Nicaragua
Cuarenta aniversario agridulce de la revolución en Nicaragua

Un 19 de julio, hace 40 años, entró el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la capital nicaragüense de Managua, y tras las salidas del país del dictador Anastasio Somoza Debayle (a su vez hijo del antiguo dictador Anastasio Somoza García) y de su sucesor en el cargo Francisco Urcuyo, se instauró una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional compuesta por cinco miembros. Tras una década de 1980 marcada por la intervención militar de Estados Unidos a través de los denominados “contras”, y el inicio de un proceso de paz, el gobierno del FSLN terminó y dio paso a una serie de gobiernos de los partidos opositores al mismo, hasta que en 2007 Daniel Ortega volvió a asumir la presidencia del país. Seguramente el devenir histórico habría sido diferente si el mismo Ortega no hubiera buscado y obtenido el apoyo de la Iglesia y amplios sectores de la empresa privada en su carrera de reelección, o si el juicio por abusos sexuales iniciado por su hijastra hubiera tomado otros derroteros o tenido otras consecuencias. Y seguramente tampoco sería igual la amplia movilización de los sectores estudiantiles, campesinado y feministas que estos hitos han generado.

Ya desde los gobiernos anteriores a 2007 se había consolidado un modelo económico y de desarrollo totalmente contrapuesto a los intereses populares y que hacía retroceder los potenciales avances derivados del triunfo de la revolución. Algo que también es cuestionado por varias personalidades que participaron en ese histórico momento, como la ex-guerrillera Dora María Téllez o el cofundador del FSLN Oscar René Vargas.

Y es que el regreso de Daniel Ortega al poder ha profundizado la corrupción y el modelo de desarrollo capitalista depredador que se había instaurado, y que desarrollaron también los Somoza.

En abril del año pasado, después de dos momentos clave (el incendio de la Reserva Indio Maíz y la publicación del decreto sobre el Instituto Nicaragüense de Seguro Social, INSS), esta situación de alguna manera explotó, y dio inicio a una violencia que, si bien ha mutado desde entonces, se mantiene sobre la población nicaragüense.

A 40 años del célebre 19 de julio de 1979, únicamente uno de los comandantes miembros de la Dirección Nacional del FSLN de los ochenta (Bayardo Arce) mantiene su apoyo al gobierno de Daniel Ortega, siendo que incluso Humberto Ortega, hermano de éste y una de las figuras más relevantes de la revolución, ha emitido críticas en contra de la deriva autoritaria del mismo. Se siguen sucediendo casi a diario las denuncias por parte de personas y organizaciones defensoras de DDHH, en contra de acciones policiales de represión. Siguen ocurriendo también asesinatos arbitrarios como el ocurrido el pasado martes 16 de julio en León contra un joven “autoconvocado” (auto-denominación de los participantes de las movilizaciones desde abril de 2018) tras una intervención policial en su casa, la cual en un inicio se justificó por supuestos antecedentes del fallecido, desmentidos posteriormente por la misma policía. Policía que ha sido recientemente llamada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a frenar sus hostilidades contra defensoras y defensores de DDHH. Siguen también las detenciones arbitrarias como la del pasado sábado 13 de julio en la Catedral de Managua, tras la cual una joven ha sido retenida en incomunicación por más de 48 horas. Sigue también el asedio de las tierras indígenas, que comenzó con el proyecto del canal interoceánico, ha continuado con diversos episodios de expolio forestal, y en estos momentos se traduce en nuevas denuncias de colectivos indígenas como Yulutingni por invasiones de los territorios a manos de personas ajenas a las comunidades indígenas que deforestan indiscriminadamente los territorios protegidos, todo ante la inacción de las autoridades públicas competentes. Y como triste novedad, nos encontramos también con sospechosas muertes de nicaragüenses exiliados en el extranjero, hechos sin justificación que se asemejan demasiado a ejecuciones programadas. Y todo esto se da en un ambiente de crisis económica, en el que además de la crisis que sufre la industria del café, se une la insuficiencia, según varios expertos, de las reformas ordenadas por el ejecutivo de Ortega para paliar los graves déficits ocasionados por el mal uso de fondos del INSS. Al parecer, además del alza del precio de la canasta básica producida por las reformas tributarias, éstas junto a las del INSS serían insuficientes y seguirían dejando más de 4.000 millones de córdobas (más de 100 millones de euros) de déficit en la economía nicaragüense. 

40 años después, las expectativas no son nada halagüeñas según muestran los datos.

Nicaragüenses en el exilio por haberse movilizado, números de muertes que no dejan de ascender, presos políticos en proceso de liberación tras innumerables presiones, pero aun así perseguidos y reprimidos, crisis socioeconómica, corrupción y represión de las expresiones sociales y populares. Situaciones que distan mucho de los objetivos propuestos por la revolución y sus principales propulsoras y propulsores, y que distan mucho también de la imagen que el ejecutivo de Daniel Ortega se esfuerza en promover sobre sí mismo como víctima de los hechos violentos y como mejor garante de la paz en el país. Quizás este julio deba ser un mes de crítica, reflexión y replanteamiento, más que una alegre celebración de un aniversario.