Pensiones
Salarios, pensiones, como derechos sociales a defender y ampliar

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial vieron el crecimiento del capital, el aumento del empleo, el aumento de los salarios directos y el desarrollo del "Estado de protección social" a través de la extensión progresiva de las medidas de bienestar.

Un desarrollo no espontáneo, pero fruto de las formas mutualistas puestas en marcha por el movimiento obrero y sus luchas que inducen a un papel más activo del Estado en la redistribución de la riqueza.

En consecuencia, en los principales estados con desarrollo capitalista, se asignan recursos para la protección de las personas necesitadas o vulnerables, tales como desempleadas, enfermas, discapacitadas, madres solteras, ancianas.

El sistema de pensiones ha sido parte de esta política de protección social más amplia, de la que ha representado a menudo la parte más básica, y se basó en la idea de redistribuir las partes de los ingresos producidos por las generaciones activas a mayores. El nacimiento de las pensiones públicas se constituye en base a un modelo en el cual el Estado asume la obligación de garantizar una jubilación.

En Europa, la jubilación por capitalización (1) fue definitivamente abandonada de las cotizaciones pagadas individualmente y se utilizó el cálculo de la remuneración (2) de forma generalizada, se libera el cálculo de la pensión a partir de las cotizaciones efectivamente pagadas y se vincula el beneficio al salario recibido en los últimos años de trabajo. El concepto de jubilación se introdujo como un "ingreso de reemplazo" del ingreso laboral, a fin de garantizar la continuidad.

El desmantelamiento de ese sistema de pensiones representó la reducción progresiva de todo el perímetro del Estado de bienestar

Estos son los años en que el compromiso social y las políticas keynesianas que lo acompañan mueren. La menor movilización de las personas trabajadoras, las políticas de “pacto social” y la caída de las luchas sociales, permite empoderarse al capital, y disminuye de manera significativa el poder de negociación de las personas trabajadoras, rebajando salarios y condiciones de trabajo.

El relanzamiento de la acumulación capitalista se lleva a cabo mediante la reducción de las inversiones y la reducción del empleo, los salarios y el bienestar. Una reactivación que, dados los bajos salarios, obligó a sostener la demanda de bienes con consumo endeudado, provocando la crisis de 2007.

PENSIONES Y NEOLIBERISMO

El ataque a las pensiones existentes comenzó a principios de la década de los 80, en paralelo con el recorte salarial de las personas trabajadoras activas. Fue el inicio de la implementación de aquellas políticas neoliberales enfocadas al mercado, a la precariedad, a la reducción de salarios y al bienestar.

El proyecto para descargar el costo de la crisis sobre los salarios directos, indirectos y diferidos se concreta, devolviendo a los individuos los costos de la reproducción social.

La idea de que la reducción del papel del Estado en la economía es siempre y, en todo caso, un hecho positivo, se convirtió en la referencia estable de la política económica.

Desde aquellos años se cuestiona el poder de negociación de las personas trabajadoras, se ataca a todas las formas de solidaridad, se inicia el desmantelamiento del bienestar y la privatización de empresas públicas para relanzar el capitalismo en crisis.

Los recortes en las pensiones y los recortes salariales se mueven en sincronía y siempre están justificados con la necesidad de compatibilidad macroeconómica y sostenibilidad financiera

Es la afirmación del neoliberalismo, una doctrina política nacida en Estados Unidos, experimentada en el Chile de Pinochet y llevada a toda Europa a través de Gran Bretaña, lo que justifica el reemplazo progresivo de las pensiones públicas por privadas, la salud pública por privada y así sucesivamente para que los menores costos del estado se carguen a la persona que, a través de seguros privados, tendrá que pagar su pensión, atención médica, intervención hospitalaria, etc.

Por lo tanto, la esencia misma del Estado de bienestar se ve desbordada, es decir, el principio de solidaridad social y económica por lo cual el estado interviene y garantiza una parte de los ingresos (salarios indirectos y diferidos) que se refieren al uso de los servicios públicos al proporcionarlos a un precio inferior al precio del mercado y de manera universal, colocándolos así, al menos en una gran parte de los mismos, en manos privadas y desvinculando a las clases ricas de contribuir a la “caja común” de los impuestos, para garantizar Derechos Sociales básicos para la vida.

Instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea son cómplices y promotores de este proceso y, por lo tanto, también de un modelo de pensión pública cada vez más reducido e integrado por el privado, como una "garantía" de su sostenibilidad para el futuro.

Financiación de pensiones

El sistema público de pensiones está financiado por los trabajadores y las trabajadoras, las empresas y por los impuestos. Su demolición fue motivada por una supuesta insostenibilidad y presentada como un conflicto distributivo entre generaciones viejas y jóvenes.

En realidad, esto sirve para ocultar otro conflicto distributivo mucho más importante, entre el ingreso laboral (salarios y pensiones) y el ingreso de capital (beneficios y rentas), que en las últimas décadas ha ido, incidentalmente, sistemáticamente en beneficio de este último.

Si las personas jubiladas de hoy tienen ingresos más altos que las personas trabajadoras, esto no se debe a privilegios, sino al hecho de que, en el momento en que trabajaban, los salarios, sobre los cuales calculaban sus pensiones hoy, eran más altos que los salarios actuales.

El sistema contributivo impuesto para el cálculo de las pensiones hace que la relación entre las pensiones bajas y los salarios bajos sea cada vez más estricta: los períodos prolongados de desempleo y el trabajo precario tienen un impacto negativo en las pensiones futuras al definir un escenario sombrío: trabajadores y trabajadoras pobres (las personas jóvenes), las personas jubiladas con pensiones de beneficencia y pobres.

Una vez que se reduzca la pensión pública, comenzará el proyecto de construir un sistema privado a través de fondos de pensiones administrados por compañías de seguros, bancos y sindicatos que asumen una parte adicional del salario.

Qué hacer

Debemos relanzar la lucha por los derechos sociales basados en los sistemas públicos de Seguridad Social: universal y suficientes, para posibilitar una vida digna a las personas, que tengan cubiertas sus necesidades de empleo, pensiones, salud, vivienda, etc. Esto requiere un gran proyecto y tenemos la obligación de intentarlo.

Un proyecto que reúne sueldos, pensiones y servicios sociales públicos extraídos de la lógica del mercado y la competencia.

Los sistemas de pensiones actuales, junto con la reducción de salarios, son una cara del modelo neoliberal destinado a eliminar la pensión pública, basada en un pacto intergeneracional, a favor de un sistema privado basado en cuentas individuales de carácter de seguro administrado por bancos, compañías de seguros y fondos de la inversión.

Sin embargo, los gigantescos recursos de pensiones, una gran masa de dinero, todavía se dirigen en gran parte hacia un organismo público que lo gestiona y redistribuye sin fines de lucro y no está en manos de las finanzas especulativas. El proceso de privatización progresiva que vemos implementado para las pensiones, también tiene lugar en el campo de la salud, en la asistencia, en parte en la educación, y es todo esto a lo que debemos oponernos.

CONCLUSIONES

Hasta ahora, el neoliberalismo ha imbuido a toda la sociedad con sus valores económicos, políticos y culturales.

Pero se están tomando formas que nos dicen cuánto disminuye su encanto debido a los muchos fracasos producidos en las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras y las clases populares, por este modelo social de mercado, es decir por el capitalismo.

Sin embargo, del modelo liberal y de una imagen de profunda inquietud social, uno no se manifiesta espontáneamente, sino que asume reclamos y luchas conjuntas a nivel de varios países. Sin ilusiones, porque la claridad en los horizontes por sí sola no es suficiente, sino la acción diaria y la capacidad de reconstruir colectivamente una comunidad sólida.

Tomando nota del daño causado por las políticas neoliberales y el estado de la situación en los distintos países, debemos tener la capacidad de lograr la unidad de acción y la intención en los siguientes objetivos:

-unificar las luchas de las personas jubiladas con las del resto del mundo del trabajo, porque no existe la posibilidad de un futuro para el sistema público de pensiones a menos que se aumente el nivel general del salario de las personas empleadas y se elimine la precariedad y el desempleo.

-luchar contra las limitaciones externas e internas, representadas por los diversos pactos de estabilidad, que socavan los derechos y las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras.
-restaurar un sistema de seguridad social público, universal y solidario capaz de garantizar un nivel de vida digno.

-garantizar la pensión a los 60 o 35 años con derecho a elegir de la persona, para favorecer el empleo de las nuevas generaciones; jubilaciones más favorables para trabajos extenuantes.
-reconocer los derechos de pensión para superar las causas de las diferencias de género y reconocer el trabajo de reproducción y cuidado;

-no a los fondos de pensiones privados de seguros, bancos o por cómplices que utilizan los salarios de los trabajadores en beneficio de la especulación financiera;

-restaurar o crear un sistema de salud público, universal y gratuito para garantizar el derecho a la salud y la atención.

El capitalismo industrial, financiero y actual está cada vez menos vinculado a la dimensión nacional, tiene la posibilidad de moverse libremente y, por lo tanto, tiene mayores posibilidades de reducir y frustrar los efectos de las luchas de las personas trabajadoras.

Depende de nosotros construir la solidaridad y la capacidad de organización internacional, para desarrollar un conflicto capaz de afectar y producir resultados ganadores.

(1) También conocido como un "cálculo contributivo" que es una pensión calculada sobre el total de las contribuciones pagadas por todos en su vida laboral y más o menos reevaluada según las diferentes legislaciones nacionales.

(2) En este caso, la pensión no se basa tanto en las tarifas pagadas, sino en el promedio de los salarios recibidos en un período determinado desde el momento de la jubilación.