Catalunya
Sànchez, único candidato independentista tras las renuncias de Puigdemont y Turull

Tres cartas, firmadas por Jordi Turull, Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, y dos renuncias apuntan a la candidatura de este último para presidir la Generalitat de Catalunya.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, lideres de Omnium y Asamblea Nacional Catalana
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, lideres de Omnium y Asamblea Nacional Catalana, en una manifestación.

publicado
2018-04-05 11:15:00

El futuro de la presidencia de la Generalitat de Catalunya puede estar escrito en las tres cartas desde prisión que se han hecho públicas esta mañana. Tanto Carles Puigdemont como Jordi Turull han anunciado en sus misivas su renuncia a esa candidatura. Ambos han señalado a Jordi Sànchez, quien ha mostrado, también por carta, su “plena disposición” a afrontar un debate de investidura.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviado este jueves una carta a sus compañeros de grupo parlamentario, Junts Per Catalunya, en la que pide “preservar los derechos del diputado Jordi Sànchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña”.

En la carta, firmada desde la cárcel de Neumünster y que Puigdemont ha hecho pública a través de su cuenta de Twitter, sostiene que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Sànchez es un aval a la investidura: “Hacerlo —proceder a su investidura— es un acto de justicia que reparará el daño causado por los poderes del Estado español”.


El exconseller y diputado de JxCat Jordi Turull ha enviado una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, en la que le anuncia que retira su candidatura a la Presidencia de la Generalitat y apuesta porque el investido sea su compañero de grupo Jordi Sànchez.

Por su parte, Sànchez, también encarcelado, ha respondido asimismo mediante otra carta, en la que muestra su “plena disposición para afrontar un debate de investidura” que le convierta en el próximo presidente de la Generalitat de Catalunya: “Proponer mi investidura ahora es una decisión justa jurídicamente y necesaria políticamente. Es evidente que el Estado español no tiene otra opción que hacer respetar la resolución del Comité de Derechos Humanos. No hacerlo sería una escándalo jurídico mayúsculo y evidenciaría nítidamente ante las Naciones Unidas lo que hace tiempo que denunciamos: que el Estado español no es una democracia consolidada, que los derechos políticos de los adversarios políticos del Gobierno español son vulnerados con impunidad y que la libertad de expresión está seriamente amenazada”.

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