Comunidades autónomas
El gasto social autonómico por persona cae 115 euros en la última década

El gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o, en el mejor de los casos, se ha estancado en la última década, los años en los que los recortes han afectado notablemente a los presupuestos en sanidad, educación y servicios sociales. Así lo recoge el informe sobre el gasto social autonómico en 2018 elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales presentado el 9 de septiembre, que habla de frenazo, estancamiento y “riesgos evidentes de vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales que se prestan por parte de las Comunidades Autónomas, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales”.

El estudio alerta también de que el “estancamiento político” y la ausencia de presupuestos “ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro”.

Para este colectivo de profesionales de los servicios sociales, la falta de presupuestos y el factor deuda “siguen generando una tensión presupuestaria extraordinaria a las comunidades autónomas” a la hora de prestar servicios públicos esenciales. Por ello proponen el blindaje presupuestario “de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales” y recomiendan “poner en marcha fórmulas urgentes que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios”.

El informe califica como “preocupante” que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fue de 2.420 euros, un 4,54% inferior al de 2009, que sumó 2.535 euros. El porcentaje sobre el presupuesto total que se destina a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2018 fue del 60,7%, lo que, para los autores del estudio, pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado.

En 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con 100.000 millones de euros. Desde entonces se ha recuperado paulatinamente la inversión en estas políticas, hasta alcanzar los 112.662 millones de euros en los presupuestos definitivos de 2018. No obstante, este esfuerzo es aún insuficiente, puesto que no se alcanzan los niveles de gasto al inicio de la crisis (117.000 millones en 2009).

Según recoge el informe, la variación anual de los presupuestos autonómicos desde el inicio de la crisis muestra cómo el esfuerzo en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales se vio reducido ampliamente entre 2010 y 2013 para iniciar cierta recuperación partir de 2014, que se ha visto truncada en los presupuestos definitivos de 2018 de manera que los “durísimos” recortes acumulados no se han recuperado en estas políticas.

Por comunidades autónomas, hay nueve que superaron en 2018 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Baleares (incremento del 9,6%), Comunidad Valenciana (6,5%), Cantabria (5,6%), Asturias (5,4%), Castilla y León (4,8%), País Vasco (3,7%), Navarra (2,6%), La Rioja (2,1%) y Extremadura (1,9%). En el otro lado, Catalunya acumula una disminución del 21,7% y Castilla-La Mancha del 13,8%. También Canarias, con un 5,6% y la Comunidad de Madrid, con un 5,5%, acumulan disminuciones importantes.

Pero el informe señala que la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros gobiernos no ha sido la misma. Castilla-La Mancha fue “paradigma de los recortes más brutales” entre 2011 y 2016, se lee en el estudio, que también destaca que Catalunya ha sido ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios sociales esenciales.