Brasil
Desafíos para el nuevo gobierno de Lula en Brasil

El recuento de la segunda vuelta de las elecciones duró más de tres horas, aunque me pareció mucho más. Este supuesto corto espacio de tiempo incluía también la vigilia de resistencia ante al montaje del golpe que destituyó a Dilma Roussef, la reforma laboral que eliminó derechos duramente conquistados, el encarcelamiento de Lula, la elección de Bolsonaro (¡Él no!) y su desgobierno, que alcanzó el ápice necropolítico durante la pandemia del covid-19. Unas horas que eran semanas, meses y años conteniendo la respiración.

Iniciamos la campaña para la primera vuelta —elecciones no solo presidenciales, sino también legislativas y ejecutivas a escala federal y estatal— creyendo que la triste realidad en la que vivíamos contaría claramente a nuestro favor. No fue así. Muchos votantes seguían (y siguen) creyendo en Bolsonaro, bien por su carácter mítico, por contar con la mayoría legislativa, porque acusan a Lula de corrupto y comunista, o bien por noticias falsas como la de que este haría obligatorios los baños unisex. En la campaña de Bolsonaro hubo mucho dinero —ayudas a los camioneros incluídas—, fake news y miedo, mucho miedo. Los pastores neopentecostales y las milicias controlan los territorios hasta el punto de premiar o castigar a una comunidad en función del resultado de la zona electoral correspondiente.

Por todo ello, nuestro corazón latió más fuerte cuando Lula superó a Bolsonaro. El alma nos volvió al cuerpo cuando la victoria se dio como matemáticamente segura. En la celebración en las calles oí a la gente gritar: ¡Se acabó la opresión!,  ¡se acabó el secretismo!, en referencia al secreto de 100 años que Bolsonaro decretó sobre actos personales e informaciones de miembros de su gobierno. Las multitudes bailaban cadenciosamente: “Es hora de que Jair se vaya”, con el movimiento de las manos barriendo a Bolsonaro de nuestras vidas. Este éxito es una composición de Juliano Maderada, cantante del interior de Bahía. Con su sabiduría popular detectó lo que sin duda podemos celebrar. Aunque el fin del secretismo y de la opresión son procesos largos, tengo varias amigas que han vuelto a dormir sin sobresaltos y lesbianas que han vuelto a besarse por la calle.

Recuperación de las políticas públicas como prioridad

La angustia acumulada se justificó al hacerse públicos los trabajos de la comisión de transición. Ya sabíamos que más de la mitad de la población brasileña (125,2 millones de personas) vive con algún tipo de inseguridad alimentaria, y que el precio de los alimentos ha aumentado más que los ajustes salariales; el arroz, por ejemplo, ha subido un 19,2%. Pero confirmamos que la compañía pública de abastecimiento (CONAB) había reducido sus existencias de arroz un 95%; que la hospitalización de niños y niñas debida a la escasez de alimentos había aumentado un 11%; que la deforestación en la Amazonía aumentó un 59% entre 2019 y 2022; que el presupuesto de 2023 es equivalente en valores reales al de 2019;  que el número de funcionarios federales es comparable al de 2010; que la cobertura por vacunación en poliomielitis había retrocedido desde su carácter universal hasta el 70% para criaturas de 0 a 4 años; y que la pandemia se cobró 693.000 vidas —la segunda cifra más alta tras Estados Unidos—, mientras 34 millones no han recibido aún vacuna alguna.

También supimos de los tejemanejes en torno al presupuesto público federal. Bolsonaro prometió en su campaña mantener las transferencias monetarias para 21 millones de familias vulnerables, pero envió el presupuesto de 2023 al Congreso sin prever los recursos necesarios, que equivaldrían a 13.000 millones de reales. El presupuesto público federal fue uno de los temas de debate de la campaña. En 2019, el Congreso creó el dispositivo por el cual el relator de la ley anual de presupuestos puede indicar, a través de enmiendas, la inclusión de gastos y el calendario de envío, pero sin especificar su destino, por lo que es difícilmente controlable. Un verdadero “presupuesto secreto”, tal y como fue bautizado.

Así en 2020, cuando se puso en marcha este mecanismo, las enmiendas representaron unos 15.000 millones de reales. Se denunciaron por ejemplo precios excesivos en la compra de tractores y maquinaria agrícola. Bolsonaro, que al principio vetó las enmiendas del relator, empezó a aceptarlas e integró en su gobierno al Centrão, esto es, diputados de adscripción política difusa que se organizan en torno a intereses particulares y negociaciones ilegitimas, pero que cuentan con mayoría en la Cámara Federal, en la que controlan su dinámica. Felizmente, el pasado 19 de diciembre, el Tribunal Supremo (STF) declaró inconstitucional el presupuesto secreto.

El techo de gasto es una espada de Damocles sobre cualquier intento del nuevo gobierno por fortalecer políticas públicas y acometer inversiones estratégicas

Mientras tenía lugar la votación en el STF, Lula y el equipo de transición negociaban con el Congreso un Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) con un ajuste del presupuesto de 2023, que ampliaba en 145.000 millones el techo de gasto previsto en la ley de responsabilidad fiscal. La enmienda Constitucional 126, aprobada el 21 de diciembre, permitió la integración de gastos como el aumento del salario mínimo, la compra de medicamentos para la farmacia popular, el mantenimiento del valor de 600 reales en la transferencia de efectivo —incluyendo 150 más por cada niño de hasta seis años—, el aumento de nuevas familias en el nuevo programa Más Bolsa Familia, así como la emisión de títulos de deuda pública en esta cantidad sin la autorización previa de la legislatura. A cambio, el gobierno debe enviar antes de agosto de 2023 al Congreso un proyecto de ley con nuevo régimen fiscal, así como una nueva ancla fiscal que substituya el techo de gasto establecido por el gobierno ilegítimo de Temer.

Precisamente este techo es una espada de Damocles sobre cualquier intento del nuevo gobierno por fortalecer políticas públicas y acometer inversiones estratégicas, dejando toda acción gubernamental dentro de la lógica de las alianzas público-privadas (APP). Cabe recordar que la supuesta inobservancia de la ley de responsabilidad fiscal por parte de Dilma Roussef fue la excusa para su destitución.

En la actualidad, incluso ciertos economistas de tradición neoliberal cuestionan el techo por impedir la inversión pública inductora de crecimiento. En la agenda vigente están contempladas las medidas de gasto social fuera del techo, un aumento del gasto proporcional a la reducción de la ratio deuda pública neta/PIB, la rendición de cuentas y la transparencia. También existe la posibilidad de aumentar los ingresos fiscales del Estado reduciendo los incentivos corporativos (por ejemplo, los agrotóxicos no pagan impuestos) o bajo la fórmula de una reforma fiscal que grave beneficios, dividendos y grandes fortunas, aunque para eso es necesaria una mayor acumulación de fuerzas.

En definitiva, la herencia recibida del gobierno de Bolsonaro, así como las primeras medidas de recuperación de lo público como agente político y económico incluidas en el nuevo presupuesto definen el primer reto para el gobierno Lula: reconstruir la capacidad pública del Estado y, al mismo tiempo, responder a las necesidades urgentes de la sociedad brasileña. Esta es la premisa para avanzar en términos de igualdad y justicia.

Diversidad social frente al bolsonarismo en una contienda política envenenada

La aprobación del PEC por parte del equipo de transición ha puesto sobre el tapete la capacidad de negociación del gobierno Lula con el Poder Legislativo, en particular con el Centrão. El PEC fue aprobado con 331 votos a favor y 163 en contra. Considerando que los once partidos que apoyaron a Lula en la segunda vuelta suman 146 diputados, y que sectores de centro e incluso de centroderecha votaron a favor, aislando al actual presidente de la Cámara, líder del Centrão. En la legislatura que comienza en 2023, estos mismos once partidos tendrán un total de 144 diputados. Aunque el PT y el PSOL, partidos de izquierda e históricamente relacionados a los movimientos sociales, han crecido significativamente, la mayoría de los demás partidos de la base de la coalición han perdido representación en la Cámara.

El próximo Congreso tendrá una renovación del 39,4%, muy cerca de la media histórica del 40%. El Partido Liberal de Jair Bolsonaro logró 99 diputados, el mayor número de congresistas elegidos por un partido desde 1998. Importantes figuras de bolsonarismo fueron elegidas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Aun así, celebramos las más altas representaciones de la historia de mujeres (91 diputadas, incluidas dos mujeres trans), negros (135 diputados y diputadas) e indígenas (5), de un total de 513 elegidas. Aunque estén muy por debajo de su representación en la población (52,8% de mujeres y 56,1% de población negra), lo celebramos porque muchas de estas diputadas han construido su trayectoria política en los movimientos sociales, están comprometidas con la lucha feminista, antirracista y LGBTQ+ y prometen sacudir el polvo del Congreso Nacional.

Otro desafío para Lula es fortalecer una relación de respeto a la autonomía de su base partidaria y aliada, cuyas agendas van más allá de la recuperación de un gobierno decente y honesto

En este sentido, el segundo desafío para el gobierno Lula, en un marco de negociación con antagonistas, es el de fortalecer una relación de respeto a la autonomía de su base partidaria y aliada, que ciertamente defenderá al gobierno, pero cuyas agendas van más allá de la recuperación de un gobierno decente y honesto. Lidiar audazmente con este marco envenenado, aunar mejoras con transformaciones sociales de calado, ahí reside una de las claves de este nuevo tiempo.

Para este reto, la relación entre gobierno y movimientos sociales es especialmente importante. Guiado por los movimientos, el gobierno ha logrado componer un ministerio diverso en el que, de un total de 37 ministerios, 11 están dirigidos por mujeres, 5 por población negra y 2 por indígenas. Siendo un avance significativo aunque insuficiente, es todavía más importante que las organizaciones definan sus prioridades para este momento en referencia a lo institucional. Los movimientos sociales hemos organizado algunos debates transversales, como medio ambiente y alimentación, entre los diferentes grupos de trabajo temáticos de la transición. También hemos reflexionado sobre los límites de la forma histórica de participación popular desde la democratización: las conferencias temáticas que reúnen a la sociedad civil y al poder público en diferentes instancias. Aunque hayamos co-construido numerosas políticas públicas, algunas de las cuales trascienden los gobiernos, como el Sistema Único de Salud, esta dinámica moviliza mucho tiempo y energía de la militancia de los movimientos sociales.

Nuestra pregunta es si este tiempo y energía no estarían mejor empleados apostando por procesos insertos en los territorios que durante la pandemia fueron vitales en muchas comunidades periféricas y organizaron en comités populares las tareas de la campaña electoral. La interlocución con el gobierno federal, manteniéndolo en la senda del pueblo, es una de las tareas de la organización popular. Pero junto a ella está la confrontación del conservadurismo organizado e extendido en la sociedad brasileña.

Recuperar la economía popular y campesina

Existe ya un ánimo de actuación en la economía real aumentando la producción y garantizando su distribución igualitaria. Para ello, es fundamental el regreso del desmantelado Ministerio de Desarrollo Agrario (renombrado ahora como Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar), que se ocupa de las políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar y de las comunidades tradicionales, destacando su papel en la lucha contra el hambre. Una de las medidas propuestas por el equipo de transición es que la CONAB pasara a formar parte de su estructura, retomando con más fuerza el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).

Las Libretas agroecológicas utilizadas por las mujeres del movimiento agroecológico han contribuido a estimar el potencial de producción de alimentos. En 2019, 879 agricultoras de siete estados del nordeste anotaron durante seis meses el destino de su producción: autoconsumo, donación, trueque, venta y contabilizaron el equivalente monetario de 1,4 millones de reales, de los cuales el 41% se destinó a autoconsumo, donación y trueque. El registro de esta producción invisible nos da la medida del potencial de producción de alimentos diversos y de calidad que ya tienen las agricultoras. Es cierto que es necesario garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, la regularización de los territorios indígenas y quilombolas, así como el asentamiento de 80.000 familias acampadas, todas ellas prioridades señaladas por los movimientos sociales. Sin embargo, el camino no es garantizar a las mujeres el acceso a las tecnologías de la llamada “revolución verde”, sino reconocer que respetando sus conocimientos y prácticas y organizando una logística de distribución que tenga en cuenta la diversidad de lo que producen, se puede combatir el hambre y recuperar sabores y saberes.

Reactivar la economía dentro del marco popular y campesino, con apoyo público pero a partir de alianzas público-comunitarias que den protagonismo a los tiempos, saberes y procesos de los sectores populares

Aquí encajan las lecciones que los movimientos sociales aprendieron de las campañas de distribución de alimentos durante la pandemia. Incluidos los comedores comunitarios que empezaron a organizar movimientos como el MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo) y la Marcha Mundial de las Mujeres. El apoyo gubernamental a cocinas, huertos y centros locales de distribución gestionados por los movimientos puede establecer asociaciones público-comunitarias en las que los tiempos y lógicas de las comunidades que producen, preparan y reciben alimentos guíen los procedimientos públicos.

Este sería el tercer desafío, reactivar la economía pero dentro del marco popular y campesino; con apoyo público pero a partir de alianzas público-comunitarias que dieran protagonismo a los tiempos, saberes y procesos de los sectores populares.

Con todo ello, a partir del 1 de enero de 2023, cuando se celebró la toma de posesión del nuevo gobierno, conmemoramos y seguimos en nuestra tarea permanente: ¡acabaremos con la opresión!