CIE de Aluche
Testigos de Cruz Roja señalan que era “notorio” el estado de enfermedad de Samba Martine

Casi ocho años después de la muerte de la congoleña en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, uno de los médicos que la atendieron será juzgado por homicidio por imprudencia. Los otros dos, el doctor y la enfermera que más contacto tuvieron con la fallecida, están prófugos de la Justicia.

Juicio por la muerte de Samba Martine
Una de las personas que han acudido a la sede del juzgado que decidirá sobre el caso Samba Martine muestra una pancarta contra la impunidad de las muertes en los centros de internamiento de extranjeros.
3 jun 2019 09:52

El estado de enfermedad de Samba Martine era “notorio”, y aún así no se tomaron medidas. Así lo han confirmado hoy testigos de la Cruz Roja en la primera jornada del juicio por la muerte de Samba Martine, ocurrida en diciembre de 2011 en el centro de itnternamiento de extranjeros (CIE) de Aluche. “Ni siquiera se le trasladó en ambulancia al hospital y, cuando llegó, poco se pudo hacer”, ha recordado Patuca Fernández, una de las abogadas que lleva la acusación contra los tres médicos acusados por la muerte de Martine.

El juicio por la muerte de la congoleña Samba Martine ocurrida el 19 de diciembre de 2011 cuando estaba retenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, ha comenzado hoy en el Juzgado de lo Penal nº 21, que entiende en la causa.

Tal como anticipó El Salto, de las tres personas acusadas de “homicidio por imprudencia”, solo una se sentará en el banquillo: el médico F.H.V, para quien la acusación popular solicita la pena de un año y seis meses de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación como médico. Las otras dos, el doctor J.E.O.R, y la enfermera Y.G.C, se encuentran en paradero desconocido, prófugas de la justicia. Todas ellas trabajaban para la empresa Servicios Médicos Especializados (Sermedes S.L.) que en ese entonces tenía la concesión del servicio de atención sanitaria en el CIE madrileño.

“Aunque hubieran comparecido sus dos compañeros, a este doctor solo se le podría exigir responsabilidad de lo que hizo el dia 15 y el día 30 [cuando Martine le solicitó ayuda médica]... pero que no estén nos impide preguntar sobre el clima de falta de atención, sobre el servicio médico o por la concurrencia de responsabilidades”, explica Fernández.

Durante la jornada de hoy han acudido a declarar, además de personal de Cruz Roja, la directora de Sermedes y una de las responsables del hospital 12 de Octubre, donde fue trasladada, ya sin que se pudiera hacer nada por salvarla, Samba Martine.

Según ha explicado la abogada a la salida del juicio, durante el día de hoy, una de las testigos ha afirmado que “hay veces que las internas pedían ver al médico y no podían”. “A juicio de las acusaciones, entendemos que no se desplegó la mínima diligencia debida en la atención a samba, a lo largo de esos días en once ocasiones fue al médico, solicitó atención médica y no se le practicó ninguna prueba diagnóstica para encontrar el origen de sus males”. Fernández describe que el estado de Samba fue empeorando hasta los días previos a su muerte, “en los que sufrió una penosa agonía en condiciones que los testigos de hoy han descrito como totalmente inapropiadas”. “Samba Martine estaba agonizando, no se le permitió quedarse en su dormitorio o celda, tuvo que bajar a la sala común, donde solo hay unos bancos metálicos que eran tan incómodos que pasó sus últimas horas de vida tirada en el suelo arropada con mantas”, concluye.

La abogada señala la muerte de Martine como un caso claro de negligencia médica y que, además, Martine ni siquiera tendría que haber sido ingresada en el CIE, ya que había intentado solicitar asilo en Melilla.

Al juicio también ha acudido, como público Ramiro García de Dios, que ejercía como juez del control del CIE de Aluche en el momento de la muerte de Martine. “He venido al juicio para honrar y recordar su memoria”, ha señalado ante los medios de comunicación. El juez ha afirmado que el CIE “propicia y ha propiciado el fallecimiento de Samba”. “No me extraña que las condiciones hayan conducido a la muerte de Samba, estaba tirada en el suelo encima de una manta, no hay enfermería; [en el CIE de Aluche] lo he visto muchas veces: personas con 40 grados de fiebre acurrucados en el patio con una manta. Lo he visto con mis propios ojos, y decían, como excusa, que el centro estaba en su máximo de capacidad”.

García de Dios también ha señalado la actitud del juez y fiscal en este juicio. “Llama la atención el papel nulo de llevar el juicio de forma antigarantista por parte del juez y del Ministerio Fiscal”.

“En estas condiciones difícilmente la familia de Samba pueda obtener la Justicia que merece, y que el Estado español le debe”, afirman en un comunicado las organizaciones que han convocado a una concentración a las 11:30 frente a los Juzgados, en la calle Julián Camarillo 11.

El juicio transcurrirá entre este lunes, el martes 4 —cuando se contará con el testimonio del médico forense que hizo la autopsia de Martine y de otros médicos especialistas en infecciones que han emitido periciales— y el viernes 7 de junio, y llega tras un extenso recorrido de más de siete años en el que no solo se ha perdido la pista de los principales acusados, sino que el Ministerio Fiscal ha destacado por su inactividad. “En estos años no ha solicitado una sola diligencia de investigación”, denuncian desde los movimientos convocantes.

“Se trata de una muerte ocurrida bajo la custodia del Estado, que cuando encierra a una persona se convierte en el garante de la vida, la salud y sus derechos, por cuanto le compete un especial deber de diligencia en la investigación, tal y como dicta la doctrina del Tribunal Constitucional, que recoge la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, afirman.

En enero de 2014 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de la causa por considerar que existían motivos para investigar una posible responsabilidad penal del personal médico que había tratado a Samba

En un principio la causa recayó en el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid, que en 2012 sobreseyó a las personas señaladas por la familia y la acusación popular, ejercida por la Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo Madrid y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), estas dos últimas ya fuera del proceso penal.

Recurrido el archivo, en enero de 2014 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de la causa por considerar que existían motivos para investigar una posible responsabilidad penal del personal médico que había tratado a Samba. “Aparentemente tratan de ocultar el conocimiento por parte del personal médico de síntomas relevantes que debieran haber hecho pensar en la existencia de padecimientos graves y no fueron tomados en consideración”, afirmó el Tribunal entra otras consideraciones de relevancia que daban por válida las explicaciones médicas expuestas en el recurso de las acusaciones populares.

La historia de Samba

Martine Samba —la forma correcta es el nombre y apellido en ese orden— llegó a Melilla en el verano de 2011. Acompañada de su hija Bijoux, había recorrido el duro periplo migratorio con la esperanza de llegar a Francia, en donde desde meses antes residía su marido. Allí envió a la pequeña.

En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla personal de la Cruz Roja le hizo dos análisis de sangre que certificaron que era portadora del Virus de Inmunodeficiencia Adquirido (VIH). Sin embargo, nadie la medicó ni se le inició tratamiento retroviral alguno.

El 12 de noviembre fue trasladada desde Melilla al CIE de Aluche, un hecho que jamás debió haberse producido. Como consta en la causa, Samba había presentado su solicitud de asilo y, por ende, no tenía que ser encerrada en un Centro de este tipo. Al otro día de ingresar solicitó asistencia médica. Al menos en diez oportunidades requirió ser vista por los facultativos. Apenas en una de las consultas se le prestó el obligado servicio de traducción, y en ocasiones solo fue atendida por el personal de enfermería.

Al menos en diez oportunidades requirió ser vista por los facultativos. Apenas en una de las consultas se le prestó el obligado servicio de traducción, y en ocasiones solo fue atendida por el personal de enfermería.

En las visitas al servicio médico los síntomas de su dolencia se repetían: fuertes dolores de cabeza y prurito en la zona perianal. “Tales síntomas obligaban a sospechar la existencia de una enfermedad más grave que no fue tomada en consideración”, falló la Audiencia Provincial al ordenar la reapertura del caso.

El 19 de diciembre de 2011, tras 38 días de encierro, Samba fallecía en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, a donde dada su gravedad, había sido trasladada seis horas antes en un patrullero de la policía nacional. “Estaba enferma desde hace tres semanas” declaró la coordinadora de Cruz Roja, Laura Díez, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 6, de turno en sus funciones de control CIE aquel día. Estaba enferma, pero nadie parece haber hecho lo necesario para que recibiera la atención que podría haberle salvado la vida. Solo el día de su deceso se decidió su traslado a un hospital.

Precisamente, un informe interno de la Cruz Roja, entidad contratada por el Estado español para llevar a cabo el servicio de asistencia social dentro de los CIE, arroja luz sobre el sufrimiento soportado por Samba en sus últimas 48 horas de vida.

“[…] El domingo 18 de diciembre, sobre las 9:30 horas, una de las mediadoras observó cómo dos internas ayudaban a Samba a subir las escaleras para acceder al servicio médico. Apenas podía tenerse en pie. El doctor aún no había llegado a la consulta, la enfermera le suministró un ansiolítico… Nuevamente, fue ayudada por sus compañeras para bajar hasta la sala, donde se tumbó en el suelo. No vio al médico. Por la tarde, la mediadora notó que su estado había empeorado. Estaba tumbada en el suelo, tapada con mantas y quejándose del humo de la sala que le impedía respirar... La mediadora subió al servicio médico para informar a la enfermera del empeoramiento de Samba. La sanitaria refirió que no podía hacer nada más… Tiempo después, la mediadora insistió nuevamente, sin éxito…”, refiere el informe presentado por la entidad a la Justicia.

Fronteras
Samba, mucho más que un nombre
Samba es una historia y miles de historias más. Es la necesitada esperanza de otras tantas personas que inician el trayecto migratorio.

Y continúa: “[…] La interna se encontraba desorientada, sin apenas poder hablar y descalza. Desde Cruz Roja, se pidió al director del centro que facilitara unas zapatillas. Una de las agentes de policía espetó que por qué no iba a ir descalza, si daba igual. Cuando se estaba calzando a la mujer con las zapatillas dadas por el director, la misma agente comentó que no hacía falta ponérselo perfecto, que se lo pusieran y punto que sus compañeros estaban esperando. Fue trasladada al Hospital, donde murió a las pocas horas de su ingreso. La respuesta dada fue que la interna debido a su estado, no respondía a las indicaciones de la trabajadora social de Cruz Roja y ponerle las zapatillas en los pies estaba resultando una tarea muy complicada. Cuando Samba ya estaba calzada, la agente de policía informó que su función no era bajar internas por las escaleras, por lo que fueron otras dos internas y la trabajadora social las que ayudaron a la mujer a bajar. En varias ocasiones estuvo a punto de caer, puesto que le faltaban las fuerzas y se quedaba sentada en los escalones”.

Samba Martine murió sin siquiera tener el derecho a utilizar su nombre. Como a todas las personas que son encerradas en los CIE para su expulsión, se le había asignado un número de interna. Es el número que las familias y amistades deben citar o inscribir cuando van a verles. Pese a existir autos judiciales que obligan a no cosificar a las personas, es una práctica que la policía sigue aplicando.

Samba murió con el número 3106. Las asociaciones que solicitan justicia, la siguen recordando con su nombre.

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