Cooperación internacional
Cooperar en precario

Como cada año, el 8 de septiembre nos acordamos de las personas que se dedican a la cooperación, por lo menos de manera profesional. Montan un acto en cada ciudad, los reciben en la administración de turno y se profieren loas a la labor (siempre es la labor, nótese), la gran labor que realizan. Es una muletilla que ha hecho fortuna y que se ha incorporado a nuestro lenguaje, en una mezcla de admiración incontestable y socialmente consensuada, y de pocas ganas de profundizar en qué hay detrás de tanto esfuerzo tropical. Personalmente, siempre me queda un regusto misionero cuando escucho tan manida fórmula, un aroma a naftalina colonial y caduca. Siempre creo que quien debería llevarse el reconocimiento es la gente, las organizaciones, las comunidades que siempre están allí. Para la mayoría, no hay aviones para escapar o cerrar paréntesis vitales y volver a la normalidad, después de haber pasado una temporada tragando el mismo polvo, o remotamente parecido, al que traga toda esa gente. Lo que hay son sicarios, terratenientes, miseria, cansancio y pocas opciones para cambiar el guion y dejar de levantarse cada mañana para pelear duro.

La nueva ley de cooperación que prepara el gobierno de Sánchez, a punto de salir del horno, reconoce esa labor, como no podía ser de otra manera. En una ley no puede entrarse en todo el detalle que se precisa para regular cómo debería ser la actividad de cooperación. En los reglamentos o disposiciones que se deriven de ella, como el Estatuto del cooperante, habrá que arremangarse y avanzar sobre lo que tenemos ahora. Y hay varias cuestiones que preocupan. Por ejemplo, la precariedad laboral: no conozco ningún estudio representativo al respecto, pero lo que se oye entre trabajadoras y trabajadores del sector, y los casos particulares que llegan, dan un panorama poco halagüeño. Mucho trabajo y poco sueldo, claro, encima que te gusta te vamos a pagar. Frente a la sempiterna cantinela de que la AOD se queda aquí y no llega al Sur, porque hay que pagar sueldos y otros peajes, habría que reflexionar con qué capacidades técnicas queremos contar para poner en marcha toda esa ayuda. Si comparamos la tabla salarial de la mayoría de ONGD pequeñas y medianas con las instituciones internacionales y multilaterales (Naciones Unidas y compañía), puede ser pornográfico.

Hay que contratar en condiciones, y hace falta que se regule y se cuenten con los recursos necesarios para que lo que se disponga no sea un brindis al sol. Es preocupante también la nueva reforma laboral, que introduce (afortunadamente), mecanismos para asegurar la contratación indefinida, pero que no sabemos cómo va a tratar la casuística de un sector que contrata en base a proyectos finitos, de manera sistemática, y que hoy por hoy tiene difícil asegurar la continuidad de sus estructuras y personal asociado a proyectos y campañas. Estar como organizaciones constantemente en la cuerda floja no es ningún acicate para mejorar nuestra labor, se lo aseguro, más bien un incentivo para mandarlo todo a freír espárragos. Lo que puede pasar, ligándolo con lo anterior, es lo que ya hemos visto con las subcontratas de captación de socios: más precariedad para asegurar márgenes, prestando servicios a terceros de manera continua. Hoy es captar socios y mañana será formular proyectos o justificarlos ante los financiadores por parte de otras empresas especializadas.

Esas mejoras laborales que mencionaba habría que asegurarlas también para el personal que se contrata en otros países, por supuesto. La coherencia empieza en nosotras mismas y, sin reventar el mercado laboral o los precios, hay que trabajar para que los derechos laborales avancen también entre ese colectivo, o en la subcontratas que hagamos. Por otro lado, seguimos insistiendo en las dificultades por las que los y las cooperantes pasan para cumplir su trabajo. En muchos países, hoy en día, conseguir un visado para cooperar sigue siendo un ginkana y un dispendio absurdo de energías para ellas y sus organizaciones. Hay que amparar a todas esas personas bajo alguna figura reconocida internacionalmente y que las embajadas de nuestro país se lo trabajen más. Las expulsiones arbitrarias, cuando no detenciones, debido al apoyo que se brinda a movimientos y organizaciones contrarias a los gobiernos de turno siguen planeando sobre sus cabezas, y nuestro cuerpo diplomático podría comprometerse un poco más, por decirlo suave. Como si fuéramos empresarios, vamos.

En la presentación del examen de pares del CAD de la OCDE en París, a finales del 2021, pude presenciar la intervención de la Secretaria de Estado de Cooperación, Pilar Cancela, anunciando cómo se retomaría el programa de Jóvenes Cooperantes, dentro de la estrategia de creación de una carrera profesional seria para el sector. En ella se tendría en cuenta no sólo la actividad de la AECID y de la Administración General del Estado, sino también la del resto de administraciones públicas y de las ONGD. Esa es una buena noticia, que esperamos pueda concretarse pronto y ofrecer una perspectiva para las personas que han decidido dedicarse profesionalmente a una ocupación tan hermosa como complicada.