Colombia
Colombia: “Situación del conflicto en las regiones y propuestas de construcción de Paz”

Realizamos una crónica del evento, que se celebró en el congreso de los diputados, sobre el Proceso de Paz en Colombia y el acompañamiento de la Comunidad Internacional. Escuchamos los informes de representantes de distintos sectores de la sociedad colombiana sobre la actualidad del conflicto y el proceso de Paz en sus territorios, y las propuestas de construcción del diálogo. Las voces de diferentes movimientos sociales, así como de la Jefa del equipo negociador del gobierno y del Gestor de Paz del ELN para la mesa de diálogo entre ambas partes respecto al proceso de paz.

Diálogos de Paz entre el ELN y el gobierno colombiano

Vera Grabe Loewenhertz, Jefa del equipo negociador del gobierno colombiano, realizó una introducción sobre el conflicto armado colombiano, llamándolo un conflicto largo y complejo, caracterizando los procesos de paz anteriores como parciales e inacabados. Aprovechó para hacer una diferenciación entre ellos y el proceso actual de la “Paz Total”, que tiene como el objetivo terminar con la violencia desarrollando muchos procesos paralelos en todo el territorio del país.

Sobre el proceso de negociación con el ELN, una de las guerrillas más antiguas del país, destacó que la delegación del gobierno en esta negociación está compuesta por diferentes tendencias políticas y étnicas, siempre acompañadas por la comunidad internacional. El método de implementación de esta delegación se diferencia del método utilizado en la negociación con las FARC y se resume como “el paso acordado, el paso implementado”. El primer paso ha sido el cese al fuego por parte del ELN que se mantiene un año desde su acuerdo, contando con las transformaciones humanitarias de las zonas de conflicto críticas. También afirmó que la participación de la sociedad civil es crucial para el proceso, para lo que ya se ha firmado un acuerdo definitivo sobre la participación, a pesar de la tendencia general anterior de disminución del papel de la sociedad civil en las negociaciones de la paz.

La mesa de negociación con el ELN y el gobierno es la garantía y el resultado más importante de este proceso es la creación de un plan realizable. El objetivo final es la transformación del ELN como una fuerza de paz en Colombia. Aunque hay sectores de la sociedad más conservadores que aún no están preparados para las transformaciones y que han rechazado las ideas de grandes cambios. Hizo hincapié en que el punto innovador de los diálogos propuestos por la población es el enfoque de género, enfoque étnico, poblacional, intergeneracional, ambiental y de derecho local. A parte de los actores ya mencionados, en la mesa están representadas las víctimas, la diáspora y la comunidad carcelaria.

Sostener la vida en un ETCR

Anna Enrech Calbet

Colombia

Colombia Sostener la vida en un ETCR

Anna Enrech Calbet

En la vereda colombiana La Plancha, la convivencia entre excombatientes y población civil es una realidad marcada por necesidades comunes.

Juan Carlos Cuéllar, Gestor de Paz del ELN, hizo un repaso de la historia de la mesa que comenzó con el presidente Santos y fue interrumpida por su sucesor Iván Duque, hasta su reinicio con el gobierno actual de Gustavo Petro. El ELN aceptó el planteamiento de la reapertura del proceso gracias al anunciado por el presidente enfoque en el cambio estructural económico y la necesidad de transformación del proceso de diálogo con la mayor participación de la población civil, que ha resonado con la visión de proceso de Paz por parte del ELN. Esta consiste no sólo en buscar la salida política sino en crear nuevas dinámicas políticas. El gestor de paz destacó el dinamismo del proceso y que en un año se han conseguido 28 acuerdos fundamentales para establecer las reglas de funcionamiento de la mesa.

Para el ELN, la participación busca recoger y organizar múltiples necesidades de la sociedad sobre el modelo político, económico y social, en nuevas políticas de medio ambiente y educación en el marco del diálogo de la paz. Otros dos temas importantes que han aportado los representantes de las comunidades están relacionados con la gestión del auge de los grupos paramilitares tras el cese al fuego, la situación de los presos políticos y de las cárceles en general. Para terminar, reforzó la observación de que en el último año y medio el proceso de negociación ha progresado más que en toda la historia de Colombia. La buena organización del proceso ha permitido moverse a través de los acuerdos con seguridad y visión global del proceso de Paz.

Arauca: extractivismo y estrategia paramilitar contra el movimiento social

Sonia Milena López, activista de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, del Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente y del Congreso de los Pueblos explicó en su ponencia, la situación de la paz en el territorio de Arauca, uno de los más afectados del país.

El territorio está concesionado o por concesionar en un 75% para la explotación petrolera, además de ser vital geoestratégicamente para planes de intervención militar. Aunque con el nuevo gobierno colombiano se hayan reestablecido las relaciones institucionales con Venezuela, siguen existiendo poderes facticos como EE. UU, con intereses intervencionistas en la región, y el departamento de Arauca en este caso es clave por ser fronterizo.

En Arauca los frentes más importantes tienen que ver con los batallones que reciben financiación de las petroleras para cuidar la seguridad de su infraestructura

Respecto al conflicto armado, actualmente hay distintos frentes: uno de ellos es la guerrilla del ELN, que tiene presencia histórica, la implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, y las estructuras conocidas como disidencias de las FARC, que están ligadas a actividades de narcotráfico, extorsión, y en convivencia con sectores de la fuerza pública. Pero los frentes más importantes tienen que ver con los batallones que reciben financiación de las petroleras para cuidar la seguridad de su infraestructura. En éstos siguen funcionando las estructuras de apoyo de la fiscalía que fueron creadas mediante convenios de compañía y cooperación, también para la seguridad de las petroleras como Ecopetrol, Parex o Sierracol y sus subcontratistas.

Estas funcionan aportando recursos para judicializar los supuestos delitos contra las empresas, y tienen un carácter legal. Son batallones especiales para proteger la infraestructura energética y vial del país. Estos batallones mantienen relación con grupos paramilitares principalmente de las disidencias de las FARC-EP, que además muchos de sus comandantes se acogieron a la ley de Justicia y Paz, se beneficiaron de dicho marco legal y más tarde se acogieron a la jurisdicción especial para la paz después del último proceso de negociación. Obtuvieron su libertad y ahora son los comandantes de las estructuras armadas ilegales en el departamento.

Sonia Milena afirma: “A pesar de que el nuevo gobierno tiene una actitud distinta, más abierta y consecuente a la hora de escuchar y de querer solucionar, el paramilitarismo como política de estado continúa estando en los territorios, y el aparato judicial continúa siendo un instrumento para la persecución del movimiento social”. La agresión hacia los y las defensoras de DDHH proviene tanto del sistema estatal y la Fiscalía que, por ejemplo, abre procesos jurídicos contra las personas representantes de las comunidades movilizadas en exigencia de las garantías de derechos en las Jornadas Nacionales en los años 2020 y 2021, como de las estructuras disidentes que persiguen y asesinan a las personas representantes de las comunidades, afianzando de paso su estigmatización acusándolos de integrantes del ELN para poder justificar su asesinato y su declaración como objetivos militares.

En lo que ha transcurrido de la primera mitad de 2024, sólo en Arauca han sido asesinados siete líderes sociales, de los cuales cuatro pertenecen a las organizaciones que representa Sonia Milena: “Es toda una estrategia de agresión al movimiento social, donde los beneficiaros principales de la represión son las petroleras que han sido declaradas por el sistema penal como víctimas de las organizaciones sociales”.

Respecto a la mesa de diálogo por la Paz Total con el ELN, el gobierno ha planteado que algunos de los temas de esta ruta no los va a negociar con los actores armados, ni con los movimientos sociales. Para la defensora de DDHH, en Arauca apuestan por la presencia de las organizaciones sociales en todo el proceso y en la mesa de dialogo, en representación de la sociedad civil y de los diferentes sectores económicos, políticos y sociales. Respecto al cese al fuego entre el ELN y las estructuras paramilitares: se ha conseguido en determinados periodos y en diferentes territorios en el proceso de diálogo por la Paz Total, pero no ha afectado a la constante agresión en contra de los movimientos.

Los movimientos sociales actualmente exigen del estado las garantías de seguridad y las garantías materiales para la participación civil

Por otro lado, los gremios económicos y del sector de la fuerza pública han proclamado que el primer punto del acuerdo está sobrepasando las potestades del Comité Nacional de Participación para la posible constituyente. Lo que para la lideresa social es una malinterpretación intencional para deslegitimar todo el proceso de diálogo, ya que bajo este pretexto han impedido la realización de la Asamblea Nacional Popular por la Paz, las Transformaciones y la Unidad. Los movimientos sociales actualmente exigen del estado las garantías de seguridad y las garantías materiales para la participación civil y organización de los procesos territoriales y nacionales.

El Estado Mayor Central ha dado estatus político a algunas estructuras de disidencia que no tienen en su esencia el carácter político. Sin embargo, muchas de estas estructuras y sus comandantes han manifestado que ellos no tienen ninguna intención de negociar y entregar las armas y de que su intención real es fortalecerse. Los movimientos sociales de Arauca ven un fraccionamiento de esas estructuras y no observan, por ahora, ninguna posibilidad política de presionar a esas estructuras para que entren en un proceso de diálogo y de respeto por unas normas básicas del derecho internacional humanitario.

Las propuestas de paz de los movimientos sociales tienen que ver con las transformaciones territoriales de esas realidades sociales y políticas, la garantía de derechos y el ejercicio propio de los mismos. En Arauca se están fortaleciendo procesos organizativos, proyectos comunitarios de economía solidaria, empresas que prestan el servicio de agua potable, saneamiento básico, mientras continúan defendiendo la paz. El tema de la salud y de la educación como derecho fundamental y no como mercancía, el fortalecimiento de los territorios campesinos agroalimentarios. Por ejemplo, nos explica que en la actualidad están participando en la Convención Nacional Campesina de cara a lograr que el gobierno firme un decreto reglamentario sobre los territorios campesinos agroalimentarios, que pueda darle mayor legalidad a instrumentos propios como las guardias interétnicas campesinas y populares y los gobiernos propios, como una forma autónoma de ordenamiento territorial. Así como siguen luchando por consolidar proyectos de agroindustrialización en el departamento como la planta procesadora de plátano del área o el de cacao, que en últimas son las mayores apuestas de paz territoriales.

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Alejandra Miller: “Negociar el desarme sin transformaciones estructurales es un descalabro”

Carlos Soledad

Colombia

Acuerdos de Paz en Colombia Alejandra Miller: “Negociar el desarme sin transformaciones estructurales es un descalabro”

Carlos Soledad

Tras los acuerdos de paz persiste un retraso significativo en la adjudicación y asignación de tierras.

Nariño: Situación del conflicto armado y propuestas de paz del pueblo indígena Awá

Dalia Bolaños, Consejera de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), presentó su informe sobre el trabajo de formación de líderes sociales de los resguardos indígenas en temas referidos a la educación comunitaria contra la violencia de género, y explicó cómo el mayor impedimento actual en su trabajo por la paz consiste en la falta de medidas provisionales de protección de las comunidades indígenas que se ubican en las llamadas “zonas rojas” de conflicto armado, mientras el acuerdo sobre la Paz Total se estima como un proceso a largo plazo.

Como propuesta de paz y para poner fin a los asesinatos de los líderes indígenas y a la desaparición de las personas jóvenes de la comunidad, se continúa formando y consolidando la Guardia Indígena en cada comunidad como una medida propia contra las estructuras armadas ilegales que operan en los territorios de los resguardos, en este caso en el departamento de Nariño, para proteger los intereses de las empresas extractivistas. Las multinacionales se aprovechan de la situación de falta de control estatal sobre el cumplimiento de la legislación en la administración de los territorios comunitarios. Dalia afirma que “construyen oleoductos directamente sobre las casas de las personas que habitan el territorio y desarrollan los trabajos de extracción arriba de los cauces de los ríos que pasan por la comunidad, inhabitando muchas fuentes del agua potable con toda la impunidad y protección del paramilitarismo y de las disidencias armadas”. Las comunidades indígenas de Nariño figuran en los acuerdos como víctimas de guerra, pero, mientras dura el proceso de negociación, cada vez más líderes comunitarios son asesinados y cada vez más personas se desplazan de sus casas para no poner su vida y salud en riesgo.

Valle del Cauca, Buenaventura: un intento de laboratorio de paz por parte del gobierno de Petro

Zulma Olivia Mosquera Hurtado, de la Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano-Garifuna, aborda la complejidad del conflicto armado en Buenaventura, que se anunciaba como el futuro “laboratorio de la Paz”. Destaca que uno de los impedimentos más graves es la existencia de dos tipos de diálogos: el oficial y el de la guerra. El último se refiere a los diálogos internos dentro de los grupos armados, quienes, aunque declaren el cese al fuego, continúan cometiendo desapariciones forzadas y violencia deliberada debido a la falta de confianza en el proceso y las alianzas entre distintos actores armados.

Los grupos armados que operan en el departamento son guerrillas, disidencias y bandas armadas ilegales como los Shottas y los Espartanos. Estos grupos tienen control territorial y sus alianzas pueden variar desde las referidas al narcotráfico hasta las que tienen que ver con las instituciones estatales. Por ejemplo, en abril de 2024, los Espartanos acusaron a los Shottas de tener alianzas con la fiscalía y la policía, mencionando persecuciones judiciales como apoyo al grupo contrario. Aunque, catalogadas como delincuenciales y no como narcotraficantes, cometen actos graves como desmembramientos, desapariciones, reclutamiento forzado, asesinatos y extorsión. Las fuentes de financiación de estas bandas son variadas e incluyen la extorsión, aunque también se especula sobre otras alianzas y actividades ilícitas.

Para Zulma Olivia “…se ha planteado a la comunidad la idea de un cese bilateral al fuego entre las bandas para lograr la paz. Sin embargo, los detalles de las negociaciones no se comparten completamente con la comunidad, generando expectativas y especulaciones sobre las intenciones y lo que se ofrece a los grupos armados. Por esta razón, la comunidad utiliza el silencio como mecanismo de autocuidado. El lema “nada digo porque nada sé” refleja la falta de información que reciben y la zozobra que provoca el ambiente amenazante…”.

Las propuestas de paz de las comunidades tienen que ver con que los diálogos continúen sin que ellas queden atrapadas en medio del conflicto

Uno de los principales problemas que los movimientos sociales observan es la falta de un marco jurídico claro para las negociaciones, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las promesas del gobierno. Aunque se han presentado algunos compromisos básicos, como el control de ciertos delitos (robo y extorsión), la comunidad percibe una falta de claridad y consistencia en las negociaciones. Se habla de la creación de un protocolo para el funcionamiento de las mesas de diálogo, pero persiste la incertidumbre sobre los resultados y la efectividad de estas iniciativas.

Las propuestas de paz de las comunidades tienen que ver con que los diálogos continúen sin que ellas queden atrapadas en medio del conflicto. Además, sugieren una mejor comunicación sobre los acuerdos y la creación de una estructura política mínima dentro de las bandas que respete los derechos humanos. Quieren que estas bandas, aunque no sean grupos políticos tradicionales como las disidencias o el ELN, tengan al menos unas normas básicas de derechos humanos respecto al conflicto armado.

A pesar de la implementación de varios mecanismos y normativas para proteger a las comunidades y a los líderes, como el decreto 660 y políticas públicas de derechos humanos, la violencia se ha recrudecido. Las comunidades perciben esta violencia como una forma de presión política, pero hay interrogantes sobre quiénes están detrás de estos ataques. No hay pronunciamientos claros de las bandas o guerrillas, y a menudo los comunicados que aparecen son desmentidos por los mismos grupos armados, lo que contribuye a la confusión y el temor en la región.

Según afirma la defensora de derechos humanos, existe una influencia desproporcionada de la oposición en las instituciones económicas, lo cual obstaculiza la eficacia del gobierno. Además, está el tema de la ampliación del puerto en Buenaventura, que también está relacionado con el conflicto armado: sus efectos adversos en las comunidades locales y la falta de consideración por las repercusiones sociales y ambientales han sido sobrediagnosticados, lo que quiere decir que cada nuevo gobierno y cada nuevo proceso empieza un nuevo análisis de los contextos diagnosticados anteriormente, pero nunca llegan a ninguna medida concreta como la firma de acuerdos sobre la no expansión de la zona portuaria.

Para las organizaciones sociales, la falta de acceso efectivo a los espacios de participación y las limitaciones logísticas perpetúan un ambiente de desconfianza y exclusión en Buenaventura, afectando la capacidad de las comunidades para influir en las decisiones que las afectan directamente.