Juicio del 1 de Octubre
El derecho de autodeterminación, a juicio en el Supremo, marca el debate de los Presupuestos

El debate sobre los Presupuestos para 2019 se convierte en campaña electoral para la derecha y en un espacio para reiterar la necesidad de diálogo con Catalunya mientras el Tribunal Supremo comienza el juicio de la causa contra el Procés.

Dos citas clave para el futuro inmediato de España y Catalunya. El comienzo del juicio sobre el referéndum del 1 de octubre ha coincidido con la votación sobre la tramitación de los Presupuestos Generales para 2019. La democracia y la separación de poderes puesta a prueba en el Congreso y el Tribunal Supremo. Las calles de Barcelona han contribuido al aumento de la presión sobre jueces y legisladores.

En el cálculo de los partidos políticos están unas elecciones generales que están más cerca después de que ERC mantuviese ayer la enmienda a la totalidad de los presupuestos. La campaña, que comenzó ayer en la tribuna del Congreso, coincidirá con el juicio en el Supremo que hoy, martes, se abre con los argumentos de Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación particular sobre las cuestiones previas presentadas el 12 de febrero por las defensas de las doce personas que se sientan en el banquillo de los acusados.

El nexo político entre los dos espacios era el derecho de autodeterminación de Catalunya respecto al resto de España. Un derecho que la Constitución no recogió en 1978, que el PSOE no comparte y que la derecha española considera perseguible jurídicamente. El Supremo tiene, desde el día de ayer, la potestad de definir si se trata de un marco político aceptable o si, por el contrario, aplica los cargos de sedición y rebelión sobre los responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017.

un juicio condenado

“Este juicio no debe empezar, al menos en la forma en la que está formulado”, concluía en la primera jornada de la vista Bernat Salellas, abogado de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Entre las cuestiones previas expuestas en la pasada jornada se entreveía una advertencia clara de que, desde Europa, podrían echar por tierra la condena ejemplar que tanto la Fiscalía, la Abogacía General del Estado y la acusación popular ejercida por Vox —aún con más saña y acusaciones más endebles— buscan, como ya ha pasado en varios casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar los derechos fundamentales —véase el caso de Enric Stern y Jaume Roura, condenados a 15 meses de cárcel por quemar una imagen de los reyes—.

A las acusaciones de rebelión o sedición por participar en movilizaciones y campañas en búsqueda de adhesiones internacionales —como en el caso de Jordi Cuixart—, se suma la de malversación de fondos públicos —hecho que ya ha sido desmentido por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro: “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”, afirmó en una entrevista a El Mundo publicada en abril de 2018— y pertenencia a organización criminal, cargo que Vox ha imputado a todos de base, parece que sin tener mucha idea del propio concepto de organización criminal, que, según una circular de la Fiscalía general del Estado, requiere, entre otras cosas, el uso sistemático de violencia, actividades de blanqueo de capitales y la finalidad principal de beneficios económicos.

A los cargos, más o menos estrafalarios, se suman las irregularidades en el proceso judicial, que Salellas ha achacado a la prisa por paralizar el proyecto de autodeterminación catalán y que han incluido, por ejemplo, que los abogados de las defensas no tengan acceso a todas las pruebas admitidas que varios —cuatro en concreto— de los magistrados del tribunal que juzgará a los doce hayan sido antes parte de la sala que admitió a trámite la causa de fiscalía o que parte de las pruebas que provienen del Juzgado de Instrucción número 13 de Catalunya —que son el grueso de las que dispone el juicio en el Supremo— hayan sido por voluntad de la Guardia Civil y no por orden del juez instructor —como el registro del edificio del Govern, cuando solo había orden judicial para registrar cuatro despachos—.

En la jornada de hoy, después de que Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox respondan a las cuestiones previas, será la sala del Tribunal Supremo a la que le toque decidir si seguir con el proceso tal como estaba planteado —y arriesgarse a una condena de Estrasburgo— o admitir algunas de las propuestas de las defensas, entre las que figura suspender el juicio hasta que tengan acceso a toda la prueba.

La presencia de miles de manifestantes en las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas en la manifestación de la tarde fue al contrapunto a la maratoniana jornada en las instituciones de Madrid. La jornada en Barcelona, convocada con el lema “el derecho de autodeterminación no es delito”, transcurrió sin incidentes graves, pero los Mossos d’Esquadra intervinieron frente a la Fiscalía Superior de Catalunya, donde un centenar de personas se concentró desde el mediodía. Carles Riera, diputado de las Candidaturas d’Unitat Popular en el Parlament (CUP), fue uno de los primeros desalojados.

Una solución "a mano"

El inicio del juicio en el Supremo marcó definitivamente la sesión del 12 de febrero en el Congreso, donde se anticipó que el Gobierno de Pedro Sánchez no podrá sacar adelante los presupuestos generales para 2019. La votación de hoy, 13 de febrero, puede provocar la convocatoria de elecciones generales y la automática prórroga de los presupuestos de 2018, elaborados por Cristóbal Montoro y el Gobierno de Mariano Rajoy.

El debate de totalidad del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2019 tuvo dos tendencias marcadas. De una parte, los partidos de la derecha, utilizaron su presentación de enmiendas a la totalidad para preparar sus argumentos de cara a un proceso electoral. De otra, los partidos catalanes, ERC y PdeCat, lamentaron la “oportunidad perdida” por el Gobierno para el diálogo.

Joan Tardà, portavoz de ERC, lamentó que el Gobierno no pudiese “aguantar el chaparrón de la derecha”; Tardà defendió que estaba “a mano” una solución dialogada al conflicto abierto entre Catalunya y el Estado español. La contestación de la ministra ha sido que el PSOE no está dispuesto, ni lo estará, a hablar de autodeterminación ni de un referéndum pactado. Tardà añadió que su partido tratará de mantener las conversaciones con el PSOE para una solución política para el conflicto en Catalunya y que cree que su partido se verá abocado a pedir la amnistía de los juzgados en el Supremo.

La derecha, tras el chaparrón, utilizó el tiempo de defensa de las enmiendas para situar el eje de la campaña electoral. Casado volvió a acusar de “traición” a Pedro Sánchez e hizo una declaración de intenciones que devolvió la pelota al Supremo: “No se puede dialogar con los presos independentistas más que pedirle que lo hagan con sus abogados; ni con los líderes independentistas de la Generalitat, salvo para ver cómo se aplica el 155”.

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