Derecho al agua
Consenso en Paterna para garantizar el suministro mínimo vital del agua

La Mesa del Agua de Paterna, creada en abril por iniciativa de la plataforma ciudadana H2O Paterna, se reunió el pasado jueves por primera vez. La hoja de ruta a seguir fue clara después de que la plataforma asegurara tener constancia de varios cortes de suministro entre los vecinos del pueblo y criticara que el Ayuntamiento no de cifras exactas de cuántas personas se han visto afectadas. Ahora se ha acordado presentar en el pleno un protocolo de actuación que garantice el derecho al agua en las personas que no puede hacer frente a los pagos.


La principal ausencia a la cita fue la del PSPV, que por otra parte, hace pocos días que ha vivido la imputación de su líder y alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y otros dos concejales por una presunta irregularidad en una adjudicación de contratos. PP, Ciudadanos, Paterna Sí es Pot y Compromís (socio de gobierno del PSPV) sí que han suscrito los acuerdos. Esquerra Unida, que en un principio decidió formar parte de la mesa, alegó en esta ocasión problemas de agenda y no acudió a la reunión.

La principal medida aprobada fue la de crear un fondo de rescata extraído de manera equitativa entre las cuentas de resultados de las empresas suministradoras y las arcas municipales. Este dinero irá destinado a las familias con problemas de impagos para garantizar el suministro vital básico del agua, fijado en los 100 litros por persona y día según la Organización Mundial de la Salud.

Otra de las decisiones acordadas es la de presentar un Reglamento Municipal del Suministro de Aguas Potables a través de un proceso de consulta pública en el Consejo Territorial de Participación Ciudadana. Dentro de la batalla legislativa, la Mesa del Agua de Paterna pretende también encabezar un movimiento que sume fuerzas entre las localidades valencianas con tal de proteger el derecho al agua desde la legislación autonómica.

LA BATALLA DEL AGUA

Actualmente existen bases jurídicas y legislativas a partir de las cuales se podría crear una ley en el País Valencià que garantizara que las empresas del agua no explotaran los beneficios en detrimento de la calidad y la accesibilidad a este derecho básico. Una de las más importantes es la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, que viene a explicar que son los propios municipios quienes tienen asignadas las competencias para garantizar el suministro del agua bajo régimen de monopolio.

La batalla jurídica se extiende también al concepto de tasa o tarifa a la hora de marcar los precios del agua. Mientras que la tasa es un tributo público aplicado a bienes y servicios básicos y por tanto sometido a estudios y fiscalizaciones por parte de la administración, la tarifa es un concepto de carácter privado que se calcula de acuerdo a la previsión de costes de la empresa y se aprueba en la Comisión de Precios. Este último método es el aplicado en la mayor parte de municipios y es la razón por la que los vecinos de Paterna pagan una de las aguas más caras del País Valencià, donde según Ingenieria Sin Fronteras, casi el 70% del recibo está representado por costes fijos.

Dos empresas gestionan el agua en el municipio de Paterna. Por un lado, Aguas de Valencia, que pertenece a Eugeni Calabuig para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel por supuestamente contribuir a el agujero de 30 millones de euros de la antigua Bancaixa a través de la compraventa de acciones de la constructora Costa Bellver durante los años 2009-2012. Por el otro lado, la empresa Hidraqua (antigua Aquagest) que forma parte de Aigües de Barcelona y controla el 49% de la empresa municipal Aigües de Paterna. Aquagest también se vio salpicada por numerosos casos de corrupción dentro del marco de la operación Pokemon.

La otra empresa que hasta hace poco operaba en la localidad era la Cooperativa de El Plantío y La Cañada, pero su servicio ha sido incorporado a la empresa mixta Aigües de Paterna después de que se acabara su licencia de explotación por 50 años. El gobierno del PSPV y Compromís planteó el movimiento como una remunicipalización del servicio, pero desde la plataforma H2O Paterna han denunciado en varias ocasiones que la empresa mixta no se puede considerar municipal, en tanto que la gestión está siendo realizada casi en exclusiva por el socio privado y sin una fiscalización efectiva.