Centros sociales
El inspector de los antidisturbios de los Mossos, a juicio por agresiones en las protestas de Can Vies

El inspector de la unidad de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y los tres mossos accedieron a un portal para golpear a tres personas que estaban allí refugiadas.

Protestas Can Vies
Momento en que los mossos acceden al portal de la Plaza de Sants. Imagen de Jordi Borrás publicada en La Directa.

publicado
2018-04-11 06:00:00
La Audiencia Provincial celebra hoy el primer día de juicio contra Lluis Miquel Venteo, máximo comandante de la unidad de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en Barcelona, y tres agentes de este cuerpo por agresiones durante las protestas por el desalojo de centro social Can Vies en la noche del 27 al 28 de mayo de 2014. El juicio continuará los días 12 y 18 de abril.

Según explica el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso El Salto, el inspector de los mossos y los tres agentes se introdujeron en el portal de la Plaza de Sants 10-11, cerrando la puerta tras ellos. La acusación afirma que los agentes se introdujeron en este portal con “el ánimo de menoscabar la integridad física y moral de las tres personas que allí se habían refugiado”. Los agentes del cuerpo de policía catalana golpearon a tres manifestantes en este portal con las porras.

Una de las personas agredidas, a la que fracturaron dedos de la mano derecha, tardó 40 días en recuperarse de los golpes recibidos. A otra le hicieron una brecha en la cabeza, teniendo que recibir puntos puntos de sutura. La última de las tres personas agredidas, entre otros golpes, sufrió un corte en la oreja, teniendo que recibir tres puntos de sutura y en donde le ha quedado una cicatriz de 2,5 centímetros. Los agredidos acusan a los cuatro mossos de delitos contra la integridad moral y de lesiones.

Las agresiones en este portal de la Plaza de Sants fueron filmadas por la televisión catalana TV3, grabación que ha sido aportada como prueba en el juicio que dará comienzo mañana.

También el testimonio de seis testigos presenciales, además de los de los fotógrafos y cámaras que presenciaron y cubrieron las cargas policiales.

“Son hechos graves, porque lo que se hizo fue entrar en un portal donde se habían refugiado; unas personas que estaban simplemente viendo a lo lejos, los disturbios estaban bastante lejos, y la policía les pega una paliza sin ton ni son”, explica a El Salto Anais Franquesa, abogada de uno de las personas agredidas y miembro del colectivo Iridia. “Entendemos que es una acción coordinada y en grupo, porque la policía funciona así, por lo que todos son responsables de lo que ocurrió ahí dentro y, en especial, el inspector, porque es el que estaba al mando”, añade. Desde la acusación, Franquesa explica que se ha formulado como alternativa que el inspector sea responsable por no haber impedido los hechos, y cada agente por las lesiones producidas.

La abogada ha subrayado el valor del trabajo realizado por periodistas y activistas para documentar lo sucedido el día de los hechos. “Ha sido un factorn imprescindible, porque es su trabao lo que se ha convertido en la prueba principal, aparte de la declaración de las personas víctimas”. Por el contrario, ha lamentado que no haya habido ninguna investigación interna en el cuerpo policial ni reproche por lo ocurrido.

Desalojo de Can Vies

El centro social Can Vies fue desalojado el 27 de mayo de 2014 —con Xavier Trías en el Ayuntamiento— tras 17 años de vida en el barrio barcelonés de Sants. El desalojo acabó con cargas en las que los mossos dispararon balas de goma e incluso atacaron la redacción de La Directa.

El edificio, propiedad de la empresa municipal Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), fue derruido parcialmente días después, pero las protestas ciudadanas paralizaron su destrucción y Trías aceptó reabrir las negociaciones con la asamblea de apoyo al centro social. Pocos meses más tarde, el centro social emprendió una campaña de micromecenazgo que recaudó más de 70.000 euros para reconstruir el edificio y sufragar los gastos judiciales de todos los represaliados en las protestas por su desalojo.

Trece jóvenes fueron llevados a juicio por los enfrentamientos entre manifestantes y mossos producidos a raíz del desalojo de este centro social, condenados a penas de entre un año y año y medio de cárcel. Otros tres jóvenes fueron condenados a penas de hasta tres años, pero posteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona retiró estas condenas al considerar que no había pruebas suficientes de que atacaran a la policía.

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