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y la Intersindical-Confederació Sindical Catalana (I-CSC), formalmente por reivindicaciones sociales y laborales –conviene recordar que la normativa actualmente vigente sobre el derecho de huelga, aprobada en los estertores del franquismo sin Franco, prohíbe la convocatoria de huelgas “por motivos políticos” (Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, art. 11.a)– y que tuvo un seguimiento desigual.

Precisamente durante la manifestación enmarcada en esta jornada de huelga se produjo la batalla campal entre policías y manifestantes en la plaza Urquinaona de Barcelona cuyas imágenes de barricadas en llamas y violencia policial fueron reproducidas por medios de comunicación de todo el mundo. Como resultado de las acciones policiales, cuatro personas han perdido la visión en un ojo, por impactos de pelotas de goma, y ha habido cientos de lesionados de diversa consideración por las cargas —incluyendo algunos periodistas— y más de un centenar de detenidos. En lo tocante a éstos, la Fiscalía ha solicitado sistemáticamente la prisión preventiva. El 2 de noviembre, la cifra de participantes en manifestaciones de protesta contra la sentencia encarcelados ascendía a la treintena.

Catalunya
Matar al periodista

Las 50 agresiones policiales contra periodistas documentadas durante las protestas en Catalunya hacen pensar en una estrategia coordinada para silenciar lo que ocurre en las calles.

Todo ello demuestra el carácter excepcional de la represión acaecida durante las últimas semanas por protestas enmarcadas en la cuestión catalana, ya que lo habitual en caso de detención por supuestos desórdenes públicos o resistencia a la autoridad es la libertad provisional con medidas cautelares. En esta ocasión, en cambio, en algunos casos se ha motivado el encarcelamiento en que había manifestaciones convocadas para los días siguientes, lo que podría dar lugar a “reiteración delictiva”, mientras que a algunos detenidos puestos en libertad provisional se les ha impuesto como medida cautelar la prohibición de participar en manifestaciones.

Buch se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno de la Generalitat: su dimisión o destitución crearía dificultades para el ejecutivo catalán, pero su mantenimiento en el cargo sigue desprestigiando al Gobierno catalán

También se ha denunciado que la policía ha elaborado los atestados sobre los distintos detenidos siguiendo una misma plantilla, hasta el punto que un magistrado, en el auto en que decretaba la libertad para los detenidos, afeaba a la policía la “falta de una descripción más estricta y detallada de los hechos” en su atestado, así como de “las conductas individualizadas” de cada uno de los detenidos. Asimismo, dos detenidos han sido encerrados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y se les ha abierto un expediente de expulsión del Estado español.

En este contexto, no sorprende que una de las reclamaciones más repetidas de los manifestantes fuera la dimisión del ‘conseller’ de Interior del Gobierno catalán, Miquel Buch, como responsable político de los Mossos d’Esquadra. De la magnitud de esta reivindicación da testimonio el que Roger Español, candidato al Senado por JxCat, pidiera a los pocos días por Twitter la dimisión de Buch, que pertenece al mismo partido.

Buch se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno de la Generalitat: su dimisión o destitución en medio de un operativo en marcha crearía dificultades para el ejecutivo catalán (y, de rebote, también al español), pero su mantenimiento en el cargo sigue desprestigiando al Gobierno catalán. Por otra parte, los partidos mayoritarios del independentismo condenaron rápidamente las acciones de resistencia a la policía, evidenciando la brecha entre el independentismo institucional e importantes sectores del independentismo de base, que no es precisamente pequeña, producto del resentimiento hacia los partidos políticos en el Gobierno y unas entidades cívicas mayoritarias el grueso de cuyas acciones muchos han atribuido más al objetivo de canalizar el movimiento hacia vías escasamente efectivas para el ejercicio de la autodeterminación.

Este ciclo de movilizaciones sigue en marcha. Lo demuestran la huelga estudiantil de finales de octubre, seguida de una acampada en la Plaza de la Universitat de Barcelona, o las convocatorias de Tsunami Democràtic para los días 9 —durante la jornada de reflexión y para poner a prueba la aplicación, que recibió, según sus propios organizadores, más de mil ataques informáticos de las autoridades españolas— y 11, 12 y 13 de noviembre, con el bloqueo durante tres días del paso fronterizo de La Jonquera, y que el día 12 se extendió al País Vasco, con el bloqueo del tramo entre Oiartzun y Hendaia de la A-8. Los primeros cálculos publicados por la prensa hablan de pérdidas de más de 15 millones de euros y, como en las protestas posteriores al 14-O, los antidisturbios cargaron —al otro lado de la frontera lo hicieron los CRS franceses— y hubo decenas de lesionados.

El asunto ha desbordado al Estado español, que reaccionó solicitando a la plataforma GitHub que retirase la aplicación de Tsunami Democràtic y ha iniciado investigaciones para descubrir quiénes son sus creadores, a los que podría llegar a aplicar la legislación de contrainsurgencia (como ya hiciera en el País Vasco contra iniciativas civiles por la independencia, con el argumento de que “coincidían” con ETA en el objetivo político perseguido).

Llarena reactiva la OEDE

En paralelo, el mismo día en que se publicó la sentencia el magistrado instructor de la causa del “procés”, Pablo Llarena, emitió una nueva orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el expresident Carles Puigdemont. El 5 de noviembre, Llarena dictó otra OEDE contra Clara Ponsatí, exconsejera de Educación (ahora por “sedición”), residente en Escocia, Antoni Comín, exconsejero de Salud (ahora por “sedición” y “malversación”), y Lluís Puig, exconsejero de Cultura (“malversación”), ambos residentes en Bélgica. Como ha argumentado a menudo el abogado de los exiliados en Bélgica Gonzalo Boye, es francamente improbable que dicha OEDE prospere, dado que el Código Penal belga no recoge el delito de “sedición” ni los hechos por los que se acusa a Puigdemont y los exconsejeros son constitutivos de ningún otro tipo penal en la legislación de ese país. En lo tocante a la malversación, este concepto se entiende universalmente como apropiación personal de recursos públicos, supuesto que no concurre en este caso.

Acaso consciente de la improbabilidad de la concesión de la OEDE, la vicepresidenta española, Carmen Calvo, daba, el 29 de octubre, una buena muestra de la separación de poderes en España de que tanto se alardea en el argumentario oficial, al amenazar al Gobierno belga, si no hace con la justicia de su país lo que el Gobierno español dice no hacer con la del suyo: presionarla para que falle en el sentido que él quiere, en este caso concediendo la OEDE.

Uno de los manidos argumentos de la vicepresidenta española era que España es una “democracia plenísima” y que el juicio del “procés” se ha realizado con “plenas garantías”. No obstante, dichas garantías no deben de incluir el derecho a la defensa, toda vez que ocho días antes la policía había registrado durante quince horas el domicilio de Boye, por orden de la Audiencia Nacional, alegando un posible delito de blanqueo de capitales para uno de sus clientes.

La falta de voluntad de la élite política española para dar una solución política al conflicto entre las instituciones y el independentismo catalanes con el Estado hace extraordinariamente complicada la resolución del mismo

Curiosamente, eso sucedía una semana después de la emisión de la nueva OEDE contra el expresident y una semana antes de la vista en la Cámara del Consejo de Bruselas. El registro incluyó la lectura de correos electrónicos del abogado y la extracción de la información de su teléfono móvil, por lo que éste ha afirmado, irónicamente, que “la estrategia del caso Puigdemont la tengo en la cabeza”. En cualquier caso, lo cierto es que, en contextos de conflicto político agudo, una de las prácticas represivas más habituales es actuar también contra los abogados de los procesados.

Por lo demás, resulta de todo punto significativo que sea ahora el PSOE quien ocupa el Gobierno de España, que mantiene la política iniciada por el PP de subcontratar —por emplear la afortunada expresión del constitucionalista Javier Pérez Royo— al Tribunal Constitucional (TC) y al poder judicial su política en Cataluña. Dos días antes de las elecciones, el Gobierno español presentaba ante el TC un incidente de ejecución de sentencias previas del TC por la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlament de una moción presentada por la CUP en torno al ejercicio del derecho de autodeterminación, que se debatió finalmente el martes 12 de noviembre.

Ello revela que la cuestión de la unidad política del Estado va más allá de los partidos y constituye una cuestión de Estado. No en vano ésta es un fundamento constitucional, que es previo a y está por encima de lo que pueda pensar al respecto la propia ciudadanía española. Lo expuso perspicuamente el pasado 28 de marzo la vicepresidenta española al espetar que “nuestro país no tiene estructura jurídica para que nadie, con ningún referéndum en su territorio, rompa la unidad del Estado español”.

La falta de voluntad de la élite política española para dar una solución política al conflicto entre las instituciones y el independentismo catalanes con el Estado hace extraordinariamente complicada la resolución del mismo. Es cierto que la política represiva del Gobierno central y de sus órganos subcontratados y el que éste posea la autoridad sobre las Fuerzas Armadas, el control de las altas instancias judiciales y el Tribunal Constitucional y de la mayoría de recursos fiscales, mientras que el independentismo cuenta con poco más que la movilización social y unas instituciones autonómicas con unas competencias cada vez más menguadas, contribuye a explicar que el Gobierno catalán acatara la usurpación de que fue objeto en octubre de 2017 y su resistencia a llevar a cabo cualquier acto real de desobediencia institucional. Especialmente, tras el aval del TC a las medidas usurpadoras del Gobierno de Rajoy y la normalización entre la élite política española de lo que antes se consideraba un recurso excepcional.

Sin embargo, precisamente esa normalización de la excepción sólo agudiza el conflicto y el mantenimiento de la política represiva en Cataluña conducirá al aumento del apoyo social a la independencia, por lo que resultará cada vez más difícil para el Estado frenar el proceso de avance hacia ésta y quedarán más desfiguradas, si cabe, las ya muy menguadas libertades públicas en el intento. En cualquier caso, la situación actual de enquistamiento del conflicto evidencia que la retórica “de la ley a la ley” —la independencia exprés e indolora, tan habitual en el discurso de ERC y CDC en 2015 y que está en la base de la “independencia en 18 meses” que aparecía en el programa de Junts pel Sí— era pura fantasía, aunque a algunos les sirviera para intentar retener el poder autonómico.

ERC gana, la CUP entra, JxCat y comunes resisten

Las tres candidaturas independentistas concurrieron a las elecciones del 10-N con un programa común basado en la defensa del derecho a la autodeterminación y la libertad de los presos. La amnistía fue central en los tres, a pesar de los problemas conceptuales y políticos que plantea y que tratamos en nuestro último artículo para este mismo medio. El escenario fue más o menos el esperado, pero el diablo está en los detalles.

ERC se volvió a imponer como primera fuerza, con un 22,56% y 13 diputados —dos menos que el 28-A—, convertida ya en la casa gran del catalanismo —la versión local del modelo de big tent party anglosajón— que quería para sí Artur Mas. Con todo, y a pesar de haber superado en votos y escaños a Ciudadanos —una humillación en toda regla—, la entrada de la CUP visibiliza que una parte de el voto a ERC era prestado y, quizá, que su crecimiento ha tocado techo, lo que explicaría los semblantes serios en la sede de ERC, en contraste con las caras de alegría en las de JxCat.

Precisamente los resultados cosechados por esta formación —un 13,68% y ocho diputados, uno más que el 28-A— atemperan la crisis del espacio posconvergente. Consciente de lo que se le avecinaba, JxCat intentó camuflar sus malos resultados proponiendo, a través de su candidata Laura Borràs, la creación de un gran grupo parlamentario “de representación de la República catalana”, propuesta que fue rápidamente rechazada tanto por ERC como por la CUP, que replicó lanzando la posibilidad de un acuerdo por los derechos sociales y el ejercicio a la autodeterminación que también incluyese a ECP. Sin embargo, y a pesar de haber sido destronada por ERC y relegada a una tercera posición ante un PSC que recupera su centralidad en Cataluña —segunda fuerza, con un 20,51% y 12 escaños—, esta ligera subida supone una inyección de moral que permite a los posconvergentes defender su posición y pensar en el asalto a ERC, sobre todo con la vista puesta en unas posibles elecciones anticipadas, si no se aprueban los presupuestos para 2020.

La CUP, que se presentaba por vez primera a las elecciones al Congreso de los Diputados, obtuvo un 6,35% de los votos y 2 diputados. La concurrencia a las elecciones de esta fuerza no ha estado ausente de polémica y ha sido criticada desde las propias filas de la izquierda independentista, especialmente por la ausencia de una estrategia que supere el plazo más inmediato marcado por la agenda del “procés” y la priorización de la línea institucional, por encima del trabajo en los movimientos sociales. Todo ello se habría reflejado en sus discursos durante al campaña y la falta de motivación de muchos de sus militantes y simpatizantes que, pese a todo, terminaron votando por ellos.

Sea como fuere, para la CUP se impone la necesidad de un debate sobre su orientación y su futuro papel en el Congreso de los Diputados. En privado, muchos militantes sospechan que, como dice la expresión inglesa, la CUP estaría intentando golpear por encima de sus posibilidades, lo que afectaría al potencial de la organización en Cataluña.

ECP sigue en el atolladero. La formación se defiende y ha obtenido siete diputados, el mismo número de que en el 28-A, con un porcentaje de votos similar. La formación resiste más de lo que lo ha hecho Unidas Podemos en el resto del Estado. Los comunes, como afirmó su candidato Jaume Asens en la noche electoral, pueden afirmar haber cumplido con sus objetivos en un contexto polarizado y en el que competían tanto con la CUP como con Más País, a quien achacaron haber perdido un escaño por Barcelona.

Si, en ocasiones anteriores, su propuesta programática para la cuestión catalana se movía en una ambigüedad no siempre bien calculada —y sus resultados en las elecciones lo demostraban una y otra vez—, en estas elecciones su posición respecto al derecho de autodeterminación parece haber retrocedido varios enteros. En efecto, este espacio político ha pasado de proponer, en el programa para las elecciones de 2015 al Parlament, un “proceso constituyente” —conducente a una “república catalana tan compatible con un horizonte independentista como con uno federalista o confederalista”—, a una mera “reforma constitucional”, en un documento aprobado el 19 de enero de 2019, a afear ahora a los políticos que aprobaron medidas para ejercer el derecho de autodeterminación que “se saltaron las leyes”, tal y como ha declarado la cabeza de lista por Girona de ECP.

En esa línea de adopción de los valores conservadores de “ley y orden” en su discurso y, probablemente, con el objetivo de facilitar un acuerdo de Gobierno con Pedro Sánchez, el día después de las elecciones Asens atacaba a la protesta pacífica del Tsunami Democràtic en La Jonquera, echando mano de la retórica habitual la derecha y el PSOE (acusándola de “romper la convivencia”). Significativamente, al día siguiente el PSOE y Unidas Podemos anunciaban un preacuerdo de Gobierno que constituye una verdadera claudicación en los principales puntos programáticos de UP.

Puntos supuestamente esenciales de su programa como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma laboral ni se mencionan. En lo tocante a la política catalana, el triunfo de las tesis derechistas y del PSOE es total: se niega el carácter político del conflicto y no sólo no se prevé la posibilidad de referéndum alguno de autodeterminación —y eso que Podemos y En Comú Podem han señalado durante años que la clave el reconocimiento de la autodeterminación catalana residía en que ellos accedieran al Gobierno del Estado—, sino ni siquiera el supuesto de federalismo que tanto el PSOE y UP dicen defender.

Horas después, Catalunya en Comú Podem votaba en el Parlament contra la moción presentada por la CUP en pro del ejercicio concreto del derecho de autodeterminación (aprobada por la mayoría formada por ERC, JxCat y la CUP).

En este contexto de continuidad —por mucha miel con que se sirva— respecto a Cataluña en la política del Gobierno español hace difícil para las candidaturas independentistas catalanas su contribución a la formación de un ejecutivo estable, especialmente para ERC, que ha tendido a mostrarse más proclive a colaborar con el Gobierno del PSOE —ya fuera mediante abstenciones estratégicas— con el argumento de la necesidad de contar en La Moncloa con un interlocutor pretendidamente más abierto que un gobierno del PP.

¿Y después del 10-N?

Las elecciones también afectan, por descontado, a la propia situación en Cataluña. Como quedó apuntado más arriba, si el espacio posconvergente interpreta que ERC ha tocado su techo electoral, podría plantearse una estrategia destinada a recuperar el terreno perdido, alejando por el momento el fantasma de la escisión de PDeCAT e intentando, de paso, forzar tanto a ERC como la CUP a aceptar los presupuestos de la Generalitat y evitar una convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, el número de escaños obtenido es leído como una prueba del buen estado de salud del movimiento independentista. La predecible subida de Vox y el giro derechista del PSOE han elevado con todo las precauciones ante la posibilidad de nuevas medidas contra el autogobierno catalán. Así, el 30 de octubre, el Consell per la República convocó una Asamblea de Cargos Electos, que congregó a 2.000 cargos —desde diputados y senadores hasta alcaldes y concejales— de todo el espectro independentista. Este organismo fue creado el 26 de octubre de 2017 —un día antes de la lectura de la declaración de independencia— para garantizar la continuidad del proceso independentista, especialmente ante la posibilidad de una intervención de las instituciones catalanas, pero fue hibernado de inmediato. Cabe recordar que días antes la CUP había convocado su propia asamblea de cargos electos. Pese a tratarse de una convocatoria abierta, JxCat y ERC solicitaron a sus cargos que no asistiesen a este acto —Catalunya en Comú dejó la cuestión abierta—, a pesar de lo cual 186 de ellos secundaron la llamada. De la asamblea de la CUP surgió la Declaración de Sants, un principio de propuesta basada en la amnistía, la autodeterminación y los derechos fundamentales y sociales, y con una mayor carga reivindicativa (se reclama la retirada de las fuerzas de seguridad del Estado y la disolución del cuerpo de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra). En el texto finalmente consensuado de la Asamblea de Cargos Electos, se pide de nuevo la amnistía de todos los presos políticos, el retorno de los exiliados, la continuación de la labor por el derecho de autodeterminación y la mediación internacional.

En cualquier caso, la pregunta que cabe plantearse es qué papel cumplirá la Asamblea de Cargos Electos en esta nueva fase —con un ojo puesto en Madrid y la formación de gobierno— y, sobre todo, si será aquél para el que originalmente fue creada. También si el Tsunami Democràtic mantendrá su capacidad estratégica. Lo que es seguro es que Cataluña seguirá siendo, para las fuerzas políticas españolas, una espina en el costado.

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