Ley de Vivienda
La regulación de los alquileres, el gran incordio de la coalición

“¿Cómo has podido solventar el alquiler de un piso así?”, le pregunta un personaje de reparto a Monica Geller, una de las seis protagonistas de la legendaria serie Friends, icónica hasta hoy. “Thanks to rent control (gracias al control de alquiler)”, responde ella. Los fans del programa recordarán que Monica hizo una especie de treta para heredar de su abuela el contrato de alquiler del emblemático piso, gigante y ubicado en el sofisticado barrio de West Village de Manhattan. Y el hecho, una anécdota más de esa ficción, muestra de forma natural cómo en la capital global del capitalismo y libre mercado es absolutamente normal que los alquileres estén regulados.

Quien consuma series o películas grabadas en Nueva York sabrá que más de una vez se hace mención al rent control en la gran metrópoli estadounidense y que rige desde los tiempos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, al escasear la vivienda tras comenzar el boom de la economía imperial. Hasta hoy se mantiene, inclusive en la isla de Manhattan, cuyo promedio de valor por metro cuadrado supera por mucho al madrileño o barcelonés. Podría haber un gran debate por deconstruir esta regulación de precios por los enormes beneficios rentísticos que traería a los grandes propietarios.

Pero no. El asunto no figura ni por asomo en los temas que discute la política neoyorquina. Mientras que en España, no sólo las derechas parlamentarias se oponen con rotundidad a cualquier tipo de regulación, sino que el asunto se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato del Gobierno de coalición entre socialistas y morados. En el frondoso acuerdo de investidura aparece clara la mención al respecto pero el presidente Pedro Sánchez no está dispuesto a cumplirlo y anunció, a través del ya exministro Ábalos, que intentaría contener los precios a través de medidas fiscales.

La negociación, en un laberinto

Ante la salida (inesperada por muchos) de Ábalos, la negociación que vienen llevando al respecto el PSOE y UP se ha visto estancada. Los negociadores son, por parte del socio mayoritario, el secretario de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, y por el bando morado, la ministra de Derechos Sociales y nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

En las últimas horas, el presidente Pedro Sánchez se ha pronunciado al respecto en Estados Unidos, durante un contacto con inversores y según crónicas de corresponsales ha prometido que la nueva ley no afectará a las inversiones de los grandes fondos inmobiliarios. En paralelo, este viernes Belarra dijo ante los medios, casi respondiéndole sin decirlo, que sí habrá una ley que “regule los precios” y recordó desde El Escorial que “los fondos buitres no votan en el Congreso”.

Hace falta hacer un poco de historia para quien no conozca este sendero zigzagueante que precede a la tan mencionada y aún no consensuada ley de Viviendas. Semanas previas a la salida del exministro, los negociadores socialistas propusieron a sus socios minoritarios un proyecto en el que se establecía una congelación de precios en zonas de mercado tensionado, algo que fue rechazado porque no contemplaba la baja de los alquileres allí donde viene habiendo una burbuja desde hace años.

Días después, y según han confirmado a El Salto fuentes que participan de las negociaciones, los socialistas hacen una contraoferta en la que se desdicen de la congelación de precios y encima proponen limitar las subidas hasta un 10%, es decir, permitían un aumento inclusive en las zonas tensionadas. Los de Belarra, sorprendidos, dijeron que no. Y Ábalos se fue. Y llegó Raquel Sánchez Jiménez, exalcaldesa de Gavà, ciudad de la periferia de Barcelona.

Fuentes del Ministerio de Transporte se limitaron a subrayar que el asunto de los alquileres “es un tema prioritario” para la nueva ministra, que “seguirá negociando hasta alcanzar una fórmula que sea útil”

Según pudo saber El Salto, Belarra y Sánchez Jiménez ya tuvieron contactos informales al coincidir en la reunión del Consejo de Ministros. La diputada por Navarra le manifestó su “buena predisposición” y que cuando ya se sienta situada en el cargo esperaba que se reunieran. Van dos semanas de la catalana al frente de Transporte (que gestiona las competencias en Vivienda) y no ha habido gesto para activar las negociaciones truncadas, aunque en UP admiten que es normal porque tomar las riendas de un ministerio “lleva no menos de un mes”.

Fuentes del Ministerio de Transporte preguntadas por El Salto se limitaron a subrayar que el asunto de los alquileres “es un tema prioritario” para la ministra, que “seguirá negociando hasta alcanzar una fórmula que sea útil”. Con respecto a plazos para una definición, o si podría haber algún giro en torno a la negativa del PSOE a intervenir en los precios en zonas tensionadas, la respuesta fue que no había nada nuevo que decir. Desde el grupo parlamentario Socialista tampoco manifestaron tener novedades al respecto.

Transporte sí confirmó que la nueva ministra ha decidido mantener a buena parte de su gabinete y darle continuidad no solamente al equipo de comunicación heredado de Ábalos sino a su principal negociador en este tema, Lucas Parrón, exalcalde de Móstoles. Él y Belarra, por tanto, mantendrán su pulso.

Pero las negociaciones cuentan con una pesada hipoteca que dejó Ábalos con su sorpresivo anuncio en marzo pasado, cuando dijo que Moncloa prefería actuar en el mercado por el lado de la oferta a través de la mejora del marco fiscal para que los propietarios encontraran incentivos que les animen a no tener viviendas vacías. Esta abdicación en la promesa del acuerdo de investidura no contemplaba bajar precios y solo contener subidas de una forma casi esotérica para los inquilinos, ya que deja todo librado a la decisión de los propietarios.

La salida de Ábalos y la entrada de Sánchez Jiménez no ha despertado gran ilusión en Unidas Podemos, que no oculta su fatiga en este asunto. Fuentes de la cúpula morada recalcan que “no hay esperanza” sino “exigencia y necesidad de lealtad con lo pactado”. Además, lamentan que no sólo no se cumpla lo pactado sino que se haya recurrido en junio la ley aprobada por el Parlament de Catalunya el año pasado que regulaba los alquileres en zonas tensionadas (apoyada por la confluencia morada de En Comú Podem).

Fuentes moradas no creen que para antes del receso de agosto haya una definición y recuerdan que el proyecto que impulsan será de ejecución autonómica “voluntaria”. Es decir, que los gobiernos regionales serán los que acabarán aplicándola según suso propios criterios, algo que puede suavizar sus efectos y que, debe decirse, podría no acabar teniendo los efectos progresistas que su electorado reclama.

Lo que se discute es la concreción de un mapeo de todos los barrios de todos los ayuntamientos del Estado y compararlo con los precios promedios de alquiler. Allá donde el alquiler promedio sea ostensible superior al valor del mercado, se calificará de zona tensionada, será en estos casos en los que el gobierno autonómico podrá regular. Serviría como un paraguas legal para otorgar la competencia de bajar el precio cuando haga falta. Allí radica la discordia: el PSOE solamente quiere regular para que no haya subidas o éstas sean contenidas. Para más inri, seduce al electorado de clase alta con promesas de beneficios fiscales (que beneficiarán en los hechos a grandes propietarios más que a los medianos).

El referente económico de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, hizo un estudio sobre un plan similar lanzado por el gobierno de Portugal en 2019 y “se ha demostrado que no ayudó en nada”, señalaron desde UP.

De hecho, el PAA (Programa de Arrendamiento Accesible) tuvo en su primer año solamente un 2,3% de concreción de contratos de arrendamiento del total de solicitudes demandadas por inquilinos. En números absolutos significa que ha beneficiado a tan solo 242 de ellos.

La ministra vs la alcaldesa

Frente a este panorama, algunos mantienen un mínimo de esperanza en que Sánchez Jiménez sea un cambio positivo en favor de la regulación, diferente a Ábalos, visto como un hombre vinculado al poder y muy orgánico del PSOE. La dirigente catalana gobernaba un ayuntamiento pequeño y no tiene mucho peso en el partido, casi en las antípodas de su predecesor valenciano.

Lo que sí tiene es una prédica progresista en favor de la vivienda accesible y un interesante antecedente: como alcaldesa de Gavà (cargo que ocupó desde 2014) ella aplicó este mismo año la ley aprobada por el Parlament para regular los precios en su municipio.

De esto se hizo eco Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters (inquilinas e inquilinos) de Catalunya. Apenas hecho el intercambio de carteras de Ábalos a Sánchez Jiménez, Palomera señaló en Twitter: “La nueva ministra encargada de impulsar la ley de Vivienda aprobó hace pocas semanas que Gavà siga regulando el precio del alquiler durante cinco años. Confiamos en que será consecuente y no cederá a las presiones de los fondos buitre. Toca blindar y extender la regulación vigente”.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Fernando Barreda, en entrevista con Efe, ha asegurado que como alcaldesa Sánchez Jiménez avaló el “pelotazo inmobiliario” que supone el Plan de Ponent de Gavà, pero que también en su municipio se ha aprobado la regulación de rentas por cinco años”, lo que a su juicio indica que es una política “capaz de lo peor y de lo mejor”. Más picante aún, opinó que la ministra “no tiene peso en el PSC, así que hará lo que le manden” y que como los socialistas “quieren bajarse los pantalones en el tema de la regulación y Ábalos ha dicho que los suyos no, la han puesto a ella para hacerlo porque no se juega mucho”.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid ha asegurado que, como alcaldesa, Sánchez Jiménez avaló el “pelotazo inmobiliario” del Plan de Ponent de Gavà, pero que también en su municipio se ha aprobado la regulación de rentas por cinco años, lo que a su juicio indica que es una política “capaz de lo peor y de lo mejor”

La mención al Plan de Ponent no es casual. Está considerada una de las mayores operaciones urbanísticas de Catalunya en los últimos tiempos e implica casi cinco mil nuevas viviendas de iniciativa público privada, con tan sólo 2.000 viviendas públicas del total. Colectivos ecologistas ya han anunciado que recurrirán este mega proyecto por su intervención en el ecosistema, además de despertar críticas en los colectivos de inquilinos.

Por ahora la ministra ha dicho poco y nada. En su primera entrevista televisada hace unos días, dijo a La Sexta sobre la ley de Vivienda que se está “negociando” con UP y que “es más que una ley de limitación de los precios de alquiler”. “Queremos garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible”, señaló, y recordó que ella misma utilizó la ley de la Generalitat catalana que tenía “a disposición”, aunque matizó que fue recurrida porque no se la consideraba ajustada a derecho.

“Tenemos que ver de qué instrumentos disponemos y seguir negociando y llegar a ese acuerdo para garantizar que no suban los precios de una forma abusiva y hacerlo con la fórmula más adecuada”, recalcó. Es decir, de bajadas de precio y de intervención en zonas tensionadas, ni una mención. Al parecer la ministra se ha deglutido a la alcaldesa.

En Podemos lamentan la situación pero recuerdan en su cúpula que “esto más de quién es la ministra, o si es más o menos de izquierda que Ábalos, en realidad no es cosa más que de Pedro Sánchez y de su compromiso con lo pactado”. Una verdad innegable que, a la vista de los discursos, por ahora no deja mucho espacio para la expectativa.