Corrupción
Caso Canal de Isabel II: ¿es el PP una organización criminal?

Pasadas las 17h de hoy 26 de abril, una serie de organizaciones políticas y sociales han presentado una querella por el desfalco de dinero público en el Canal de Isabel II. Las organizaciones que se unen a esta querella remitida al instructor Eloy Velasco son Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

El equipo que la ha preparado es el mismo que planteó la Querella de Bárcenas y también coinciden algunas de las organizaciones que se mantienen en la causa que dirige el juez Pablo Ruz. Su objetivo es ejercer de acusación popular para llevar a cabo “un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción”.

La principal novedad de la misma es que se pide la imputación del propio Partido Popular por delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y así hasta 13 delitos como gestora del Canal. Con ello, saltaría por los aires la coartada de los “casos aislados” enarbolada por el PP y se apunta a la responsabilidad penal de la organización con sede en la calle de Génova. La querella cree probable y posible la comisión de un delito de organización criminal, tipificado en el artículo 570 del Código Penal, por parte de 13 personas físicas (entre las que están Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, su hermano Pablo, el empresario Juan Miguel Villar-Mir o el ‘compiyogui’ Javier López Madrid) y de una persona jurídica: el propio Partido Popular.

La acusación popular también pide que se investigue el desvío de fondos públicos desde la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (ICM) para el pago de gastos electorales del Partido Popular. Fueron más de medio millón de euros en 2012 y 121.000 euros en 2013, no declarados a Hacienda, con los que se afrontaron gastos electorales en campañas en Madrid y en todo el Estado. Los organizadores de la querella creen que esto incurre en delito electoral y contra la hacienda pública, ya que en 2012 se estableció en el Código Penal que los partidos políticos pasan a ser, como personas jurídicas, responsables penales por este tipo de actuaciones.

Además, las convocantes piden en la querella que Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana se sumen a la larga lista de investigados en el caso por presuntos delitos de encubrimiento del desfalco. En el caso de Aguirre, la querella plantea su posible papel como cooperadora en los presuntos delitos fiscal y electoral del PP.

“En paralelo a la querella, hemos solicitado con urgencia en el Congreso un Pleno sobre la corrupción del partido en el gobierno”, han anunciado los autores de la querella. Representantes de Unidos Podemos y el grupo mixto han solicitado la comparecencia de Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Interior y Justicia por vulneración de principios constitucionales, en concreto sobre la separación de poderes, después de que se conocieran las comunicaciones de un representante de Interior con el hermano de Ignacio González –principal investigado en el caso del Canal y ‘capo’ de la organización según los querellantes– y el mensaje que el titular de Justicia envió al propio González hace menos de un año. También el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy en pleno presentarse como acusación particular en el caso del Canal, con los únicos votos en contra del PP.  

¿Es el Partido Popular de Madrid una mafia?

“No es un partido, es una mafia”. Es una consigna que llevamos años escuchando en las calles. Desde el 15 de mayo de 2011 hasta ahora. Con cada nuevo caso de corrupción que salta a los medios de comunicación se escucha más fuerte. Pero ¿cuánto hay –estrictamente hablando y en términos legales– de verdad en esto? ¿Es (o ha sido) realmente el Partido Popular de Madrid una organización criminal?

Si bien permanecían enfrentados entre sí, aunque fieles a su mentora, Esperanza Aguirre, la presencia a día de hoy del anterior presidente y de un ex secretario general del partido en prisión por supuestos delitos cometidos bajo la presidencia de Aguirre y del propio González indica que la pregunta no es exagerada.

Para aportar datos para el debate, nos remitimos a la circular que la Fiscalía General del Estado emitió en 2011 sobre las características de las organizaciones criminales, analizándola punto a punto.

1. Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso.
Solo en esta semana son al menos 11 las personas relacionadas con el Partido Popular que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Madrid por posibles delitos de corrupción. Entre ellas, además de Ignacio González y varios miembros de su familia, delegados de Gobierno, como la madrileña Concepción Dancausa o Luis Vicente Moro –delegado de Gobierno en Ceuta–.

Pero si echamos la vista atrás, es difícil contarlos todos. Hasta 2016 se contaban más de 800 cargos del Partido Popular imputados en 31 casos de corrupción. La Gürtel –y su prima hermana ‘Papeles de Bárcenas’–, el caso Bankia, Brugal y Acuamed son solo algunos de los más conocidos, a los que se han ido sumando nuevos casos, como la Púnica o la última Operación Lezo (nombre policial para el caso del Canal de Isabel II).

Hasta el propio Partido Popular ha sido imputado por borrar hasta 35 veces los discos duros de los portátiles que utilizaba su extesorero Luis Bárcenas en los que, según este, se almacenaban documentos que acreditaban la contabilidad en b del partido. Eso le supuso el honor de ser el primer partido imputado en democracia.

Los imputados de Esperanza Aguirre, de un vistazo

La 15Mpedia recogió, hasta 2013, más de 40 cargos del Partido Popular condenados. Desde entonces ha seguido creciendo la lista según se fueron celebrando los juicios: la exconsellera de Turismo de la Comunidad Valenciana Milagrosa Martínez (rama valenciana de la Gürtel), Rodrigo Rato (Tarjetas Black), Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia (Gürtel).

Los distintos casos en los que se investigan las posibles adjudicaciones de contratos públicos a cambio de dinero para el partido ya tenían como precedente el caso Naseiro (1989), que tuvo como implicado al tesorero de Alianza Popular entre los años 1987 y 1990.

Empresarios que dan comisiones a cambio de contratas más tesorero como principal investigado más cargos varios del partido que hacen de intermediarios con los empresarios. El esquema se repite desde hace al menos 28 años. 

2. Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de rígidas normas de disciplina interna y de una jerarquía, a veces extravagante. Suele tener lugar una situación de aislamiento como forma de protección de los cabecillas del grupo mediante la interposición de testaferros, la autoinculpación de los subordinados en sede judicial o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas.
Por definición, un partido político establece rígidas normas y una jerarquía clara. El debate interno, no obstante, es mayor –al menos en teoría– que en una organización criminal. En el caso de Madrid, la escalada hasta las partes superiores de la pirámide también se ha producido desde abajo.

Las salpicaduras de los distintos subalternos en la escala del grupo no llegaron inmediatamente al vértice de la pirámide. En 2013, Juan José Güemes y Manuel Lamela fueron imputados por cohecho y prevaricación por su papel como consejeros en el proceso de privatización de la sanidad en Madrid.

Un año después, la Justicia escalaba un paso más. Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, y exconsejero de Presidencia, era imputado en el marco de la Operación Púnica. Entre los cargos que se le imputaron estaba el de organización criminal. El juez Eloy Velasco consideraba entonces que Granados era el centro de una “amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”.

En el caso Lezo (Canal de Isabel II), la imputación por organización criminal ha cobrado especial relevancia después de que se haya sabido que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, presionó para que no se investigase por este delito a Ignacio González. El juez Velasco sí ha dado luz verde a que se le investigue por dirigir una “organización destinada al saqueo del Canal”. A la lista de delitos supuestamente cometidos por González se suman los de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales.

El mismo delito de organización criminal ha sido expuesto por los investigadores del caso Taula, que afecta al PP de Valencia por financiación irregular. En el marco del caso Bárcenas, el ‘gordo’ de la organización criminal recayó en Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, extesoreros y exgerente del PP, respectivamente.

En el caso de las autoinculpaciones, la práctica no parece demasiado extendida en los casos de corrupción más populares de los últimos años, pero sí se ha producido. Por ejemplo, Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, afirmó que se sentía engañado tras haberse declarado culpable por cohecho impropio porque “personalmente me lo pidió” Francisco Camps.

¿Son los cabecillas en los respectivos casos o solo actores secundarios? Los juzgados decidirán según cada caso. La escalada hasta el vértice de la trama es tradicionalmente la parte más complicada de este tipo de procesos. De nada sirvió el testimonio del “arrepentido” Tommaso Buscetta para que se produjese una condena de Giulio Andreotti en el Caso Tangentopoli.

3. Actuación prolongada en el tiempo o indefinida.
El primer apunte de las notas de la contabilidad B del partido de Génova se remonta al año 1990. Probar que la actuación delictiva que se investiga se produjo de forma “constante e ininterrumpida” es una de las claves para que no prescriban una serie de delitos supuestamente cometidos en ese periodo.

Los delitos investigados en las operaciones Púnica y Lezo se remontan hasta 2003, el año en el que Esperanza Aguirre fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Poco antes, el gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, había hecho una aportación de más de 200.000 euros al gerente del PP nacional, Luis Bárcenas, en concepto de donativos para la campaña de las municipales de 2003.

En el caso de la Operación Lezo, las supuestas irregularidades en el Canal se remontan a 2003, e incluso antes, si se atiende a uno de los “pinchazos” telefónicos que han trascendido del sumario del caso. “Lo de 2001 sí que fue un pelotazo”, dice en ese pinchazo Ignacio González, en referencia a una irregularidad cometida por la anterior administración del Canal durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la CAM. Una irregularidad que González nunca denunció.

4. Comisión de actos delictivos graves. Se despliegan habitualmente técnicas o métodos complejos de ejecución para garantizar el éxito de las actividades delictivas. Cabría citar el uso de alta tecnología para las comunicaciones, las destrezas financieras en el manejo de fondos o distintas formas de relación con la función pública.
Actos delictivos graves: organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude (Púnica). Blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias (Gürtel). Apropiación indebida, administración desleal, falsedad en los balances y maquinación para alterar el precio de las cosas (Caso Bankia). Prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios (Lezo).

Las técnicas o métodos de ejecución van desde las rudimentarias anotaciones en los libros de contabilidad hasta el uso de teléfonos durante cortos periodos de tiempo para evitar las escuchas. Esta táctica, que ha salido a la luz durante la instrucción del caso Lezo y que, según la Cadena SER tuvo un coste de más de cien mil euros para la población madrileña, fue el medio usado para eludir las escuchas telefónicas que, finalmente, han salido a la luz.

Las sospechas de que estos métodos de precaución ya se habían plasmado en las investigaciones del espionaje político en la Comunidad de Madrid, un caso que fue reabierto en 2016 tras su archivo en 2008. El propio partido reconoció, después de años negándolo, que se produjo una “operativa antijurídica” por parte de personas de la Administración Regional de la Comunidad de Madrid “que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”.

Además, los organizadores de la querella presentada hoy denuncian el uso de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (ICM) para sufragar los gastos electorales, al menos en 2012 y 2013.  

5. Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.
Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití son algunos de los países en los que se llevaron a cabo operaciones que están siendo investigadas en el marco del caso Lezo.

En cuanto a la movilidad territorial, quedan pocos vacíos en la larga lista de casos de corrupción en los que está implicado el PP, vacíos que se justifican en una premisa simple: los casos brotan allí donde el partido ha gobernado. Baleares (Andratx, Funeraria, Palma Arena), Galicia (Baltar, Pokemon, Campeón), País Valenciano (Brugal, Taula, Fabra) o Madrid (Guateque, Fundescam, Púnica o Lezo) son los territorios principales. Aunque la especialidad del partido ha sido la transversalidad, aquellos casos que afectan a varios territorios, entre los que los papeles de Bárcenas o Gürtel son los más sonados.

6. Uso sistemático de la violencia o de la intimidación grave.
Un terreno pantanoso. Las denuncias públicas de misteriosas muertes apenas han llegado a sede judicial. La prensa ha especulado en varios artículos sobre la relación de fallecimientos y casos de corrupción. Desde 2009, como publicó El Español, ya se han producido nueve muertes de personas relacionadas con el caso Gürtel. La muerte del fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, encargado de los casos Pokemon y Campeón, también tiene que ser anotada en esta relación.

En el caso de Álvaro Lapuerta, pieza clave en el caso Bárcenas, durante un tiempo se especuló con las circunstancias de dos caídas que tuvieron lugar en su domicilio. Caídas “extrañas”, en palabras de sus hijos, que han quedado como muestra de la torpeza del extesorero del partido.

La divulgación ayer por parte de El Independiente de una conversación entre Ignacio González y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, incluía una presunta broma del ya entonces expresidente acerca de la investigación de su ático: “Exactamente, no, yo ya les he dicho: ‘Mira, yo ya estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros al juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?”. Por supuesto, cualquier parecido con una película de gángsters es pura coincidencia.

7. Utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales. Es habitual el uso de cualificados profesionales o expertos para garantizar el éxito de sus actividades delictivas.
Special Events, Orange Market o Pasaneda Viajes son algunas de las estructuras, a nombre del exsecretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo, utilizadas en el caso Gürtel. En el caso de la Operación Lezo no hacía falta crear nada: la gran empresa pública madrileña Canal de Isabel II le habría servido a Ignacio González para embolsarse –y embolsar a su partido, pasando antes por paraísos fiscales– importantes sumas de dinero a través de adjudicaciones infladas o compras muy por encima del precio debido, con la complicidad de alguno de sus altos directivos.

Aun así, las compras fraudulentas y con sobreprecios de algunas empresas en Latinoamérica, como la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, son claves en el caso Lezo. Cinco de las empresas adquiridas por el Canal ya han sido liquidadas y otras seis están en proceso de cierre.

8. Actividades de blanqueo de capitales.
Pese a su tono de eterno bronceado, el exministro Eduardo Zaplana ha aparecido en el caso Lezo como presunto asociado de Ignacio González para una operación de blanqueo de capitales que González quiso llevar a cabo. Zaplana ha negado toda relación con los hechos.

La operación de “blanqueo” que presuntamente se iba a realizar con la ayuda de Zaplana –consistente en una patente para la desinfección de agua– no era la única manera con la que González quiso hacer aflorar parte del dinero ganado ilícitamente, según se colige de la investigación. Una red de guarderías y la compra de acciones de la empresa Auditel son los otros negocios previstos para transformar el “dinerillo b” en fondos legales del matrimonio González-Cavero, según se ha sabido por una de las conversaciones filtradas y publicadas por Europa Press.

El rival político de González, Francisco Granados, también hizo sus pinitos en cuanto a técnicas de lavado. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil expuso sus dudas sobre el origen del dinero con que el hermano de Granados hizo frente al pago de parte de los 360.000 euros usados para la compra de un piso. No es la única operación de este tipo que se achaca al exsenador. Granados también habría utilizado, presuntamente, a su suegro para realizar este tipo de operaciones.

Las técnicas de blanqueo más depuradas, no obstante, son las que –presuntamente– diseñó Luis Bárcenas para hacer legales las donaciones en B a la caja del partido. Las mismas que, según la Guardia Civil, utilizaba el PP de Valencia. En Suiza se estableció que Bárcenas era un PEP –persona expuesta políticamente–, la nomenclatura usada por el Grupo de Acción Financiera sobre lavado de dinero para identificar fondos procedentes del blanqueo cuando este no alcanza únicamente el dinero de sobornos o robos, sino también el que pueda proceder de activos del Estado, de instituciones, partidos o sindicatos.

9. Influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñen su función en la esfera política, medios de comunicación social, funcionarios de la Administración Pública, y/o de la Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante la corrupción.
Ana Garrido Ramos fue técnica del área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Boadilla hasta que, en 2007, se resistió a “entrar en la rueda”, según explicaba a Diagonal en septiembre de 2016. Garrido denunció en una carta enviada a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cómo, con Arturo González Panero como alcalde de este municipio, se presionaba a los técnicos para realizar “adjudicaciones a dedo y para elaborar pliegos de condiciones a medida”. Destapó el caso Gürtel, pero no le hicieron caso, perdió su empleo y sufrió una campaña de desprestigio.

En todos los casos de corrupción que salpican al Partido Popular hay cargos públicos implicados de manera activa o pasiva. Pero en el caso Lezo destacan también los medios de comunicación implicados: el director y el presidente de La Razón –que habrían presionado a Cristina Cifuentes para que no desvelara las irregularidades que desde la Comunidad de Madrid ya habían detectado en cuanto al Canal de Isabel II, investigación archivada provisionalmente a petición de la Fiscalía Anticorrupción–.

10. Finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos o de cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica.
Cuando la influencia política ya se tiene, la finalidad primordial pasa a mantenerla y a la obtención continuada de beneficios. Hasta ahora, el agujero en las arcas públicas ocasionado por el caso Lezo se calcula en más de 23 millones de euros, aunque esta cifra solo parte de la compra irregular de la empresa brasileña Emissao por parte de Canal de Isabel II. En el caso de la Gürtel son al menos 863 los millones de euros robados.

Parte del (supuesto) botín habría ido a parar a bolsillos particulares, pero otra parte cumpliría con el objetivo de mantener la influencia política, es decir, volver a ganar elecciones, mediante financiación ilegal de campañas electorales.

En el caso Lezo, González habría utilizado contratos inflados con hasta nueve empresas para pagar las deudas de la campaña electoral del Partido Popular de Madrid de 2011. Según la Fiscalía Anticorrupción, la Gürtel habría pagado las campañas electorales de Esperanza Aguirre –la misma que, compungida, acaba de dimitir al sentirse traicionada– de los años 2003 y 2007; y hasta habría ideado el lema de la campaña electoral que perdió Rajoy en 2004, ese que decía “Juntos vamos a más”, justo después de la tragedia del 11M. El Fundescam también habría pagado la campaña de Aguirre de 2003, según confesó Francisco Correa en octubre de 2015. El caso Taula habría aupado a Rita Barberá… y así seguimos.