Derecho al agua
El frente ciudadano contra la privatización del agua llega a Riba-roja

Apenas una semana más tarde de que la mesa del agua de Paterna decidiera promover un movimiento para que se legisle a nivel autonómico en la defensa del derecho al agua, la iniciativa llega al Camp de Túria, donde se ha conformado H2O Riba-roja. Se trata de una plataforma ciudadana ya consolidada en Paterna y que se está extendiendo a otros municipios como Godella. El objetivo, denunciar las prácticas abusivas de las empresas que gestionan el servicio y recuperar la gestión de un bien esencial para la vida.

En el caso de Riba-roja, la plataforma denuncia que existen numerosas zonas del municipio donde no hay red de saneamiento y los vertidos se echan directamente al subsuelo, con la contaminación de las aguas subterráneas que ello implica. Aunque esta situación se da en diversas zonas del pueblo, destacan los casos de la urbanización de Valencia la Vella o la zona del colegio Mas d’Escoto, que está pegada al casco urbano. La plataforma atribuye estas deficiencias a la falta de inversión en infraestructuras de saneamiento durante los años en que la empresa estuvo beneficiándose de la gestión del servicio.

Existen numerosas zonas del municipio donde no hay red de saneamiento y los vertidos se echan directamente al subsuelo

La concesión el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua recaía en Aquagest, empresa que la jueza Lara definió como “una verdadera organización ilícita” en el marco del caso Pokemon. En 2012 terminó la concesión y el consistorio preparó un nuevo contrato para otorgar el servicio a la misma empresa durante 25 años. Sin embargo, Aguas de Valencia, cuyo presidente Eugenio Calabuig afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 4 años de cárcel, lo impugnó al considerarlo fraudulento.

Ante la denuncia de Aguas de Valencia, el Tribunal Superior tumbó en noviembre de 2016 el contrato realizado con Aquagest (que cambió al nombre de Hidraqua a partir de sus escándalos por corrupción). Desde H2O Riba-roja denuncian que, desde entonces, el gobierno encabezado por Robert Raga, del PSPV, “ha maniobrado para evitar cumplir su promesa electoral de recuperar el servicio y gestionarlo por medio del Ayuntamiento”.

En vistas de propiciar la remunicipalización, Podemos Riba-roja propuso crear una comisión de estudio para recuperar el servicio. Pero en la segunda sesión fue tumbada por el PSPV y Ciudadanos, amparados en varios informe realizados por los técnicos municipales. En concreto, el último informe técnico de 2017 es un documento de tres páginas “deficiente e incompleto” según la plataforma, donde no constan estudios de viabilidad económica ni datos técnicos sobre la gestión del servicio. Sí que se afirma en él que, pese a que no se considera viable la asunción del servicio por parte del Ayuntamiento, “la complejidad del mismo requeriría un estudio más detallado de los pormenores”.

La constitución de esta iniciativa por la defensa del derecho al agua pública llega en un momento difícil, después de que un juez del Supremo vinculado a Agbar, a cuyo grupo empresarial pertenece Aquagest-Hidraqua, rechazara dos recursos clave que ponían en entredicho el régimen de precios del servicio y su explotación por parte de las empresas privadas.