Casas sin gente, entre el asistencialismo y la impotencia

Con cerca de 24.000 inmuebles vacíos, una Ley de Vivienda recurrida en Tribunal Constitucional y el precio de los alquileres disparado, el derecho a la vivienda en Navarra sigue sin garantizarse

Casa Pamplona
Fachada de una vivienda en Pamplona Jone Arzoz

publicado
2018-02-20 13:41:00

Las políticas públicas de vivienda en Navarra han sido muy similares a las de otras comunidades autónomas: ayudas a la compra en sus diferentes formatos, subvención al alquiler joven, construcción de VPO para venta o alquiler y, quizás, como elemento novedoso, la Bolsa de vivienda en alquiler de Nasuvinsa. Tanto el Gobierno de Navarra como, sobre todo, el Ayuntamiento de Iruñea, han apostado por activar políticas de vivienda que ayuden a paliar la emergencia social de muchas familias. Sin embargo, el reto de aflorar el parque de viviendas vacías sigue sin afrontarse.

Según Eurostat, la mitad de los población española dedica el 40% de su sueldo a la pagar la vivienda. Capítulo aparte serían las rentas más bajas: en Pamplona 6.000 hogares (8%) viven con menos de 645€ al mes. A nivel estatal, el 22% de los trabajadores no supera los 300€ de salario.

El último censo de vivienda realizado por el INE en 2011 revela que el 11,5% de las viviendas de la Comunidad Foral están vacías, más de 35.000, aunque algunas aproximaciones más recientes bajan esa cifra a 24.000. En la capital, la cifra se sitúa en torno a 8.000. No es que falten datos: lo que hay es un desacuerdo a la hora de definir qué es una vivienda vacía... Y se está muy lejos de las legislaciones que apuntan claramente a poner el derecho a la vivienda por encima de otros derechos. En las ciudades danesas de más de 200.000 habitantes, por ejemplo, se considera vacía toda vivienda que lleve más de seis semanas deshabitada; los municipios se lo toman muy en serio y el mero hecho de no comunicarlo a la administración supone ya una sanción. En Francia, la regulación especial para grandes ciudades establece que una vivienda vacía es aquella que no ha sido ocupada o alquilada durante un año.

UN IMPUESTO RECURRIDO

La Ley Foral de Vivienda aprobada en 2013 fue recurrida por el Tribunal Constitucional. En ella se planteaba una normativa antidesahucios, la elaboración de un censo de viviendas vacías y que las entidades locales pudieran aplicar nuevos impuestos. El Gobierno foral ha empezado a elaborar lentamente un censo de vivienda con indicios de desocupación, y desde el Ayuntamiento de Iruñea se ha propuesto la creación de un censo de vivienda vacía, pero todavía no se ha materializado porque la Hacienda foral no ha aportado los datos necesarios para empezar el trabajo. No obstante, algunos municipios como Orkoien sí que han puesto en marcha censos provisionales de vivienda vacía.

Pese a que la Ley de Vivienda citada anteriormente no está operativa, sí que es posible implantar tasas municipales (del tipo IAE o Vehículos de Tracción Mecánica). La Concejalía de Urbanismo de Barcelona ha creado una tasa por la inspección de viviendas que lleven más de un año vacías (633€/año), en las que aplicará una subvención de hasta el 90% de la tasa para los propietarios que puedan demostrar que no son bancos ni grandes empresas. El consistorio dirigido por Ada Colau busca, de esta forma, gravar a los grandes tenedores de vivienda, sin perjudicar a los multipropietarios de clase media. El actual consistorio pamplonés señala haber valorado la medida.

En ausencia de iniciativas pública de este calado, el Ayuntamiento de Iruñea ha desarrollado políticas asistencialistas en relación con la emergencia habitacional. En lo que va de legislatura se han rehabilitado alrededor de 100 viviendas del parque municipal, conformado por unos 400 inmuebles, aunque desde la PAH las consideran "insuficientes" ya que más de 300 familias piden alquilar por estar en emergencia habitacional en Iruñea.

El Gobierno de Navarra, por su parte, ha centrado sus políticas en tres programas. Por un lado —en línea con el reciente anuncio del Ministro de Fomento— se ha mantenido abierta una línea de subvenciones a la compra de vivienda, que en esta legislatura sumará unos 4,1 millones. En su momento, la PAH ya denunció que acaban beneficiando a promotoras y constructoras, destinatarias finales de la subvención. Por otro lado, se ha planificado la construcción de 524 VPOs (364 destinadas a alquiler social) en Iruñerria de aquí a 2019, con una dotación presupuestaria de unos 75 millones de euros.

Estas dos primeras medidas se sitúan en el marco que ha regulado el acceso a la vivienda desde el desarrollismo franquista: estímulos a la compra e inversión menor —comparada con los estándares europeos— en vivienda pública. Ambas hipótesis económicas anticíclicas estimulan el mercado de la vivienda y, por tanto, el sector de la construcción, como estrategia esencial de salida de la crisis. Pero ¿qué pasa con todas las viviendas vacías que hay en Navarra?

Ahí entra la tercera propuesta del cuatripartito foral: la bolsa de alquiler de Nasuvinsa. El sistema está inspirado en la normativa francesa y consiste en la gestión gubernamental de las segundas viviendas de los particulares. El propietario cede voluntariamente la vivienda al Gobierno de Navarra durante cinco años y medio a cambio de una subvención inicial de hasta 1.600 euros, y la administración pública se encarga de buscar un inquilino, garantizar el alquiler durante el tiempo pactado y devolver el piso en perfectas condiciones. Al ser un alquiler protegido, los arrendatarios podrán tener derecho a una subvención de entre el 25% y el 90% en función de sus ingresos.

En Navarra hay más de 2.800 demandantes de alquiler social, pero sólo se han sumado 500 viviendas a la bolsa de alquiler. ¿Cuál es el problema? Que el sistema francés basa su éxito en la combinación de sanciones e incentivos mientras que el Gobierno de Navarra gestiona de manera totalmente gratuita el servicio (lo cual es claramente beneficioso para el propietario que solo tiene que apuntarse en la lista y olvidarse de todo) pero no contempla ninguna propuesta penalizadora.

Las alcaldías francesas se toman en serio el derecho a la vivienda y castigan con subidas importantes del IBI a los propietarios que mantienen sus viviendas vacías: en las ciudades de más de 200.000 habitantes donde la tasa de viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de alquiler, el gravamen es del 10% el primer año, 12,5% el segundo y el 15% el tercero. Con un mercado inmobiliario tan "caliente" como el de aquí, es normal que el estímulo positivo, por sí solo, no movilice la vivienda vacía.

ALQUILERES EXPRÉS

El 25% de los anuncios de viviendas de particulares de Pamplona “vuelan” de las webs especializadas en menos de 48 horas, siendo la quinta ciudad del Estado español en alquileres exprés según el ranking de El Idealista. A pesar de que según fuentes del sector el precio de alquiler actual es de 8€/m2, los que supone una subida de casi el 10% respecto al año pasado, encontrar inquilino es rápido y fácil en el mercado inmobiliario, por lo que un propietario que busque rentabilizar su vivienda vacía no tiene necesidad de recurrir a Nasuvinsa: puede hacerlo por su cuenta o a través de una inmobiliaria. Además, existe un porcentaje desconocido de viviendas en propiedad de bancos e inmobiliarias que no están interesadas en alquilar, dado que no tienen ninguna penalización por mantenerlas vacías.

Las administraciones han sido capaces de desarrollar políticas sociales para atender las necesidades de las familias más vulnerables. Sin embargo, el bloqueo jurídico en el Tribunal Constitucional y la incapacidad institucional, tanto para contener la escalada de precios del alquiler como para poner en circulación la inmensa mayoría de la vivienda vacía, dibujan un escenario preocupante. Parece, como apuntan en la PAH, que no se está haciendo lo suficiente para cambiar la realidad sombría de la mitad precaria de la población.

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