Coronavirus
El Gobierno y Díaz Ayuso vuelven a negociar con la amenaza de intervención de fondo

Las relaciones entre los Gobiernos de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, rotas desde el viernes 25, llegan este lunes 28 de septiembre a uno de sus momentos de más tensión. Tras el fracaso del grupo de coordinación, el Gobierno afirma estar dispuesto a intervenir la Comunidad de Madrid (CAM) para aplicar medidas más duras en todos los municipios que superen una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 

Tras un día largo de escalada y amenazas cruzadas, en la mañana del domingo, el vicepresidente de la CAM, Ignacio Aguado, solicitó un “alto el fuego político” y retomar las reuniones con el Ejecutivo central para fijar “criterios objetivos” de actuación frente al covid-19. Uno de esos posibles criterios, según declaró la propia presidenta regional, sería cerrar en toda España los municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Las comunicaciones entre los dos gobiernos fueron confirmadas tanto por Aguado como por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

El economista ultraliberal Juan Ramón Rallo dedicaba duras palabras al último giro de los acontecimientos: “Si Ayuso cree necesario cerrar todas las zonas de Madrid con más de 500 contagios por 100.000, entonces no sé por qué espera a que lo hagan otros”

Si se aplicara esta ecuación a todo el territorio español, que algunos medios ya llaman la “Tasa Illa”, decenas de ciudades tendrían que endurecer sus medidas de contención, empezando por la propia ciudad de Madrid y grandes municipios de la región como Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Leganés, Getafe, Coslada, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Móstoles, Aranjuez, Majadahonda, Alcalá de Henares, Arganda del Rey o Pinto, unas pocas de ellas ya con confinamientos parciales. Con este criterio, los cierres también afectarían a Lorca (Murcia), Lucena (Córdoba), Talavera de la Reina (Toledo), Ibiza (Islas Baleares), Guadalajara, Pamplona/Iruña (Navarra), Linares (Jaén), Ciudad Real o Palencia.

El economista ultraliberal Juan Ramón Rallo dedicaba duras palabras al último giro de los acontecimientos: “Esto es una chiquillada más que no podemos permitirnos ahora mismo. Si Ayuso cree necesario cerrar todas las zonas de Madrid con más de 500 contagios por 100.000, entonces no sé por qué espera a que lo hagan otros. Si no lo cree, no debería hacerlo porque otros lo hagan”.

A última hora de la tarde, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, informaba que estaba en conversaciones con las consejerías de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha para pedir al ministro de Sanidad la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial para establecer esos criterios comunes para contener el virus. Ya por la noche del domingo, en los informativos de Antena 3, Díaz Ayuso volvía a cerrarse a la posibilidad de “un confinamiento total”, ante los problemas económicos de las empresas: “Nos estamos arruinando. Vamos a una solución intermedia, que es mucho más complicada”, manifestó. La presidenta de la Comunidad rechazó recurrir a la opción “fácil” de confinar la región y defendió frente a las presiones de Sanidad la estrategia de su partido frente al coronavirus: “Que las personas que están contagiadas se pongan en cuarentena y avisen a su familia” mientras el resto sigue “adelante”.

“no es confinamiento, es segregación”

Cuando se cumplía la primera semana del cierre de 37 zonas sanitarias —45 desde este mismo lunes—, miles de vecinos y vecinas de Vallecas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Usera, Vicálvaro, Legazpi y Centro salían a la calle para mostrar su rechazo a lo que denominan un “confinamiento de clase”, así como para demandar más recursos para la sanidad pública ante la situación límite de la atención primaria, los centros de salud y los hospitales. 

En Carabanchel, centenares de personas se concentraban frente al Centro de Salud de General Ricardos para protestar por el desmantelamiento de los servicios públicos y la “estigmatización” de los barrios “por parte de políticos y cayetanos”, una “segregación consentida por el resto de partidos políticos”. Y, por supuesto, para pedir la dimisión de Díaz Ayuso. 

Pocas horas después de la dimisión de Emilio Bouza, el portavoz del Grupo Covid-19 de coordinación entre el Gobierno central y regional, los vecinos de los barrios confinados defendían en el espacio público que “la mejor forma de enfrentarse a este virus“ es defender los ”centros de salud, colegios y hospitales”. El propio Bouza, que apenas duró dos días en el cargo, había soltado en una entrevista de 2013 una frase que bien podría haber dicho siete años después: “No votaré nunca más al PP, he vivido de cerca lo que se ha hecho en la sanidad madrileña".

En Vallecas cerca de mil personas llegaron hasta las puertas de la Asamblea de Madrid, en un acto más de protesta por la falta de recursos en la sanidad y en el transporte especialmente marcado por las cargas policiales de pasado 24 de septiembre

En Vallecas, donde se produjo la manifestación más numerosa, cerca de mil personas llegaron hasta las puertas de la Asamblea de Madrid, en un acto más de protesta por la falta de recursos en la sanidad y en el transporte especialmente marcado por las cargas policiales del pasado 24 de septiembre a las puertas del Centro de Salud Ángela Uriarte de Vallecas, que terminó con cuatro personas detenidas y decenas de heridos. “No es confinamiento, es segregación”, “Más sanidad, menos policía” eran algunos de los cánticos más repetidos. “No es confinamiento, es lucha de clases”, era otro de los lemas, convertido en cartel.

Junto a la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, se concentraron la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Más Madrid, las secciones madrileñas de CC OO, UGT, PSOE, IU, Podemos y Equo para “mandar un mensaje de solidaridad a los barrios confinados y un grito unitario de rechazo a la gestión de la pandemia de Díaz Ayuso”. Desde CC OO acusaban al Gobierno del PP de “irresponsabilidad”, de “negligencia” y de hacer “política con el sufrimiento de la ciudadanía”. 

Un día antes, la FRAVM insistía en su oposición frontal a la que llaman una “temeraria huida hacia adelante” por parte del Gobierno de Díaz Ayuso, que coloca a toda la región frente al riesgo de que “el maltratado sistema sanitario se colapse por completo” y se revivan los peores momentos de la primera ola. 

“Nos resulta del todo inconcebible que el Gobierno regional continúe desoyendo las recomendaciones de las y los expertos sanitarios, que piden actuaciones más contundentes para detener el avance de la pandemia, e ignore el grito de protesta de los barrios confinados”, denunciaban desde la federación vecinal madrileña.

La FRAVM también se hacía eco de la denuncia hecha pública por las asociaciones vecinales del Sur y el Este de Madrid ante la brutal carga policial de Vallecas.

¿Por qué somos los barrios del Sur de la ciudad quienes estamos confinados de manera selectiva y a la vez somos objeto de la represión policial?”, se preguntaban las organizaciones vecinales del Sur y el Este de Madrid en un manifiesto

“¿Dónde estaba el dispositivo policial de Núñez de Balboa o de la plaza de Colón cuando cientos si no miles de personas se manifestaban sin mascarilla y hacinadas negando la pandemia? ¿Por qué ante protestas pacíficas en los barrios del sur de Madrid, que cumplen las medidas de seguridad, en donde todas las manifestantes acuden con mascarilla y se guardan las distancias, asistimos a cargas policiales desproporcionadas y detenciones arbitrarias? ¿Por qué somos los barrios del sur de la ciudad quienes estamos confinados de manera selectiva y a la vez somos objeto de la represión policial?”, se preguntaba estas organizaciones en un manifiesto. 

En una entrevista en ElDiario.es, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, reclamaba la intervención de la Comunidad y pedía que Madrid deje de ser “la moneda de cambio para el PP y PSOE” en el “juego que se traen” entre la Moncloa y la Puerta del Sol. “El Gobierno central tiene que poner los medios, los efectivos y los recursos necesarios que no está poniendo la Comunidad Madrid. Si es incapaz de contener una pandemia, el Gobierno central tiene que responsabilizarse y hacerse con el control”, decía. Sin embargo, la diputada regional y anestesista del 12 de Octubre se distanciaba de los discursos que centran la intervención únicamente en medidas de control y contención: “No necesitamos más Policía, no necesitamos que manden al Ejército para contener a los barrios que han sido confinados selectivamente”.