Energía nuclear
Una lección de 36.800 millones de dólares de Georgia

Artículo publicado originalmente en Beyond Nuclear International.

Grupos de consumidores de Georgia han presentado una importante demanda contra el Estado de Georgia [AF1] en un tribunal federal, alegando que los legisladores de Georgia violaron la constitución del estado al posponer unilateralmente las elecciones de la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC). Según la demanda, el aplazamiento ilegal de las elecciones a la PSC permitió a los miembros de la comisión en funciones aprobar los mayores aumentos de tarifas de servicios públicos de la historia de Georgia y conceder a las empresas de servicios públicos la autoridad para cobrar a los georgianos por sobrecostes y contratiempos. Los grupos argumentan que los cargos no se habrían repercutido a los consumidores si las elecciones se hubieran celebrado según lo previsto.

El proyecto de ley 1312, que los legisladores de Georgia aprobaron en abril, retrasa la elección de los nuevos miembros de la PSC hasta más adelante en este 2025, lo que da a varios miembros de la PSC dos años más en el cargo. La constitución de Georgia exige que los mandatos del PSC sean de seis años, por lo que no pueden alargarse sin una enmienda constitucional. El mandato de todos los miembros del CPS se ha ampliado a ocho años, y el de uno a nueve.

La demanda, presentada por los abogados Bryan Sells y Lester Tate, con sede en Georgia, en nombre de los demandantes Georgia WAND y Georgia Conservation Voters, se produce después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. denegara la petición de los demandantes de que el tribunal revisara la decisión del 11º Circuito en el caso Rose contra Raffensperger.

Grupos de consumidores de Georgia han presentado una importante demanda contra el Estado de Georgia [AF1] en un tribunal federal, alegando que los legisladores de Georgia violaron la constitución del estado al posponer unilateralmente las elecciones de la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC). Según la demanda, el aplazamiento ilegal de las elecciones a la PSC permitió a los miembros de la comisión en funciones aprobar los mayores aumentos de tarifas de servicios públicos de la historia de Georgia y conceder a las empresas de servicios públicos la autoridad para cobrar a los georgianos por sobrecostes y contratiempos.

Kimberly Scott, demandante y directora ejecutiva de Georgia WAND, declaró: “El aplazamiento ilegal de las elecciones al PSC en Georgia es un ataque a nuestro derecho constitucional al voto y al mandato constitucional del estado de celebrar elecciones estatales dentro del plazo que marca la ley. Esta demanda demostrará que los legisladores de Georgia han tomado decisiones normativas de facto que perjudican al estado en lugar de atenerse a nuestra constitución. Dejemos que el pueblo vote”.

Brionté McCorkle, demandante y director ejecutivo de Georgia Conservation Voters Education Fund, dijo: “Los georgianos están luchando cada mes para mantenerse por delante de los crecientes costos de los alimentos, la vivienda y ahora la energía. No son costes opcionales. Son cosas que necesitamos para sobrevivir. Los Comisionados de Servicios Públicos como Tricia Pridemore, Fitz Johnson y Tim Echols han permitido que Georgia Power saque dinero de los bolsillos de los trabajadores de Georgia, y esto tiene que terminar”.

En mayo, los demandantes, junto con otros cuatro destacados grupos de consumidores de Georgia, publicaron un informe, Plant Vogtle: El verdadero coste de la energía nuclear en Estados Unidos. El análisis detallaba cómo el Departamento de Energía de EE.UU., Georgia Power y la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC), conspiraron para obligar a los georgianos a comprar la electricidad más cara del mundo, que cuesta a los contribuyentes 10.784 dólares por kilovatio, frente a los 900 a 1.500 dólares por kilovatio (KW) de la eólica o la solar. Recientes facturas de electricidad de Georgia Power han demostrado que el aumento de la factura se sitúa entre el 30% y el 40%.

El análisis detallaba cómo el Departamento de Energía de EE.UU., Georgia Power y la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC), conspiraron para obligar a los georgianos a comprar la electricidad más cara del mundo, que cuesta a los contribuyentes 10.784 dólares por kilovatio, frente a los 900 a 1.500 dólares por kilovatio (KW) de la eólica o la solar. Recientes facturas de electricidad de Georgia Power han demostrado que el aumento de la factura se sitúa entre el 30% y el 40%.

Otras conclusiones clave del informe de mayo sobre Vogtle son las siguientes: 

La central de Vogtle permitió a Georgia Power ampliar su base tarifaria, los activos sobre los que obtienen una tasa de rentabilidad garantizada, en más de 11.000 millones de dólares.

Sin embargo, su parte de Vogtle es de 1.020 megavatios, lo que la convierte en la electricidad más cara del mundo, con 10.784 $/KW. Los precios normales de generación (eólica, solar, gas natural) oscilan entre 900 y 1.500 $/KW.

Las Unidades 3 y 4 de Vogtle tardaron 15 años en construirse y costaron 36.800 millones de dólares, mucho más del doble del plazo y el coste previstos. Los supervisores independientes de la construcción de Vogtle documentaron que Georgia Power proporcionó estimaciones de costes materialmente falsas durante al menos diez años, falsedades utilizadas para justificar la ampliación de la central de Vogtle.

Unas estimaciones de costes falsas similares llevaron a la cárcel a los directivos de una empresa de servicios públicos de Carolina del Sur por la fallida central nuclear de ese estado, que comenzó a construirse al mismo tiempo que la central de Vogtle. Patty Durand, defensora de los consumidores, fundadora de Cool Planet Solutions y reciente candidata a la PSC de Georgia, declaró:

“Una y otra vez, se advirtió a la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC) sobre el coste astronómico de los reactores de Vogtle y el peaje financiero que supondrá para los georgianos en las próximas décadas. Los comisionados se negaron repetidamente a proteger a los contribuyentes de los sobrecostes e ignoraron las recomendaciones del personal de la PSC de cancelar el proyecto. En Carolina del Sur hubo gente que fue a la cárcel por acciones como ésta, pero aquí no hemos tenido que rendir cuentas por el mismo comportamiento, e incluso peor. En su lugar, la legislatura estatal decidió proteger a los actuales comisionados de enfrentarse a los votantes retrasando indefinidamente las elecciones de la PSC. Esto es claramente inconstitucional. Esto es antiamericano”.

Traducción de Raúl Sánchez Saura.